Arlette Juliana Salcedo Tinoco

Expediente 51/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
51/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • Arlette Juliana Salcedo Tinoco

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de marzo de dos mil dieciocho Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 51/2018, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el ocho de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  2. Principal

    RESUELVE: Primero.- Por los motivos expuestos se sobresee en el juicio de amparo promovido.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde la siguiente autoridad responsable: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su Presidente y Tercer Árbitro. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9o de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. En relación con las pruebas documentales que ofrece, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas, se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán relacionadas en la audiencia constitucional Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, adviértase que el once de enero actual se tuvo por recibido el despacho por el cual, el impetrante desahogó la vista de veintiocho de diciembre pasado realizando las siguientes manifestaciones: "C. Juez manifiesto a usted que ya me fue realizada la cirujía de varicocelectomía de tercer grado de testículo izquierdo, pero solicito a usted si esta en sus posibilidades el ordenar a las autoridades de este centro se me realice una nueva valoración por la especialidad de urología ya que e tenido dolor en la parte donde se me realiso dicha cirujia en mención. por economía procesal solicito sele saque copia a lo antes manifestado" (sic). Atento a ello, a efecto de mejor proveer sobre el cumplimiento total de la sentencia ejecutoriada, se acuerda: Requiérase a la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, para que en el término de CINCO DÍAS siguientes en que se notifique el presente acuerdo, remita copia certificada de la valoración médica efectuada al quejoso JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, para que el médico general determine si efectivamente requiere de atención médica especializada, esto, el seguimiento a la cirugía que se practicó al impetrante de amparo. En el entendido que el fallo protector se otorgó para los efectos siguientes: "(.) Por lo que hace a la omisión de proporcionar al quejoso atención médica especializada de un urólogo para atender su padecimiento de varicocele izquierda, realizarle estudios médicos respecto de tal enfermedad y proporcionarle tratamiento para ésta, dado que se ha vulnerado su derecho a la salud se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Rufino Hernández Rodríguez, para el efecto de que las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial "Ciudad Ayala" en el Estado de Morelos, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones proporcionen al quejoso la atención médica que requiere, esto es, se le realice el ultrasonido doppler que le recetó el médico urólogo en la consulta del treinta de mayo de dos mil quince, y hecho lo anterior sea valorado por un especialista en urología, para que una vez que interprete los resultados del estudio, proceda a determinar lo conducente respecto a la varicocelectomía que requiere, en el entendido de que el aludido profesionista deberá especificar si él debe efectuar la cirugía o puede hacerlo un cirujano general. Asimismo, las autoridades responsables deberán hacer del conocimiento del urólogo, los estudios de usg de testículo izquierdo del quince de septiembre de dos mil doce y el ultrasonido escrotal del tres de junio de dos mil catorce que se efectuaron al quejoso durante su estancia en los Centros Federales de Readaptación Social número Cinco Oriente en Villa Aldama, Estado de Veracruz y número Once en Hermosillo, Estado de Sonora, a fin de que determinar si son un factor a tomar para poder realizar la cirugía en cuestión (.)" Asimismo la Superioridad en la inconformidad 21/2017 determinó esto: ". Atento a lo anterior, se estima que no existe evidencia clara de que al quejoso se le haya proporcionado la atención médica especializada que requiere, pues a pesar de que lo han atendido diversos médicos en los centros de reclusión en los que ha estado, y en donde todos han sido coincidentes en que sufre de varicocele izquierda y que requiere de una cirugía para tratar tal padecimiento, lo cierto es que el último urólogo que lo atendió estimó necesario que previamente a la operación se le efectuará un ultrasonido doppler, del cual no obra constancia de que se hubiere efectuado. Entonces el médico especialista en urología estimó que previamente a la varicocelectomía al quejoso se le debía efectuar un estudio, y una vez que él revisara sus resultados, podría efectuar la cirugía; sin embargo, se insiste en que no se ha realizado el estudio, ni mucho menos ha vuelto a ser valorado por el urólogo, y en consecuencia no se ha llevado a cabo la operación, por lo que es evidente que no se ha proporcionado al promovente la atención médica que requiere, a pesar de que su padecimiento lo sufre desde hace varios años. No se soslaya que al quejoso se le ha ofrecido realizarle la operación que requiere por parte de un cirujano general, lo cual no se ha efectuado toda vez que se ha rehusado ya que considera que quien lo debe intervenir es un especialista; sin embargo, con ese argumento no puede estimarse que si se haya brindado la atención médica requerida al reo y que éste se ha negado a recibirla, ya que se insiste que el urólogo expresó que previamente a realizar la cirugía se requería de un ultrasonido doppler, el cual no se ha efectuado; en consecuencia, no se podría realizar el procedimiento como lo pretende el cirujano, hasta en tanto el especialista analice los resultados del estudio y determine lo que crea procedente respecto a la varicocelectomía e incluso establezca si la debe efectuar él o un cirujano general. En consecuencia, dado que no se ha efectuado el ultrasonido dopper que se le recetó al quejoso, ni ha sido consultado nuevamente por parte de un urólogo para que interprete los resultados y determine lo procedente acerca de la cirugía que requiere, a pesar de que el promovente tiene varios años con el diagnóstico de varicocele izquierda, se está vulnerado su derecho a la salud contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es parte." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Entréguese copia autorizada de la presente determinación a la parte quejosa en el acto de su notificación. Finalmente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Geovanni Ramírez Chabelas quien autoriza y da fe.

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