Armando Alejandro Ruiz Broissin

Expediente 1184/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1184/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Armando Alejandro Ruiz Broissin

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que hubiera hecho uso de tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en libro de gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente; en consecuencia, en términos del artículo 21 del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo que originó este juicio y carece de relevancia documental, por lo cual una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá ser destruido el expediente en que se actúa, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo normativo de referencia, debiendo realizar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. FIRMAS ELECTRONICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por lo tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1184/2021 que le corresponde. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, como se explica a continuación. El artículo invocado dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Tal porción normativa regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de esta fracción se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige; salvo los casos de excepción que se establecen en ese numeral y en la jurisprudencia, como ya se dijo. HECHOS De la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: El acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno que tiene a bien decretar lo siguiente: Finalmente, por cuanto hace a la diversa petición del d)emandado consistente en que se deje sin efectos el embargo trabado en autos; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que del estado de autos se advierte que no se encuentra cubierta la totalidad de las prestaciones a las que fue condenada la parte demandada en el presente asunto. Máxime que en párrafos precedentes se tuvo al accionante manifestando que el billete de depósito exhibió resulta insuficiente para dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada en los presentes autos.". Al respecto, en los antecedentes que narra bajo protestad de decir verdad, manifiesta haber sido demandado, en su carácter de avalista, en el juicio ejecutivo mercantil ********* del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Veracruz, en el que el veintidós de abril de dos mil diecinueve dio contestación a la demanda. Asimismo, que el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve fue dictada la sentencia, en la que se le condenó al pago de la cantidad de $ *********.) y demás prestaciones. De igual forma, que luego de haberle sido negado el amparo directo, que fuera radicado bajo el número *********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, el tercero interesado solicitó el embargo de una cuenta a nombre del quejoso.Que luego de que se enterara que fuera inmovilizada dicha cuenta, mediante escrito de siete de diciembre del año en curso a través de su autorizado, exhibió un billete de depósito número ********* que ampara la cantidad de $ *********.). Asimismo, mediante escrito presentado el trece de diciembre de la presente anualidad solicitó dejar sin efectos la medida de ejecución decretada en auto de tres de diciembre del año en curso. Por lo que, mediante auto de quince de diciembre del presente mes y año la autoridad responsable acordó la solicitud que reclama el quejoso en su escrito de demanda, en la que el juez señalado como responsable negó la solicitud de levantamiento de embargo. CONCLUSIÓN Se concluye que el acto en estudio, deriva de un procedimiento de naturaleza mercantil y, por tanto, el trámite de dicha instancia se sujeta a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio. Así las cosas, el acto reclamado puede ser combatido mediante el recurso de revocación tal como lo señala el artículo 1334 de la legislación invocada, que establecen lo siguiente: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." En efecto, el acuerdo de referencia es combatible a través del recurso de revocación, previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio, habida cuenta que dicho numeral establece que el recurso aludido procederá respecto de los autos contra los cuales no se conceda el recurso de apelación, tal y como sucede en la especie, ya que contra el acuerdo reclamado no procede el citado medio ordinario de defensa; medio impugnatorio que la parte quejosa omitió interponer contra el acto que por esta vía pretende combatir. Por lo que, al no haberlo hecho, el juicio de amparo que ahora se intenta, deviene improcedente, ya que a través de dicho medio impugnatorio, la parte solicitante de amparo pudo obtener la modificación o revocación del acto que por esta vía combate y, al no haberlo agotado, inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, concretándose en la especie la invocada causal de improcedencia, que con toda claridad determina que el juicio de amparo es desacertado contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Es aplicable, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 2005047 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 70/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401 Tipo: Jurisprudencia REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Asimismo, este Juzgador estima que en el caso no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: 1. El auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. El auto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, órdenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se tratan de sentencias definitivas en el proceso penal; 3. La parte directa quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen, puesto que es parte promovente, tal y como lo manifiesta. 4. El auto reclamado no consiste en auto de vinculación a proceso; y 5. En el caso, la procedencia del recurso correspondiente, no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla; ello es así, ya que la determinación que por esta vía se impugna, fue pronunciada en atención a un escrito presentado ante un Juzgado en materia mercantil, de ahí que se estima con claridad la aplicación al particular de los artículos antes invocados. Como corolario, es importante aclarar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la siguiente tesis: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023923 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: IX.2o.C.A.7 C (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada ADJUDICACIÓN DEL BIEN REMATADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE CUANTÍA MENOR. LA DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA NIEGA, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. En diversos criterios jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de asuntos de naturaleza mercantil, es necesario clasificar el tipo de resoluciones judiciales que pueden llegar a emitirse por los juzgadores, a efecto de poder determinar si éstas son susceptibles de impugnación o no y el medio ordinario de defensa legal que, en su caso, proceda. De esta manera, el Más Alto Tribunal del País ha clasificado las resoluciones judiciales de la siguiente manera: 1. Decretos: Son determinaciones que dicta el juzgador para el trámite del procedimiento judicial. 2. Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del proceso y pueden clasificarse del siguiente modo: a) Provisionales: Son determinaciones que se ejecutan momentáneamente, sujetas a una modificación o transformación en la sentencia; b) Preparatorios: Son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio; y, c) Definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio. 3. Sentencias: Son resoluciones que ponen fin a la controversia y pueden clasificarse en: a) Interlocutorias: Deciden en definitiva un incidente planteado antes o después de dictada la sentencia definitiva, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia; y, b) Definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo. Así pues, la decisión del Juez de primera instancia, dentro de un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, en la etapa de ejecución, en el sentido de no adjudicar el bien sacado a remate, no constituye una sentencia interlocutoria, pues ésta no surgió de un incidente, ni versa sobre un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia, sino que se trata de un auto definitivo, ya que aquella decisión impide o paraliza la prosecución del juicio. Por tanto, es susceptible de impugnación mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio." Así pues, como se vio y en virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió interponerse el recurso de revocación previsto en el código de comercio, antes de acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 187016 Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Tesis: I.6°.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA CONSULTA Y NOTIFICACIONES Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga a *********, con clave de usuario ""*********"", el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo, presentar promociones y recibir notificaciones; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, en virtud que consta en la certificación secretarial que dichos usuarios se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlos, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Por otra parte, con fundamento en el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda para que en lo subsecuente, dentro del plazo legal, impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico las constancias que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. AUTORIZADOS Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, debido a que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; y con las restricciones que impone dicho artículo a *********, por no reunir dicho requisito. De igual forma, se autoriza únicamente para imponerse de autos a *********por así solicitarlo expresamente el promovente DATOS DE CONTACTO Se toman como datos de contacto el correo electrónico y números telefónicos que proporciona la parte quejosa para entablar comunicaciones no procesales, acorde con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma contenida en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. OPOSICION A PUBLICACION DE DATOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa respecto a la oposición para la publicación de datos personales en la resolución y acuerdos del presente asunto; por lo que acorde con lo establecido en el artículo 68, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, se ordena suprimir dichos datos en las listas de acuerdos que se publiquen. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indica a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de las notificaciones que se les realicen, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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