Arlene Vázquez Cabrera
Expediente 1617/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1617/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Arlene Vázquez Cabrera
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa Arlene Vázquez Cabrera, en contra del auto de cuatro de noviembre del presente año, el que quedó registrado con el toca de recurso de queja penal 343/2019.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito signado por la quejosa ******, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de cuatro de noviembre del presente año, por el que este Juzgado Federal desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee y remítase al Tribunal Colegiado de este Circuito, que por turno y materia corresponda, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que se estiman necesarias para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó el auto que reclama. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. EL PROVEÍDO QUE PRECEDE:Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por ****, por propio derecho, contra actos de Juez de Control y Enjuiciamiento, con adscripción, Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de los Bravo, Álvarez y Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1617/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Respecto a la procedencia del juicio de garantías, los artículos 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107 fracción V interpretado a contrario sensu, que establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se establece lo siguiente: El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Esa ley no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación, para lo cual la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: La número P.L.VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Sin embargo, con la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio sea de imposible reparación, el cual ya se transcribió con antelación. De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía el criterio ya mencionado. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de fecha 20 de octubre del presente año, dictada en la carpeta número 185/2019, por el Titular del Juzgado de Control y Enjuiciamiento, con adscripción, jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de los Bravo, Álvarez y Guerrero, LIC. CELSO UBALDO DE LA SANCHA, en la cual revocó o no aprobó, la designación que realicé como mis defensores, PEDRO RAMÍREZ MILLÁN Y JOSÉ RAMÍREZ VILLALVA, en la continuación de la audiencia inicial y vinculación del proceso a que se hace referencia (sic.). De lo que se advierte que el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Entonces, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación, los cuales son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, que están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. En esas condiciones, el auto de veinte de octubre del presente año, consistente en la revocación o no aprobación por parte de la autoridad responsable para que los defensores particulares Pedro Ramírez Millán y José Ramírez Villalva, designados por la aquí quejosa llevarán a cabo su defensa y en su lugar se le asignó un defensor público para la continuación de la audiencia inicial, acto que este juzgador federal considera que no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente puede afectar derechos adjetivos, pues si se dictara una resolución favorable para la aquí quejosa, dicha violación no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues no se afectaría la garantía de defensa adecuada que se estima conculcada, prevista en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Federal, y si el fallo le fuera desfavorable puede ser reclamado junto con el auto de vinculación a proceso a través de la instancia correspondiente. Se dice lo anterior, porque dicho acuerdo reclamado no incide en derechos sustantivos de la quejosa, porque como ella misma afirma contó con un defensor público lo que no limita de momento sus posibilidades de defensa en juicio. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107 fracción V interpretado a contrario sensu, a desechar la demanda planteada por su notoria improcedencia. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 , de la Ley de Amparo, a ****, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Notifíquese personalmente.
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