ARMANDA GUZMÁN VICTORIA y Otros.
Expediente 1012/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Armanda Guzmán Victoria
- ARMANDA GUZMÁN VICTORIA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por , en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1012/2022. Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables a) Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y b) Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Estatal Oaxaca, Subdelegación de Prestaciones Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente: IV.-ACTOS RECLAMADOS. a).- La inconstitucional e in convencional retención, disposición, suspensión y descuentos realizados por parte de las autoridades responsables a mi pensión POR VIUDEZ POR MUERTE DEL PENSIONADO de número 1479073, de la cual soy titular tal y como consta en la concesión de pensión concedida a la que suscribe y que desde este momento anexo en copias debidamente certificadas a la presente, misma que me fue concedida por viudez y a la cual tengo derecho, al haber cotizado mi difunto esposo por más de 36 años, que laboró como profesor de nivel primaria, dependiente de la entonces Secretaria de Educación Pública, hasta su fallecimiento el día 24 de febrero del 2022. b). La inconstitucional e inconvencional aplicación de una Ley declarada Inconstitucional y que a la fecha ya existe criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la nación que así lo declara, refiriéndome de manera precisa a los artículo 51 fracción I, inciso a), y párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en concordancia con el artículo 12 fracción I, inciso a), y segundo párrafo, del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues se infiere su aplicación en el oficio , de fecha 15 de agosto de 2022, al referirse al concepto de "compatibilidad de pensión", por lo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que la propia autoridad me señalo el día 15 de agosto del 2022, que dicho concepto corresponde a la aplicación de dicho dispositivo legal. c).- La inconstitucional e inconvencional aplicación de los artículos 51 fracción 1, inciso a), y párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en concordancia con el artículo 12 fracción I, inciso a), y segundo párrafo, del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que han sido declarados Inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acto contenido en el oficio , de fecha 15 de agosto del 2022, mediante el cual la responsable me pretende aplicar mes con mes el mismo concepto de compatibilidad a mi pensión de viudez, es decir, de manera subsecuente y permanente, ya que según la autoridad responsable existe compatibilidad de pensión, pues al sumarse las dos pensiones de viudez y jubilación, estas rebasan los 10 (UMA), y por consiguiente estas se ajustaran anualmente de acuerdo al (UMA) que calcula y determina el INEGI, por lo que es preciso que dichos preceptos me sean inaplicados, es decir ya no se realicen posteriores descuentos al monto periódico de mi pensión por viudez, pues están apoyados en preceptos legales declarados inconstitucionales por jurisprudencia de nuestro Máximo tribunal. Y de las cuales reclamo como autoridades responsables las violaciones a mis derechos fundamentales contenidos en los Artículos 1°, 5, 14, 16 y 123, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este tenor, el suscrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99, -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Por consiguiente, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000, estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. Actos cuya ejecución es de imposible reparación. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). Con base en las directrices antes plasmadas, como se anticipó, contra el acto aquí reclamado, el juicio de amparo deviene improcedente, como se explica en líneas siguientes: De entrada, se impone señalar que los artículos 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su orden, establecen: ART. 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [...] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [...] Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. La literalidad del cuadro normativo antes citado, indefectiblemente conlleva a sostener: La Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud (lo que aquí interesa). El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra determinaciones se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con base en ese cuadro normativo, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, la parte impetrante tenía que agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en atención a que esa ley ordinaria contempla en su artículo 3° un medio de defensa tendente a modificar el acto que estima contrario a derecho, toda vez que el acto aquí reclamado, modifica la pensión que le fue otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado . Es de exacta aplicación la jurisprudencia 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. Así también, tampoco se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, dado que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional prevé la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, como lo establece el artículo 28 de la citada ley. Para explicar esa afirmación, se tiene en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 27/2016 estableció que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo federal, previamente a acudir al juicio de amparo, porque los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado conforme a la ley de amparo, en esencia, son iguales a los que se otorgan conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. No obsta a lo anterior, lo manifestado por la parte promovente en su demanda de amparo, en el sentido de que reclama la ilegalidad del oficio que contiene la determinación reclamada, al fundarse en artículos que ya fueron declarados inconstitucionales. Sin embargo, el hecho de que los actos aquí reclamados se funden en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no actualiza la excepción al principio de definitividad, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tales preceptos hayan perdido su validez en el sistema jurídico y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Luego la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 15/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2024511, de rubro y texto: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento - ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte. [Undécima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Común]. En consecuencia, ya que previo a ejercer la acción de amparo, correspondía a la parte quejosa del amparo interponer el juicio de nulidad, al no haberse hecho valer tal medio ordinario de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a no haberse agotado el principio de definitividad. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Octavio García García, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y a las diversas personas únicamente para recibir notificaciones, por no encontrarse registradas en el aludido sistema computarizado ni tampoco proporcionan sus números de cédulas profesionales o copia de las mismas a fin de verificarlas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Correo electrónico y números telefónicos Respecto a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19", reformado mediante el diverso 16/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); dígase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21 2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ""....."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1012/2022. Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables a) Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y b) Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Estatal Oaxaca, Subdelegación de Prestaciones Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente: IV.-ACTOS RECLAMADOS. a).- La inconstitucional e in convencional retención, disposición, suspensión y descuentos realizados por parte de las autoridades responsables a mi pensión POR VIUDEZ POR MUERTE DEL PENSIONADO de número 1479073, de la cual soy titular tal y como consta en la concesión de pensión concedida a la que suscribe y que desde este momento anexo en copias debidamente certificadas a la presente, misma que me fue concedida por viudez y a la cual tengo derecho, al haber cotizado mi difunto esposo por más de 36 años, que laboró como profesor de nivel primaria, dependiente de la entonces Secretaria de Educación Pública, hasta su fallecimiento el día 24 de febrero del 2022. b). La inconstitucional e inconvencional aplicación de una Ley declarada Inconstitucional y que a la fecha ya existe criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la nación que así lo declara, refiriéndome de manera precisa a los artículo 51 fracción I, inciso a), y párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en concordancia con el artículo 12 fracción I, inciso a), y segundo párrafo, del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues se infiere su aplicación en el oficio ""......"", de fecha 15 de agosto de 2022, al referirse al concepto de "compatibilidad de pensión", por lo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que la propia autoridad me señalo el día 15 de agosto del 2022, que dicho concepto corresponde a la aplicación de dicho dispositivo legal. c).- La inconstitucional e inconvencional aplicación de los artículos 51 fracción 1, inciso a), y párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en concordancia con el artículo 12 fracción I, inciso a), y segundo párrafo, del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que han sido declarados Inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acto contenido en el oficio "".......""", de fecha 15 de agosto del 2022, mediante el cual la responsable me pretende aplicar mes con mes el mismo concepto de compatibilidad a mi pensión de viudez, es decir, de manera subsecuente y permanente, ya que según la autoridad responsable existe compatibilidad de pensión, pues al sumarse las dos pensiones de viudez y jubilación, estas rebasan los 10 (UMA), y por consiguiente estas se ajustaran anualmente de acuerdo al (UMA) que calcula y determina el INEGI, por lo que es preciso que dichos preceptos me sean inaplicados, es decir ya no se realicen posteriores descuentos al monto periódico de mi pensión por viudez, pues están apoyados en preceptos legales declarados inconstitucionales por jurisprudencia de nuestro Máximo tribunal. Y de las cuales reclamo como autoridades responsables las violaciones a mis derechos fundamentales contenidos en los Artículos 1°, 5, 14, 16 y 123, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este tenor, el suscrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99, -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Por consiguiente, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000, estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. Actos cuya ejecución es de imposible reparación. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). Con base en las directrices antes plasmadas, como se anticipó, contra el acto aquí reclamado, el juicio de amparo deviene improcedente, como se explica en líneas siguientes: De entrada, se impone señalar que los artículos 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su orden, establecen: ART. 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [...] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [...] Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. La literalidad del cuadro normativo antes citado, indefectiblemente conlleva a sostener: La Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud (lo que aquí interesa). El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra determinaciones se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con base en ese cuadro normativo, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, la parte impetrante tenía que agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en atención a que esa ley ordinaria contempla en su artículo 3° un medio de defensa tendente a modificar el acto que estima contrario a derecho, toda vez que el acto aquí reclamado, modifica la pensión que le fue otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado . Es de exacta aplicación la jurisprudencia 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. Así también, tampoco se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, dado que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional prevé la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, como lo establece el artículo 28 de la citada ley. Para explicar esa afirmación, se tiene en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 27/2016 estableció que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo federal, previamente a acudir al juicio de amparo, porque los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado conforme a la ley de amparo, en esencia, son iguales a los que se otorgan conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. No obsta a lo anterior, lo manifestado por la parte promovente en su demanda de amparo, en el sentido de que reclama la ilegalidad del oficio que contiene la determinación reclamada, al fundarse en artículos que ya fueron declarados inconstitucionales. Sin embargo, el hecho de que los actos aquí reclamados se funden en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no actualiza la excepción al principio de definitividad, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tales preceptos hayan perdido su validez en el sistema jurídico y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Luego la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 15/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2024511, de rubro y texto: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento - ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte. [Undécima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Común]. En consecuencia, ya que previo a ejercer la acción de amparo, correspondía a la parte quejosa del amparo interponer el juicio de nulidad, al no haberse hecho valer tal medio ordinario de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a no haberse agotado el principio de definitividad. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Octavio García García, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y a las diversas personas únicamente para recibir notificaciones, por no encontrarse registradas en el aludido sistema computarizado ni tampoco proporcionan sus números de cédulas profesionales o copia de las mismas a fin de verificarlas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Correo electrónico y números telefónicos Respecto a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19", reformado mediante el diverso 16/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); dígase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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