Arjidio López Cruz y Otros.

Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
649/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Arjidio López Cruz y Otros.
  • Abel Avenamar Arévalo Santiago y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta, signado por la Jefe de Administración Postal, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención a lo requerido en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, remite copia certificada de la hoja de control de acuses, de la cual se advierte que los diversos 3848, 3849, 3850 y 3851, fueron recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado; al efecto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, y téngase al promovente cumpliendo con el requerimiento. Se deja sin efectos el apercibimiento decretado mediante el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En ese sentido, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso b), del artículo 18, Capitulo Séptimo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; por lo que en su momento sólo quedarán para su conservación los documentos precisados en el penúltimo párrafo del citado numeral y, se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 18, capítulo Séptimo, 29, del capítulo Décimo y 35, del capítulo Décimo Tercero, todos del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto, el escrito de demanda promovida en línea por Abel Avenamar Arévalo Santiago, Adrián Alexander Olan Rodríguez, Alejandro Pech Jiménez, Alfredo Girón Solís, Arjidio López Cruz, Armando Cerda Alvarado, Conrado Gómez Méndez, Cristóbal Domínguez Ramírez, Guillermo Gutiérrez Cañas, Iturbide García Salvador, Jarvin Solís Madrazo, Jazmín Lizbeth Hernández Padilla, Juan Pablo Alvarado Camacho, Marcolfa Zacarías Guzmán, María Antonia Gómez Astudillo, Mariano Moreno López, Max Edgar Castañeda Ocaña, Miguel Ángel García López, Nicolás Díaz Montejo, Norma Pérez Díaz, Rosa López Montejo, Elisa De Jesús Arcos, Jorge Alejandro Domínguez Ramírez, Lucia López Pérez, Mirna García Gutiérrez, Pedro Carrera Filio, Rafael De Jesús Madrazo Méndez, Rosa Salvador Gutiérrez, Rosalinda Jiménez López y Elena Pascual Ramírez,, por conducto de Sergio Augusto Ramos Liévano quien se ostenta como su autorizado, contra actos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 469/2020-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Dicho lo anterior, este órgano de control constitucional, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De los preceptos insertos, se desprende uno de los principios rectores del juicio de amparo: iniciativa o instancia de parte. El principio fundamental de iniciativa o instancia de parte, consiste básicamente en que para que se tramite un juicio de amparo, la persona que estime agravio en su esfera jurídica, debe ejercitarlo; pues el juicio constitucional jamás puede operar de manera oficiosa, debiendo ser siempre necesario que lo promueva alguien. Por lo que para su procedencia, debe quedar plenamente demostrado, sin excepción alguna, la voluntad de quien comparece en su calidad de quejoso. Similar criterio se adoptó en la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." De lo anterior, se obtiene medularmente que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo los quejosos (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por otra parte, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, conjuntamente con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En relación a las bases y términos en que las partes dentro de un juicio de amparo pueden acceder electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada a las Oficinas de Correspondencia común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados para presentar demandas, entre otras cuestiones, en el Acuerdo General 1/2015 se dispuso que debe ser través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo estrictamente necesario e indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad correspondiente y se registren en el sistema conforme a los requisitos establecidos en el numeral 64 del citado Acuerdo, cuyo registro que es de carácter personal -en ningún caso puede hacerlo a nombre de otra persona- y no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que no se tenga interés, pues para ello es necesario que así lo soliciten ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio o los recursos respectivos. Por lo que, resulta evidente que de conformidad al acuerdo general conjunto mencionado para que surta efectos la promoción de la demanda de amparo vía electrónica, es requisito indispensable que ésta cuente con la firma electrónica de quien le causa el agravio directo el acto reclamado, esto es, la parte quejosa. Atento lo anterior, del análisis de la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por Sergio Augusto Ramos Liévano, quien se ostenta como asesor jurídico de los quejosos Abel Avenamar Arévalo Santiago, Adrián Alexander Olan Rodríguez, Alejandro Pech Jiménez, Alfredo Girón Solís, Arjidio López Cruz, Armando Cerda Alvarado, Conrado Gómez Méndez, Cristóbal Domínguez Ramírez, Guillermo Gutiérrez Cañas, Iturbide García Salvador, Jarvin Solís Madrazo, Jazmín Lizbeth Hernández Padilla, Juan Pablo Alvarado Camacho, Marcolfa Zacarías Guzmán, María Antonia Gómez Astudillo, Mariano Moreno López, Max Edgar Castañeda Ocaña, Miguel Ángel García López, Nicolás Díaz Montejo, Norma Pérez Díaz, Rosa López Montejo, Elisa De Jesús Arcos, Jorge Alejandro Domínguez Ramírez, Lucia López Pérez, Mirna García Gutiérrez, Pedro Carrera Filio, Rafael De Jesús Madrazo Méndez, Rosa Salvador Gutiérrez, Rosalinda Jiménez López y Elena Pascual Ramírez, se desprende que carece de evidencia criptográfica de estos últimos, que hace las veces de firma manuscrita para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, razón por la que se considera que no existe voluntad de los directos quejosos para la promoción de esta instancia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así como la diversa jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Además, en el presente caso no se está en presencia del supuesto de excepción que prevé el Acuerdo General Conjunto mencionado, en el artículo 11, a saber: "Artículo 11. Toda persona podrá promover demanda de amparo, sin necesidad del uso de la FIREL, en cualquier día y hora, en términos de lo previsto en los artículos 3o., párrafo último, 15, 20 y 109, párrafo último, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá acceder al vínculo del CJF en el SEPJF". Se dice lo anterior, pues lo que se reclama en la demanda, es esencialmente: "ACTO RECLAMADO. La omisión de expedir cheque y hacer entrega del recurso embargado el día 22 veintidós de noviembre de 2019 dos mil diecinueve de la cual se encuentra depositado ante el Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas a los hoy quejosos". De ahí que al no tratarse de los casos de excepción que maneja el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, pues de lo que se duele son de las omisiones del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas; más no así los actos previstos por los artículos 15, 20 y 109, párrafo último, de la Ley de Amparo, esto es, cuando los actos reclamados importen el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; circunstancia que no aplica en el presente asunto, pues la demanda de amparo planteada no se ubica en los supuestos descritos, para que un momento dado se requiriera la ratificación correspondiente, en caso de actuar en nombre de otro; por lo que la promovente debió cumplir con el requisito de anexar su firma electrónica (FIREL) y acreditar la personalidad con la que se ostenta. Por tanto, el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos y que fueron descritos con antelación; de ahí que se pone en evidencia que la demanda de amparo debe contar con la firma autógrafa o electrónica del quejoso; lo que en la especie no acontece, pues como se dijo, quien firma la demanda de forma electrónica, es quien aduce ser su asesor jurídico. Así pues, la omisión de una de las formalidades de la demanda por parte de la quejosa no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo, pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En ese sentido, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, 5 y 6, de la Ley de Amparo y 107 Fracción I de la Constitución Mexicana, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que se analiza, al no advertirse la firma original o electrónica de los directos promoventes del libelo constitucional Abel Avenamar Arévalo Santiago, Adrián Alexander Olan Rodríguez, Alejandro Pech Jiménez, Alfredo Girón Solís, Arjidio López Cruz, Armando Cerda Alvarado, Conrado Gómez Méndez, Cristóbal Domínguez Ramírez, Guillermo Gutiérrez Cañas, Iturbide García Salvador, Jarvin Solís Madrazo, Jazmín Lizbeth Hernández Padilla, Juan Pablo Alvarado Camacho, Marcolfa Zacarías Guzmán, María Antonia Gómez Astudillo, Mariano Moreno López, Max Edgar Castañeda Ocaña, Miguel Ángel García López, Nicolás Díaz Montejo, Norma Pérez Díaz, Rosa López Montejo, Elisa De Jesús Arcos, Jorge Alejandro Domínguez Ramírez, Lucia López Pérez, Mirna García Gutiérrez, Pedro Carrera Filio, Rafael De Jesús Madrazo Méndez, Rosa Salvador Gutiérrez, Rosalinda Jiménez López y Elena Pascual Ramírez,. . Por las razones contenidas, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 19, Volumen 42, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. El primer párrafo de la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al presidente del más Alto Tribunal a desechar o admitir la demanda de amparo, en virtud de que esa norma legal le atribuye la facultad de: "tramitar todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta ponerlos en estado de resolución...", facultad que igualmente le conceden los artículos 177 y 179 de la Ley de Amparo, dentro de la que está comprendida la de examinar si la demanda de amparo está calzada con la firma del promovente, formalidad indispensable para que pueda ponerse, el asunto que motiva la demanda de garantías, en estado de resolución, por ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo." Con fundamente en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Abel Avenamar Arévalo Santiago. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en la demanda de amparo, asimismo, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, a las personas que cita, por no encontrarse registrado con cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual manera, al advertir de la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "LICSERGIORAMOS"; en tal virtud, con fundamento en los numerales 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado, para que realicen las notificaciones del presente expediente por vía electrónica al usuario "LICSERGIORAMOS". Por otra parte, como lo solicitan los quejosos, se le hace del conocimiento que podrán hacer uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser; siempre y cuando, el medio que se utilice no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este órgano jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este órgano de Control Constitucional no está facultado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso puede dañar el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por las razones que expone, resulta aplicable en la especie, la Tesis, del rubro y tenor siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos." Asimismo, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes, que las pruebas y alegatos pueden presentarse por escrito por medio del Portal de Servicios en Línea con uso de Firel; asimismo, solamente podrán hacer alegatos en forma verbal tratándose de los supuestos previstos en el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional es pública, en caso que alguna de ellas requiera estar presente durante su celebración, deberá informarlo por escrito a este órgano de control constitucional con la oportunidad debida, para que se realicen las gestiones pertinentes y hacer uso de las herramientas que permitan su desahogo mediante videoconferencia, conforme a lo previsto en el artículo 28, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; o bien, se agende la cita que permita el ingreso de las partes al juzgado, conforme a lo previsto en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre el presente juicio; necesidad de agendar citas para presentarse al Juzgado de Distrito; y, recepción de promociones. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito. Solamente se permitirá el acceso a las partes a este Juzgado, previa cita. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, encontrarán el micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y desahogar comparecencias o requerimientos. Asimismo, se ponen a disposición de las partes los teléfonos (961) 2635840 y (961) 6170207, extensión 1241 -en horario de lunes a viernes de 9:15 a 14:15 horas-; así como el correo electrónico jose.serrano.melendez@correo.cjf.gob.mx, que corresponde al secretario encargado del presente asunto, para solicitar información al respecto. Para la presentación de promociones relacionadas con el presente juicio, se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común (OPC), que se ubica en la entrada del edificio sede, con un horario de 9:00 a 14:00 horas. La Oficina de Correspondencia Común (OCC), recibirá promociones de término relacionadas con el presente asunto, fuera del horario de funciones de la OPC, hasta las 20:00 horas. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, "en línea"; y habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el registro de su usuario, contraseña y firma electrónica. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/juicioenlinea, podrán encontrar información, tutoriales y soporte técnico vía telefónica o por correo electrónico, para solicitar su firma electrónica, presentación de promociones, consulta del expediente electrónico, consulta de notificaciones electrónicas, entre otras cuestiones. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales correspondientes, practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, se ordena a los actuarios adscritos que en caso de que la autoridad aún no reanuda sus actividades, deberán resguardar los oficios dirigidos a la misma y entregarlos el día que ésta reanude sus labores. Asimismo, en términos del artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, se solicita a los actuarios adscritos: Deberán privilegiar la entrega de oficios vía correo electrónico, solicitando el acuse respectivo. Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Atendiendo las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al actuario judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya al domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.

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