Arizbeth Zamudio Castro
Expediente 13/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arizbeth Zamudio Castro
Actuaciones
- Principal
.. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de once de enero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido.... Notifíquese vía electrónica...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zona Norte del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 13/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De la interpretación de esas normas se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral citado y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, contempladas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en el mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: A. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. B. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. C. Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, D. Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, visible en la página 1089 del rubro y texto con registro digital 161133 siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la especie, de un análisis integral de la demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que destaca como acto reclamado lo siguiente: "La obligación desarrollar mis tareas laborales cuando me corresponde un permiso especial por COVID 19 en violación de mi derecho a la salud y la vida al pertenecer a grupo vulnerable a COVID 19 y asimismo mi hijo no nato, lo que me coloca dentro del grupo vulnerable de mujeres embarazadas y a mi hijo no nato lo coloca en riesgo especial hasta de posible aborto espontáneo, lo que me coloca en altísimo riesgo de muerte por comorbilidad y con mayor razón a mi hijo no nato, por lo cual un contagio sería fatal en mi caso y mucho más para mi hijo no nato para el cual existe riesgo de muerte o incluso hasta en el mejor de los casos de secuelas graves e imprevisibles". De esa manera, para fijar con precisión si, en el caso, se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, es indispensable analizar su naturaleza jurídica. El contenido de la demanda de amparo arroja lo siguiente: Que ********************, tiene el carácter de trabajadora en el Departamento de Trabajo Social del HGZMF63 de José Cardel, Veracruz, como Asistente Medica 36, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de matrícula 98317596. Que por esas razones, solicitaba el amparo y la protección de la justicia federal ante la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de suspender sus labores en aplicación de las medidas establecidas por el Consejo de Salubridad General emitida el treinta de marzo del año dos mil veinte, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por pertenecer a los grupos de personas de riesgo por padecer diabetes, y enfermedad pulmonar y de igual manera lo ordenan las publicaciones de la OMS, la OPS, el semáforo epidemiológico y todas las demás normativas nacionales e internacionales y lo refrenda el acuerdo de treinta de julio; así como en el Acuerdo General por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). De lo previamente dicho, para efectos de justificar que el juicio de amparo es improcedente, es preponderante señalar que la quejosa en su demanda de amparo expresamente mencionó que es trabajadora en el Departamento de Trabajo Social del HGZMF36 de José Cardel, Veracruz, como Asistente Medica 36, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de matrícula 98317596, y que solicitaba la suspensión de labores, dicho con otras palabras, la omisión que reclama la hace depender de la relación obrero patronal que guarda con el Instituto Mexicano del Seguro Social de José Cardel, Veracruz. En ese contexto, no puede considerarse que se está frente a un acto de autoridad, pues no se cumplen los requisitos que han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es así, ya que la omisión atribuida a integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social de Lerdo de Tejeda Veracruz, no se dio en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que dichos órganos se erigen como patrón frente a su empleada -en este caso ********************-, ello partiendo de la confesión señalada en el libelo de derechos fundamentales, y cuyo contexto no da lugar a duda que para rebatir la existencia de un vínculo laboral. De ahí que, a la omisión reclamada no le revista el carácter de acto de autoridad y por ende, no sea susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que su omisión no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que corresponde a los tribunales del trabajo competentes dirimir esa controversia. Sin que se soslaye que los lineamientos decretados por las autoridades competentes en materia de salud de nuestro país son de aplicación estricta; no obstante, no puede ignorarse que ******************** pretende que le sean aplicadas dichas normas con motivo del vínculo laboral que guarda con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que a su vez, se rige por la normatividad laboral burocrática. Se sostiene lo anterior, porque, como se anotó, se considera como autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Hipótesis que no se actualiza en el caso, en razón de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la quejosa señaló como autoridad responsable, se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquél actúa como particular, esto, en su calidad de patrón equiparado, no como autoridad investida de imperio frente al solicitante del amparo. Ello, atendiendo a que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En virtud de lo expuesto, con base en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, la omisión reclamada no comparte la naturaleza jurídica de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se está en un plano de supra a subordinación sino de coordinación, dado que la omisión de aplicar las medidas de salubridad a su favor, se efectúa en su relación de patrón a trabajador y no en un plano de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, conflicto que debe dirimirse ante los tribunales ordinarios que conocen de conflictos laborales burocráticos y no en la instancia constitucional, al ser ante la potestad común en donde ******************** puede ocurrir en reclamo del examen de legalidad de la omisión reclamada y las consecuencias que hace valer, de acuerdo con las leyes laborales aplicables. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, libro 29, abril de 2016, tomo III, visible en la página 1956, con registro digital 2011343, de título, subtítulo y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De igual manera, se estima aplicable por analogía la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, libro 29, abril de 2016, tomo III, visible en la página 1956, con registro digital 2011298, de título, subtítulo y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Resta indicar que no se desconoce el contenido de la Jurisprudencia 2ª./J.54/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Empero, como ya se señaló, el acto reclamado es de naturaleza eminentemente laboral y no fue emitido por una autoridad, en términos de la Ley de Amparo, ni por un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Por lo que si bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada en el párrafo que antecede, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, debido a que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional, es de señalar que tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, dado que dicha determinación no podría modificarse con los elementos que aportaran las partes en el procedimiento; aunado a que el propio numeral 113 de la Ley de Amparo, autoriza al juez constitucional para que deseche la demanda de amparo, cuando -como en el caso- exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior encuentra apoyo por identidad jurídica en las consideraciones que derivan de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.2/2017 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de enero de 2017 a las 10:28 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 608, con registro digital 2013538, de título, subtítulo y texto: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular". Al respecto, este juzgador comparte el criterio sustentado en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo II, Plenos de Circuito, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2007580, con título, subtítulo y texto que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Cabe aclarar que las anteriores consideraciones no implican una denegación de justicia en perjuicio del quejoso; pues atento al hecho de que los actos que reclama derivan de una relación laboral, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente, como se ha insistido en este acuerdo. Por lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. (Apoya la anterior determinación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, residente en Xalapa, Veracruz, al resolver el recurso de queja de trabajo 128/2020, interpuesto por las autoridades responsables 1. Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Veracruz Norte, 2. Director Médico; y 3. Jefe del Departamento de Personal, los dos últimos del Hospital General de Zona Número 36, todos a través de su apoderado y representante legal, contra el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se admitió la demanda de amparo promovida por ********************). AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por encontrarse registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz. De conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al letrado de referencia la consulta del expediente electrónico vía internet, con nombre usuario cax670603hnemxb02 por lo que, se instruye a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitarla para que pueda acceder y consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, como lo solicita, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar a la promovente, para que se le notifique vía electrónica de los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, señalando como clave de usuario cax670603hnemxb02; en consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada Asimismo, téngasele señalando el correo electrónico y número de teléfono que indica; en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables; por lo que se le tiene como medio de contacto el correo electrónico y número de teléfono proporcionados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese el contenido del presente acuerdo vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Juez Marisol Barajas Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud público derivados del virus Covid-19, en relación con la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Arizbeth Zamudio Castro, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zona Norte del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 13/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo... De la interpretación de esas normas se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral citado y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, contempladas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en el mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. . En la especie, de un análisis integral de la demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que destaca como acto reclamado lo siguiente: . La obligación desarrollar mis tareas laborales cuando me corresponde un permiso especial por COVID 19 en violación de mi derecho a la salud y la vida al pertenecer a grupo vulnerable a COVID 19 y asimismo mi hijo no nato, lo que me coloca dentro del grupo vulnerable de mujeres embarazadas y a mi hijo no nato lo coloca en riesgo especial hasta de posible aborto espontáneo, lo que me coloca en altísimo riesgo de muerte por comorbilidad y con mayor razón a mi hijo no nato, por lo cual un contagio sería fatal en mi caso y mucho más para mi hijo no nato para el cual existe riesgo de muerte o incluso hasta en el mejor de los casos de secuelas graves e imprevisibles.. De esa manera, para fijar con precisión si, en el caso, se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, es indispensable analizar su naturaleza jurídica. . para efectos de justificar que el juicio de amparo es improcedente, es preponderante señalar que la quejosa en su demanda de amparo expresamente mencionó que es trabajadora en el Departamento de Trabajo Social del HGZMF36 de José Cardel, Veracruz, como Asistente Medica 36, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de matrícula 98317596, y que solicitaba la suspensión de labores, dicho con otras palabras, la omisión que reclama la hace depender de la relación obrero patronal que guarda con el Instituto Mexicano del Seguro Social de José Cardel, Veracruz. En ese contexto, no puede considerarse que se está frente a un acto de autoridad, pues no se cumplen los requisitos que han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es así, ya que la omisión atribuida a integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social de Lerdo de Tejeda Veracruz, no se dio en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que dichos órganos se erigen como patrón frente a su empleada -en este caso ARIZBETH ZAMUDIO CASTRO-, ello partiendo de la confesión señalada en el libelo de derechos fundamentales, y cuyo contexto no da lugar a duda que para rebatir la existencia de un vínculo laboral. De ahí que, a la omisión reclamada no le revista el carácter de acto de autoridad y por ende, no sea susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que su omisión no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que corresponde a los tribunales del trabajo competentes dirimir esa controversia. Sin que se soslaye que los lineamientos decretados por las autoridades competentes en materia de salud de nuestro país son de aplicación estricta; no obstante, no puede ignorarse que ARIZBETH ZAMUDIO CASTRO pretende que le sean aplicadas dichas normas con motivo del vínculo laboral que guarda con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que a su vez, se rige por la normatividad laboral burocrática. Se sostiene lo anterior, porque, como se anotó, se considera como autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Hipótesis que no se actualiza en el caso, en razón de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la quejosa señaló como autoridad responsable, se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquél actúa como particular, esto, en su calidad de patrón equiparado, no como autoridad investida de imperio frente al solicitante del amparo. Ello, atendiendo a que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En virtud de lo expuesto.. la omisión reclamada no comparte la naturaleza jurídica de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se está en un plano de supra a subordinación sino de coordinación... . . Cabe aclarar que las anteriores consideraciones no implican una denegación de justicia en perjuicio del quejoso; pues atento al hecho de que los actos que reclama derivan de una relación laboral, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente, como se ha insistido en este acuerdo. Por lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia... Notifíquese el contenido del presente acuerdo vía electrónica a la parte quejosa...
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