Arlene Gómez Calderón

Expediente 290/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
290/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • Arlene Gómez Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se tiene que ha causado estado el auto que tuvo por no presentada la demanda; en consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de trece de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de doce de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de tres días otorgado a la quejosa Arlene Gómez Calderón, por acuerdo de veintiocho de abril del año en curso, para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a efecto de reconocer la firma que calza el escrito presentado el veintiséis de abril pasado, transcurrió del nueve al once de mayo de este año, sin que hubiese comparecido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no presentado el escrito de referencia. Por otra parte, atento a lo expuesto en la certificación de cuenta, también se advierte que feneció el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa por diverso acuerdo de quince de abril de esta anualidad, a fin de que cumpliera con la prevención ahí impuesta, pues aun cuando pretendió satisfacer la misma a través del escrito presentado el veintiséis de abril pasado, la realidad es que, al tenor de lo expuesto en el párrafo que antecede, dicho ocurso se tuvo por no presentado; de lo que se sigue que la parte quejosa no desahogó la prevención de que fue objeto. Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de abril de esta anualidad y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Arlene Gómez Calderón.

  3. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintinueve de abril de dos mil dieciséis recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiocho de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, aparentemente signado por la quejosa Arlene Gómez Calderón, mediante el cual pretende cumplir con la prevención impuesta por auto de quince de abril del año en curso (foja 6 a 9). Sin embargo, se advierte que la firma que aparece en el referido ocurso, existe notoria discrepancia con la que calza el escrito inicial de demanda (foja 5), así como con la que aparece en el escrito que anexa al ocurso que nos ocupa, de modo que impide atender por el momento su petición original. En consecuencia, comisiónese al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en el domicilio que la quejosa señaló para oír y recibir notificaciones y le requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, previa identificación, a ratificar el escrito de mérito, advirtiéndole que quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial incurren en los delitos previstos en el capítulo III del título Quinto de la Ley de Amparo; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta, y se acordará lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 202 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas."

  4. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de dieciocho de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta, Arlene Gómez Calderón solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad de Chetumal; regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 290/2016. En primer término, debe destacarse el contenido del numeral 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.].". Toda vez que el artículo 112 de la ley de la materia impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. Ahora, la parte promovente señala como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO. a).- De la autoridad señalada ordenadora: (por actos de misión) (sic) reclamo la dilación excesiva de la entrada y en su caso la resolución que pido en mi escrito de fecha 28 de enero de 2016, y depositado ante la oficialía de partes de la responsable el 3 de febrero de 2016, en el que pido el inicio del procedimiento y dentro del cual demando la responsabilidad y en su caso la sanción que corresponda al C. Presidente de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Playa del Carmen, Q. Roo. b).- De igual forma reclamo; en el caso de haberse dictado la admisión del incidente ya, la falta de la orden de notificarme personalmente de radicación de este, ya que su falta demuestra una violación procesal, pues no se me da la oportunidad de comparecer para hacer valer mis derecho lo que demuestra un acto violatorio y me priva de mi derecho a ser oído y vencido en juicio.". De la transcripción que antecede, se advierte que reclama: En el inciso a), por una parte, de una dilación excesiva de la entrada y por otra, la resolución que pide en su escrito de veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, en el cual demanda la responsabilidad y en su caso la sanción al Presidente de la H. Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo. En el inciso b) reclama la admisión de un incidente, falta de notificación y radicación de este, sin precisar la fecha o ante que autoridad se promovió o si se refiere al mismo escrito de veintiocho de enero de dos mil dieciséis o uno diverso. Sin embargo, aun cuando la quejosa señala los actos que reclama de la autoridad responsable H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chetumal con residencia en esta ciudad, de la lectura integral de su demanda de amparo podría interpretarse que los actos reclamados precisados con los incisos a) y b) son consecuencia de la falta de contestar su solicitud inicial, presentada ante la oficialía de partes de la responsable el tres de febrero de dos mil dieciséis, pues en ellos se describe el procedimiento que, a decir de la parte quejosa, debe ceñirse la solicitud de responsabilidad y sanción que corresponda al Presidente de la H. Junta Especial de Playa del Carmen, Quintana Roo. Motivo por el cual, esa circunstancia se traduciría en una negativa de la autoridad responsable ante quien se presentó dicha solicitud para iniciar el procedimiento de responsabilidad y sanción del Presidente de la Junta Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, especificado, ya que la omisión de dar contestación al escrito inicial obstaculiza la realización de los diversos actos que reclama impidiendo la prosecución del procedimiento respectivo. Así pues, este órgano de control constitucional interpreta que el acto destacado en la presente vía se hace consistir, precisamente, en la omisión de Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Chetumal, de iniciar el procedimiento peticionado en la solicitud presentada el tres de febrero de dos mil dieciséis, por lo cual causa duda a este órgano jurisdiccional si existen actos posteriores a la solicitud inicial que el promovente desee reclamar en la presente instancia constitucional. De ahí que, por tales motivos, resulte necesario imponer las siguientes: Prevenciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, así como 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: PRIMERO. Aclare el acto que reclama de la autoridad que señala como responsable, toda vez que en el apartado relativo a su demanda, por una parte se duele de una dilación excesiva (actos de omisión) y por otra, la omisión de dictar resolución pedido en su escrito de veintiocho de enero de dos mil dieciséis y en una última parte, afirma en dicho escrito, solicitó inicio de procedimiento de responsabilidad. SEGUNDO. En inmediata relación con lo anterior; esto es, una vez que haya limitado el acto, aclare si se duele de la falta de notificación, de la resolución que dice pidió en escrito de veintiocho de enero de dos mil dieciséis debiendo precisar de qué resolución se trata o la solicitud de inicio de procedimiento de responsabilidad. TERCERO. También deberá narrar sucintamente los antecedentes del acto de autoridad que reclama. CUARTO. Deberá exhibir, además, copias suficientes del escrito aclaratorio. Lo anterior porque para efectos del estudio de un acto de autoridad, desde la óptica constitucional, se debe partir de un acto en concreto (delimitación del acto), sobre el que además, debe narrarse los precedentes de que parte o nace ese acto, por ello, como el caso, al no precisarse en concreto el acto u omisión de que se duele al quejosa, jurídicamente limita al órgano a su estudio, pues al no haber tema en concreto (acto reclamado), no puede integrarse la litis constitucional. Además, la delimitación del acto obedece en principio a que, sobre esa base ha de pronunciarse la autoridad a quien se le atribuye el acto. En el particular, la quejosa imprecisa el acto de que se duele, puesto que en primer término, reclama un acto negativo de dilación excesiva, sin especificar sobre que objeto ha caído esa dilación; en segundo lugar se duele de una resolución que solicitó en escrito veintiocho de enero de dos mil dieciséis y en un tercer punto, el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Pero además de ello, también refiere que para el caso que ya se halle admitido un incidente (sin precisar cual o de que se trata) también se señala como acto su falta de notificación. Como puede observarse, lo concerniente al acto, no hay fijación, y por ende, no colma a juicio de este tribunal la exigencia prevista en el arábigo 107 de la Ley de Amparo. Luego, lejos de narrar en los antecedentes los hechos que dieron origen al acto, expone situaciones o hechos ajenos a los que pretende litigar, de manera que, no existe coherencia entre sus actos y sus antecedentes, dato este último que es menester, porque es justamente donde este tribunal ha de partir para declarar la procedencia o no de la acción constitucional. Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a lo prevenido, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, ello de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del ordenamiento en cita. Además, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o, bien, por conducto de su representante legal, y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de su autorizado, en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.05/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique Ángel Tapia Villa, Olga Cecilia Barranco Escudero y Francisco Javier de la Cruz Gómez, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación.

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