Arlet Karime García Pérez
Expediente 530/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2023
Partes del expediente
- Arlet Karime García Pérez
Actuaciones
- Principal
L. 8 San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XX del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 20 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 35 del referido ordenamiento, se hace del conocimiento que una vez transcurrido el término de noventa días precisado con antelación, la devolución de documentos originales se realizará, previo acuerdo que recaiga a la petición del solicitante quien deberá acreditar tener derecho a recibirlos. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Se hace del conocimiento que la entrega de los citados documentos se efectuará en un horario de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y atendiendo la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo, transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que se le notificó de manera personal el veintiuno de abril pasado, sin que la referida parte procesal hubiera presentado promoción alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, se continúa con la tramitación del juicio de amparo y, únicamente se tiene como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en autos. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. Arlet Karime García Pérez. B.- Tercero(s) interesado(s). No existe. C.- Autoridad(es) responsable(s). Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla. D.- Acto(s) reclamado(s). La omisión de dar contestación al escrito de dos de octubre de dos mil veintidós, misma que se presentó ante la responsable el cuatro de octubre siguiente. Previamente, es oportuno hacer alusión al artículo 8° Constitucional que dispone lo siguiente: "Artículo. 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En relación al derecho de petición que se prevé en el artículo 8 de la Carta Magna, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que dicho derecho es la potestad del individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que estas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. Asimismo -continúa estableciendo la Segunda Sala- el titular del derecho subjetivo público individual de petición es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, salvo en materia política, caso en el que dicho derecho está limitado a los ciudadanos de la República. En tal virtud -razonó- con la excepción apuntada, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir a cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8 constitucional. Ese acuerdo constituye el parecer del órgano estatal sobre la petición formulada, mas no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Además de la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8 constitucional también le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Siendo inconcuso que, para cumplir con esta segunda obligación, se requiere del señalamiento de un domicilio donde la autoridad pueda notificar al gobernado la resolución recaída a la petición que le formuló. Así, este juzgado de Distrito llega a la convicción de que el ejercicio del derecho de petición por parte del particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que se enlistan: a) La petición: la cual debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta a efecto de exigir que se le dé a conocer la misma (siendo una excepción a este derecho aquellas solicitudes de índole política efectuadas por extranjeros); y b) La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con lo solicitado; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver acorde a los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, c) La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, del contenido del disco óptico que adjuntó la responsable, como apoyo a su informe justificado, se advierte: 1. Que mediante oficio SSC/DJ/877/2023, de catorce de abril de dos mil veintitrés, dio contestación al escrito de dos de octubre de dos mil veintidós, que presentó la parte quejosa ante la responsable. 2. Que dicho oficio le fue notificado a la parte quejosa el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, tal y como se advierte de las siguientes imágenes: Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haber contestado y notificado la petición de la quejosa. Sin que en el caso sea procedente analizar la contestación efectuada por la responsable, dado que la quejosa no amplió su demanda de amparo. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con diez minutos del veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente la aparte quejosa. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistido por el Secretario Alejandro Manuel García Tapia que autoriza y además certifica que esta resolución se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Oficio. La autoridad responsable Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Municipal de Puebla, por conducto de quien la representa, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Designa delegados. 3. Adjunta un disco compacto. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado, y se ordena dar vista, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Se resguarda disco compacto. Se ordena resguardo en una mica transparente, en el en los autos, separada y para su mejor manejo y conservación. Ahora bien, a fin de que la parte quejosa pueda imponerse del contenido de la información del disco compacto recibido, se ordena imprimir los archivos que contiene, a fin de que el quejoso se pueda imponerse de su contenido. Vista para ampliar la demanda. Dado que la información del disco compacto enviado autoridad responsable donde se originaron los actos reclamados, pueden advertirse actos de autoridad que guardan estrecha relación con los reclamados en la demanda, con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de 15 días, si es su voluntad, amplíe la demanda de amparo respecto al oficio SSC/DJ/877/2023, de catorce de abril de dos mil veintitrés y autoridad que lo emitió, esto es, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Municipal de Puebla. En caso afirmativo, la parte quejosa deberá cumplir los requisitos previstos en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que de no hacer manifestación al respecto, se tendrá como autoridad responsable y acto reclamado únicamente lo señalado en autos. Sirve de fundamento la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 334, Novena Época, materia Administrativa, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las once horas con diez minutos del veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistido por el Secretario Alejandro Manuel García Tapia que autoriza y además certifica que esta resolución se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, hace del conocimiento el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 2278/2022 de su índice, por medio del cual solicita se remitan los cuadernos incidentales del juicio de amparo 525/2019-V, en razón de que el seis de septiembre de dos mil veintidós, se avoco al conocimiento del mismo. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo Al respecto, remítase las piezas original y duplicado de los cuadernos incidentales al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
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