Arlette Guadalupe Ortega Romero

Expediente 217/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
217/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Arlette Guadalupe Ortega Romero
  • ARLETTE GUADALUPE ORTEGA ROMERO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO Agréguese a los presentes autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y, en atención a su contenido, remítasele copia certificada de las constancias que refiere para que surta efectos en el juicio de amparo 561/2023, de su índice. Asimismo, hágase del conocimiento del Homólogo Federal oficiante que mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues genera una notificación u oficio. Notifíquese por oficio al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión único, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 217/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por********************; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Demanda de Amparo. ********************Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitido materialmente a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula,******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y otra autoridad.********************La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio. ********************Mediante auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda promovida por********************, con el número de juicio de amparo indirecto 217/2023; se admitió a trámite -con incidente de suspensión-; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.********************TERCERO. Cita para audiencia. ********************En el mismo auto admisorio, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, ********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. ********************Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y administrativas, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. ********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. ********************Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, la quejosa******************** reclama lo siguiente:********************La orden de aprehensión dictada en su contra; así como su ejecución.********************TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. ********************Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. ********************Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente:********************"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento."********************Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: ********************Número de orden.********************Autoridades Responsables.********************Sentido del informe.****************************************1********************1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla (********************).********************Niega********************(foja 19)****************************************2********************2. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (********************).********************Niega********************(foja 16)************************************************************Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados.********************No es obstáculo a lo anterior, que por oficio 1138 signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla [recibido en auto de catorce de marzo del año en curso] informara que mediante resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ******************** de su índice, libró orden de busca, aprehensión, y detención en contra de la quejosa ********************, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de ********************, representante legal de la moral denominada "********************, ******************** y ********************, ********************" y la Sociedad.********************Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo [uno de marzo de dos mil veintitrés], la orden privativa de la libertad reclamada no existía, pues la orden de aprehensión que informó la autoridad responsable mencionada, fue dictada en contra de la quejosa hasta el diez de marzo de dos mil veintitrés; es decir, nueve días (naturales) después de la presentación de la demanda.********************En consecuencia, al haber sido girada esta orden con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, debe sobreseerse el presente asunto por inexistencia de los actos aquí reclamados; ya que, este juicio de control constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. ********************Es decir, para accionar la presente vía constitucional, se requiere que los actos que se reclamen existan con anterioridad a la presentación de la demanda.********************Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************"ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado.****************************************En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen.********************Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:********************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo."****************************************CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. ********************En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término.****************************************QUINTO. Integración de la presente sentencia al expediente impreso.********************En términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar el presente fallo al expediente impreso, por tratarse de la resolución más relevante de este juicio.********************Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se:****************************************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por********************, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso tercero del propio fallo.********************SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta resolución.********************Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por ********************, representante legal de "********************.", por medio del cual pretende apersonarse con el carácter de tercero interesado en el presente juicio; exhibe una documental con la que refiere acreditar su personalidad [misma que solicita le sea devuelta]; señala autorizados procesales y domicilio para recibir notificaciones personales; solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico; y, que el asunto se tramite como juicio en línea. Al respecto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad sus peticiones, por resultar notoriamente improcedentes. Lo anterior es así, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se colige que el ocursante no es parte procesal en el juicio de amparo en que se actúa [ni por su propio derecho ni por su representación], es decir, no se le ha reconocido carácter alguno en términos del artículo 5 de la Ley Reglamentaria. Cierto, de autos se desprende que la quejosa Arlette Guadalupe Ortega Romero, acudió a esta vía de control constitucional a reclamar la orden de captura librada en su contra por el 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, así como su ejecución. También se aprecia, que las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos aducidos a la fecha de la presentación de la demanda; razón por la cual, contrario a lo que aduce el ocursante, en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, a nadie le resulta el carácter de parte tercera interesada. En mérito de lo anterior, devuélvase al promovente la copia certificada del instrumento notarial que anexó a su escrito de cuenta, y hágasele saber que deberá acudir a este órgano jurisdiccional con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma) en horario de atención al público, dentro del plazo de noventa días para recogerla; apercibido que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida en su oportunidad. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por haber sido presentada físicamente. Notifíquese por lista a ********************, representante legal de "********************."

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano