Arleys Lazaro Rodriguez Martinez

Expediente 1180/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1180/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Arleys Lazaro Rodriguez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de octubre de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Agréguese a los autos el escrito del quejoso Arleys Lázaro Rodríguez Martínez, por el que da contestación a las prevenciones que se le hicieron en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso. En ese sentido, es menester precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: ? La omisión de negarse adelantar la cita para la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado pues como personas vulnerables al carecer de documentación migratoria para estar en el país y sin tener un empleo y no recibir respuesta ni por teléfono ni correo electrónico vulnerando mis derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14 y 16 constitucional. ? La omisión de expedir constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a favor del quejoso e inscribirlo en el registro nacional de población y la negativa de otorgarle la clave única de Registro de Población (CURP) para que las personas migrantes plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. ? CITA: 215554 de fecha 5 de diciembre de 2024, con la negativa de atención inmediata y dilatoria de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, siendo violatorio de mis derechos humanos esta cita que dilata trámite para poder obtener constancia de trámite y curp, quedando en total estado de indefensión. DESECHAMIENTO 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 2 El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 3 Amparo indirecto 1180/2023 El contenido de los artículos y fracciones señalados es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como aquellos en los cuales se presenta la demanda con posterioridad a los plazos establecidos para tal efecto en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, el cual por regla general es de quince días. El numeral 18 de la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para computar el plazo para promover el juicio de amparo: 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 4 ? Haya surtido efectos la notificación conforme a la ley que rija el acto reclamado. ? El quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. ? El promovente se haya ostentado sabedor del acto reclamado. De los numerales en comento se colige que las hipótesis sintetizadas son autónomas, es decir, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna; por lo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo se computará a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de ellos. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Así la primera hipótesis necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto el quejoso no combate su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 5 Amparo indirecto 1180/2023 conlleva a la certeza de que éste "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra. Lo anterior, al así haberlo establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, con registro digital 245095, que aparece publicada en el Apéndice 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, página 6, que literalmente dice: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ". al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta o confesión expresa que puede estimarse entraña una por parte del afectado, respecto de la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedor del mismo; de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, la parte quejosa se muestre sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 6 para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la parte quejosa se hizo sabedor del acto reclamado. En el caso a estudio, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Estado de Chiapas (COMAR), con residencia en esta ciudad, a quien le reclama la fecha señalada en la cita 215554, la cual fue generada para las siete horas del cinco de diciembre del dos mil veinticuatro, lo que, refiere en su demanda, es demasiado tiempo para entregarle la segunda cita y entregarle "la constancia de comar y la curp" y que ello viola todas las facultades en materia de refugiados y protección complementaria. Así, de la demanda se advierte que la parte quejosa refiere, en lo toral, lo siguiente: "(.) Manifiesto ser una persona inmigrante indocumentada que salí de mi país (cuba) por las violaciones a mis derechos humanos por parte del régimen y por la pobreza extrema así como por la violencia e inseguridad existente, hago del conocimiento de su señoría que es la primera vez que salgo de mi país buscando libertad y una mejor vida, y México me parece un país estable, y es por esta razón que acudo ante usted para buscar la protección de la justicia federal, toda vez que se vulneran mis derechos humanos por ser migrante, ya que llegué a esta ciudad de Tapachula en el mes de agosto de 2023, sin documento migratorio que ampare mi legal estancia en este país y con la esperanza de obtener refugio acudí a las oficinas de la COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR) ubicada en el mercado los Laureles de esta ciudad, ya que ahí nos tramitarían mi documento de legal estancia en el país y en base a mi solicitud de refugio me entregaron una cita con el número 215554, la cual tiene fecha de formalización 5 de diciembre de 2024, considerando demasiado tiempo para entregarme la segunda cita y entregarme la constancia de comar y la curp, por lo que le expresé al funcionario que me atendió que si podía adelantarme la fecha ya que era mucho tiempo de espera ya que el suscrito necesita trabajo y servicios médicos por lo que requiero de un documento legal, sin embargo el funcionario que me atendió me dijo que no podían adelantarme la fecha y que fuera con la jefa del departamento de registro de la comar, pues es ella quien atiende ese tipo de solicitudes, por lo que el mismo (sic) acudí ante la jefa 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 7 Amparo indirecto 1180/2023 mencionada y me manifestó que por el momento no podían darme la atención y que cualquier información me llegaría por correo electrónico o vía telefónica". Lo resaltado es propio. En ese mismo orden, del escrito aclaratorio se aprecia que en cumplimiento a las prevenciones que se le hicieron en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, refiere en lo de interés, lo siguiente: "Cuarto: La fecha en que tuve conocimiento de la omisión del acto reclamado para adelantar mi cita fue el día 11 de septiembre de 2023. En cuanto a la totalidad de los hechos que constituyen el antecedente del acto reclamado no existen más hechos, únicamente me permito agregar y precisar lo siguiente: 2.- (sic) Acudí a las oficinas de la COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR) ubicadas en el mercado Los Laureles de esta ciudad de Tapachula, Chiapas, el día 24 de agosto de 2023, para solicitar refugio, otorgándome en la misma fecha la cita número 215554, misma que corre agregada como prueba en el presente juicio de garantías". En ese sentido, es inconcuso que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoció el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de expedirle la constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (y como consecuencia de ello la inscripción en el registro nacional de población y la negativa de otorgarle la clave única de registro de población para extranjeros), desde el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Esta fecha se advierte del propio documento que exhibe con la demanda el directo quejoso y se corrobora con la manifestación de éste, en el escrito aclaratorio que se provee, en el sentido de que en la data en mención, al solicitar refugio, la autoridad responsable únicamente le asignó el número de cita 215554, es decir, no le entregó la constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 8 Luego, el plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, trascurrió del veintiocho de agosto al diecinueve de septiembre, ambos de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles, de conformidad con el precepto 19 de la ley de la materia. De manera que si la demanda constitucional se presentó ante este órgano jurisdiccional el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, es notorio que fue promovida de manera extemporánea. Sin que obste a lo anterior, que los actos reclamados sean de tracto sucesivo o que sus efectos se prolonguen en el tiempo, pues para verificar la oportunidad de demanda, debe atenderse a la fecha en que la parte quejosa conoció o se hizo sabedor del acto. Como criterio orientador, sirve de sustento a lo anterior, la tesis IV.2o.A.29 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia Común, página 2336, de registro digital 177026, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 9 Amparo indirecto 1180/2023 de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley. Asimismo, orienta el criterio de la suscrita juzgadora, por similitud jurídica, la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Tomo II, del mes de diciembre de 2022, página 2086, registro digital 2025635, cuyo rubro y contenido son: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE SEÑALA UNA FECHA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL JUICIO LABORAL, EL PLAZO PARA PRESENTARLA ES EL DE 15 DÍAS QUE PREVÉ EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consiste en la actuación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que señala una fecha excesivamente lejana, a juicio de alguna de las partes, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito determina que la presentación de la demanda de amparo, cuando se reclama el proveído en el que la Junta de Conciliación y Arbitraje señala una fecha excesivamente 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 10 lejana, a consideración de alguna de las partes, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque desde el momento en que la Junta de Conciliación y Arbitraje señala la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, asume una conducta positiva, un hacer frente al escrito de demanda, ya que materialmente emite un proveído en el que externa un criterio, una decisión jurisdiccional que comunica legalmente a las partes, quienes estarán en aptitud de controvertirla dentro del plazo de quince días, mismo que cumple con los requisitos de ser general, razonable y objetivo. En esas condiciones, al haberse consentido el acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Por afinidad de ideas, el mismo trato debe darse al acto reclamado consistente en la negativa de no adelantar la cita para la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, del que refiere la parte quejosa tuvo conocimiento el once de septiembre del año en curso. Ello es de ese modo, pues este acto reclamado se trata de una consecuencia del acto origen que la parte quejosa denomina omisión de expedir constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pues aduce que si bien la autoridad responsable le dio cita, ésta no fue inmediata y, al contrario, es dilatoria; y todo ello converge, se infiere, en la omisión de la responsable de expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la falta de inscripción en el registro nacional de población y la negativa de otorgarle la de la CURP para extranjeros. Incluso, de lo manifestado por el quejoso en su demanda, se advierte lo siguiente: ".con la esperanza de obtener refugio acudí a las oficinas de la COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR) ubicada en el mercado los Laureles de esta ciudad, ya que ahí nos tramitarían mi documento de 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 11 Amparo indirecto 1180/2023 legal estancia en el país y en base a mi solicitud de refugio me entregaron una cita con el número 215554, la cual tiene fecha de formalización 5 de diciembre de 2024, considerando demasiado tiempo para entregarme la segunda cita y entregarme la constancia de comar y la curp, por lo que le expresé al funcionario que me atendió que si podía adelantarme la fecha ya que era mucho tiempo de espera ya que el suscrito necesita trabajo y servicios médicos por lo que requiero de un documento legal, sin embargo el funcionario que me atendió me dijo que no podían adelantarme la fecha y que fuera con la jefa del departamento de registro de la comar, pues es ella quien atiende ese tipo de solicitudes, por lo que el mismo (sic) acudí ante la jefa mencionada y me manifestó que por el momento no podían darme la atención y que cualquier información me llegaría por correo electrónico o vía telefónica". De todo lo cual (actos reclamados), como ya se vio, tuvo conocimiento desde el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés y, a la fecha, atento a lo precisado, su demanda es extemporánea. En ese sentido, la suscrita operadora jurídica, advierte que este acto reclamado actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 217, y la jurisprudencia titulada "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS", como a continuación se demuestra. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". A su vez, el numeral 217 de la ley en cita dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 12 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En consonancia con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de actos consentidos, como se observa de la jurisprudencia de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA."1 Al respecto, cabe precisar que por acto derivado de otro consentido se debe entender, para efectos del juicio de amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último; esto es, los actos derivados de otros consentidos son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros, los cuales, en su momento, la propia parte quejosa consintió, pues a pesar, en todo caso, del evidente perjuicio ocasionado, omitió controvertirlos. Así, para que se surta la causa de improcedencia en estudio deben de actualizarse los siguientes elementos: a) Que exista un acto anterior consentido; b) Que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió exista una relación de causa efecto; es decir, que aquél sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución; y, c) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. 1 Jurisprudencia con número de registro 393973. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 13 Amparo indirecto 1180/2023 Así, en el caso se colman dichas hipótesis; sin embargo, para evidenciar que se actualizan se procede a verificar si se actualiza la causa de improcedencia en estudio, conforme a los elementos precisados. En relación con el señalado en el inciso a), consistente en que exista un acto anterior consentido, se encuentra colmado. En efecto, como se dejó establecido parágrafos supra, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto origen que, huelga decir, la parte quejosa denomina omisión de expedir constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pues aduce que si bien la autoridad responsable le dio cita, ésta no fue inmediata y, por al contrario, es dilatoria; y todo ello converge, se infiere, en la omisión de la responsable de expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la falta de expedición de la CURP para extranjeros. Dicho acto estuvo en aptitud de combatirlo a través de esta instancia, con toda oportunidad, pero no lo hizo, ya que teniendo conocimiento de dichos actos desde el veinticuatro de agosto del año en curso, según acepta bajo protesta de decir verdad en el escritorio aclaratorio y así lo deja entrever en su demanda, no los impugnó sino hasta ahora en que su demanda es palmariamente extemporánea y ello trae como consecuencia, como se dijo, que la parte quejosa aceptó las consecuencias del acto de autoridad que consintió. Por lo que hace al elemento señalado en el inciso b), es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió, exista una relación de causa efecto; es decir, que aquél sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, en opinión de la suscrita jueza de Distrito, también se colma. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 14 Esto es así, pues de los escritos de demanda y aclaratorio de la parte quejosa se advierte que, bajo protesta de decir verdad, afirma que llegó a este país, específicamente en el mes de agosto de 2023 dos mil veintitrés; por lo que acudió a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o sea, el veinticuatro de agosto de 2023 dos mil veintitrés, -según se advierte de su escrito aclaratorio-, donde afirma solicitó formalmente refugio o asilo y con base en ello le entregaron una cita, siendo el número 215554, la cual contenía fecha de formalización de su solicitud de condición de refugiado, el cinco de diciembre de dos mi veinticuatro. Que por lo anterior y como dicha segunda cita es, en resumen, demasiada (en cuanto a la prolongación del tiempo) para entregarle la constancia de "comar y la curp", le solicitó verbalmente a un funcionario que lo atendió que le adelantara la cita, quien le respondió que ello no se podía y que aunque insistió ante la jefa de dicho funcionario, al parecer encargada del departamento de registro de "Comar", también la respuesta de esta última servidora pública fue negativa, pues le manifestó que por el momento no podían darle la atención y que cualquier información le llegaría por correo electrónico o vía telefónica. Por lo tanto, como se ha dicho, si el acto origen del que se duele el quejoso es la cita 215554, que contiene la fecha para formalizar la solicitud de la condición de refugiada de la parte quejosa, el cinco de diciembre del año dos mi veinticuatro, y si sobre esa misma cita el quejoso solicita que se adelante tal fecha, es diáfano que sí existe una relación intrínseca de causa efecto entre uno y otro acto, pues no son completamente autónomos, sino que, atento a lo expuesto por la parte quejosa en su demanda y 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 15 Amparo indirecto 1180/2023 de los anexos que exhibió, se aprecia que la negativa de la autoridad de no adelantar la fecha, depende precisamente de la expedición de la cita que no combatió oportunamente. La tercera exigencia, consistente en que el acto reclamado no se impugne por vicios propios, igualmente se colma en la especie. Ello en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio de garantías, aun cuando se impugne por vicios propios, la legalidad, en su caso, depende de actos anteriores, según quedó plasmado. En resumen, lo evidenciado actualiza la causal de improcedencia advertida, pues el acto reclamado (negativa de adelantar la fecha) depende de un acto anterior, por lo que, como ya se dijo, es claro que lo reclamado deriva de uno ya consentido. Tiene aplicación al tema, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que se puede consultar con los siguientes datos: Registro digital: 393973, Instancia: Pleno, Quinta Época, Materias(s): Común, Tesis: 17, Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 12, que dice: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Así como, por contener el criterio jurídico apuntado, la diversa del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada con los siguientes datos: Registro digital: 187864, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: II.1o.P. J/5, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 660, que dice: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 16 IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUSADO, PERO NO EL AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO DEL QUE DERIVÓ DICHA ORDEN. Si el quejoso señala como acto reclamado la orden de identificación administrativa (ficha signalética) emitida dentro del auto de sujeción a proceso, sin que dicho auto haya sido señalado como acto reclamado en la demanda de garantías, resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia que contempla la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la tesis jurisprudencial de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA.", toda vez que el acto impugnado es derivado de otro consentido, ya que no se interpuso el juicio de garantías en contra del auto de sujeción a proceso, que es donde se ordena la identificación, la cual es una consecuencia inmediata y directa de aquél y, por ende, el Juez de amparo debió concluir que era improcedente el amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, también por este otro acto reclamado, se desecha la demanda de amparo. Sin que lo anterior coloque a la parte quejosa en estado de vulnerabilidad e indefensión por la falta de expedición de los documentos solicitados, o que pueda ser devuelto a su país, en atención a lo siguiente: El artículo 26 de la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político, establece: Artículo 26.- El reconocimiento de la condición de refugiado es individual. En caso de presentarse un ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de personas que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 132 de la presente 2 Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 17 Amparo indirecto 1180/2023 Ley y dicha situación produzca un incremento sustancial de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría podrá fijar los lineamientos que se seguirán para atenderlos como grupo, en tanto no existan elementos que aconsejen su atención en lo individual. Una vez atendido el ingreso masivo, tan pronto le sea posible a la Secretaría, procederá a la determinación individual de la condición de refugiado. Esto es, con la expedición del citatorio -que el quejoso ya posee-, se programan fechas para que el extranjero solicitante de asilo, se presente ante la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de esta ciudad, para iniciar el procedimiento de reconocimiento de refugiado, y a partir de ese momento no puede ser devuelto, expulsado o deportado a su país de origen o algún otro, hasta en tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, resuelva en definitiva la solicitud planteada, tal como se advierte de los artículos 5, fracción I, 6 y 7 de la Ley Sobre Refugiados, protección Complementaria y Asilo Político, que enseguida se transcriben: Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios: I. No devolución; (.). Artículo 6. Ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre por los motivos señalados en el artículo 13 de esta Ley, o en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El extranjero al que se le otorgue protección complementaria no podrá ser devuelto al territorio de otro país donde su vida peligre o en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 18 En el caso de niñas, niños y adolescentes solicitantes, refugiados o con protección complementaria, además del principio de la no devolución se garantizará el derecho a la unidad familiar. Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Por lo tanto, se reitera, la determinación aquí adoptada no es violatoria de algún derecho humano de la parte quejosa, dado que, además, se debe observar lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), estimó sobre el principio pro persona y recurso efectivo. Tal criterio se puede consultar con los siguientes datos; Registro digital: 2005717 Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 19 Amparo indirecto 1180/2023 Por afinidad de ideas, conviene precisar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada, no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa, a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que sí se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de sobreseimiento analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario llegaría al grado de que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa labor, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos; además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 20 armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, que dice: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. También es aplicable, en lo atinente, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que se puede consultar con los siguientes datos: Registro digital: 2003381, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: XVII.1o.C.T.15 K (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2274, que dice: RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 21 Amparo indirecto 1180/2023 correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato. Lo resaltado en negritas y con subrayado, es propio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las dieciocho horas del cinco de octubre de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Arleys Lázaro Rodríguez Martínez, el proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo número 1180/2023, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en Tercera avenida Sur número 115, entre Treinta y Treinta y dos Oriente, colonia Benito Juárez, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de las calles y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el diez de octubre de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de tres de octubre del año en curso, dictada en el juicio de amparo número 1180/2023, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el cinco de octubre siguiente, el cual se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las quince horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Arleys Lázaro Rodríguez Martínez, el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo número 1180/2023, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en Tercera avenida Sur número 115, entre Treinta y Treinta y dos Oriente, colonia Benito Juárez, en esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de las calles y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el tres de octubre de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, dictada en el juicio de amparo número 1180/2023, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el veintiocho de septiembre siguiente, el cual se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Arleys Lázaro Rodríguez Martínez, quien por su propio derecho solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del titular de la Oficina de Representación de la Comisión de Ayuda A Refugiados, y otra autoridad. Atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] con el número de expediente 1180/2023-IV-2. ACTOS RECLAMADOS Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, los siguientes actos: 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 2 PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, respecto de los actos reclamados, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: Primero.- Indique si a la fecha ha solicitado a las autoridades mexicanas que señala como responsables, el inicio de algún procedimiento administrativo en el cual se le otorgue el oficio de salida definitiva del país. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 3 Segundo.- Precise si se encuentra sujeto a algún procedimiento administrativo migratorio, o si a la fecha le fue notificado alguno. Tercero.- Comunique a este juzgado, si contra actos similares a los ahora reclamados ha promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo así como el estado que guarda. Cuarto.- Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la omisión de las autoridades responsables de adelantar la cita para la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; así como la omisión de expedirle dicha constancia de reconocimiento de refugiado. Con relación a lo anterior, narre de manera sucinta, clara y sintetizada, la totalidad de los hechos que constituyen los antecedentes de lo que a cada autoridad responsable le reclama. En el entendido que deberá realizar dicha precisión, sin calificativos, a fin de evitar redundancias innecesarias que generen confusión para fijar el o los actos reclamados, pero se debe advertir la necesidad de ejercer la contienda constitucional, con lo que se tendrá por satisfecho este punto. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 4 En el supuesto de que ocurra a dar cumplimiento a la prevención antes reseñada, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio a fin de correr traslado a la totalidad de las partes. En la inteligencia que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. El desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 5 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado de la parte quejosa, en términos amplios, únicamente a Juan Carlos Pérez Ruiz, pues cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos a los demás profesionistas, dado que no cuentan con dicho registro. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 6 del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Además, se autoriza expedir en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse 2847. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 7 notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. RESERVA DE INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 8 Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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