Armando Amado González
Expediente 17/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2023
Partes del expediente
- Armando Amado González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. QUEJA INFUNDADA Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en el expediente relativo al recurso de queja 52/2023, en la cual determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Ahora, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. DESTINO Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Notifíquese como legalmente corresponda.
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Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil veintitrés. COLEGIADO ADMITE QUEJA Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de diez de enero del año en curso, el cual lo radicó bajo el número 52/2023, de su estadística, circunstancia de la que se toma nota para los efectos legales procedentes y se está en espera de que la Superioridad emita resolución en el citado medio de impugnación. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.L´ EAR /l´los
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil veintitrés. ESCRITO DE QUEJA Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el escrito del quejoso ********************, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la quejosa. INNECESARIO DAR VISTA PARA SEÑALAR CONSTANCIAS Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deben remitirse a la superioridad para resolverlo, puesto que en virtud de la naturaleza del auto combatido no existen demás partes en este asunto. RENDICIÓN DEL INFORME En ese sentido, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo, cuyos razonamientos se encuentran contenidos en el proveído impugnado y que encuadran en la normatividad aplicable. A efecto de atender el principio de inmediatez procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, se instruye al oficial judicial "A" adscrito a este juzgado de distrito, para que ponga a disposición el expediente electrónico del presente asunto, a fin de que el Tribunal Colegiado que conocerá el presente asunto proceda a su vinculación y esté en posibilidades de revisarlo electrónicamente para su substanciación del referido medio de impugnación; lo anterior, atendiendo el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.". Asimismo, remítase el original y copia simple del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado correspondiente, en turno. Háganse las anotaciones respectivas. Se requiere a la Secretaria y oficial Judicial "C" encargadas del expediente, para que previo a la remisión del oficio respectivo, verifiquen que las constancias del presente asunto se encuentran completas y legibles en el expediente electrónico. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo de cuenta, promovida por ********; regístrese bajo el número 17/2023-II-B; fórmese el expediente electrónico y físico correspondiente. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso concreto, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Notificador adscrito al Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS La resolución interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en el expediente 110/2022, del índice del juzgado responsable, contra los autos de diez de noviembre de dos mil veintidós, relativos a la negativa de designar nueva perito en materia de genética y la fijación de nueva fecha para la toma de muestras por parte de la experta. La ejecución del fallo anterior. Esta Juzgadora advierte que respecto de la resolución reclamada y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos anteriores se advierte -en lo que interesa- que el amparo es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal estableció su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Consideró que de la definición plasmada en la actual Ley de Amparo, se deduce la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que no se traducen en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sino que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, página 39, registro 2006589, cuyo rubro y texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, se advierte que la resolución reclamada fue emitida dentro de un juicio y no es de imposible reparación, porque en modo alguno impide a la quejosa el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y actual. Esto es así, porque, de los antecedentes relatados en la demanda de amparo por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, el recurso de revocación que dio origen a la resolución reclamada, fue interpuesto en contra de dos autos relativos a la negativa de designar nueva perito en materia de genética y la fijación de nueva fecha para la toma de muestras por parte de la experta. Lo anterior evidencia que la resolución reclamada falló cuestiones adjetivas o de trámite, pues la negativa de designar nueva perito en materia de genética y la fijación de nueva fecha para la toma de muestras por parte de la experta, constituyen actuaciones relativas al desahogo de un medio de prueba que fue admitido previamente, es decir, nada se decidió sobre la admisión o desechamiento de tal medio probatorio; mucho menos respecto del fondo de la controversia, tampoco se determinó sobre algún derecho de la quejosa, ni se le afectó alguno en forma actual y presente. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, Tomo XVII, Abril de 2003, página 88, registro digital 184431, del rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA."; porque, como se explicó, en el caso concreto no se controvierte la admisión y desahogo de la pericial en genética, como es el caso que se analizó en dicho criterio, pues en el presente asunto dicho medio convictivo ya había sido admitido previamente a los actos reclamados y únicamente se controvierte la posibilidad de desinar nueva perito y nueva fecha para su desahogo. Por tanto, las consecuencias de la resolución reclamada únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio; por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "ivan8001"; en ese sentido, comisiónese al Analista Jurídico de dicho sistema a fin de que realice la habilitación correspondiente. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNO Se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), los números telefónicos que señala el promovente. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico, o digitalizado con firma electrónica, o por lista electrónica, según corresponda, realice las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL VIGENTE) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General aludido, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Para el caso que la autoridad responsable se encuentre gozando de periodo vacacional; comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que ésta reanude sus labores, entregue el oficio respectivo, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregado a su receptores. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda. L´LGSC /l´los
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