Armando Alonso Olivares
Expediente 602/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Armando Alonso Olivares
Actuaciones
- Principal
Transcurrió el término legal de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto en que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído. Finalmente, en autos obra un documento exhibido por el quejoso; en esa medida, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, la documental mencionada correrá la misma suerte del juicio en que se actúa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO PROVEÍDO DE 17 DE JULIO DE 2019, QUE EN SÍNTESIS DICE "...Transcurrió el término legal de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto en que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído. Finalmente, en autos obra un documento exhibido por el quejoso; en esa medida, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, la documental mencionada correrá la misma suerte del juicio en que se actúa..."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE 02 DE JULIO DE 2019, QUE EN SÍNTESIS DICE: "....Vista la demanda de amparo signada por Armando Alonso Olivares, contra actos de la Presidenta Municipal de Salamanca, Guanajuato y de otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 602/2019-III. Ahora bien, de conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharlo de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En el caso, los actos reclamados son: a).- La determinación verbal efectuada por la Presidenta Municipal de Salamanca, Guanajuato, durante la sesión ordinaria del Ayuntamiento el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual comunicó al quejoso que incurrió en abandono definitivo del cargo de regidor en dicho Municipio, al tener tres ausencias injustificadas consecutivas a la sesiones de dicho órgano colegiado, así como el requerimiento para que en un término de quince días, el promovente aporte pruebas tendentes a desvirtuar tal imputación. b).- La notificación de dicha determinación, mediante el oficio SHA/1203/2019, de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Este juzgado estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado en forma contraria, por lo cual resulta imperativo el desechamiento de la demanda, en términos de lo dispuesto en el diverso 113 del dicho ordenamiento. Estos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Estos numerales establecen que el juicio de amparo biinstancial procede contra la resolución definitiva emitida en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; asimismo, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos intraprocesales ocurridos en un procedimiento administrativo, siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, como los que afectan materialmente derechos sustantivos de las partes. En el caso, la lectura íntegra de la demanda de amparo y su anexo, permite concluir que los actos se enmarcan dentro del procedimiento administrativo previsto por el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 50. Tres faltas consecutivas y sin causa justificada a las sesiones de Ayuntamiento, serán consideradas como abandono definitivo del cargo. Para que se pueda considerar abandono definitivo del cargo, el Ayuntamiento lo notificará al regidor o síndico que haya incurrido en la causal referida en el párrafo anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso, ofrezca las pruebas pertinentes por un término de quince días. Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento acordará si se actualiza el abandono definitivo del cargo, si se finca la responsabilidad correspondiente y si procede llamar al suplente, quien en su caso rendirá la protesta en la sesión siguiente. El acuerdo del Ayuntamiento que declare el abandono definitivo del cargo deberá notificarse al interesado dentro de los cinco días siguientes.". Como se advierte, el artículo transcrito prevé el procedimiento para determinar que un síndico o regidor ha incurrido en abandono definitivo del cargo. En efecto, dicho dispositivo legal establece que tres faltas consecutivas injustificadas a las sesiones del Ayuntamiento, serán consideradas como abandono definitivo del cargo; sin embargo, para que dicha determinación sea definitiva, es necesario agotar el procedimiento establecido en dicho numeral, a saber: 1.- El Ayuntamiento lo notificará al regidor o síndico que posiblemente haya incurrido en la causa referida, para que manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca pruebas para desvirtuar la imputación, dentro del término de quince días. 2.- Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento acordará si se actualiza el abandono definitivo del cargo, si se finca la responsabilidad correspondiente y si procede llamar al suplente, quien en su caso rendirá la protesta respectiva. 3.- El acuerdo que declare el abandono deberá notificarse al interesado dentro de los cinco días siguientes. De acuerdo con lo anterior, el procedimiento establecido por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato prevé varias etapas, en las que el interesado puede hacer valer la garantía de audiencia y ofrecer pruebas para demostrar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo; de manera que es necesario que se colmen cada una de las fases del procedimiento administrativo, para finalmente, determinar el abandono definitivo del cargo del servidor público y fincar la responsabilidad correspondiente. Como se precisó en líneas precedentes, el quejoso reclama la determinación verbal efectuada por la Presidenta Municipal de Salamanca, Guanajuato, durante la sesión ordinaria del Ayuntamiento el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual comunicó al quejoso que incurrió en abandono definitivo del cargo de regidor en dicho Municipio, al tener tres ausencias injustificadas consecutivas a la sesiones de dicho órgano colegiado, así como el requerimiento para que en un término de quince días, el promovente aporte pruebas tendentes a desvirtuar tal imputación; y la notificación de tal determinación mediante el oficio SHA/1203/2019, de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Entonces, dichos actos constituyen el inicio del procedimiento administrativo aludido, pues la autoridad responsable únicamente hizo del conocimiento del quejoso que incurrió en la causa de abandono definitivo del cargo, y concedió quince días para que manifestara lo que a su interés conviniera y ofertara pruebas. De ahí que dicha determinación no es la resolución con la que culmina dicho procedimiento; es decir, aquélla en la que, de manera definitiva, concluye que el funcionario abandonó el cargo, finca la responsabilidad correspondientes, y ordena llamar al suplente. Además, tales actos intraprocesales no son de ejecución irreparable, que hagan procedente la acción constitucional, pues no afectan materialmente derechos sustantivos del quejoso, como la propiedad o la libertad, ya que sólo entrañan la notificación del inicio del procedimiento administrativo previsto por el artículo 50 de la ley en comento, sin que conlleven implicaciones diversas a las de índole procesal. Bajo ese contexto, el juicio de amparo indirecto será procedente en contra de la última resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, previo agotamiento del recurso correspondiente, en el que podrá hacer valer las violaciones procesales ocurridas durante el trámite. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Armando Alonso Olivares, contra actos de la Presidenta Municipal de Salamanca, Guanajuato y de otra autoridad, en términos del diverso 113 de dicha ley..."
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Armando Alonso Olivares, contra actos de la Presidenta Municipal de Salamanca, Guanajuato y de otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 602/2019-III. Ahora bien, de conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharlo de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En el caso, los actos reclamados son: a).- La determinación verbal efectuada por la Presidenta Municipal de Salamanca, Guanajuato, durante la sesión ordinaria del Ayuntamiento el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual comunicó al quejoso que incurrió en abandono definitivo del cargo de regidor en dicho Municipio, al tener tres ausencias injustificadas consecutivas a la sesiones de dicho órgano colegiado, así como el requerimiento para que en un término de quince días, el promovente aporte pruebas tendentes a desvirtuar tal imputación. b).- La notificación de dicha determinación, mediante el oficio SHA/1203/2019, de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Este juzgado estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado en forma contraria, por lo cual resulta imperativo el desechamiento de la demanda, en términos de lo dispuesto en el diverso 113 del dicho ordenamiento. Estos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Estos numerales establecen que el juicio de amparo biinstancial procede contra la resolución definitiva emitida en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; asimismo, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos intraprocesales ocurridos en un procedimiento administrativo, siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, como los que afectan materialmente derechos sustantivos de las partes. En el caso, la lectura íntegra de la demanda de amparo y su anexo, permite concluir que los actos se enmarcan dentro del procedimiento administrativo previsto por el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 50. Tres faltas consecutivas y sin causa justificada a las sesiones de Ayuntamiento, serán consideradas como abandono definitivo del cargo. Para que se pueda considerar abandono definitivo del cargo, el Ayuntamiento lo notificará al regidor o síndico que haya incurrido en la causal referida en el párrafo anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso, ofrezca las pruebas pertinentes por un término de quince días. Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento acordará si se actualiza el abandono definitivo del cargo, si se finca la responsabilidad correspondiente y si procede llamar al suplente, quien en su caso rendirá la protesta en la sesión siguiente. El acuerdo del Ayuntamiento que declare el abandono definitivo del cargo deberá notificarse al interesado dentro de los cinco días siguientes.". Como se advierte, el artículo transcrito prevé el procedimiento para determinar que un síndico o regidor ha incurrido en abandono definitivo del cargo. En efecto, dicho dispositivo legal establece que tres faltas consecutivas injustificadas a las sesiones del Ayuntamiento, serán consideradas como abandono definitivo del cargo; sin embargo, para que dicha determinación sea definitiva, es necesario agotar el procedimiento establecido en dicho numeral, a saber: 1.- El Ayuntamiento lo notificará al regidor o síndico que posiblemente haya incurrido en la causa referida, para que manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca pruebas para desvirtuar la imputación, dentro del término de quince días. 2.- Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento acordará si se actualiza el abandono definitivo del cargo, si se finca la responsabilidad correspondiente y si procede llamar al suplente, quien en su caso rendirá la protesta respectiva. 3.- El acuerdo que declare el abandono deberá notificarse al interesado dentro de los cinco días siguientes. De acuerdo con lo anterior, el procedimiento establecido por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato prevé varias etapas, en las que el interesado puede hacer valer la garantía de audiencia y ofrecer pruebas para demostrar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo; de manera que es necesario que se colmen cada una de las fases del procedimiento administrativo, para finalmente, determinar el abandono definitivo del cargo del servidor público y fincar la responsabilidad correspondiente. Como se precisó en líneas precedentes, el quejoso reclama la determinación verbal efectuada por la Presidenta Municipal de Salamanca, Guanajuato, durante la sesión ordinaria del Ayuntamiento el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual comunicó al quejoso que incurrió en abandono definitivo del cargo de regidor en dicho Municipio, al tener tres ausencias injustificadas consecutivas a la sesiones de dicho órgano colegiado, así como el requerimiento para que en un término de quince días, el promovente aporte pruebas tendentes a desvirtuar tal imputación; y la notificación de tal determinación mediante el oficio SHA/1203/2019, de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Entonces, dichos actos constituyen el inicio del procedimiento administrativo aludido, pues la autoridad responsable únicamente hizo del conocimiento del quejoso que incurrió en la causa de abandono definitivo del cargo, y concedió quince días para que manifestara lo que a su interés conviniera y ofertara pruebas. De ahí que dicha determinación no es la resolución con la que culmina dicho procedimiento; es decir, aquélla en la que, de manera definitiva, concluye que el funcionario abandonó el cargo, finca la responsabilidad correspondientes, y ordena llamar al suplente. Además, tales actos intraprocesales no son de ejecución irreparable, que hagan procedente la acción constitucional, pues no afectan materialmente derechos sustantivos del quejoso, como la propiedad o la libertad, ya que sólo entrañan la notificación del inicio del procedimiento administrativo previsto por el artículo 50 de la ley en comento, sin que conlleven implicaciones diversas a las de índole procesal. Bajo ese contexto, el juicio de amparo indirecto será procedente en contra de la última resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, previo agotamiento del recurso correspondiente, en el que podrá hacer valer las violaciones procesales ocurridas durante el trámite. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Armando Alonso Olivares, contra actos de la Presidenta Municipal de Salamanca, Guanajuato y de otra autoridad, en términos del diverso 113 de dicha ley.
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