Armando Alonso Altamirano González
Expediente 295/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Armando Alonso Altamirano González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
...agréguese a sus autos la razón de cuenta, notifíquese a la citada parte quejosa, el referido acuerdo, el presente proveído, así como la sentencia dictada el veintiocho de junio del año en curso, por lista que para tal efecto se fije en los estrados de este Órgano de Control Constitucional, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. EN ESTE ACTO SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DOIECINUEVE N CUYO CONTENIDO ES: "Ciudad de México; veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, agréguese el oficio de cuenta signado por la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, al que anexa copia certificada de diversa constancias del juicio de amparo 2190/2017 de su índice, en un tomo, y el original de la constancia de retención de impuestos a nombre de la parte quejosa; por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Infórmese que este juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto, por tanto, fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 295/2019. Ahora, atendiendo al estado procesal de las constancias remitidas, se advierte que en proveído de quince de noviembre de dos mil diecisiete el juzgado declinante admitió a trámite la demanda promovida por Armando Alonso Altamirano González, por propio derecho, en contra de actos atribuidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a otras autoridades; sin embargo, se encuentra pendiente el señalamiento de la audiencia constitucional, por lo tanto, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por convalidadas las actuaciones realizadas; en ese sentido, notifíquese el contenido del presente proveído por oficio, tanto a las autoridades responsables, como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y personalmente a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis IV.1o.P.4 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, consultable en la página 1080, cuyo texto establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD EL PROCEDER DEL JUEZ DE DISTRITO QUE ASUME LA COMPETENCIA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS, Y CELEBRA DE NUEVA CUENTA AQUÉLLA, NO OBSTANTE QUE EL DECLINANTE YA LO HABÍA HECHO, POR LO QUE SE IMPONE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.". Para el desahogo de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo anterior con base en el artículo segundo transitorio de la Ley señalada en primer término, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiba, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo es obligación de este juzgado federal llevar a cabo la digitalización de todas las promociones y DOCUMENTOS que presenten las partes, lo cual debido al sistema de escaneo de las constancias judiciales instaurado en los órganos jurisdiccionales, para su incorporación en el sistema electrónico de promociones y documentos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse, al recibirse las promociones en la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional correspondiente, esto es, previamente a que el secretario o la titular de este órgano analicen el contenido de la información respectiva, por lo que en ese momento la única forma de identificar este tipo información y no proceder a su digitalización es que las partes la exhiban debidamente resguardada; en este orden de ideas, requiérase a las partes para que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, la envíen debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, apercibidas de que en caso de remitir documentación que consideren de carácter reservado o confidencial y omitan remitirla debidamente resguardada, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que la hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además acreedoras a una multa de CINCUENTA DÍAS el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que cuando se trate de un órgano colegiado, dicha multa se impondrá a cada uno de sus integrantes, independientemente de que se ubique en el supuesto del delito previsto en el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos y, en los demás previstos en las leyes aplicables. Tomando en consideración la certificación de cuenta, se autoriza en amplios términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Israel Trujillo López y a Fernando Édgar Lezama Torres y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, así como recoger documentos a las demás personas mencionadas en el escrito de demanda; en el entendido que los valores sólo podrán ser recogidos directamente por la parte quejosa, toda vez que de no ser así se requeriría poder especial para ello, ya que dicho numeral no contempla tal facultad. En atención a la circular número "12/2009", del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, no existe inconveniente para que las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, se impongan de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras o lectores ópticos. Por otra parte, con fundamento en lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la documental que se acompañó a la demanda que se provee. De conformidad con los artículos del 5 al 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada reservada, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento reglamentario en cita, conforme al cual las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en la referida fracción IV del artículo 13 del citado ordenamiento. No obstante lo anterior, conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en versión pública los datos personales de las partes en el presente asunto, así como la información reservada. Finalmente, toda vez que el domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa se ubica en el ***, con fundamento en lo previsto en los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, gírese vía electrónica el exhorto número 33/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificar personalmente este proveído a la parte quejosa y la requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, o lo indique en la propia diligencia; apercibiéndole que de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones de carácter personal por medio de lista; solicitándole que una vez que sea diligenciado el exhorto que se remite al efecto, lo devuelva a este juzgado a la brevedad posible. Notifíquese; y, por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión de la Secretaria Guadalupe Carmen Bonilla García, que autoriza y da fe. Doy fe.". EN ESTE ACTO SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, CUYO CONTENIDO ES: "Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 295/2019, promovido por Armando Alonso Altamirano González, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el seis de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Cholula, Puebla, turnado ese mismo día al Juzgado Segundo en las mismas materias y jurisdicción, Armando Alonso Altamirano González solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "4. AUTORIDADES RESPONSABLES y acto que reclamamos en términos del artículo 108 fracciones III y IV de la Ley de Amparo: 4.1 Cámara de Diputados, la aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación; 4.2 Cámara de Senadores, la aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación; 4.3 Presidente de la República Mexicana (.) como encargado de la promulgación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación." SEGUNDO. ADMISIÓN. El referido juzgado, por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete registró la demanda con el número 2190/2017, la admitió a trámite, solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (folios 17 a 19). TERCERO. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Mediante proveído de diecinueve de febrero del presente año, la Jueza Segundo del conocimiento determinó realizar la separación de juicios y, por ende, ordenó enviar copia certificada de la demanda de amparo promovido por el quejoso Armando Alonso Altamirano González y de las constancias necesarias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (folios 81 a 89). CUARTO. RADICACIÓN DEL ASUNTO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda en cuestión, a través del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 95 a 98), la registró con el número de juicio 295/2019, aceptó la competencia declinada y se avocó a su conocimiento, ordenando la notificación personal vía exhorto, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, dio vista a las partes con el contenido de los informes justificados; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes y al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se controvierte la constitucionalidad de una norma de carácter general con motivo del que se considera su primer acto concreto de aplicación. SEGUNDO. FIJACIÓN DE ACTOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, ha establecido la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. Al respecto, se cita textualmente el contenido de la jurisprudencia en comento, la cual es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis número P. VI/2004, visible en la página 255, tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyos rubro y texto indican: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de acuerdo con los criterios transcritos, así como de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados, se debe acudir al estudio integral de la demanda y de sus anexos, sin atender a calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, advirtiéndose que los actos reclamados consisten en: - La aprobación y promulgación del decreto legislativo que contiene la Ley de Impuesto Sobre la Renta, específicamente su artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, con el carácter de heteroaplicativo. Por tanto, será respecto de tales actos que esta juzgadora se ocupará en esta resolución. Precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia a efecto de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; que dispone: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos que se atribuyen a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, consistentes, conforme a su ámbito de competencia, en la aprobación y promulgación del decreto legislativo que contiene la Ley de Impuesto Sobre la Renta, específicamente su artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis; puesto que, así lo reconocieron al rendir su informe justificado (folios 24, 26, 136 y 143). Certeza de actos que se obtiene de la propia naturaleza del ordenamiento normativo impugnado, la cual no se encuentra sujeta a prueba en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos y, la tesis localizable en la página 15, tomo 65, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.65/2000, consultable en la página 260, tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." También, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 278, consultable en la página 231, del tomo VI, materia común, apéndice 2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: «INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto». CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 158, página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época; que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Esta juzgadora federal advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que está redactada en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.». Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se pretenda impugnar actos consentidos tácitamente; para ello, se entiende que se han consentido tácitamente aquéllos actos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; es decir, aquellos establecidos en el artículo 17, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo». Del artículo referido se obtiene que el plazo genérico para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones a que se refiere el propio numeral. Por su parte, el numeral 18, de la ley en la materia, establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor». De la reproducción que antecede, se advierte que la Ley de Amparo prevé tres supuestos para computar el plazo de quince días con que cuenta la parte quejosa para presentar la demanda de amparo; a saber: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación legal de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a ley del acto; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, 3) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el presente asunto, el quejoso acude a la presente instancia pretendiendo controvertir la constitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con el carácter de heteroaplicativo; es decir, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio y que, conforme a lo manifestado por el mismo, tuvo verificativo con la retención que se le realizó y que dijo haber conocido el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Sin embargo, de constancias de autos se advierte que, contrario a lo manifestado por el impetrante, éste conoció de la aplicación de dicho artículo desde el uno de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en la cual se le cubrió el pago correspondiente por concepto de fondo de ahorro, como se advierte de la constancia de sueldos y salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo; documental con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Con base en lo anterior, válidamente se afirma que el accionante de amparo conoció del acto de aplicación de la norma legal que por esta vía impugna al menos desde el uno de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que recibió sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. Lo anterior es así, habida cuenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los patrones tienen el carácter de auxiliares en la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos que la normatividad relativa prevé como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado al momento de efectuar el pago correspondiente, así como de hacer enteros mensuales y realizar el cálculo del impuesto anual a cargo de sus empleados y, que por tal motivo, son considerados como responsables solidarios de éstos hasta por el monto del citado tributo. De ahí que, el acto en virtud del cual el patrón retiene por vez primera el impuesto causado por el o los conceptos que prevé la norma que el trabajador tilda de inconstitucional, constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es susceptible de generar la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito, en caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación. Dicho criterio se identifica con la jurisprudencia 2a./J.52/2004 y aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, mayo de 2004, página 557, cuyo rubro es: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL". Luego, es claro que en la especie se actualiza el segundo supuesto establecido por el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el cómputo del plazo legal para interponer el juicio de amparo debe realizarse a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Apoya lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, visible en el tomo XXXI, enero de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 1931; que señala: «DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados». Por tanto, el plazo para promover el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido por el artículo 18 de la ley en la materia, transcurrió del dos al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, sin contar los sábados y domingos, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la presentación de la demanda de amparo se realizó en la en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Cholula, Puebla, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, como se advierte del sello respectivo (folio 05), es claro que se presentó fuera del plazo de quince días establecido por el artículo 17 de la ley de la materia y, por ello, debe estimarse consentida tácitamente la norma general reclamada. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.A.20 K, integrada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, abril de 1996, página 477, que dice: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Igualmente, se cita por su aplicación, la tesis publicada en la página trescientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y dos, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, que literalmente establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Con base en lo anterior, al resultar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley. En mérito del resultado obtenido, es innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables en sus informes justificados, en tanto que su examen a ningún fin práctico conduciría, dado que no cambiaría el sentido de la resolución. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, visible en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que señala: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Armando Alonso Altamirano González, respecto de las autoridades y por los actos que han quedado precisados en el segundo considerando, en relación con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso, por lista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Así, lo resolvió y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ante Leticia Duran Góngora, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. ".
- Principal
Visto los oficios de cuenta; únicamente agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, en virtud de que mediante auto de veintidós de mayo de dos mil quince, se proveyó lo conducente en relación a esas documentales.
- Principal
...agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar el oficio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por conducto del Actuario, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se remitió el escrito del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo 148/2018; y hace del conocimiento que se admitió a trámite la inconformidad planteada, la cual quedó registrada bajo el número de inconformidad 16/2019; atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, remítase a la Superioridad copia certificada de las documentales que solicita.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la autoridad de mérito, por el cual remite diversas documentales con las que pretende acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; atento a lo anterior, dígase que deberá de estarse a lo determinado en diverso proveído, en el que este Juzgado Federal realizo pronunciamiento y determinó que resultaba improcedente tener por cumplido el fallo protector, por los motivos que se indican.
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