Arlet Pérez Santiesteban
Expediente 1036/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Arlet Pérez Santiesteban
Actuaciones
- Principal
V-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiesen recurrido el acuerdo de 3 de diciembre de 2022, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, y como lo dispone el precepto legal antes invocado, y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, así como este auto de archivo, debiendo depurarse las constancias restantes, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, toda vez que de autos se desprende que no obra la constancia de notificación del tres de diciembre de dos mil veintidós, realizado al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se ordena al fedatario judicial proceda a efectuar dicha notificación de manera personal, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
III- Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Martha Gabriela Rojo Castillo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable, señalando que el exhorto 830/2022 aún no ha sido notificado a la fuente laboral Secretaría de Gobernación Estatal y que la diversa Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, aún no responde el oficio 10643/2022 de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se le requirió que informe si está dando cumplimiento a lo ordenado por la responsable, a fin de que se cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo. En atención a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, y toda vez que en el cumplimiento a la sentencia constitucional, está inmerso el derecho de los niños quejosos a recibir alimentos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al juez responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, informe el seguimiento dado al exhorto 830/2022; así como del oficio 10643/2022 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictados en el expediente 1711/2018 y demás constancias conducentes; para lo cual, deberá remitir copia certificada, legible y completa de las constancias de las que se advierta tal circunstancia. Apercibida la responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento previamente decretado en autos. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
II.- Con esta fecha se notifica al l parte quejosa el auto de die de noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: "Atendiendo al escrito remitido vía electrónica por Lourdes Guadalupe Medina Carrillo, autorizada en términos amplios de los quejosos, mediante el cual renuncia al nombramiento otorgado en estos autos. Al respecto, téngase por revocada la autorización a la cual renuncia la ocursante; por tanto comuníquese lo anterior a los quejosos y tómese nota de ello, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a los quejosos."
- Principal
II-Recepción de demanda Agréguese el escrito de cuenta presentado vía electrónica por Alma Victoria Compañ Ruiz, en representación de [1] Arlet Perez Santiesteban, [2] Yucelis Ugalde Torres y [3] Rene Pérez Pérez, mediante el cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Encargado del Despacho de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 1036/2022-V-A. Suspensión de plano Entre los actos reclamados, la promovente señaló la privación ilegal de la libertad, detención, incomunicación y la posible deportación a sus países de origen, respecto del cual, relata que los directos quejosos se encuentran detenidos en la Estación Migratoria de Chetumal, Quintana Roo. En ese contexto, al tenor de las manifestaciones expresadas en la demanda, en relación con la certidumbre de los actos reclamados, deben considerarse ciertas cuando se examina si se otorga o no la suspensión de plano, al ser los únicos elementos con que se cuenta, para resolver sobre la medida cautelar, sin poner en duda su existencia. I. Suspensión de oficio de plano en cuanto a la posible incomunicación. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para que cesen de inmediato cualquier acto que implique incomunicación, así como todos aquellos actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o el 15 de la Ley de Amparo. Así también para que den aviso a sus familiares, persona de confianza, abogados o asesores jurídicos y se permita la comunicación con estos en el lugar en donde se encuentren, con las medidas de seguridad y sanitarias que estimen pertinentes las autoridades responsables. En el entendido de que si al momento de que constituirse la o el actuario judicial adscrito a este órgano se encuentra acompañado del abogado o defensor de los quejosos, la autoridad migratoria deberá permitir la entrada de este último, sin posibilidad de alegar que la parte promovente no le ha autorizado o reconocido ese carácter. Lo anterior, salvo que una vez que el abogado o defensor se encuentre dentro de la estación migratoria, los quejosos se nieguen a reconocerle el carácter que ostenta. II. Suspensión de oficio y de plano respecto de la deportación. De conformidad con los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que en caso de que los quejosos sean detenidos con fines de deportación y/o ejecución de solicitud de retorno asistido, no se ejecute y se queden en el lugar (alojamiento) donde se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Igualmente, para el caso de que se traten de actos fuera de procedimiento, procede conceder la suspensión de plano para el efecto de que los quejosos no sean trasladados a diversa estación migratoria de la que se encuentran actualmente. Ill. Detención que no derive de un procedimiento migratorio Para el caso de que se trate de actos fuera de procedimiento instruido por la autoridad Migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para los siguientes efectos: ?Si el acto impugnado obedece a la comisión de un delito, sin demora se ponga a los directos a disposición del ministerio público competente. Cabe señalar que si dicho acto no se relaciona con la comisión de un delito, la concesión de la suspensión es para que cese sin demora la detención, poniéndolos inmediatamente en libertad. ?En el entendido que si la privación de la libertad tiene relación con un procedimiento migratorio, la medida cautelar no surte efecto alguno, pues ese pronunciamiento correspondería en caso de proveerse la demanda en los cuadernos incidentales que se forman correspondientes a la suspensión a petición de parte. IV. Asistencia. Las autoridades responsables deberán otorgar atención médica; brindarles la asistencia de un traductor o intérprete en caso de que no hablen o no entiendan el español, o tengan alguna discapacidad oral, auditiva o visual; informarle todos los derechos con que cuentan; tratarlos sin discriminación alguna y con apego a los derechos humanos, esto de acuerdo con los artículos 8, 13, 14 y 67 de la Ley de Migración. Lo anterior no implica que para el caso de que los citados quejosos en forma voluntaria soliciten el regreso a su país de origen, la autoridad responsable (encargado del Despacho de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración) se encuentre impedida para permitirlo; ya que se trata de derecho con el que cuenta todo extranjero que se encuentre en territorio nacional. De igual manera, se otorga la suspensión de plano para que las autoridades responsables brinden atención médica a las quejosas en caso de requerirlo y para que tomen las medidas de salubridad que sean necesarias ante la contingencia del virus Sars Cov-2 COVID-19 durante el tiempo que dure la detención de las quejosas. Dado que de la demanda de amparo se advierte que los quejosos [1] Arlet Perez Santiesteban, [2] Yucelis Ugalde Torres y [3] Rene Pérez Pérez, se encuentran retenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración "Estación Migratoria" de esta ciudad; se comisiona a la actuaria adscrita a este Juzgado para que se constituya en dicho lugar, donde puede encontrarlos o en cualquier otro sitio en el que se le informe que posiblemente se encuentren, a efecto de que: Proceda a notificarles la presente determinación explicándoles el motivo de la promoción del amparo (actos reclamados), y se les cuestione si desean autorizar a la promovente, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se ordena a la actuaria de la adscripción a efecto de que, en el acto de la notificación, requiera a los directos quejosos para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada a su favor; o bien, que lo hagan por escrito ante este Juzgado Federal en el término de tres días hábiles legalmente computados; apercibiéndolas que de no hacerlo en el plazo que al efecto se les confiere, ésta se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas, con fundamento en los invocados artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 15 del citado ordenamiento legal. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que para el caso de que los quejosos no se encuentren en los lugares señalados en el ocurso constitucional, su búsqueda de ninguna manera es restrictiva, esto es, el funcionario comisionado puede constituirse en cualquier lugar que ejerce jurisdicción este Juzgado Primero de Distrito, en el entendido de que la autoridad tiene la obligación de informar el paradero de las mismas y de ninguna forma obstaculizar su localización; esta determinación, se hace extensiva a los empleados de diversa índole y en general a todas las personas que tengan intervención en la búsqueda de los quejosos, con independencia que no hayan sido señaladas como responsables, pues de lo contrario probablemente incurrirían en responsabilidad. Se requiere a la citada autoridad señalada como responsable a efecto de que proporcionen las facilidades necesarias y el personal comisionado en el presente acuerdo, tenga acceso a los libros de registro y cualquier otro medio de control utilizado para la verificación del posible ingreso de los directos quejosos a las instalaciones que éstas ocupan; asimismo, se permita el voceo del nombre de los quejosos 1] Arlet Perez Santiesteban, [2] Yucelis Ugalde Torres y [3] Rene Pérez Pérez, lo anterior para lograr el éxito de lo ordenado en el presente acuerdo. Para lo cual, la actuaria adscrita deberá hacer constar la fecha en la cual, según los registros a los que tenga acceso, fueron presentados los aquí quejosos ante las autoridades responsables. Se autoriza a la parte promovente o cualquier persona de su confianza para que en compañía del personal comisionado se constituyan en el lugar antes precisado, a efecto de que la autoridad a cuya disposición se encuentren los directos quejosos, se le permita en presencia del funcionario adscrito a este Juzgado de Distrito, una entrevista, asentándolo el fedatario de esta adscripción en la razón correspondiente. V. Actos no considerados para pronunciamiento respecto a la suspensión de plano. Para este punto es necesario señalar que del análisis integral de la demanda en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, permite advertir que la privación de la libertad de los quejosos en la Estación Migratoria, ubicada en esta ciudad, deriva de la instauración de un procedimiento administrativo en materia migratoria. Lo anterior, pues si bien en la demanda se expresan argumentos en el sentido de que fueron detenidos arbitrariamente, y que no se les ha informado del motivo de su detención, ni los datos de expediente alguno en su contra; en el relato de antecedentes y los conceptos de violación hace referencia que los quejosas se encontraban libres y fueron detenidos por elementos de Migración y trasladados a la Estación Migratoria de esta ciudad. Esto evidencia que la privación de la libertad de los quejosos es con motivo de un procedimiento administrativo en materia migratoria, por lo que no es de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se ubica en alguno de los supuestos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. En efecto, los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo antes invocados establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". Por su parte, el artículo 22 constitucional, en lo conducente establece que: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.". De la transcripción anterior se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De donde se obtiene, por exclusión, que cuando los actos reclamados no revistan las características señaladas, no podrá concederse la suspensión de oficio y de plano, sino que, de ser procedente, la solicitud de la medida cautelar deberá resolverse bajo las formalidades y trámites que rigen la suspensión de los actos reclamados a petición de parte, esto es, de ser procedente, deberá otorgarse la medida provisional y, en su momento, la definitiva a través del incidente de suspensión correspondiente, de conformidad con los artículos 127, 128, 138 y 146 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación, por lo que deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento; asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este acuerdo, informen sobre el cumplimiento de esta determinación, anexando al efecto copia certificada de las constancias que acrediten la medida decretada a los quejosos, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrían incurrir en la falta prevista en el precepto 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En tal virtud, por lo que hace al diverso acto reclamado que no fue materia de la suspensión de plano, una vez sea ratificada la demanda se proveerá lo conducente en los cuadernos incidentales que al efecto se formen. Informes de la suspensión de plano. En razón de lo anterior, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas contados a partir de la notificación de este auto, informe sobre el cumplimiento de esta determinación, anexando al efecto copia certificada de las constancias que acrediten la medida decretada al amparista, apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podría incurrir en la falta prevista en el precepto 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Además de que en caso omisa se le impondrá una medida de apremio por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que se emitan en este juicio, por lo que en caso de negarse a recibirlos, con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por tratarse de encargado y no titular, o viceversa; o bien por no estar completa la denominación) si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), (sobre todo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto este juzgador como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo), se tendrán por hechas las notificaciones y serán administrativa y penalmente responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso el domicilio correcto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien lo que informe el funcionario judicial de correos o telégrafos, se dictará el acuerdo correspondiente. Lo anterior, toda vez que la demanda de amparo debe ser interpretada sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, independientemente de la exactitud en la denominación de la autoridad del propio instituto que los tiene a su disposición; de ahí que, la conducta evasiva de la autoridad podría generar responsabilidad penal y/o administrativa por falta de cumplimiento del acuerdo de suspensión notificado por oficio. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXVII.3º.17K (10ª), de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo III, identificada con el registro 2006401, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Notificación y ratificación de la demanda. Dado que de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran retenidos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, se comisiona a la fedataria adscrita para que se constituya en dichas instalaciones, o en cualquier otro sitio en el que se le informe que posiblemente se encuentren, y una vez hecho esto, les notifique el presente acuerdo, debiendo certificar y hacer constar en el acta respectiva el estado físico en el que se encuentran, y en el mismo acto les requiera para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada a su favor por Alma Victoria Compañ Ruiz, o bien, que lo hagan por escrito ante este juzgado en el término de tres días hábiles legalmente computados; apercibiéndolos que de no hacerlo en el plazo que al efecto se les confiere, ésta se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas, con fundamento en los invocados artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 15 del citado ordenamiento legal. Autorizado Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alma Victoria Compañ Ruiz, en representación , toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito y únicamente para recibir notificaciones a las demás personas que señala por así solicitarlo la promovente. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas Por otra parte, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el usuario "AlmaCR", a nombre de Alma Victoria Compañ Ruiz con el correo electrónico almacompan4@hotmail.com; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del presente juicio de amparo vía internet, así como las notificaciones electrónicas por el mismo medio, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta física. Lo anterior, hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Notificaciones no procesales Se toma conocimiento del número telefónico y correo electrónico, proporcionados por la ocursante para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II2, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Medios electrónicos De igual manera, con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a sus autorizadas el empleo de aparatos propios para la obtención documental por medio de imágenes de las actuaciones que integren el expediente para la disponibilidad de su reproducción. Lo antes expuesto tiene sustento en el siguiente criterio: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." Época: Décima Época Registro: 2007298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.13o.T.15 K (10a.) Página: 1560. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en Avenida Morelos, número 348, esquina Laguna Encantada David Gustavo Gutiérrez, Othón P. Blanco, Código Postal 77013, en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento a la Secretaria encargada del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo de la Secretaria -como fedataria- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
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