Arle Pérez Pérez

Expediente 1517/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1517/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Arle Pérez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de siete de abril de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable presentó recurso de revisión.Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Exhorto. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio enviado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa; mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 414/2022 -origen 337/2022- del índice de este Juzgado. Innecesario acuse de recibo. Resulta innecesario enviar el acuse de recibo correspondiente, dado que la comunicación oficial de que se trata, se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el propio sistema expide el comprobante de su remisión. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Razón actuarial. Ahora, vista la razón actuarial de veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós, contenida en la comunicación oficial de cuenta, de la que se desprende que la directa quejosa (1) ***********; y se encuentra detenida en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en Villahermosa, Tabasco. Competencia. En consecuencia al estarse ejecutando los actos reclamados en la ciudad de Tabasco, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el juicio de amparo en estudio. Para avalar esta postura, conviene tener presente lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el diverso numeral 48 de la ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Por consiguiente, a fin de establecer la competencia por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y, finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios resulta aplicable para resolver ese tipo de tema de índole competencial. En el caso, al verificar la naturaleza del acto reclamado en esta vía, los consistes en orden de deportación, expulsión, repatriación e incomunicación por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, entre otros; y, al advertirse, de las constancias que integran el presente asunto, que la quejosa se encuentra detenida en Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Por tanto, resulta claro que, en el caso, no se surte la competencia de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para conocer del juicio de amparo que se trata, puesto que si se toma en consideración que la directa quejosa se encuentra detenida en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en Villahermosa, Tabasco, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada con anterioridad, por ende, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario de referencia, que en el caso lo es, el Juzgado de Distrito en Estado de Tabasco, en turno, con residencia en Villahermosa. En esta tesitura, dado que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, carece legalmente de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, razón por la cual, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, con residencia en Villahermosa. Apoya a la anterior consideración, la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." (Novena Época. Registro: 178232. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Junio de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 48/2005. Página: 5) "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." (Novena Época. Registro: 178232. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Junio de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 48/2005. Página: 5) "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." (Época: Décima Época. Registro: 2006160. Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 11 de abril de 2014 10:09 h. Materia(s): (Común).Tesis: 1a./J. 14/2014) En apoyo a lo anterior, se invoca la siguiente tesis, cuyo rubro y contenido son el siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." (Época: Décima Época; Registro: 2012019; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 32, Julio de 2016, Tomo III; Materia(s): Común; Tesis: II.2o.P.16 K (10a.); Página: 2093. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco en turno, con residencia en Villahermosa, a fin de que manifieste si acepta la competencia declinada. Acuse. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes que quede en sustitución del original. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Oficio. Finalmente, glósese a los presentes autos el oficio remitido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en Villahermosa, en atención a los oficios 31679/2022 y 31680/2022; y en atención al contenido del mismo, se provee lo siguiente: Acatamiento a suspensión de plano. Téngase a la autoridad oficiante informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo; de lo anterior, este órgano jurisdiccional toma debido conocimiento para todos los fines legales consiguientes. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en los informes de referencia. Delegados. Conforme con el artículo 9 de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en los informes con justificación de referencia, así como a las diversas personas para los efectos que se indican. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales, el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a la Sucesión a Bienes de José ****************, y en atención a las mismas, se acuerda lo siguiente: Requerimiento. Atento a lo anterior, requiérase al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad Morelos, Baja California, informe el avance en la designación de Albacea Interventor dentro del expediente 435/2018, en que se tramita el juicio sucesorio a bienes de (a) ***********. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 236, fracción I, en relación con el artículo 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Recurso integrado. Visto el estado de autos, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas de la resolución dictada en autos, así como del proveído de siete de julio del presente año, mediante el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa; en consecuencia, como está ordenado en dicho proveído y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito. Notifíquese.

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