Arlietys Mirabal Crespo

Expediente 1906/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1906/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Arlietys Mirabal Crespo
  • E. L. G.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado, remite copia certificada de las constancias que integran el procedimiento administrativo migratorio del quejoso Edel Esquijarosa González; mismas que se agregan a los autos de conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio DL/MXLI/DCMAJ/6123/2022 agregado por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, el Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, remitió copia certificada de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas expedidos a ***********. De igual forma, obra en autos las constancias remitidas en apoyo al informe justificado rendido por la Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, con residencia en esta ciudad, de las que se destaca el documento de egreso definitivo del adolescente E.L.G. del albergue temporal del Desarrollo Integral de la Familia, de esta ciudad, debido a que el dos de diciembre de dos mil veintidós, fue entregado en el puerto fronterizo de San Ysidro, California para su reintegración familiar a través de la Organización Kids in Need Defense (KIND), en razón de ser elegible para protección internacional por dicha organización. En igual tenor, de las constancias remitidas por el Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, en el oficio de cuenta, relativas al procedimiento migratorio de *****, se advierte copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Documentales referidas, que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno y de las que queda en evidencia que ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, su detención y alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad y, como consecuencia de ello, su incomunicación y posible traslado a diversa estación migratoria. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que los quejosos fueron detenidos por autoridades migratorias y alojados temporalmente en la estación migratoria de esta ciudad; también es cierto que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada del Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a nombre de los quejosos con excepción del adolescente E.L.G., se desprende que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós se otorgó a la parte quejosa un documento que le permitió salir de la estación migratoria y continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer en esas instalaciones. Asimismo, del pronunciamiento respectivo no se advierte que se haya ordenado el retorno asistido o la deportación de la parte quejosa a su lugar de origen. Luego, de las constancias remitidas por las autoridad responsable Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, se destaca el oficio MXL/16789/2022 de seis de diciembre de dos mil veintidós, relativo al egreso definitivo del adolescente quejoso E.L.G., del Albergue Temporal del Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad. Por tanto, es claro que, con motivo de las determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, relativa a la expedición del documento para realizar actividades remuneradas y el egreso definitivo del adolescente quejoso del albergue en que se encontraba en esta ciudad, para su posterior entrega a la organización para la defensa de menores de edad sujetos a protección internacional en los Estados Unidos, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber, los expedientes correspondientes a los procedimientos administrativos migratorios: 1s.8.2/RL/MXL/PIT-AEREO/491; EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7448/PRESENTADOS/23-11-2022; EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7449/PRESENTADOS/23-11-2022; EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7446/PRESENTADOS/23-11-2022; EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7450/PRESENTADOS/23-11-2022; EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7444/PRESENTADOS/23-11-2022; EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7445/PRESENTADOS/23-11-2022; EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7443/PRESENTADOS/23-11-2022; EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7442/PRESENTADOS/23-11-2022; y EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXLI/7447/PRESENTADOS/23-11-2022; Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se permitió a la parte quejosa continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojada en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaba la parte quejosa respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Así también, por lo que hace al adolescente E.L.G, le fue permitida su entrega a la organización que le brindó la protección internacional para su reintegración familiar en territorio estadounidense. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención y el alojamiento en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós sustituyeron la decisión preliminar en la que -entre otras cuestiones- se ordenó la presentación de los quejosos y su alojamiento en la estación migratoria y en el albergue temporal del Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad, durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias y la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, así como la entrega del adolescente E.L.G a la organización que le brindó la protección internacional para su reintegración familiar en territorio estadounidense existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del artículo 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojada en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio, debiéndose hacer la anotación respectiva en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por el Jefe del Albergue Temporal Mexicali, dependiente de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, mediante el cual manifiesta la imposibilidad para rendir su informe justificado respecto de la ampliación de demanda promovida en el presente sumario, toda vez que al oficio por el cual se le requirió del mismo, no fue anexada la copia del escrito de ampliación. Por tanto, remítase mediante oficio copia del escrito de ampliación de demanda; lo anterior a efecto de que la responsable esté en aptitud de rendir dicho informe y tenga conocimiento de los actos que se le reclaman. Por otra parte, se tiene a la autoridad responsable señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo, a quienes menciona. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que exhibe, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente el contenido de los informes rendidos por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, se advierte que fue omiso en remitir copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo migratorio del quejoso ********************. Por tanto, conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, para que en un término de tres días, contado al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias del expediente administrativo migratorio del quejoso en cita, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término que se señala, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo expuesto por el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese el oficio firmado electrónicamente por ********************, asesor jurídico federal, mediante el manifiesta que no se acepta la designación como representante especial del quejoso E.L.G., por las razones que ahí expone. Atento a lo anterior y dado que de las constancias allegadas por la Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, con sede en esta ciudad, se obtiene que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, segundo párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, dependiente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF), designó al licenciado ******, para ejercer la representación jurídica en suplencia o coadyuvancia respecto del adolescente quejoso E.L.G., aunado a que en este juicio Carlos Eduardo Montoya Morales fue designado como autorizado legal del quejoso, este órgano jurisdiccional, estima innecesario insistir en la designación de ********************.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano