Armando Alexis Baños Vargas

Expediente 528/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 47 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
528/2020
Año
2020
Actuaciones
47
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Armando Alexis Baños Vargas
  • Juez de Control de Distrito Judicial de Pinotepa Nacional Oaxaca del Poder Judicial del Estado de Oaxaca,

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos, como se advierte que en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio principal de donde deriva esta incidencia, causó ejecutoria el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio del que deriva esta pieza incidental. En esas condiciones, y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta determinación, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de once de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO EJECUTORIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Archivo, relevancia documental y destino del expediente En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Notificación Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Firma y envío de oficios Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, de los que se advierte que: Se desconocen los domicilios de los terceros interesados *** (víctima indirecta de la finada ***) y ***. Por ello, ante el desconocimiento por parte de la quejosa del domicilio de la parte tercera interesada, se procedió a su investigación, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiriendo a diversas autoridades informaran al respecto; sin que se hubiera obtenido el domicilio actual de los referidos terceros. Ante ello, y al no haber proporcionado el quejoso diverso dato que facilitara la búsqueda y no haber ofrecido ninguna prueba que acreditara su insolvencia e insuficiencia de recurso económicos; en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se ordenó su emplazamiento al presente juicio por medio de edictos a costa de la quejosa, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; así, no obstante haberse ordenado a la quejosa comparecer a este Juzgado a recoger los edictos de que se trata; no lo hizo como se desprende de la certificación de cuenta; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en auto de referencia. Por lo tanto, toda vez que el peticionario de amparo incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el presente juicio constitucional, ya que, por los razonamientos expuestos en auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a consideración de este juzgador, no se acredita fehacientemente que actualmente carezca de ingresos que le permitan pagar el costo de la publicación; se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en el multicitado auto de veintitrés de junio pasado. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 27, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, por contravenir el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, déjese sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas cuatrocientos dieciséis, Tomo XXXII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Así como las tesis de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Coordinadora Jurídico de Procedimientos A, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el que informa la imposibilidad que le asiste para remitir la información solicitada en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se acuerda: Visto el estado de los autos, se advierte que por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados **************(víctima indirecta de la finada*********) y *****, por edictos y en virtud de la manifestación del quejoso en el sentido de: "en cuanto a que se proceda a publicar edictos, desde este momento, manifiesto que no cuento con los medios económicos necesarios para solventar dicha situación", se giraron diversos oficios, con el fin de indagar la capacidad económica y el impacto que el pago de los edictos generaría en la economía del quejoso, y se requirió al quejoso, para que, exhibirá las pruebas que estimara conveniente para justificar su dicho. Así, a efecto de desahogar el requerimiento formulado a la parte quejosa, su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el seis de abril de dos mil veintidós presento escrito -al cual no acompañó prueba alguna-, en el cual señaló: "1.- Que en relación al requerimiento formulado en autos a mi autorizante, para que manifestara sus ingresos mensuales y la ocupación que desempeña, en su nombre y representación bajo protesta de decir verdad, manifiesto que mi autorizante desde que se enteró de que le han sido libradas sendas órdenes de aprehensión, dejo de trabajar como chofer de un sitio de taxis en la Ciudad de ******** para dedicarse a las actividades del campo, en donde no percibe un jornal o contraprestación económica, sino solo en los alimentos, por la situación legal en la que encuentra (prófugo de la justicia), misma que fue originada por causas ajenas a su voluntad y es por eso que solicito el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, y por la misma situación carece de recursos económicos como para acudir a la presidencia municipal a solicitar se le extienda una constancia de insolvencia, ya que dicha constancia aparte de tener un costo, tiene que pedirla personalmente y eso generaría que las autoridades que tienen conocimiento de las ordenes de aprehensión que existen en su contra, le privaran de su libertad, cambiando en su contra la situación jurídica que actualmente tiene; por lo que el hecho de que le estén pidiendo pruebas para acreditar su insolvencia económica es materialmente imposible de cumplir, dejando en estado de indefensión para el caso de que por la situación económica en la que se encuentra se le imponga una carga pecuniaria o en su caso se le deniegue justicia por no poder satisfacer dicha situación, por lo que lo procedente es que esta autoridad bajo el imperio de la ley que tiene, ordene la publicación de los edictos a los terceros con interés." En virtud de lo anterior, no ha lugar a ordenar que el costo que implica la publicación de los edictos para emplazar los terceros interesados ******(víctima indirecta de la finada ******) y ******, deba ser cubierto por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que si bien es cierto que la jurisprudencia 2a./J. 108/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", establece que el incumplimiento del quejoso de recoger y pagar la publicación de los edictos para emplazar al tercero no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de amparo, también lo es que del propio criterio jurisprudencial emerge que para que se actualice la hipótesis de excepción a que alude, es necesario que tanto de la afirmación de la parte quejosa, como de los elementos que consten en el expediente, existan indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos. Lo que no sucede en la especie, pues de la manifestación de su autorizado se advierte que únicamente refiere que desde que se libraron las ordenes de aprehensión dejó de trabajar de chofer y que se dedica a actividades del campo, en virtud de la situación en la que se encuentra "PRÓFUGO DE LA JUSTICIA", por lo cual carece de recursos económicos, y no puede acudir ante las autoridades correspondientes para solicitar una constancia de insolvencia, porque entonces las autoridades que saben de las ordenes de aprehensión, le privarían de su libertad; por lo cual no puede presentar prueba alguna de su estado de insolvencia, lo que lo coloca en un estado de indefensión. Al respecto, en primer término, no debe soslayarse que, no aporta elementos suficientes para demostrar que no puede cubrir el costo de la publicación de los edictos, por ser una persona de escasos recursos por percibir un salario mínimo en el trabajo que desempeñe, por el contrario debe destacarse que señala que no tiene recursos económicos, porque es prófugo de la justicia, asimismo, contrario a la afirmación del autorizado, el hecho de que se le hubieran solicitado pruebas para acreditar su insolvencia, no lo coloca en estado de indefensión, lo anterior, porque las pruebas solicitadas, es con el objeto de ponderar las particularidades del caso, para analizar si de su afirmación como de los elementos que consten en autos, existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos; sin que la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo contravenga su derecho de acceso a la justicia, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo. Es ilustrativa a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 22/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 24, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo. Por otro lado, en autos no existen indicios suficientes que demuestren que el quejoso no tiene la capacidad económica para sufragar un pago de la publicación de edictos, ya que si bien los informes rendidos por las autoridades 1) Director General de la Función Registral del Estado de Oaxaca, 2) Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y, 3) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalan que no existen bienes mueble o inmuebles a nombre del quejoso, no debe soslayarse que en el caso éste cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, no fue patrocinado por abogados pertenecientes a la asesoría pública; razón por la cual, a consideración de este juzgador no se acredita fehacientemente que actualmente carezca de ingresos que le permitan pagar el costo de la publicación. Es ilustrativa a lo anterior la tesis: I: 3º. C. 973 C (sic), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sic), consultable en la página 2009, del Tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." En consecuencia, dígasele a la parte impetrante que queda vigente el apercibimiento contenido en el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; por lo que el emplazamiento a la parte tercera interesada en este expediente será por edictos en los términos ordenados en el proveído de referencia, esto es que: Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se ordena el emplazamiento de los terceros interesados: ******(víctima indirecta de la finada ******) y ******, por edictos, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, los que contendrán una relación sucinta de la demanda, y en los que se cite a la parte tercera interesada para que comparezca al Juzgado en un término de treinta días contados a partir de su última publicación. Para lo cual, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede notificada de este proveído, comparezca a este Juzgado a recogerlos y acredite su publicación antes de la verificación de la audiencia constitucional que a continuación se señalará; apercibida la parte quejosa que el no cumplir con lo anterior, podrá traer como consecuencia el sobreseimiento en el juicio, acorde a la jurisprudencia número 2a./J. 108/2010, que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el veintiocho de junio del año en curso, y se fijan las nueve horas con doce minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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