Arley Sáenz Martínez
Expediente 1073/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Arley Sáenz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintitrés.Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se tiene que este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto, aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva instada, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General.Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren únicamente como antecedente, los oficios remitidos por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo en que se actúa. Lo previo, de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre únicamente como antecedente, el oficio remitido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo en que se actúa. Lo previo, de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1073/2022-II, promovido por *******, contra actos del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, por sí y en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito turnado a este órgano jurisdiccional, que en ese momento se encontraba de guardia, el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, *******, promovió demanda de amparo en favor de *******. Segundo. Derechos constitucionales que se estimaron transgredidos. La promovente del amparo consideró que con los actos reclamados, se vulneraron en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 11, 14, 16, 21, 22 y 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda y admisión a trámite. Mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, se registró tal asunto como el juicio de amparo 1073/2022-II, se concedió la suspensión de plano a la directa quejosa y se mandó ratificar la demanda. Posteriormente, tras haberse ratificado la demanda, se admitió a trámite el asunto el veintidós de noviembre de dos mil veintidós; se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte accionante del amparo reclamó lo siguiente en este asunto, del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, por sí y en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez: La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. La orden de deportación emitida en su contra. Incomunicación. El acta de rechazo, a que alude el artículo 3º fracción II, del Reglamento de la Ley de Migración, emitida en su contra. La negativa a que se le otorgara visa humanitaria o su solicitud de registrarse con la calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La negativa a permitir que la parte quejosa tenga comunicación, por cualquier medio, con un asesor legal. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, por sí y en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, fue omiso en rendir su informe justificado; de modo que, deberían presumirse ciertos la totalidad de los actos que le fueron reclamados, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Sin embargo, se colige que el único existente, es el relativo a la privación de la libertad de la quejosa, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad; no así los restantes, pues no se desprende de autos constancia alguna que ponga de manifiesto su certeza, por lo que se tienen por inexistentes. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados apuntados en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, por sí y en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, aunque fue omiso en rendir su informe justificado, remitió las constancias relativas a los actos que le fueron endilgados, de las que se deduce que la aquí quejosa sí se encontraba privada de su libertad mediante alojamiento, en la Estación Migratoria en esta ciudad, al momento de la presentación de la demanda de amparo y obtuvo su libertad el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, tras la radicación de ésta; lo que acreditó con las constancias respectivas, que manifestó, bajo protesta de decir verdad, coinciden fielmente con sus originales. Es así, dicha autoridad, envió entre otras documentales, el acuerdo de salida de estancia provisional, de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en el que se otorgó la libertad a la aquí quejosa, con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgado; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana a firmar el libro de extranjeros; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria. Asimismo, informó que desde que obtuvo su libertad (veintiuno de noviembre de dos mil veintidós), hasta el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés -fecha de la suscripción del oficio al que acompañó tal constancia- no ha comparecido a firmar el libro de extranjeros, tal como le fue requerido. Por lo tanto, dicho acto se tiene como cierto, respecto a las responsables en comento. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad de la quejosa, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, se emitió en favor de la aquí peticionaria del amparo, acuerdo de salida, dejándola en libertad deambulatoria con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgado; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria; sin que, después de obtener su libertad, haya comparecido de nueva cuenta ante la autoridad migratoria, como ésta lo informó. Bajo ese contexto, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por el alojamiento decretado en su favor, en las instalaciones de la Estación Migratoria, en esta ciudad, a la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, acorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido en favor de *******, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a las responsables; al agente del Ministerio Público adscrito y a la parte quejosa lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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