Armando Antonio Lopez Martinez
Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Armando Antonio Lopez Martinez
Actuaciones
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ARMANDO ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 670/2021. Se instruye a la Secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: "La ilegal orden de fijar excesivamente al suscrito por concepto de pensión alimenticia provisional, el VEINTE POR CIENTO (20%) SOBRE MI SUELDO Y DEMÁS PRESTACIONES, como regidor del Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, así como de la totalidad de mis ingresos como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.) De ambas Autoridades señaladas como Ejecutoras les reclamado el fiel cumplimiento de la orden de la citada Juez." En tales condiciones, analizarse la procedencia del juicio de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexa; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, se estima que en el caso a estudio, no será necesario abordar el análisis de fondo del acto reclamado, dado que, de oficio, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De acuerdo con la citada norma, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002286, cuyo tenor literal es: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Funda lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el quejoso debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En el caso, se evidencia que el promovente no agotó el recurso de apelación previsto en el artículo 973, relacionado con los diversos 974, 670, 673, 676 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza.". "Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo". "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo." "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia." "Artículo 676.- El recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia y si ésta es definitiva se dejará en el juzgado, para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el Juez estime necesarias, remitiéndose los autos originales a la Sala que corresponda, dentro del tercer día siguiente a aquél en que se señale domicilio para la segunda instancia o transcurra el plazo para hacerlo. Si es auto, se remitirá a la Sala testimonio de lo que el apelante señale, siempre que tenga relación directa con la resolución impugnada, a juicio del Juez, y se agregarán a costa del colitigante las constancias que éste designe, debiendo hacerse estas peticiones dentro de tercero (sic) día siguiente a la admisión del recurso. Si los autos están en estado o las partes se ponen de acuerdo, podrá mandarse el expediente original para la substanciación de la alzada. El plazo para remitir el testimonio será de tres días contados desde el día siguiente al de la notificación del auto que provee sobre el señalamiento de constancia. Si las partes omiten señalar constancias, el plazo se computará una vez que hayan concluido los tres días a que se refiere el párrafo anterior. Si el apelante no señalare constancias, el Juez de oficio o a petición de parte, certificará esta circunstancia, librando oficio a la Sala correspondiente, en el que informa sobre dicha omisión, a efecto de que declare la deserción del recurso.". "Artículo 677.- Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones en los casos en que no se encuentre prevenido que se admitan en ambos efectos. En los juicios sumarios y sucesorios, todas las apelaciones se admitirán en el efecto devolutivo, salvo que la Ley disponga otra cosa.". De los citados numerales, se aprecia que contra las sentencias dictadas en los juicios del orden familiar procede recurso de apelación que se admitirá en el efecto devolutivo; que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; que tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza; y que son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en el código adjetivo procesal y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. Reglas conforme a las cuales, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. De esta forma, si el aquí quejoso buscaba en el juicio natural (en su carácter de demandado -deudor alimentario-) inconformarse en contra del auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, donde se fijó a su cargo por concepto de pensión alimenticia provisional a favor del menor D. A. L. A. el monto correspondiente al 20% veinte por ciento sobre su sueldo y demás prestaciones que percibe como regidor del Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, así como la totalidad de sus ingresos como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), debió interponer el recurso de apelación, en razón de que el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal analizado, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Es así, ya que el auto controvertido es definitivo, en tanto está relacionado con el pago provisional de alimentos, por tanto, al ser los alimentos de tracto sucesivo, dado que la obligación de darlos y el derecho de percibirlos, se generan día con día, es inconcuso que la pensión provisional fijada en autos no será materia del fallo definitivo que se llegue a emitir, de ahí que, como se anticipó, en su contra proceda el recurso de apelación. (.) Lo que es acorde, con el hecho de que el numeral 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dispone que en los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo, y las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza; de lo que puede deducirse que al proceder la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es en contra de los autos en los juicios que involucren su otorgamiento provisional, como sucede en el caso con el auto reclamado. Tan es así, que dicho ordenamiento legal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, pues también abarca a los autos que se dicten en la contienda como se señaló anteriormente. (.) En consecuencia, dado que el quejoso es parte en el expediente familiar 48/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, como tal, previamente a la presentación de la demanda de amparo debió interponer el recurso de apelación en contra del auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, el cual procede, pues éste tiene fuerza de definitivo, ya que causa al quejoso un gravamen no reparable en la sentencia, puesto que se trata de un acto dentro del juicio que causa un gravamen irreparable, dado que se afectan de modo inmediato derechos sustantivos, al fijarsele por concepto de pensión alimenticia provisional y dejando al impetrante de garantías ante una situación en que se ve afectada en su seguridad, además, aun suponiendo que la sentencia que pusiera fin al juicio, fuera favorable a la parte quejosa y se le restituyera en el goce integro de su salario y de las demás prestaciones que recibe con motivo de su trabajo, de ningún modo podría restituirle la privación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor la medida provisional, ni tampoco podría restituirse la seguridad de que fue privado en el lapso correspondiente a esa medida; y a través de dicho medio de defensa el acto reclamado pudo haber sido modificado o revocado por el superior del funcionario que lo haya decretado, de conformidad con el citado precepto 670 del código adjetivo invocado, que prevé la modificación o revocación del auto combatido; por lo que la parte agraviada debió combatir el auto reclamado a través del recurso de apelación previsto en los mencionados preceptos legales, a fin de agotar previamente el principio de definitividad del juicio de amparo, pues el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener remedio ante las autoridades del orden común. Así mismo, cabe aclarar que si bien es cierto el acto reclamado pudiera causar un perjuicio irreparable al quejoso, de ninguna manera la exime de agotar contra dicho acto el aludido recurso de apelación, pues es distinto el concepto de imposible reparación a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, y el de condición de definitividad de una resolución, a que alude la fracción XXI del artículo 61 del mismo ordenamiento, pues mientras que aquel concepto deriva de que el acto de que se trate afecte los derechos sustantivos de la quejosa, lo que caracteriza a una resolución definitiva es la circunstancia de que no existan ya recursos ordinarios conforme a los cuales pueda ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que aun tratándose de un acto de imposible reparación, resulte indispensable agotar los recursos ordinarios que la ley contemple, antes de acudir al amparo. (.) Asimismo, en la diversa tesis que aparece publicada en la página 521 del Tomo XIII, Mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del Segundo Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, Octava Época, del tenor siguiente: "RECURSOS. AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION EN EL JUICIO, DEBEN AGOTARSE LOS. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo es procedente el juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin que sea necesario esperar a que se resuelva el juicio para hacer valer esas violaciones procesales en el juicio de amparo directo, precisamente por la gravedad de su ejecución; esta circunstancia, de ninguna manera exime al quejoso de agotar, contra dichos actos, los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 107 constitucional que consagra el principio de definitividad, cuya omisión sanciona el diverso numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; de ahí que para la procedencia del amparo biinstancial se requiera, no únicamente que la ejecución de los actos reclamados cause daños de imposible reparación, sino que, además, sean agotados los medios de defensa legal cuando los referidos actos sean susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, pues el proveído impugnado, dictado en el expediente civil 48/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, constituye una determinación judicial respecto de la cual, procede el recurso de apelación aludido; además, no existen las excepciones a que se refiere el aludido numeral, pues en el caso en estudio el quejoso: a). No es tercero extraño al procedimiento judicial, sino es la parte demandada en el juicio que se sigue en la vía de controversias familiares. b). El acto reclamado no se refiere a un acto que importe peligro de privación de la vida, a su deportación o a su destierro así como tampoco alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la parte quejosa reclama el requerimiento que se le hace en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, en el del cual se le fija el monto de pensión alimenticia provisional. Por último, no es óbice a lo anterior, el artículo 962 del código adjetivo en comento, que menciona: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". Ello es así, porque si bien de dicho numeral se advierte una regla específica respecto a que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez de origen vinculadas con violencia familiar o para salvaguardar a un menor que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por el derecho, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad; dicho numeral, al contemplar una regla de excepción, resulta de interpretación estricta, esto es, que se limita a los casos en los que el juzgador otorgue las medidas en comento bajo las citadas hipótesis previstas por el legislador, mas no comprende otras como los autos que decretan la pensión provisional. En consecuencia, al no advertirse que en el caso opere excepción al principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, la demanda de amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. En cuanto a la procedencia del recurso de apelación en contra del acuerdo en el que se fija pensión alimenticia provisional, se cita en apoyo el amparo en revisión civil 205/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, que corresponde al diverso 483/2019 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, relativo al juicio de amparo indirecto 294/2019 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, de fecha quince de mayo de dos mil veinte. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que menciona la parte promovente y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web . Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ARMANDO ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 670/2021. Se instruye a la Secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: "La ilegal orden de fijar excesivamente al suscrito por concepto de pensión alimenticia provisional, el VEINTE POR CIENTO (20%) SOBRE MI SUELDO Y DEMÁS PRESTACIONES, como regidor del Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, así como de la totalidad de mis ingresos como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.) De ambas Autoridades señaladas como Ejecutoras les reclamado el fiel cumplimiento de la orden de la citada Juez." En tales condiciones, analizarse la procedencia del juicio de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexa; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, se estima que en el caso a estudio, no será necesario abordar el análisis de fondo del acto reclamado, dado que, de oficio, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De acuerdo con la citada norma, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002286, cuyo tenor literal es: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Funda lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el quejoso debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En el caso, se evidencia que el promovente no agotó el recurso de apelación previsto en el artículo 973, relacionado con los diversos 974, 670, 673, 676 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza.". "Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo". "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo." "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia." "Artículo 676.- El recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia y si ésta es definitiva se dejará en el juzgado, para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el Juez estime necesarias, remitiéndose los autos originales a la Sala que corresponda, dentro del tercer día siguiente a aquél en que se señale domicilio para la segunda instancia o transcurra el plazo para hacerlo. Si es auto, se remitirá a la Sala testimonio de lo que el apelante señale, siempre que tenga relación directa con la resolución impugnada, a juicio del Juez, y se agregarán a costa del colitigante las constancias que éste designe, debiendo hacerse estas peticiones dentro de tercero (sic) día siguiente a la admisión del recurso. Si los autos están en estado o las partes se ponen de acuerdo, podrá mandarse el expediente original para la substanciación de la alzada. El plazo para remitir el testimonio será de tres días contados desde el día siguiente al de la notificación del auto que provee sobre el señalamiento de constancia. Si las partes omiten señalar constancias, el plazo se computará una vez que hayan concluido los tres días a que se refiere el párrafo anterior. Si el apelante no señalare constancias, el Juez de oficio o a petición de parte, certificará esta circunstancia, librando oficio a la Sala correspondiente, en el que informa sobre dicha omisión, a efecto de que declare la deserción del recurso.". "Artículo 677.- Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones en los casos en que no se encuentre prevenido que se admitan en ambos efectos. En los juicios sumarios y sucesorios, todas las apelaciones se admitirán en el efecto devolutivo, salvo que la Ley disponga otra cosa.". De los citados numerales, se aprecia que contra las sentencias dictadas en los juicios del orden familiar procede recurso de apelación que se admitirá en el efecto devolutivo; que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; que tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza; y que son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en el código adjetivo procesal y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. Reglas conforme a las cuales, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. De esta forma, si el aquí quejoso buscaba en el juicio natural (en su carácter de demandado -deudor alimentario-) inconformarse en contra del auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, donde se fijó a su cargo por concepto de pensión alimenticia provisional a favor del menor D. A. L. A. el monto correspondiente al 20% veinte por ciento sobre su sueldo y demás prestaciones que percibe como regidor del Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, así como la totalidad de sus ingresos como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), debió interponer el recurso de apelación, en razón de que el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal analizado, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Es así, ya que el auto controvertido es definitivo, en tanto está relacionado con el pago provisional de alimentos, por tanto, al ser los alimentos de tracto sucesivo, dado que la obligación de darlos y el derecho de percibirlos, se generan día con día, es inconcuso que la pensión provisional fijada en autos no será materia del fallo definitivo que se llegue a emitir, de ahí que, como se anticipó, en su contra proceda el recurso de apelación. (.) Lo que es acorde, con el hecho de que el numeral 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dispone que en los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo, y las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza; de lo que puede deducirse que al proceder la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es en contra de los autos en los juicios que involucren su otorgamiento provisional, como sucede en el caso con el auto reclamado. Tan es así, que dicho ordenamiento legal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, pues también abarca a los autos que se dicten en la contienda como se señaló anteriormente. (.) En consecuencia, dado que el quejoso es parte en el expediente familiar 48/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, como tal, previamente a la presentación de la demanda de amparo debió interponer el recurso de apelación en contra del auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, el cual procede, pues éste tiene fuerza de definitivo, ya que causa al quejoso un gravamen no reparable en la sentencia, puesto que se trata de un acto dentro del juicio que causa un gravamen irreparable, dado que se afectan de modo inmediato derechos sustantivos, al fijarsele por concepto de pensión alimenticia provisional y dejando al impetrante de garantías ante una situación en que se ve afectada en su seguridad, además, aun suponiendo que la sentencia que pusiera fin al juicio, fuera favorable a la parte quejosa y se le restituyera en el goce integro de su salario y de las demás prestaciones que recibe con motivo de su trabajo, de ningún modo podría restituirle la privación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor la medida provisional, ni tampoco podría restituirse la seguridad de que fue privado en el lapso correspondiente a esa medida; y a través de dicho medio de defensa el acto reclamado pudo haber sido modificado o revocado por el superior del funcionario que lo haya decretado, de conformidad con el citado precepto 670 del código adjetivo invocado, que prevé la modificación o revocación del auto combatido; por lo que la parte agraviada debió combatir el auto reclamado a través del recurso de apelación previsto en los mencionados preceptos legales, a fin de agotar previamente el principio de definitividad del juicio de amparo, pues el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener remedio ante las autoridades del orden común. Así mismo, cabe aclarar que si bien es cierto el acto reclamado pudiera causar un perjuicio irreparable al quejoso, de ninguna manera la exime de agotar contra dicho acto el aludido recurso de apelación, pues es distinto el concepto de imposible reparación a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, y el de condición de definitividad de una resolución, a que alude la fracción XXI del artículo 61 del mismo ordenamiento, pues mientras que aquel concepto deriva de que el acto de que se trate afecte los derechos sustantivos de la quejosa, lo que caracteriza a una resolución definitiva es la circunstancia de que no existan ya recursos ordinarios conforme a los cuales pueda ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que aun tratándose de un acto de imposible reparación, resulte indispensable agotar los recursos ordinarios que la ley contemple, antes de acudir al amparo. (.) Asimismo, en la diversa tesis que aparece publicada en la página 521 del Tomo XIII, Mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del Segundo Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, Octava Época, del tenor siguiente: "RECURSOS. AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION EN EL JUICIO, DEBEN AGOTARSE LOS. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo es procedente el juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin que sea necesario esperar a que se resuelva el juicio para hacer valer esas violaciones procesales en el juicio de amparo directo, precisamente por la gravedad de su ejecución; esta circunstancia, de ninguna manera exime al quejoso de agotar, contra dichos actos, los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 107 constitucional que consagra el principio de definitividad, cuya omisión sanciona el diverso numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; de ahí que para la procedencia del amparo biinstancial se requiera, no únicamente que la ejecución de los actos reclamados cause daños de imposible reparación, sino que, además, sean agotados los medios de defensa legal cuando los referidos actos sean susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, pues el proveído impugnado, dictado en el expediente civil 48/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, constituye una determinación judicial respecto de la cual, procede el recurso de apelación aludido; además, no existen las excepciones a que se refiere el aludido numeral, pues en el caso en estudio el quejoso: a). No es tercero extraño al procedimiento judicial, sino es la parte demandada en el juicio que se sigue en la vía de controversias familiares. b). El acto reclamado no se refiere a un acto que importe peligro de privación de la vida, a su deportación o a su destierro así como tampoco alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la parte quejosa reclama el requerimiento que se le hace en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, en el del cual se le fija el monto de pensión alimenticia provisional. Por último, no es óbice a lo anterior, el artículo 962 del código adjetivo en comento, que menciona: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". Ello es así, porque si bien de dicho numeral se advierte una regla específica respecto a que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez de origen vinculadas con violencia familiar o para salvaguardar a un menor que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por el derecho, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad; dicho numeral, al contemplar una regla de excepción, resulta de interpretación estricta, esto es, que se limita a los casos en los que el juzgador otorgue las medidas en comento bajo las citadas hipótesis previstas por el legislador, mas no comprende otras como los autos que decretan la pensión provisional. En consecuencia, al no advertirse que en el caso opere excepción al principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, la demanda de amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. En cuanto a la procedencia del recurso de apelación en contra del acuerdo en el que se fija pensión alimenticia provisional, se cita en apoyo el amparo en revisión civil 205/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, que corresponde al diverso 483/2019 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, relativo al juicio de amparo indirecto 294/2019 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, de fecha quince de mayo de dos mil veinte. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que menciona la parte promovente y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web . Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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