Armando Aguilar Martínez
Expediente 430/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Armando Aguilar Martínez
- Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA...se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Armando Aguilar Martínez, contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y último del presente fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL PROCEDE REANUDAR EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE SUMARIO en el punto en que quedaron pausados. Así mismo, hágasele saber a las partes que el pronunciamiento respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo del presente asunto, se dictará una vez que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitan. Por otro lado, en caso de que aún no lo hayan solicitado las partes, o proporcionado un correo electrónico, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General, se les invita que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea''. Ahora bien, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación a las documentales que fueran aportadas por la autoridad responsable Juez Primero de Primera instancia en Materia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado mediante oficio 553; dentro de estas, el auto de seis de febrero de dos mil veinte, por el cual dejó sin efecto la orden de embargo decretada dentro juicio ejecutivo mercantil 1212/2012, así como giró oficio al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, a efecto de que procediera a la cancelación del embargo decretado sobre el bien inmueble en conflicto, únicamente en lo referente al juicio de origen. Por lo anterior, una vez que las labores del juzgado lo permitan, emítase el pronunciamiento respectivo en el presente asunto. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa y en atención a la petición formulada, se le dice que se esté al contenido del presente acuerdo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y terceros interesados y por oficio a la autoridad responsable de manera física o por correo electrónico a quienes lo hayan designado; debiéndose privilegiar los medios electrónicos para tal efecto, en términos del Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el VIRUS COVID-19.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 3486/2021, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al auto de veinticuatro de los corrientes, adjunta copia certificada del oficio 2498/2021 dirigido a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Tamaulipas, mismo que se desprende fue recibido por dicha secretaría el veintitrés del mismo mes y año. Asimismo, manifiesta que el procedimiento de cumplimiento de laudo se encuentra detenido por falta de acatamiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; y solicita se requiera a dicha autoridad con el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento. Ahora, de las constancias de autos, se advierte que mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 35 a la 40), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".''para el efecto de que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 169/E/2011; es decir, para que restituya a la c. Erika Jazmín González Santos, en su puesto de trabajo como maestra frente a grupo en la Escuela Primaria José María Morelos, CCT. 28DPR1325P, Clave Presupuestal 11007281200.0E0281284984, en los mismos términos y condiciones e los que lo venía desempeñando, y se cubra a la parte quejosa la cantidad de $7,122.50 (siete mil ciento veintidós pesos 50/100 Moneda Nacional), observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin''. La sentencia causó ejecutoria el diecisiete de febrero de dos mil veinte y se requirió al Tribunal responsable, para que acatara la referida sentencia. Dicho Tribunal, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ha realizado requerimientos con apercibimientos y ha impuesto los medios de apremio en contra de la Secretaría de Finanzas del Estado con residencia en esta ciudad; sin embargo, ésta ha sido omiso en atender tales requerimientos. Además, el Tribunal responsable en el oficio que se provee, solicita se requiera a dicha autoridad con el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento. De lo anterior, se advierte que el procedimiento de cumplimiento de laudo se encuentra detenido por falta de acatamiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, quien de conformidad el numeral 119 de la reformada Ley de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, tiene la facultad para dar cumplimiento a los laudos emitidos por dicho Tribunal: "ARTÍCULO 119. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello." Por tanto, a fin de evitar que se siga retardando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el los artículo 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que le sea notificado el presente proveído, justifique ante este Juzgado haber dado cumplimiento al laudo condenatorio dictado por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral 169/E/2011; es decir, cubra a la quejosa Erika Jazmín González Santos la cantidad de $7,122.50 (siete mil ciento veintidós dos pesos 50/100 MN). Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento en el plazo que se le concede, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la ley invocada y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No es obstáculo para el requerimiento anterior, el que la referida autoridad no figure como responsable en este juicio, pues ésta, en razón de sus funciones debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el mismo, además atendiendo a las manifestaciones de la autoridad responsable en el oficio que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Décima Época, Registro: 2007911, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 59/2014 (10a.), Página: 5, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Así como la diversa la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 144, del Tomo XXV del mes de mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Por otro lado, con fundamento en el artículo 194, de la ley de la materia, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad vinculada Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que por su conducto le ordene dé cumplimiento al laudo condenatorio dictado dentro de los autos del expediente 169/E/2011; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa en términos señalados en este proveído, además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable y vinculada; en la inteligencia de a su vez, debe obligar a sus subordinados a que cumplan el laudo y no solo a requerir. Finalmente, se les informa que deberán tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos del fallo protector, máxime que nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo; puesto que, sólo hasta que dicho evento suceda, este Juzgado Federal estará en aptitud de pronunciarse en torno al cumplimiento de la sentencia amparista. Notifíquese.
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