Armando Antonio Radilla Benitez
Expediente 1949/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1949/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/06/2016
Partes del expediente
- Armando Antonio Radilla Benitez
- Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual ha causado ejecutoria la resolución de dictada en el juicio de amparo anotado al rubro, respecto del juicio de garantías que promovió Armando Antonio Radilla Benítez, por propio derecho, por lo que procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en autos; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Armando Antonio Radilla Benítez, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese al presente juicio el original del incidente de suspensión; y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable pues, por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo. Finalmente, devuélvanse a Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, las constancias que adjunto a su informe justificado solicitado el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo número 1949/2015, promovido por Armando Antonio Radilla Benítez, contra actos del Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el dos de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cual fue turnado a este Órgano Jurisdiccional ese día, Armando Antonio Radilla Benítez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguientes: [.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: [.] - JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO (SIC) - LA SECRETARIA DE ACUERDOS. .DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. - SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS RECLAMO.- a).- La tolerancia, e indiferencia por parte del titular y Secretaria de Acuerdos del juzgado Sexto en procesos Penales Federales, al actuar fuera de la observancia del Código Federal de Procedimientos Penales, al no proceder de forma enérgica de acuerdo a lo señalado por el artículo 44 del ordenamiento mencionado, para lograr la comparecencia del elemento aprehensor JOSÉ ANTONIO BRACAMONTES CRUZ, los Careos Constitucionales entre el suscrito con los aprehensores sin lograr la comparecencia, pues a pesar de las múltiples solicitudes para que se lleven los careos solicitados. [.] b) La omisión por el Juzgado Sexto en Procesos Penales Federales de hacer la certificación correspondiente de la inasistencia de los elementos aprehensores en las fechas señaladas. [.] c) En consecuencia reclamo la ilegal prisión preventiva prolongada, sin causa justa, y recluido en el CEFERESO número 5. d).- También reclamo la puesta a disposición tardía, por los elementos aprehensores, Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas pertenecientes a la policía del Distrito Federal. [.] SEGUNDO. Admisión de la demanda. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, sin embargo, el tres de diciembre de dos mil quince, se declinó competencia al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, por razón de territorio; no obstante, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Segundo Circuito, determinó la competencia en favor de este Órgano Jurisdiccional, motivo por el cual el diez de febrero de dos mil dieciséis, se admitió la demanda; se otorgó al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. TERCERO. Secuela procesal. Previo diferimientos de la audiencia constitucional el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se celebró la misma en términos del acta correspondiente. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior debido a que uno de los actos reclamados tiene ejecución material en el territorio en el que este tribunal federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, a continuación se debe precisar la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis y jurisprudencia -aplicables por identidad de razones- de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, del análisis integral que se realiza al escrito de demanda de amparo, a la causa de pedir expresada por el quejoso y del contenido de las actuaciones que obran en el juicio de amparo, se advierte que Armando Antonio Radilla Benítez, reclama: 1. Las actuaciones y/o dilaciones concernientes a lograr la comparecencia de los elementos aprehensores del quejoso para la realización de los careos respectivos, en autos del proceso penal federal 33/2011. 2. Las omisiones del Juez del proceso para realizar conforme al artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales la certificación relativa a las diversas incomparecencias de los elementos aprehensores del quejoso. 3. Como consecuencia de lo anterior la prisión preventiva prolongada y ejecutada en contra del quejoso desde dos mil once en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco en Villa Aldama, Veracruz. 4. La puesta a disposición tardía realizada por los elementos aprehensores. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, debe en principio analizarse si en verdad el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de manera oficiosa se advierta que se actualicen, para por último, de ser procedente el juicio, analizar el tema de la constitucionalidad del acto. Lo antes expresado es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causal de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, de igual manera sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Octava Época, con registro 212775 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, Abril de 1994, Común, página 68, cuyo rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Es cierto lo reclamado a las autoridades responsables, no obstante que al rendir sus informes con justificación lo hayan negado; esto es así, porque de tales informes se advierten razones o circunstancias de las que se desprende que los actos sí existen, de ahí que lo expuesto en ellos desvirtúa la negativa y este Órgano de Control Constitucional debe tener por ciertos los mismos actos reclamados con base en el examen de dichos informes. Lo anterior, en términos de la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 211004, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las pruebas que exhibió una de las propias autoridades responsables como anexo a su informe, consistentes en veintiséis tomos de la causa penal 33/2011; actuaciones a las que se otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Octava Época, con registro 215782 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 67, Julio de 1993, materia civil, página 68, cuyo rubro y texto son: ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba plena acorde lo determinado por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y dada la fe Pública de que están investidos los actuarios como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su encargo, corresponde a quien pretende restar valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones. CUARTO. Marco referencial. En el presente considerando se relatan los antecedentes más relevantes de los actos reclamados, que se desprenden del duplicado de la causa penal 33/2011 aportada por la autoridad responsable, como ya se indicó merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, de donde destaca lo siguiente: 1. El veintinueve de marzo de dos mil doce, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en auxilio de la autoridad responsable, decretó al aquí quejoso Radilla Benítez auto de formal prisión por los delitos de: - Delincuencia organizada, previsto en el artículo 2, fracción I (hipótesis de delito contra la salud), sancionado conforme a los artículos 4, fracción I, inciso b) (en la hipótesis de quien no tenga funciones de administración, dirección o supervisión), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. - Homicidio, previsto en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, con las calificativas de "Ventaja" y alevosía, previstas por las fracciones I y III del numeral 138 Código Punitivo en la materia cometido en agravio de Luis Alberto Hernández Ramírez alías "El Guicho". - Homicidio, previsto en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, con las calificativas de "Ventaja" y alevosía, previstas por las fracciones I y III del numeral 138 Código Punitivo en la materia cometido en agravio de Salvador Sotelo Romero alias "El Cacas" o "El Chava" y Alberto Arturo Rosas Sotelo alias "El Tilín". - Homicidio, previsto en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, con las calificativas de "Ventaja" y alevosía, previstas por las fracciones I y III del numeral 138 Código Punitivo en la materia cometido en agravio de Jorge Benítez Estrada alias "El Giorgio". - Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Resolución que fue confirmada por el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región de Guanajuato, Guanajuato, en los autos del cuaderno auxiliar 132/2012, derivado del toca penal 132/2012, del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Proceso que al día de la presentación de la demanda de amparo se encuentra en etapa de instrucción; pues del mismo se advierten las actuaciones que acertadamente informó la autoridad responsable en los siguientes términos (cita literal): [.] I. En fecha seis de mayo de dos mil once, el licenciado Héctor Quiroz Ramírez, defensor particular del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, exhibió escrito mediante el cual ofrecía diversos medios de prueba a favor de su representado, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, el entonces titular de este Órgano Jurisdiccional, Roberto Hoyos Aponte, reservó acordar en torno a la admisión de las pruebas, y se determinó que se provería lo que a derecho corresponda, tan pronto como se analizara la procedencia, utilidad, conducencia y objeto en el desahogo de las mismas, de acuerdo con los hechos materia de la presente causa penal (fojas 7792 del tomo XIV). II. En auto de fecha diecisiete de junio de dos mil once, se agregó escrito signado por el licenciado Fernando Yescas Jalpa, Defensor Público Federal adscrito, y con tal carácter del procesado Margarito Trujillo Cárdenas, por medio del cual, ofreció a favor de su defenso las siguientes probanzas: ? La ampliación de declaración del testigo Edwin Hernández Ramírez. ? La ampliación de declaración de los policías Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. ? La ampliación de declaración del procesado Margarito Trujillo Cárdenas. ? La ampliación de declaración de los coprocesados Luis Antonio González Pedroza y Armando Antonio Radilla Benítez. ? Los careos constitucionales entre su defenso Margarito Trujillo Cárdenas, con los aprehensores Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. ? Los careos constitucionales entre Margarito Trujillo Cárdenas, con los coprocesados Luis Antonio González Pedroza y Armando Antonio Radilla Benítez. ? Los careos constitucionales entre Margarito Trujillo Cárdenas, con el testigo Edwin Hernández Ramírez. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 20, Apartado "A", fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 206, 240 y 242 del Código Federal de Procedimientos Penales, se admitieron las pruebas antes descritas . III. En proveído de dieciocho de junio de dos mil once, el entonces titular de este Órgano Jurisdiccional, Roberto Hoyos Aponte, en relación a las pruebas reservadas consistentes en: 1. Ampliación de declaración de Armando Antonio Radilla Benítez. 2. Ampliación de declaración de Luis Antonio González Pedroza y Margarito Trujillo Cárdenas o Joel Trujillo. 3. Ampliación de declaración a cargo de los policías preventivos: Genaro Rivas Serrano, Karina Hernández Cruz, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, José Antonio Bracamontes Cruz, Carlos Fernando Obregón Reyes, Israel Rivera García, José Antonio Fragoso Rojas, y, Juan Manuel Díaz Pineda. Así como, la prueba testimonial a cargo de: Julio Cesar González Negrete, Juan Carlos Aguilar Hernández, Rafael Hernández Guerra, Juan Bernardo Ruiz Sosa, y, Salvador Santacruz Ramírez. Y, la ampliación de declaración del defensor de oficio: Francisco Javier Sánchez del Río. 4. Ampliación de declaración a cargo de: Alberto Federico Hernández Fernández, María Guadalupe Ramírez Trinidad, Zaida Acosta Hernández, Edwin Hernández Ramírez, Luis Alberto Hernández Ramírez, Erick de Jesús Sotelo, Marcelino Morán Estrada, Erick de Jesús Guzmán Sotelo, María del Carmen Sotelo Calderón, Guadalupe Salazar Marcelino, Martha Patricia Sotelo Romero, y, María del Carmen Sotelo Cerón. 5. Ampliación de informe de policía de investigación de veintinueve de diciembre de dos mil diez, a cargo de Omar Flores Romero e Israel M. Díaz Paz; Ampliación de dictamen en materia de grafoscopía de tres de enero de dos mil once 03 ene 2011-07-07; y, Ampliación de dictamen en materia de grafoscopía de diez de enero de dos mil once, a cargo de María Elena Román Linares, perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 6. Inspección judicial en la Fiscalía Central de Investigaciones para Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para corroborar si en dicha dependencia existen en el interior de las oficinas, cámaras de video, y en caso afirmativo, gire oficio a quien corresponda en dicha dependencia y se remita a este Juzgado de Distrito. Las documentales públicas, consistentes en las video grabaciones realizadas en la persona de su defendido Armando Antonio Radilla Benítez, de fechas tres y cuatro de enero de dos mil once, donde declara en las condiciones señaladas según constancias. Las documentales públicas, consistentes en las videograbaciones de los coprocesados Luis Antonio González Pedroza y Margarito Trujillo Cárdenas o Joe Trujillo, de fechas tres y cuatro de enero de dos mil once. Toda vez que su defenso Armando Antonio Radilla Benítez, refiere que dichas declaraciones se llevaron a cabo mediante coacción y tortura, y a través de un defensor de oficio de nombre Francisco Javier Sánchez del Río. La documental pública, consistente en la videograbación de trece de enero de dos mil once, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador (sic), titular del Segundo Turno de la Agencia Centro de Mando en Iztapalapa, en la Subdelegación de Procesos Penales Zona Centro. Esto previamente la inspección judicial, señalada con antelación, con el fin de demostrar la verdad histórica de la supuesta confesión de su defenso y coprocesados de los hechos que se les acusan. 7. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado y que beneficien a los intereses jurídicos y personales de su defendido. 8. La presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a su representado, estimó con fundamento en los artículos 20, Apartado "A", fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, en ese momento, únicamente se admitieron las probanzas marcadas con los números 1, 2, 7 y 8. Y en relación a los restantes medios probatorios, identificados con los ordinales 3, 4, 5 y 6 se requirió a la defensa para que especificara su conducencia, pertinencia, idoneidad, utilidad de la prueba y su legalidad, para lo cual deberá tomar en consideración lo denotado en los cuatro párrafos que preceden, esto además, en razón a que no sustentó qué beneficio acarrearía a su defendido cada uno de los prerelatados medios convictivos. IV. En auto de veintiséis de enero de dos mil doce, se tuvo por recibido el escrito signado por los licenciados Dagoberto Ruiz Guzmán y Nemorio González Nicolás, en su carácter de defensores particulares del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, mediante el cual ofreció a favor del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, las siguientes pruebas: 1. La ampliación de declaración de los policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. 2. La ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez. 3. Careos constitucionales del encausado Armando Antonio Radilla Benítez, con los elementos José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. 4. Careos constitucionales del enjuiciado Armando Antonio Radilla Benítez, con el testigo Edwin Hernández Ramírez. 5. La ampliación de declaración del testigo Edwin Hernández Ramírez. 6. La reconstrucción de hechos que se realizará en el lugar en donde detuvieron a Armando Radilla Benítez, ubicado dentro de las instalaciones que ocupa la Agencia del Ministerio Público número 23, situada en Calle Jojutla esquina con Calle Matamoros, en la Colonia Tlalpán, Colonia Centro, en el Distrito Federal, para lo cual el Actuario Judicial dará fe de los siguiente: a) En qué lugar exactamente se encontraban los elementos aprehensores Carlos Fernando Obregón Reyes, Israel Rivera García, Julio César Rosales Negrete y Juan Carlos Aguilar Hernández, cuando estaban revisando a Luis Antonio González Pedroza. b) Asimismo, precisará a qué distancia se encontraba Carlos Fernando Obregón Reyes, así como los elementos que detuvieron a Armando Radilla Benítez, de nombres Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz. c) Se dará fe del lugar donde detuvieron a su defendido, y a qué distancia se encontraba la Agente del Ministerio Público de dicha agencia. d) Que se dé fe si en el lugar en donde detuvieron a su defendido hay filtro de seguridad y también si hay filtro de seguridad para entrevistarse con el Ministerio Público dentro de la Agencia del Ministerio Público. e) Que describa el lugar mediante sus sentidos donde detuvieron a su defendido. f) Que se dé fe si existen cámaras de seguridad dentro de las instalaciones del Ministerio Público y a la salida de dicho inmueble. Por lo que, con fundamento en los artículos 20, Apartado "A", fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 206, 214, 215, 216, 240, 242 del Código Federal de Procedimientos Penales, el entonces titular de este Órgano Jurisdiccional, Roberto Hoyos Aponte, admitió las pruebas que ofreció los licenciados Dagoberto Ruiz Guzmán y Nemorio González Nicolás, en su carácter de defensores particulares del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, con excepción de la indicada en el numeral 6, por las razones que en ese auto se expusieron. V. El dieciséis de febrero de dos mil doce, se agregó el oficio 4286, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, por medio del cual comunicó que en los autos del exhorto 481/2012, derivado del diverso 99/2012, del índice de este Órgano Jurisdiccional, se señalaron las trece horas del cinco de junio del dos mil doce, para desahogar la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, así como la ampliación de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, y los careos constitucionales de éstos con el encausado de mérito. VI. En proveído de veintinueve de marzo de dos mil doce, se agregó el oficio 9210, mediante el cual el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, devolvió parcialmente diligenciado por duplicado el exhorto 2769/2011-I-1, de su índice, formado con motivo del diverso 785/2011, derivado de la presente causa penal, a través del cual se encomendó notificar a los procesados Margarito Trujillo Cárdenas, Luis Antonio González Pedroza y Armando Antonio Radilla Benítez, el proveído de siete de septiembre de dos mil once, así como desahogar la ampliación de los policías Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, y de los encausados de mérito, así como practicar los careos constitucionales entre el encausado Margarito Trujillo Cárdenas, con los testigos y coprocesados de referencia. Ahora bien, de la comunicación oficial que se recibió, se advierte que no fue posible desahogar la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, así como los careos constitucionales de éste con su coprocesado Margarito Trujillo Cárdenas, porque el primero de los encausados manifestó que no era su deseo desahogar las pruebas a su cargo, en virtud de que no estaba presente su defensor particular. En el citado medio de comunicación, se observa que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil once, se desahogó la prueba de ampliación de declaración a cargo de los elementos aprehensores: Sergio Castelán Loyo; Misael Antonio Mendoza Santos; José Antonio Bracamontes Cruz; José Antonio Fragoso Rojas; Israel Rivera García; Juan Carlos Aguilar Hernández; Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. VII. En acuerdo de doce de junio de dos mil doce, se tuvo por recibido el oficio telegráfico 15727, mediante el cual el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, comunicó que en los autos de su exhorto 481/2012 no tuvo verificativo la diligencia de ampliación de declaración a cargo del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, así como la ampliación de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, y la diversa de careos constitucionales entre el encausado con los elementos mencionados, debido a la incomparecencia de los licenciados Dagoberto Ruiz Guzmán y Nemorio González Nicolás, defensores particulares del procesado de mérito, por lo que se señaló nueva fecha para su desahogo. Es importante señalar que con la incomparecencia de éstos, no se ejercitó el derecho de defensa para interrogar a los elementos aprehensores, siendo desde esa data en que con motivo de la omisión de la defensa de presentarse puntualmente al desahogo de los citados medios probatorios, que se generó la dilación probatoria. VIII. El seis de septiembre de dos mil doce, se levantó certificación, (foja 10260 del tomo XIX), respecto de la cual se acordó en la misma fecha: "Vista la certificación a que se refiere la cuenta secretarial, de la que se advierte que no fue posible desahogar la diligencia de ampliación de declaración de los policías de seguridad pública del Distrito Federal, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Israel Rivera García y Carlos Fernando Obregón Reyes, en virtud de que dichos atestes no comparecieron puntualmente al desahogo de la diligencia a su cargo, pues se presentaron ante este Órgano Jurisdiccional dos horas después de la temporalidad señalada para el desahogo de la diligencia en cuestión, argumentando que sí comparecieron oportunamente pero en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde el personal de dicha institución carcelaria les informó que no tenía programada diligencia alguna relativa a la causa penal en que se actúa, por lo que decidieron comparecer ante este Juzgado de Distrito, para preguntar al respecto; ahora bien, toda vez que la Agente del Ministerio Público de la Federación y Defensora Pública Federal, ambas de la adscripción, ya se encuentran ocupadas atendiendo las diversas diligencias que tenían agendadas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena reprogramar la ampliación de declaración de los policías de mérito y para tal efecto se señalan las diez horas del dieciocho de octubre de dos mil doce." IX. En dieciocho de octubre de dos mil doce, se certificó la inasistencia de uno de los elementos captores (foja 10335 del tomo XIX), y al respecto se proveyó: "Vista la certificación a que se refiere la cuenta secretarial, de la que se advierte que no fue posible desahogar la diligencia de ampliación de declaración de los policías de seguridad pública del Distrito Federal, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Israel Rivera García y Carlos Fernando Obregón Reyes, en virtud de la inasistencia del ateste José Antonio Bracamontes Cruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena reprogramar la ampliación de declaración de los policías de mérito y para tal efecto se señalan las diez horas con treinta minutos del once de diciembre de dos mil doce." En la certificación de la cual derivó el citado proveído se hizo constar la presencia, de los elementos captores: Sergio Castelán Loyo; Misael Antonio Mendoza Santos; José Antonio Fragoso Rojas; Israel Rivera García; Carlos Fernando Obregón Reyes. Del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como del licenciado Nemorio González Nicolás, en su carácter de defensor particular de Armando Antonio Radilla Benítez. X. En fecha once de diciembre de dos mil doce, se llevó a cabo la ampliación de declaración de los elementos: Sergio Castelán Loyo; Misael Antonio Mendoza Santos; José Antonio Bracamontes Cruz; José Antonio Fragoso Rojas; Israel Rivera García y Carlos Fernando Obregón Reyes. Ofrecida por la Defensa Pública de Óscar Osvaldo García Montoya, Luis Antonio González Pedroza y Margarito Trujillo Cárdenas. En la cual no fue presente la representación particular de Radilla Benítez, no obstante que de razón actuarial de dieciocho de octubre de dos mil doce se desprende que se le notificó vía cédula de notificación de la fecha señalada para la práctica de tales medios probatorios (foja 10341 y 10342 del tomo XIX), por lo que no se soslaya que nuevamente la defensa omitió comparecer al desahogo de dicha prueba, con lo que generó una vez más la dilación de que se queja. XI. En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil trece, se agregó el oficio telegráfico 4698-II-A, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, mediante el cual se informó que no tuvo verificativo la ampliación de declaración de Armando Antonio Radilla Benítez, la ampliación de los elementos aprehensores, así como los careos constitucionales entre el encausado mencionado, con los elementos señalados, debido a la incomparecencia de los licenciados Dagoberto Ruiz Guzmán y Nemorio González Nicolás, Defensores Particulares de dicho encausado, así como los elementos captores nombrados, por lo que se fijaron de nueva cuenta las nueve horas del veinticuatro de junio de dos mil trece, para el desahogo de dichas diligencias. Es de importancia indicar que dada la conducta procesal de la defensa particular, se aprecia que esa estrategia generó la dilación de que se duele. XII. El veinticinco de febrero se señaló fecha para el desahogo de la ampliación de declaración de los captores de referencia, para lo cual se fijó el dos de abril de dos mil trece. XIII. En cuatro de abril de dos mil trece, se agregó el oficio 917/2013, del índice de este Órgano Jurisdiccional, el cual fue devuelto por la oficina de correos con la leyenda "rehusado", mismo que contenía oficio dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, relativo al proveído de veinticinco de febrero de dos mil trece, por lo que se fijó el siete de mayo de dos mil trece para el desahogo de la ampliación de declaración de los captores. XIV. En fecha siete de mayo de dos mil trece, se recabó la ampliación de declaración de: Sergio Castelán Loyo; José Antonio Bracamontes Cruz; José Antonio Fragoso Rojas; Israel Rivera García; Juan Carlos Aguilar Hernández; Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. Exceptuando a Misael Antonio Mendoza Santos en razón de su incomparecencia. Diligencia en la que Armando Antonio Radilla Benítez, estuvo representado por el Defensor Público Federal adscrito (foja 11025 del tomo XX). En ese sentido, las ampliaciones de declaración de los elementos captores en su mayoría, ya fueron desahogadas, por lo que no existe tal omisión de desahogar dicha prueba. XV. En cuatro de julio de dos mil trece, se recibió el oficio telegráfico 12698-II-A, procedente del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, con el que informó que no tuvo verificativo la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, así como la ampliación de los elementos aprehensores, así como los careos constitucionales entre el encausado mencionado, con los elementos señalados, debido a la incomparecencia de los licenciados Dagoberto Ruiz Guzmán y Nemorio González Nicolás, Defensores Particulares de dicho encausado, así como los elementos captores nombrados, señalando nuevamente las trece horas con veinte minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil trece, para el desahogo de dichas diligencias. Misma data en la que se le comunicó que Radilla Benítez, nombró como su Defensor Particular al licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, revocando todo nombramiento hecho con anterioridad, mismo que el diecisiete siguiente aceptó y protestó el cargo conferido. XVI. El seis de enero de dos mil catorce, se agregó oficio telegráfico, mediante el cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, informó que se señalaron de nueva cuenta las nueve horas del cuatro de abril de dos mil catorce, para desahogar la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, así como la ampliación de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, y la diversa de careos constitucionales de éstos con el encausado de mérito, debido a la incomparecencia de la defensa particular y de los elementos captores. XVII. El ocho de abril de dos mil catorce, se agregó el oficio telegráfico 7288-II, remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, en el que informó que no se llevó a cabo la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, así como la ampliación de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, y la diversa de careos constitucionales de éstos con el encausado de mérito, en virtud de la inasistencia de los aprehensores. Asimismo, hizo del conocimiento que se señalaron las diez horas con veinte minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce, para su desahogo. Sin embargo, se hizo del conocimiento al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, que a solicitud de la defensa particular del procesado de mérito y tomando en consideración que no se ha podido desahogar la ampliación de declaración de los aprehensores y los careos constitucionales entre éstos con el citado procesado, se determinó fijar data para que su práctica se llevara a cabo en este Juzgado de Distrito, por lo que se le solicitó al exhortado que únicamente llevara a cabo el desahogo de la ampliación de declaración del citado encausado en la temporalidad que había propuesto para su desahogo y coadyuvara en el desahogo de los careos en las fechas que habían sido señaladas por este Órgano Jurisdiccional. XVIII. En nueve de mayo de dos mil catorce, se agregó el oficio 9319 signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, mediante el cual solicitó que se le especificara lo solicitado por este Juzgado de Distrito mediante oficio 2141/2014 de once de abril de dos mil catorce, solo se le requiere lleve a cabo la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, en la hora y fecha fijada mediante proveído de siete de abril del año en curso, dictado por ese Juzgado, y para que coadyuve en el desahogo de las ampliaciones de declaración de los agentes aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, y la diversa de careos constitucionales de éstos con el encausado de mérito. Por lo que este Órgano Jurisdiccional para el desahogo de la ampliación de declaración a cargo de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo y Misael Antonio Mendoza Santos; se señalaron las diez horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil catorce. Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal, se fijan las diez horas con treinta minutos del diez de junio de dos mil catorce. Asimismo una vez que tengan verificativo las ampliaciones de declaraciones de los elementos aprehensores de referencia se continuará con el desahogo de los careos constitucionales entre el procesado Armando Antonio Radilla Benítez y los citados agentes. Por lo que este Juzgado solamente solicita a la autoridad exhortada, lleve a cabo la ampliación de declaración del procesado de mérito y coadyuve en el desahogo de la ampliación de declaración de los elementos aprehensores y en el desahogo de los careos constitucionales, por medio de videoconferencia. Toda vez que mediante escritos presentados por el licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, defensor particular del encausado Armando Antonio Radilla Benítez, solicita se lleven a cabo en este Juzgado de Distrito las ampliaciones de declaración de los elementos aprehensores así como los careos constitucionales. Atento a lo anterior mediante oficio que se gire vía fax a la autoridad exhortada hágase saber tal situación, para los efectos legales a que haya lugar. XIX. El veintidós de mayo de dos mil catorce, se agregó el oficio telegráfico 10243/2014, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, mediante el cual informó que se señalaron las diez horas con veinte minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce, para la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, asimismo comunicó que se encuentra imposibilitado para coadyuvar en el desahogo de las diligencias programadas para las diez horas con treinta minutos del nueve y diez de junio del año en curso Atento a lo anterior, el día de la fecha, se entabló comunicación vía telefónica con el licenciado Óscar Julio César Salazar Romero, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, a fin de reprogramar las diligencias de careos constitucionales entre el procesado Armando Antonio Radilla Benítez, con los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, por lo que se fijaron de nueva cuenta las nueve horas con diez minutos del quince de agosto de dos mil catorce. XX. En auto de diecisiete de junio de dos mil catorce, se agregó el oficio 14265/2014-VII, enviado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, en el cual comunicó que se fijaron las once horas del cinco de septiembre de dos mil catorce (horas centro), para el desahogo vía videoconferencia de los siguientes medios de prueba: - Ampliación de declaración de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. - Ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez. - Careos constitucionales entre el procesado Armando Antonio Radilla Benítez con los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. XXI. En auto de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se acordó: "Escrito del licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, en el que solicita se fije fecha y hora para el desahogo de la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, ampliación de declaración y careos constitucionales de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. Antes de fijar hora y fecha para el desahogo de dichos medios de prueba, dígasele que una vez que se informe a este Órgano Jurisdiccional, si los elementos precitados aun forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se fijara día y hora y se tomaran las providencias necesarias para su desahogo. En ese tenor se ordena girar oficio a la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que en el término de tres días informe si José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, aún se encuentran en activo o en caso contrario, proporcione el domicilio que tengan registrados en sus archivos, apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor, a una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente, en esta zona geográfica, de conformidad con en el numeral 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales. Una vez hecho lo anterior se acordara lo que en derecho corresponda. Por otra parte, dado que no se han podido desahogar los medios de prueba descritos en líneas anteriores, gírese oficio vía fax al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, para que a la brevedad devuelva a este Órgano Jurisdiccional el exhorto 99/2012, número de orden 119/2012, derivado del diverso 481/2012, del índice de ese Juzgado de Distrito." XXII. En trece de octubre de dos mil catorce, se agregó el oficio 21006/2014-VII, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, con el que devolvió parcialmente diligenciado el exhorto 99/2012, número de orden 119/2012, del índice de este Órgano Jurisdiccional, con el que se le encomendó coadyuvar en el desahogo de las ampliaciones de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, de los elementos aprehensores Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Israel Rivera García y Carlos Fernando Obregón Reyes, y careos constitucionales entre éstos con el encausado de mérito (fojas 13868 a 14269 del tomo XXIII), medio de comunicación del que se desprende las siguientes certificaciones: De inasistencia, de cinco de junio de dos mil doce, en la que se denotó que no se llevaron a cabo las diligencias solicitadas, debido a la no comparecencia de los defensores particulares de Radilla Benítez, data en la que sí fueron presentes los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes (foja 13911 del tomo XXIII). De inasistencia, de veinticuatro de octubre de dos mil doce, en la que se denotó que no se llevaron a cabo las diligencias encomendadas, debido a la no comparecencia de los defensores particulares de Radilla Benítez, fecha en la que sí fueron presentes los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes (foja 13977 del tomo XXIII). De inasistencia, de fecha catorce de marzo de dos mil trece, en la que no se llevaron a cabo las diligencias solicitadas, debido a la incomparecencia de los defensores particulares de Radilla Benítez, así como por la ausencia de los captores de referencia (foja 14014 del tomo XXIII). De inasistencia, de fecha veinticuatro de junio dos mil trece, en la que no se llevaron a cabo las diligencias solicitadas, debido a la incomparecencia de los defensores particulares de Radilla Benítez, así como por la ausencia de los captores de referencia (foja 14036 del tomo XXIII). De inasistencia, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, en la que no se llevaron a cabo las diligencias solicitadas, debido a la incomparecencia de los defensores particulares de Radilla Benítez, así como por la ausencia de los captores de referencia (foja 14143 del tomo XXIII). De inasistencia, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil trece, en la que no se llevó a cabo debido a la inasistencia de los aprehensores, siendo presente el defensor particular de Radilla Benítez, y en la que se anotó que el encausado refirió que no podía ampliar su declaración hasta en tanto lo hicieran sus captores (foja 14187 del tomo XXIII). De inasistencia, de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, en la que no se llevó a cabo debido a la inasistencia de los aprehensores, siendo presente el defensor particular de Radilla Benítez, y en la que se anotó que el encausado refirió que no podía ampliar su declaración hasta en tanto lo hicieran sus captores (foja 14208 del tomo XXIII). De inasistencia, de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, en la que no se llevó a cabo debido a la inasistencia del defensor particular de Radilla Benítez, y en la que se recabaría la ampliación de declaración del inculpado de mérito (foja 14248 del tomo XXIII). Lo que acredita que ha sido voluntad de la defensa no desahogar la prueba con su conducta de inasistir cuando observa la presencia de los captores, Acta de fecha cinco de septiembre dos mil catorce, con motivo de la ampliación de declaración de los captores ya citados, de Radilla Benítez, así como para la práctica de careos constitucionales entre éstos. Diligencia en la que el entonces titular de este órgano jurisdiccional Roberto Hoyos Aponte, informó que no serían desahogados los medios probatorios descritos debido a la incomparecencia de los apresadores; se hizo constar la presencia del defensor particular del quejoso de mérito (foja 14263 del tomo XXIII). Certificación de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce en la que personal de este órgano jurisdiccional solicitó al Juzgado exhortado se sirviera hacer devolución del medio de comunicación en comento (foja 14267 del tomo XXIII). De lo que se denota que en diversas temporalidades los captores comparecieron al desahogo del medio probatorio a su cargo, el que no se llevó a cabo por la inasistencia injustificada de la defensa particular de Radilla Benítez. XXIII. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, se proveyó: "Con fundamento en el artículo 21 del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguense los escritos de cuenta, signados por el licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, Defensor Particular del procesado Armando Antonio Radilla Benítez. Con el primero, solicita se señale fecha y hora para el desahogo de las ampliaciones de declaración a cargo del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, ampliación de declaración y careos constitucionales entre el inculpado con los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. En cuanto a lo solicitado, infórmesele que mediante oficio 5849/2014 de veintiséis de septiembre del año en curso, se requirió al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que informara si los elementos antes señalados se encontraban en activo en esa corporación, sin que a la fecha se tuviera respuesta. Por lo tanto, gírese de nueva cuenta oficio vía mex post y fax, al Director de Seguridad Pública en el Distrito Federal, a efecto de que informe dentro del término de veinticuatro horas si los elementos José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, se encuentran bajo su mando o en alguna comisión, apercido que de no hacerlo, se hará acreedor, a una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente, en esta zona geográfica, de conformidad con en el numeral 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales. Una vez que se tenga conocimiento de lo anterior, se proveerá lo correspondiente en cuanto a la fijación de datas para la prácticas de las diligencias solicitadas. Con el segundo de los ocursos, en relación a lo manifestado en su escrito, dígase que mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se apercibió al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, con una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente, en esta zona geográfica, de conformidad con en el numeral 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, para que en el término de tres días contados a partir de la recepción del oficio 5849/2014, informara a este Órgano Jurisdiccional si los elementos antes descritos, aún se encontraban en activo en esa corporación. Es el caso que este Juzgado de Distrito no ha tenido respuesta de que ya haya recibo el oficio el director de Seguridad Pública en el Distrito Federal, por lo que no se puede hacer efectiva la multa impuesta en el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso. Una vez que se cuente con lo solicitado en el ocurso de cuenta se acordara lo que en derecho corresponda." (Foja 14284 del tomo XXIV) XXIV. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, se acordó, entre otras cosas: "1.- Oficio DEALAMO/SM/J/SG/45325/2014, signado por el Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública con residencia en México, Distrito Federal, con el que da contestación al diverso 6343, en el que informa que se encuentran todavía activos, los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. [.] 5.- Visto el estado que guardan los presente autos, en obvio de mayores dilaciones procesales; con fundamento en el artículo 41, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del trece de noviembre de dos mil catorce, para el desahogo de la ampliación de declaración de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes. " (Foja 14321 del tomo XXIV) XXV. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, entre otras cosas se determinó: "Con fundamento en el artículo 21 del Código Federal de Procedimientos Penales agréguese el escrito del licenciado licenciado Juan Manuel Morales Chávez, Defensor Particular del inculpado Armando Antonio Radilla Benítez, en atención a lo expuesto en su ocurso, dígase a la defensa que mediante oficio que se giró vía fax y telegráfica, al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, se apercibió a dicho funcionario público, que en caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto por este Juzgado de Distrito en proveído de veintitrés de los actuales, se le aplicaría una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta zona. Además, que el cómputo empieza a correr a partir de la legal recepción del medio de comunicación remitido, y no desde la data de envío del relacionado oficio." (Foja 14355 del tomo XXIV) XXVI. El tres de noviembre de dos mil catorce, se dictó el siguiente acuerdo: "2. Oficio DEALAMO/SM/JSG/45325-H/2014, enviado vía fax por el Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública con residencia en el Distrito Federal, en el que informa que se giraron los oficios correspondientes a las diversas áreas de adscripción y Recursos Humanos respectivamente, para que comparezcan a este Juzgado de Distrito a una diligencia de carácter judicial el seis de noviembre del año en curso. Asimismo, comunica que Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García y Juan Carlos Aguilar Hernández, se encuentran separados de sus funciones y bajo procedimiento administrativo. Ahora bien, del comunicado se advierte que el Secretario de Seguridad Pública con residencia en esta ciudad, informa que los elementos José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, deberán ser presentes el seis del mes y año en curso, hágase del conocimiento a éste, que mediante diverso 6502/2013, de veintitrés de octubre de dos mil catroce, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del trece de noviembre de dos mil catorce, para el desahogo de la ampliación de declaración de los elementos aprehensores citados en líneas anteriores. Atento a lo anterior, con transcripción del presente proveído, gírese oficio vía fax, al Secretario de Seguridad Pública, con residencia en México, Distrito Federal, para su conocimiento y efectos legales." (Foja 14375) XXVII. En dieciocho de noviembre de dos mil catorce, en lo que interesa se determinó: "Con fundamento en el artículo 21 del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguense los escritos y oficio de cuenta los cuales se acuerdan en el siguiente orden: Tres escritos signados por el licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, Defensor Particular del encausado Armando Antonio Radilla Benítez: Con el primero, solicita se fije fecha y hora para el desahogo de los careos constitucionales entre el procesado Armando Antonio Radilla Benítez con los elementos aprehensores Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Israel Rivera García y Carlos Fernando Obregón Reyes, Juan Carlos Aguilar Hernández y Julio César Rosales Negrete. Con el segundo, pide se haga efectivo el apercibimiento hecho mediante proveído de diecisiete de julio del año en curso, al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo antes expuesto, dígase al promovente que el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal sí notifico a los elementos aprehensores para la diligencia de trece de noviembre de dos mil catorce, como constata mediante oficio DEALAMO/SMIJSG/45325-H/2014; asimismo, proporcionó los domicilios de Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García y Juan Carlos Aguilar Hernández, donde pueden ser localizados. Con el tercero, solicita se señale nueva fecha para que se lleve a cabo la ampliación de declaración del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, la cual está fijada para el uno de diciembre de dos mil catorce. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la diligencia señalada para el uno de diciembre del año en curso; por tanto, gírese atento oficio al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, para comunicarle lo anterior, y en conjunción con este Órgano Jurisdiccional se acuerde vía telefónica una data asequible a ambos Juzgado de Distrito. Respecto a señalar nueva fecha y hora para el desahogo de la ampliación de declaración del inculpado de mérito, de los elementos aprehensores referidos en líneas anteriores así como de los careos constitucionales, entre estos con el inculpado de referencia, se reserva acordar la misma. Hasta en tanto se verifique si en los domicilios proporcionados por el Director Ejecutivo de Asistencia Legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se encuentran los elementos Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García y Juan Carlos Aguilar Hernández, a saber: El primero tiene su domicilio en Calle 31 número 108, interior 5, Colonia Maravillas, Código Postal 57410, Nezahualcóyotl; El segundo tiene su domicilio en Calle Norte 25 Manzana 911, Lote 27, Colonia Santiago, Código Postal 56615, Valle de Chalco Solidaridad; El tercero en Calle Floripondio manzana 32, lote 19, Colonia Jardines de Chalco, Código Postal 56670, Chalco, Estado de México. [.] 2.- Oficio DEALAMO/SM/JSG-45325-A/2014, signado por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaría de Gobernación, en el que da contestación al diverso 6502/2013 de veintitrés de octubre del año en curso, para que se notifique a los elementos José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misale Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete, Fernando Obregón Reyes, a efecto de comparecer a este Juzgado de Distrito a una diligencia de carácter judicial el trece del mes y año en curso. [.] (Foja 435 del tomo XXIV)." XXVIII. El tres de diciembre de dos mil catorce se proveyó: "Con fundamento en el artículo 21 del Código Federal de Procedimientos Penales, únicamente agréguense los oficios DEALAMO/SM/JSG-45325-C/2014, signado por el Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, el SSP/SOP/DELySO/JQ-210718Bis/2014, SSP/SOP/DELySO/JQ-210718B-A0/2014 y SSP/SOP/DELySO/JQ-210718Bis-1/2014, enviados por el Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en México, Distrito Federal, en los que comunica la citación al deshogo de la probanza a cargo de los elementos adscritos a esa institución. De lo que tomo nota este Juzgado de Distrito. Escrito del licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, Defensor Particular del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, el que solocita se señale fecha para el desahogo de la ampliación de declaración de los elementos aprehensores, del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, y los careos contitucionales, entre éstos. Respecto a señalar fecha y hora para el desahogo de los medios de prueba antes referidos, se reserva acordar las mismas, hasta en tanto el Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcoyotl, informe a este Juzgado de Distrito, si en los domicilios proporcionados mediante proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, habitan los elementos Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García y Juan Carlos Aguilar Hernández, una vez hecho lo anterior, se señalara fecha y hora para su verificativo." (Foja 14487 del tomo XXIV) XXIX. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se agregó escrito de cuenta, signado por Armando Antonio Radilla, en el que se desistió de los careos constitucionales y la ampliación de declaración de los elementos aprehensores y Julio César Rosales Negrete, así como su propia ampliación de declaración. En cuanto a tal petición, se requirió para que al momento de la notificación que del presente proveído ratificara la firma y el contenido de la promoción en comento, hecho lo anterior, se acordaría lo que en derecho corresponda, por lo que se giró el medio de comunicación pertinente (foja 14581 del tomo XXIV). XXX. El diecinueve de enero de dos mil quince, se recibió el escrito signado por el licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, defensor particular del encausado Armando Antonio Radilla Benítez, con el que solicitó el desistimiento de los careos constitucionales, ampliación de declaración de los elementos captores, así como de Armando Antonio Radilla Benítez. En cuanto a tal petición, se le indicó que una vez que se recibiera el exhorto 1631/2014, número de orden 1870/2014, relativo al proveído de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, en su oportunidad se acordaría lo que en derecho corresponda (foja 14621 del tomo XXIV). XXXI. El veintiuno de enero de dos mil quince, se agregó el oficio 75/2015-VII-B, remitido por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en "Cerro de León", Municipio de Villa Aldama, mediante el cual devolvió debidamente diligenciado en original y duplicado su exhorto 59/2015-VII-B, orden 60/2015, formado con motivo del diverso 1631/2014, orden 1820/2014 derivado de la presente causa penal; mediante el cual le fue encomendado notificar personalmente a Armando Antonio Radilla Benítez, el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil catorce. De ese comunicado se advierte en la razón actuarial de siete de enero de dos mil quince, que el procesado Armando Antonio Radilla Benítez, al momento de la notificación se asentó: "Que si ratifica el escrito mencionado y solicita el cierre de instrucción y para constancia firma" (sic). Por otra parte, también se dijo que en proveído de diecinueve de enero del año próximo pasado, se reservó acordar de conformidad el escrito presentado por el licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, defensor particular del encausado Armando Antonio Radilla Benítez, en el que solicitó se acordara sobre el desistimiento de las ampliaciones del inculpado, los agentes captores, así como los careos constitucionales entre el primero con los segundos. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 20 Apartado "A", fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho) 206 y 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicados a contrario sensu, se tuvo a Armando Antonio Radilla Benítez, así como a su defensor particular, desistiéndose de las ampliaciones de declaración del justiciable, de los elementos aprehensores José Antonio Bracamontes Cruz, José Antonio Fragoso Rojas, Sergio Castelán Loyo, Misael Antonio Mendoza Santos, Israel Rivera García, Juan Carlos Aguilar Hernández, Julio César Rosales Negrete y Carlos Fernando Obregón Reyes, así como de los careos constitucionales entre estos, con el procesado de mérito, en su más entero perjuicio. Sin que obste a lo anterior, también se determinó que este Juzgado de Distrito puede decretar de oficio los careos procesales entre los aprehensores y el inculpado de mérito (foja 14647 del tomo XXIV). XXXII. En auto de dieciocho de febrero de dos mil quince, se glosó a los autos el telegrama 3024/2015, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, mediante el cual informó que en relación al exhorto 78/2015 del índice de este Juzgado de Distrito, el procesado Armando Antonio Radilla Benítez, manifestó en el sello de notificación que: "me desistó de los careos constitucionales y de cualquier otra prueba pendiente por desahogar y me opongo a cualquier careo procesal o prueba que se dicte por oficio y solicito el cierre de instrucción" (sic). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 206, del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado a contrario sensu, se tuvo al encausado de mérito, desistiéndose de los careos constitucionales y de cualquier otra prueba pendiente por desahogar (Foja 14697 del tomo XXIV). XXXIII. En veintitrés de febrero de dos mil quince, a fin de no controvertir el derecho de petición que asiste a toda persona que es sujeta a proceso, y no vulnerar su acceso a un debido proceso, se tuvo por recibido el escrito del licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, Defensor Particular del encausado Armando Antonio Radilla Benítez, a través del cual ofreció la ampliación de declaración de los elementos aprehensores, la ampliación de declaración de su defendido, así como los careos constituciones entre el procesado con los elementos aprehensores. Al respecto, se le dijo que no se acordaba de conformidad su petición ya que de autos se advierte que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil quince, tanto al promovente como a Radilla Benítez, se les tuvo por desistidos de tales medios de prueba (Foja 14714 del tomo XXIV). XXXIV. El veintiséis de febrero de dos mil quince se practicó audiencia informativa con Radilla Benitez, en la que expuso, que está enterado del desistimiento de las pruebas, que no desea carearse procesalmente con sus captores, pero que esto lo consultará con su abogado, quien no fue presente en tal diligencia. (Foja 14728 del tomo XIV) XXXV. El tres de marzo de dos mil quince, en relación al escrito del licenciado Juan Manuel Morales Álvarez y por el procesado Armando Antonio Radilla Benítez, en el que ofreció a favor de su defendido careos procesales e "interrogatorio" (sic) entre el encausado Armando Antonio Radilla Benítez, con los elementos aprehensores. Se determinó que previo acordar de conformidad su petición, se le requiriera a tal defensa, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, especificara y determinara si las diligencias en comento, esto es, careos procesales e "interrogarotio" (sic) será a cargo de la totalidad de los elementos aprehensores, apercibido que de no hacerlo así, se entenderá que es en sentido afirmativo, y se señalara fecha para su desahogo (Foja 14752 del tomo XIV) XXXVI. El once de marzo de dos mil quince, el licenciado Juan Manuel Morales, Defensor Particular del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, en contestación a la vista otorgada en auto de tres de marzo de esa anualidad, externó que era deseo y voluntad de su representado, efectuar los careos e interrogatorios con los elementos policiacos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, en relación al parte informativo de dos de enero de dos mil once, consecuentemente, se admitieron tales medios de prueba, y se señaló el dieciocho de mayo de dos mil quince, para su desahogo. (Foja 14764 del tomo XIV). Se itera que tales medios probatorios se admitieron a fin de no controvertir el derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional y, al cual tiene derecho los sujetos procesales, aunado a no se demerite el acceso a un debido proceso. XXXVII. El veintitrés de abril de dos mil quince, en torno a diversas peticiones de la defensa particular de Radilla Benítez, en lo que interesa se acordó: "Con el cuarto, solicita nuevamente se gire oficio al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en su calidad de superior jerárquico, para que informe respecto a lo ordenado en el auto de once de marzo del año en curso, por este Juzgado de Distrito. Hágase del conocimiento que mediante oficio número SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG-3375-A/2015, remitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, comunica que están llevando a cabo las gestiones necesarias, en relación a lo solicitado por este Órgano Jurisdiccional, mediante proveído de once de marzo de dos mil quince, además que solicitó una prórroga para dar cabal cumplimiento al mandato judicial ordenado en oficio de 1653/2015, y en relación a tal petición, se le concedió un aplazamiento de diez días. Por otra parte, mediante diverso SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG/3375-B/2015, del Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en el Distrito Federal, remite la firma autógrafa del elemento José Antonio Bracamontes Cruz, para la práctica de la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del dieciocho de mayo del año en curso." (Foja 14997 del tomo XXV) XXXVIII. Certificación de dieciocho de mayo de dos mil quince, data fijada para el desahogo de careos constitucionales entre Radilla Benítez y los aprehensores José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, la que no se llevó a cabo debido a la incomparecencia de éstos, certificándose la presencia del defensor particular del quejoso de referencia (foja 15048 del tomo XXV). XXXIX. El veinte de mayo de dos mil quince, debido a la incomparecencia de los elementos policiacos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, al desahogo de las pruebas a su cargo, el dieciocho del citado mes y año, por lo que se entabló comunicación vía telefónica con la licenciada Martha Ávila Flores, Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, a efecto de reprogramar la diligencia de careos constitucionales entre el procesado Armando Antonio Radilla Benítez, con los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, para lo cual se fijó de común acuerdo las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil quince, para su desahogo. Mismo proveído en el que se indicó: "Por otro lado, en relación a que se haga efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de marzo de dos mil quince, al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en relación a que no fueron presentes a la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del dieciocho de los corrientes, los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, a pesar de estar debidamente notificados, tal y como se advierte de los oficios SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG/3375-B/2015, del Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, y SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDO/SG/3375-A/2015, signado por el Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en el Distrito Federal, con el que adjunta en sobre cerrado el oficio número UPCTEPEPAN/1821/2015-04, con los que anexan las firmas autógrafas de los elementos José Antonio Bracamontes Cruz y José Antonio Fragoso Rojas, para la práctica de la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del dieciocho del mes y año en curso, con fundamento en los ordinales 41 y 44, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta procedente hacer efectivo al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, el apremio con que fue conminada en el citado acuerdo, consistente en una multa por treinta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, que asciende a la cantidad de $2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/10, moneda nacional), ya que con su actuar ha retrazado el procedimiento y con ello, la impartición de justicia pronta y expedita a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del procesado Armando Antonio Radilla Benítez. Para lo cual, líbrese atento oficio al Tesorero de la Federación, para el efecto de que se sirva realizar el cobro de la multa impuesta a favor del erario federal, acompañándose copias certificadas por triplicado de las constancias relativas." (Foja 15050 del tomo XXV) En ese sentido, este juzgador ha hecho efectivas las medidas de apremio, empleadas para lograr la comparecencia de los captores. XL. En veintitrés de junio de dos mil quince, en lo que interesa se acordó: "Del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que en la audiencia informativa de fecha dieciocho de junio de dios mil quince, solicitada por el procesado Armando Antonio Radilla Benítez, vía videoconferencia con respecto a: A la diligencia de careos constitucionales señalada para las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre del año en curso, con los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, en relación a que se tomen las providencias necesarias para lograr su desahogo, hace de su conocimiento, que esta no se ha llevado a cabo, por causas ajenas al buen orden procedimental ordenado por este Juzgado de Distrito, el que en atención a lo que estipula el artículo 17 Constitucional (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho), ha ordenado y señalado datas para la práctica de tal probanza, tomando en consideración la agenda de diligencias de este órgano Jurisdiccional, así como, la de aquellos juzgados que actúan en auxilio por medio de exhorto; por otra parte, en cuanto a que, se apliquen medidas de apremio, en proveído de veinte de mayo de dos mil quince, entre otras cosas, se acordó: ". Por otro lado, en relación a que se haga efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de marzo de dos mil quince, al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en relación a que no fueron presentes a la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del dieciocho de los corrientes, los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, a pesar de estar debidamente notificados, tal y como se advierte de los oficios SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG/3375-B/2015, del Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, y SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDO/SG/3375-A/2015, signado por el Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en el Distrito Federal, con el que adjunta en sobre cerrado el oficio número UPCTEPEPAN/1821/2015-04, con los que anexan las firmas autógrafas de los elementos José Antonio Bracamontes Cruz y José Antonio Fragoso Rojas, para la práctica de la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del dieciocho del mes y año en curso, con fundamento en los ordinales 41 y 44, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta procedente hacer efectivo al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, el apremio con que fue conminada en el citado acuerdo, consistente en una multa por treinta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, que asciende a la cantidad de $2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/10, moneda nacional), ya que con su actuar ha retrasado el procedimiento y con ello, la impartición de justicia pronta y expedita a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del procesado Armando Antonio Radilla Benítez..." Misma fecha en la que se fijaron las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre del año en curso, para la práctica de la diligencia en comento, por lo que, en el supuesto que los testigos de cargo, no comparezcan sin causa justificada, se podrá hacer efectivo un diverso medio de apremio de los que estipula el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 44.- El Ministerio Público en la averiguación previa, y los tribunales, podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio: I. Apercibimiento; II. Multa por el equivalente a entre treinta y cien días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó o se omitió realizar la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de su ingreso; III. Auxilio de la fuerza pública, y IV. Arresto hasta de treinta y seis horas. La atribución prevista en este artículo podrá emplearla el Tribunal respecto de los agentes del Ministerio Público, defensores y los peritos. El Ministerio Público o el Tribunal podrán dar vista a las autoridades competentes en materia de responsabilidad administrativa o penal que en su caso proceda." Por lo que en su oportunidad y atendiendo a las circunstancias imperantes, esto es, si comparecen o no los captores, se acordará lo que en derecho corresponda, a fin de no controvertir lo que dispone el precitado ordinal 17 Constitucional." XLI. El catorce de julio de dos mil quince, en lo que aquí interesa, se acordó: "4.- Oficio 401-T-DGJ-DGAGPL-DAC-3081/2015, suscrito por el Director de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que comunica que no son la autoridad competente, para hacer efectiva la multa impuesta mediante oficio 3305/2015 de veinte de mayo del año en curso, la correcta es la autoridad señalada como sancionadora es decir este Juzgado de Distrito. Por tanto, del estado que guarda la causa penal en que se actúa, gírese oficio al Servicio de Administración Tributaria, con sede en el Distrito Federal, a efecto de que haga efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de marzo de dos mil quince, al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en relación a que no fueron presentes a la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del dieciocho de los corrientes, los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, a pesar de estar debidamente notificados, como se advierte de los oficios SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG/3375-B/2015, del Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, y SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDO/SG/3375-A/2015, signado por el Director Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en el Distrito Federal, con el que adjunta en sobre cerrado el oficio número UPCTEPEPAN/1821/2015-04, con los que anexan las firmas autógrafas de los elementos José Antonio Bracamontes Cruz y José Antonio Fragoso Rojas, para la práctica de la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del dieciocho del mes y año en curso, con fundamento en los ordinales 41 y 44, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta procedente hacer efectivo al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, el apremio con que fue conminado en el citado acuerdo, consistente en una multa por treinta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, que asciende a la cantidad de $2,048.40 (dos mil cuarenta y ocho pesos 40/10, moneda nacional), ya que con su actuar ha retrazado el procedimiento y con ello, la impartición de justicia pronta y expedita a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del procesado Armando Antonio Radilla Benítez. Para el efecto de que se sirva realizar el cobro de la multa impuesta a favor del erario federal." (Foja 15339 del tomo XXV) En torno al cobro de tal sanción, en fecha nueve de septiembre de dos mil quince se agregó oficio signado por el Subadministrador de la Recaudación Local del Centro del Distrito Federal en el que informó los trámites llevados a cabo para hacer efectivo el cobro de la multa al Secretario de Seguridad Pública. XLII. El diez de septiembre de dos mil quince, se acordó: "Escrito signado por Juan Manuel Morales Álvarez, defensor particular del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, mediante el cual solicita que se gire oficio al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal para que informe de manera urgente el requerimiento efectuado en auto de fecha veinte de mayo del presente año (fojas 103 a 106 del tomo en que se actúa), en el cual se le pide que informe a este juzgado, en el término de tres días siguientes que reciba la notificación, las constancias por las cuales quede plenamente demostrado que los elementos fueron debidamente notificados para comparecer a las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre próximo. Asimismo, solicita que se haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinte de mayo del año en curso y que en caso de reincidencia se le duplique la medida de apremio. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Penales y, tomando en consideración que la autoridad en cita no ha remitido las constancias de notificación realizadas a los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, a fin de salvaguardar los derechos de adecuada defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, con apoyo en los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 20, apartado "A", fracción VII, Constitucional (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho), y 41 de la Legislación Procesal en cita, con el propósito de otorgar certeza jurídica al justiciable, requiérase vía mensajería acelerada al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de que en el plazo de tres días contado a partir de su legal notificación, notifique en forma personal a los mencionados elementos la obligación que tienen de presentarse en forma puntual y con identificación oficial vigente, en la temporalidad precisada (once horas con treinta minutos del treinta de septiembre próximo), para desahogar la prueba ofrecida a su cargo, la que se llevará a cabo en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, sito en calle Doctor Nicolás San Juan ciento cuatro (104), segundo piso, colonia ex-Rancho Cuauhtémoc, en esta ciudad de Toluca, específicamente a la mesa dos de trámite, haciendo de su conocimiento, que no es obstáculo para su presentación, que los servidores públicos de referencia se encuentren comisionados o de vacaciones, ya que aún en esas circunstancias habrán de comparecer ante este juzgado; por lo que para ello, deberá abstenerse de darles alguna comisión por ser de orden público la agilización del trámite de la presente causa penal; apercibiendo a dicho superior jerárquico, que de incumplir con lo ordenado o no informar dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración de la diligencia, la causa justificada que les impida cumplir, se le hará efectiva la medida de apremio con la que se le conminó en auto de veinte de mayo de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción II, del invocado cuerpo de normas; apercibimiento que se hace extensivo al personal de referencia, para el caso de que se encuentren notificados y no comparezcan; con independencia de hacer del conocimiento de su superior jerárquico el DESACATO que, en su caso, incurra ante este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión de un delito contra la administración de Justicia, previsto y sancionado por el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal Federal, que establece: "Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: (.) VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia; (.) A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV y XXVI, se les impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa. (.) En todos los delitos previstos en este Capítulo, además de las penas de prisión y multa previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos." Debe hacerse énfasis en que esta medida se adopta debido a que la naturaleza de la prisión preventiva, relacionada con los derechos fundamentales de defensa de que gozan los procesados de acuerdo con el artículo 20 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Federal, es un derecho fundamental que se cumpla en el lugar en que se desarrolle el procedimiento penal que se sigue en su contra. Asimismo por segunda ocasión se solicita a dicha autoridad en el plazo de tres días envíe a este órgano jurisdiccional las constancias de notificación correspondientes, o bien, informe oportunamente el impedimento legal que tenga para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término establecido con la imposición de la multa descrita en el párrafo precedente. De la misma manera, infórmese al ocursante que por auto de nueve del mes y año en curso, se tuvo por recibido el oficio 400-36-00-04-00-2015-14968, signado por el Subadministrador de la Recaudación Local del Centro del Distrito Federal, mediante el cual informó las gestiones realizadas en torno a la realización del cobro de la multa al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, enviándose al efecto el nombre y domicilio del sancionado. De igual forma, es menester precisar que no es procedente atender la petición del defensor particular, en el sentido de que en caso de reincidencia se duplique la medida de apremio, en razón de que la imposición de la sanción es una facultad discrecional exclusiva del juzgador, pues de ajustar el criterio a lo peticionado por las partes desaparecería su arbitrio judicial. No obstante, estese en espera de que transcurra el plazo otorgado a la autoridad en cita para que remita a este órgano jurisdiccional las constancias de notificación solicitadas; asimismo, una vez que llegue el día de la audiencia de que se trata, se estará en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda en torno a la medida de apremio que en su caso se llegue a imponer." XLIII. Certificación de treinta de septiembre de dos mil quince, en la que se anotó que no se llevó a cabo la diligencia de careos constitucionales entre Radilla Benítez con los aprehensores Fragoso Rojas y Bracamontes Cruz, (foja 557 del tomo XXV). XLIV. En proveído de uno de octubre de dos mil quince se proveyó: "Con el segundo, solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de septiembre de dos mil quince, pidiendo que se realicen los trámites correspondientes por el desacato en que incurrió el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. También solicita se fije fecha y hora para que se lleven a cabo los respectivos careos con los elementos aprehensores. Asimismo, solicita que los elementos aprehensores de nombres José Antonio Bracamontes Cruz y José Antonio Fragoso Rojas, sean presentados ante este Juzgado por medio de la fuerza Pública adscrito en esta ciudad para el efecto de que se avoque a la localización y presentación de los elementos antes mencionados y estén presentes en la fecha y hora que sea fijada para el desahogo de los careos. En relación a que se haga efectivo el apercibimiento decretado por este Juzgado de Distrito, en auto de diez de septiembre de dos mil quince, al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y se haga comparecer por la fuerza pública a los elementos José Antonio Bracamontes Cruz y José Antonio Fragoso Rojas, antes de que este Órgano Jurisdiccional, se pronuncie al respecto. Con fundamento en el artículo 41, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales, gírese oficio vía fax, al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que en el término de veinticuatro horas contados a partir de la recepción del citado medio de comunicación, informe vía fax, independientemente de hacerlo por la vía ordinaria a este Juzgado de Distrito, si los elementos José Antonio Bracamontes Cruz y José Antonio Fragoso Rojas, fueron debidamente notificados de la audiencia programada para las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil quince, y de ser así remita las constancias donde quedaron enterados de la diligencia en comento. Apercibido que de no dar contestación o no informar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa por el equivalente de cien días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, lo anterior con fundamento en el artículo 44, fracción II, del Código Adjetivo de la Materia. Una vez hecho lo anterior se acordara lo que en derecho corresponda, respecto a la multa." (Foja 15558 del tomo XXV) XLV. El seis de octubre de dos mil quince se dictó un auto que en lo que aquí interesa dice: "1.- Oficio SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG/3375-C/2015, enviado por el encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, en el que en atención al diverso 6783/2015, de dos del mes y año en curso, solicita que sea justificada la inasistencia de los elementos de nombres José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, elementos adscritos a esa corporación, para la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil quince, debido a que después de haber realizado una búsqueda en sus registros no se cuenta con dato alguno del oficio relacionado donde se ordena su comparecencia de dichos atestes. En relación a lo anterior, se tiene por justificada la inasistencia de los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, para la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil quince. 2.- Oficio 25768/215-II, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en el que comunica que queda firme la hora y fecha señalada para el desahogo de los careos constitucionales entre el procesado Armando Antonio Radilla Benítez y los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, esto es a las nueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil quince." (Foja 580 del tomo XXV) XLVI. El diecinueve de octubre de dos mil quince, se hizo del conocimiento de la defensa de Radilla Benítez, que mediante oficio SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG/3375-C/2015, enviado por el encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, en el que en atención al diverso 6783/2015, de dos del mes y año en curso, solicita que sea justificada la inasistencia de los elementos de nombres José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, elementos adscritos a esa corporación, para la diligencia programada para las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil quince. (Foja 15598 del tomo XXV) XLVII. El seis de noviembre de dos mil quince, en lo que interesa, en relación con peticiones de la defensa particular del quejoso se acordó: "Con el segundo: peticiona que se haga efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de octubre de dos mil quince, en el cual ordenó notificar vía fax el contenido del auto de esa fecha, al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, del mismo se advierte que ha transcurrido en exceso el término de tres días para que remitiera a este Juzgado las constancias con firma autógrafa de haber notificado a los elementos. Atento a lo anterior, del estado que guarda la causa penal en que se actúa, se advierte que a la fecha el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, no ha informado a este Órgano Jurisdiccional, el cumplimiento que dio al oficio 6783/2015, derivado de los autos de uno y diecinueve de octubre del año en curso, respecto a si notificó a los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, de la diligencia programada para las nueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil quince. Lo que se corrobora por lo siguiente: a) El dos de octubre del año en curso, se envió vía fax el citado oficio al número telefónico 015552425100, extensión 1137, que fue recibido por Ednita Sánchez, quien dijo ser secretaria particular del Jefe de Departamento de la Secretaría de Seguridad Pública (foja 623 del tomo XXV, como se desprende de razón actuarial). b) El diecinueve de octubre del presente año, se envió vía fax el mencionado medio de comunicación al número telefónico 015552425100, extensión 1137, que fue recibido por Eduardo Cruz Vertiz, quien dijo ser Jefe de Mantenimiento Judicial de la Secretaría de Seguridad Pública (foja 673 del tomo XXV, como se desprende de razón actuarial). De lo que se denota el incumplimiento en que ha incurrido el referido funcionario, por lo tanto, con fundamento en los ordinales 41 y 44, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, gírese oficio al Servicio de Administración Tributaria, con sede en el Distrito Federal, a efecto de que haga efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de octubre de dos mil quince, al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (que se encontraba en funciones los días dos y diecinueve de octubre de dos mil quince en que recibió los oficios que se le enviaron), en relación a que, en el término legal que se le otorgó por dos ocasiones, no ha dado contestación al requerimiento efectuado en los proveídos de uno y diecinueve, consistente en una multa por cien días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, que asciende a la cantidad de $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/10 Moneda Nacional), ya que con su actuar ha retrasado el procedimiento y con ello, la impartición de justicia pronta y expedita a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del procesado Armando Antonio Radilla Benítez. Por otra parte, requiérase nuevamente mediante oficio vía fax al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que en un término de veinticuatro horas, legalmente computados a partir de la recepción del mismo, envíe lo solicitado en los ocursos en comento, esto es, de uno y diecinueve de octubre del año en curso, relativos al oficio 6783/2015, para que inexcusablemente informe, si notificó a los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, de la diligencia a su cargo, programada para las nueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil quince. Apercibido que de no hacerlo en la temporalidad antes señalada o no informar oportunamente las razones que se lo impidan, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, de acuerdo con el numeral 44, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, la que se irá aumentado conforme siga incurriendo en omisión, máxime cuando tiene la obligación de hacer comparecer a los servidores públicos que laboran bajo su encargo, no obstante que se encuentren en diversa comisión. Aunado a que, en caso, que los elementos aprehensores no se presenten en la hora y data indicada, la posterior comparecencia de éstos, se hará efectiva con el auxilio de las fuerzas públicas, como lo dispone la fracción III del artículo 44 de la Codificación en cita. Lo anterior, con independencia de otras determinaciones que legalmente se puedan ordenar con motivo de la reiterativa omisión en que ha incurrido." (Foja 15726 del tomo XXVI) XLVIII. El doce de noviembre de dos mil quince, se dictó el siguiente proveído: "Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, primera parte, del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguense los oficios de cuenta los que se acuerdan en los siguientes términos: 1.- Oficio SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG/3375-E/2015, enviado vía fax, por el encargado de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación, en atención al diverso 7821/2015 de seis de noviembre del año en curso, se le requirió para que comunicará el cumplimiento al auto de uno y diecinueve de octubre del año en curso, relativo al oficio 6783/2015, para que inexcusablemente informara, si notificó a los elementos José Antonio Fragoso Rojas y José Antonio Bracamontes Cruz, de la diligencia a su cargo, programada para las nueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil quince. Asimismo, hace del conocimiento que esa Institución nunca ha dejado de cumplir los mandatos que se han solicitado, por lo que se están haciendo las gestiones correspondientes a efecto de notificar a los elementos a comparecer y también para presentarlos diligentemente ante este Juzgado de Distrito, por lo que solicita que se deje sin efecto la medida de apremio decretada en auto de uno de octubre del año en curso (acuerdo que nunca fue recibido en esa Institución, sino en domicilio distinto y que en su momento se hizo del conocimiento del Juzgado, sic). Por lo que con fundamento en el artículo 41, último párrafo del código en cita, toda vez que de las razones actuariales de fecha dos y veinte de octubre de la anualidad, se desprende que el oficio 6738/2015 de dos y diecinueve de octubre de dos mil, por Ednita Sánchez, y Eduardo Cruz Vertíz, quienes dijeron ser Secretaría Particular del Jefe de Departamento y Jefe de Mandamiento Judicial, ambos adscritos a dicha dependiencia, (como se desprende a fojas 15575 y 15625 del tomo XXV), se desprende que la citada dependiencia recibió oportunamente vía fax el oficio en comento por lo que estuvo enterado oportunamente, de la encomienda, empero, no dio contestación en el plazo otorgado, motivos por los que resulta inviable la petición. 2.- Oficio DGCPPAMDO/18258/2015, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada, mediante el cual solicita copias certificadas del acuerdo de treinta de enero de dos mil trece, del oficio DCP/SCP/61-AP/13, folio 186, signado por el Subdirector de Colegios de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública y del oficio AGP-059/2013, de dieciséis de enero de esa anualidad, firmado por el licenciado Felipe Mata Delgado, encargado del Archivo General de Profesiones, que obran dentro de la causa penal en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 25 y 36, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, expídanse las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, y una vez que las labores del Juzgado así lo permitan. (Foja 15726 del tomo XXVI) XLIX. Diligencia de careos constitucionales celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil quince, se practicó la diligencia de careo constitucional entre Radilla Benítez y José Antonio Bracamontes Cruz, haciéndose notar la incomparecencia del diverso elemento José Antonio Fragoso Rojas, para su práctica se fijó el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, ello de conformidad con la agenda que se lleva en este órgano jurisdiccional y el juzgado exhortante (fojas 15788 del tomo XXVI). Como se observa, el defensor optó por la práctica de los careos, sin ejercer el derecho de ampliar la declaración. L. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, entre otras cosas se acordó: "Escrito del licenciado Juan Manuel Morales Álvarez, Defensor Particular del procesado Armando Antonio Radilla Benítez, mediante el cual solicita se fije nueva fecha y hora para los careos constitucionales con el elemento aprehensor José Antonio Fragoso Rojas, ya que éste no se presentó a la diligencia programada para el veintitrés de los corrientes, y pide se haga efectivo el apercibimiento decretado al no presentarse, sin existir motivo justificado en la fecha y hora señalada. En cuanto a su petición que se haga efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de octubre de dos mil quince, consistente en cien días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, índiquesele que una vez que obre la documentación que ampare que el elemento policiáco fue debidamente notificado de la diligencia a su cargo, se acordará lo pertinente, en caso, que se advierta que incumplió indebidamente al mandato de este Órgano Jurisdiccional." (Foja 15803 del tomo XXVI) LI. El tres de diciembre de dos mil quince, en lo conducente se proveyó: "1.- Oficio SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/JDOSG/3375-E/2015, suscrito por el Encargado de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en el Distrito Federal, mediante el cual en contestación al diverso 8254/2015 de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, del índice de este Juzgado de Distrito, solicita se le especifique el año en que deberá de comparecer el elemento José Antonio Fragoso Rojas. Asimismo, solicita se deje insubsistente el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de noviembre del año en curso. En relación a que se le espefique el año en que deberá comparecer José Antonio Fragoso Rojas, lo es, a las diez horas del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en las instalaciones que ocupa este Órgano Federal, debidamente identificado, sito en Avenida Doctor Nicolás San Juan, número 104, segundo piso, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, en esta ciudad capital. Respecto al apercibimiento, este sigue vigente, hasta en tanto, no envíe en el término de tres días contados a partir de la recepción del citado medio de comunicación, vía fax al número 01-722-2-36-23-65, a este Juzgado de Distrito, apercibido que de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará efectiva el apercibimiento decretado en autos." (Foja 15867 del tomo XXVI) LII. En fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, entre otras cosas se acordó declarara agotada la instrucción, con fundamento en lo que establece el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, (foja 16122, tomo XXVI). [.] Las anteriores actuaciones constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así pues, se colige que en el presente juicio de amparo se actualizan de manera notoria y manifiesta las causales de improcedencia que se surten de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XVII y XXIII, esta última en relación con los numerales 5, fracción II y 107, fracción V, interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto a una de las autoridades responsables, así como de los actos reclamados por el aquí quejoso. A). Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, respecto de los actos reclamados a la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad, quien dio fe de las actuaciones realizadas por el Titular del citado Juzgado, se actualiza la causa de improcedencia ya invocada, en atención a lo siguiente. Los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación sistemática de los artículos transcritos se colige, que para los efectos del juicio de garantías, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, a través del juicio de amparo únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan hecho valer en su contra. Conviene tener presente que sobre la institución de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis P. XXVII/97, número de registro 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; determinó que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose como tal, aquélla que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS"; precisó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De conformidad con las premisas legales y criterios en que se sustenta la causa de improcedencia invocada, se tiene que a la Secretaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad, no le puede revestir el carácter de autoridad responsable. Pues si bien entre las atribuciones de los Secretarios se encuentran las de realizar cómputos, certificaciones, dar fe de lo actuado, o bien para realizar un proyecto de sentencia; con tales facultades no pueden ejercitar ningún tipo de acciones decisorias y ejecutorias que pudieran invadir la esfera de derechos del quejoso. Ello, pues el objeto de autorizar equivale a dar fe o confirmar que tales resoluciones fueron efectivamente pronunciadas por aquélla autoridad, toda vez que quien realmente sanciona, dicta y ordena la publicación de las actuaciones para hacerlo del conocimiento de las partes y con ello les surtan efectos, lo es el Juez del Órgano Jurisdiccional responsable, por ser éste quien ejercita la facultad decisoria. Así, las funciones de la Secretaria no se encuentran comprendidas dentro de los actos de autoridad para los efectos del amparo definidos por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo, por lo que es improcedente dicho juicio respecto de ella. Esto es, la Secretaria en comento, al llevar a cabo las actividades comprendidas dentro de sus atribuciones, no puede crear ni extinguir derechos, ya que esta función está reservada al Juez del Juzgado responsable, como se establece en la jurisprudencia VI.2o. J/95, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número de registro 198939, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado a la Secretaria del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con fundamento en los artículos 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII; y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. B). Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. De igual forma, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en la citada fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente, señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.] Uno de los actos que se reclama en este juicio de amparo, se hizo consistir en la tardía puesta a disposición realizada por los elementos aprehensores en la detención del solicitante de amparo. Respecto a lo anterior, cabe señalar que la autoridad responsable mediante oficio 1513/2016 de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, remitió el duplicado de la causa penal 33/2011, en veintiséis tomos, de los que se advierte lo siguiente: 1. Que el veintinueve de marzo de dos mil doce, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en auxilio de la autoridad responsable, decretó al aquí quejoso Radilla Benítez auto de formal prisión por los delitos de: - Delincuencia organizada, previsto en el artículo 2, fracción I (hipótesis de delito contra la salud), sancionado conforme a los artículos 4, fracción I, inciso b) (en la hipótesis de quien no tenga funciones de administración, dirección o supervisión), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. - Homicidio, previsto en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, con las calificativas de "Ventaja" y alevosía, previstas por las fracciones I y III del numeral 138 Código Punitivo en la materia cometido en agravio de Luis Alberto Hernández Ramírez alías "El Guicho". - Homicidio, previsto en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, con las calificativas de "Ventaja" y alevosía, previstas por las fracciones I y III del numeral 138 Código Punitivo en la materia cometido en agravio de Salvador Sotelo Romero alias "El Cacas" o "El Chava" y Alberto Arturo Rosas Sotelo alias "El Tilín". - Homicidio, previsto en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, con las calificativas de "Ventaja" y alevosía, previstas por las fracciones I y III del numeral 138 Código Punitivo en la materia cometido en agravio de Jorge Benítez Estrada alias "El Giorgio". - Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Resolución que fue confirmada por el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región de Guanajuato, Guanajuato, en los autos del cuaderno auxiliar 132/2012, derivado del toca penal 132/2012, del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito. En ese contexto, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que, el dictado del auto de formal prisión contra el aquí quejoso por parte del A quo responsable, evidentemente constituye un cambio de situación jurídica, puesto que la detención efectuada por los elementos aprehensores que por esta vía se reclama, dejó de tener vida jurídica, toda vez que ya cumplió con su objeto, por lo que, debe considerarse que el acto impugnado se consumó de un modo irreparable y no puede decidirse en este juicio de amparo, sobre la constitucionalidad de la aludida puesta a disposición realizada por elementos policiacos respecto el quejoso, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis jurisprudencial publicada bajo el número IX.1º. J/11, visible en la página 1454, Materia Penal, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, relativo a la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados del Circuito, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL.- La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional. Asimismo, es aplicable la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice 2000, Tomo II, Materia Penal, visible en la página 45, relativo a la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados del Circuito, del rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. C). Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. También se advierte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 (última fracción en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo, respecto a los actos invocados en los numerales 1, 2 y 3, del considerando segundo de este fallo, consistentes en: 1. Las actuaciones y/o dilaciones concernientes a lograr la comparecencia de los elementos aprehensores del quejoso para la realización de los careos respectivos, en autos del proceso penal federal 33/2011. 2. Las omisiones del Juez del proceso para realizar conforme al artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales la certificación relativa a las diversas incomparecencias de los elementos aprehensores del quejoso. 3. Como consecuencia de lo anterior la prisión preventiva prolongada y ejecutada en contra del quejoso desde dos mil once en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco en Villa Aldama, Veracruz. Lo anterior en atención a las siguientes consideraciones. En principio, es pertinente precisar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, las cuales se encuentran previstas en los artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, y que por el contrario no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Como ejemplos claros de actos dictados dentro de juicio que tienen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, el Alto Tribunal del País ha sustentado que se encuentran, entre otras, el embargo, el auto de vinculación a proceso, o bien, el auto de formal prisión, etcétera. De lo expuesto, se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En estos casos, es necesaria la intervención de la Justicia Federal a través del juicio de amparo indirecto, sin esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La existencia de dichos actos procesales tiene su fin en la obtención de una sentencia, laudo o resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no transgredirse ningún derecho sustantivo. Estos actos, como el que aquí se reclama, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra cuando se resuelva la controversia, en la medida en que influyan o en su caso sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Expuesto lo anterior, es menester reiterar que, el quejoso alega las actuaciones y/o dilaciones concernientes a lograr la comparecencia de los elementos aprehensores para la realización de los careos respectivos, en autos del proceso penal federal 33/2011; las omisiones del Juez del proceso para realizar conforme al artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales la certificación relativa a las diversas incomparecencias de los elementos aprehensores y como consecuencia de lo anterior la prisión preventiva prolongada y ejecutada desde dos mil once en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco en Villa Aldama, Veracruz. Sin embargo, como ya se dijo, tales actos constituyen violaciones a derechos adjetivos, que producen únicamente efectos intraprocesales, es decir, no vulneran ningún derecho sustantivo; por ende, tales circunstancias tienen efectos meramente procesales. Se estima lo anterior, porque como ya se indicó los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al derecho de petición o a la libertad. Sin embargo, debe tenerse presente que dichas afectaciones no se producen de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior sin que este Juzgado de Distrito advierta del contenido de la demanda y de las constancias de los informes que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, ya que contrario a ello de tales actuaciones se colige el impulso procesal que se ha dado para efecto de llevar a su conclusión el juicio del cual derivan los actos reclamados como se desprende del considerando cuarto de esta resolución; e incluso entre pocas ocasiones los diferimientos han obedecido a la inasistencia del defensor del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Décima Época, con registro 2011580 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 06 de mayo de 2016, Constitucional y Común, cuyo rubro y texto son: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. No pasa desapercibido el hecho de que el hoy quejoso se encuentra privado de su libertad, sin embargo, tal situación jurídica deriva de la causa penal que se le instruye, es decir, con motivo del auto de formal prisión que se dictó por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada y otros. En este orden de ideas, es evidente que, los actos que reclama el quejoso no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; de aquí que no se surta la hipótesis de procedencia del amparo indirecto que establecen los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V), interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia IV.3o. J/9, visible en la página 333, del Tomo II, Octubre de 1995, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." Así las cosas, como se dijo, en el caso se actualizan de manera notoria y manifiesta las causales de improcedencia que se surten de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XVII y XXIII, esta última en relación con los numerales 5, fracción II y 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. No es dable estudiar los conceptos de violación que hace valer el quejoso de conformidad con la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 88, volumen 187-192, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". Asimismo, la jurisprudencia V.2o. J/15 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 115, tomo IX, enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En tales condiciones, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley en cita, respecto al acto reclamado en estudio. No se soslaya el hecho de que en el presente juicio no fue emplazado el Ministerio Público Federal que forma parte del proceso penal del cual derivan los actos reclamados; sin embargo, dado el sentido del presente fallo no se considera de trascendencia la intervención del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2010477 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, Común, página 841, cuyo rubro y texto son: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley. Finalmente, no representa obstáculo a la determinación adoptada el que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible para este Órgano de Control Constitucional que la admitió a trámite advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior, por analogía, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo contenido enseguida se transcribe: DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Armando Antonio Radilla Benítez, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido ante el licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, secretario que autoriza, firma y da fe, hasta el día de hoy veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado permitieron concluir con su engrose. Doy fe. .
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso desahoga la vista de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable, y realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formuladas las alegaciones del promovente, debiéndose dar cuenta con ellas en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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