Arizbeth García Galarza
Expediente 1009/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arizbeth García Galarza
- Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversos tomos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 1009/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1009/2021, promovido por ... contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, otorgándole intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes justificados y se señaló parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que la representante social no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 1160/2021, del índice de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, donde confirmó la interlocutoria que resolvió el incidente de cumplimiento de convenio derivado del juicio de divorcio sin causa ..., radicado ante el Juzgado Décimo Primero Familiar de esta Ciudad, en la cual se condenó a las partes al cumplimiento del convenio celebrado, asimismo requirió al demandado incidentista para que se abstuviera de practicar cualquier acto religioso o de adivinación de sus menores hijos; bajo apercibimiento de multa en caso de no acatar lo resuelto. Su ejecución. TERCERO. Existencia. La Sala responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte el a quo no aceptó ni negó los actos que se le atribuyen; sin embargo, en su carácter de ejecutora, está en posibilidad de materializar la ejecución de aquello sobre lo cual la Sala responsable ordenadora se condujo en sentido afirmativo; por esto, se tiene por cierto. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.". CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia y la jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, el juicio de amparo es improcedente por extemporaneidad en su presentación, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo en cita establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando el quejoso es parte en el juicio, deberá situársele en el primer supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. En el particular, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para su presentación se computa a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; ello es así, puesto que la parte quejosa es la actora incidentista en el proceso de origen y se advierte, de las constancias previamente valoradas, ha comparecido a defender sus derechos. Dicho lo anterior, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el accionante de amparo, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme el criterio contenido en la jurisprudencia 5, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 393961, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en el que el particular tuvo conocimiento directo de lo que pretende combatir, pues, de lo contrario, se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, específicamente del acto reclamado, se advierten los sellos de publicación, donde se aprecia que desde el seis de octubre de dos mil veintiuno, surtió efectos la notificación respectiva, y por ende la parte quejosa es formalmente sabedora de la existencia de la resolución reclamada. Apoya lo anterior la tesis I.9o.C.132 C, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de enero de 2006, página 2420, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES POR BOLETÍN JUDICIAL, NO LA SUSTITUYE LA RAZÓN DE RECEPCIÓN DE COPIAS DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADA. La notificación de una resolución determinada dictada en un juicio del orden civil por medio de boletín judicial, implica necesariamente el medio de conocimiento de existencia de la misma, pues se trata de la publicación oficial en un diario de los datos de los asuntos en los que exista una resolución judicial sin que se dé a conocer su contenido a las partes, circunstancia que les obliga a comparecer al tribunal relativo a imponerse de ese contenido bien sea mediante la consulta directa del expediente o por la obtención de copias de la resolución; de ahí que la comparecencia de los interesados por sí mismos, o por medio de sus representantes legales o autorizados, una vez realizada la publicación de referencia, a consultar el expediente o recibir copias de la resolución correspondiente, no constituye el medio legal para notificar legalmente a las partes la existencia de una resolución en el proceso correspondiente, dado que esa conducta únicamente constituye el modo o forma de imponerse del contenido de la resolución notificada en el diario aludido; así, la razón asentada en los autos sobre la recepción de copias de la resolución el mismo día de su publicación en el Boletín Judicial, aun cuando implique el conocimiento del contenido de aquélla, no constituye una notificación personal de la multirreferida resolución, porque sólo obedeció al fin perseguido con la divulgación en el diario mencionado, o sea, enterar a las partes de su existencia." Para computar el plazo previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, es necesario descontar los días inhábiles correspondientes, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, así como correspondientes al Juzgado de origen -de donde deriva el acto reclamado-. Orienta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 86-2, febrero de 1995, página 11, registro digital 205395, Octava Época, que dice: "DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES. Una correcta interpretación de los artículos 21 y 23 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que del plazo para interponer la demanda respectiva, deben excluirse los días que expresamente se encuentran consignados como inhábiles en la citada ley, aun cuando hayan sido laborables para las autoridades responsables ante quienes deba hacerse la promoción, puesto que dichas disposiciones provienen de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que por ser la especializada en la materia es de observancia obligatoria para el trámite del juicio de amparo; lo cual no impide que en concordancia con el contenido de los diversos artículos 24 y 26 de la misma legislación, deban además excluirse de dicho término los días que aunque contemplados como hábiles por el citado artículo 23, hubiesen suspendido las labores el juzgado o tribunal en el que deba hacerse la promoción." Sobre esto último, debe precisarse que, derivado de la pandemia de salud derivada del virus Covid-19, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México implementó como medida el que los órganos jurisdiccionales funcionaran todos los días, pero de forma alternada y sucesiva, esto es, un día a puerta abierta, con atención al público, y el siguiente a puerta cerrada (lo cual deberá de ajustarse en pares y nones tomando en consideración el número que tienen asignado); de modo que los días en que solo tienen actividad con personal del Tribunal, no correrían términos. En esta tesitura, el plazo de quince días que prevé la ley aplicable para que la peticionaria de amparo promoviera su demanda debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado, esto es, del ocho de octubre, feneciendo dicho término el veintidós de noviembre, ambos de dos mil veintiuno. Para mayor claridad se insertan los cuadros siguientes: OCTUBRE 2021 mingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 6 NONES 7 PARES 8 NONES 9 10 11 PARES 12 NONES 13 PARES 14 NONES 15 PARES 16 17 18 NONES 19 PARES 20 NONES 21 PARES 22 NONES 23 24 25 PARES 26 NONES 27 PARES 28 NONES 29 PARES 30 31 NOVIEMBRE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 1 INHÁBIL 2 INHÁBIL 3 NONES 4 PARES 5 NONES 6 7 8 PARES 9 NONES 10 PARES 11 NONES 12 PARES 13 14 15 INHÁBIL 16 NONES 17 PARES 18 NONES 19 PARES 20 21 22 NONES 23 PARES 24 NONES 25 INHÁBIL PARES 26 NONES 27 28 29 PARES 30 NONES NONES Y PARES: día en que los órganos jurisdiccionales trabajaron con puerta abierta con atención al público y corrieron términos, según el número que le es asignado; en el caso la Sala que emitió el acto reclamado corresponde al grupo de nones, pues es la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México. Día en que surtió efectos el acto reclamado. Día en que se presentó la demanda. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, después de que feneció el término que la ley confiere a la parte quejosa para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que la demanda de amparo se presentó fuera del referido plazo de quince días. En consecuencia, por notoriamente improcedente, se SOBRESEE EL JUICIO, al ser extemporánea la presentación de la demanda de conformidad con el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis III.2o.P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, con registro 163630, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el escrito inicial de demanda se haya presentado ante la Oficialía de Partes de la Tercera Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; pues no existe precepto legal que disponga que las demandas de amparo indirecto deban presentarse ante la autoridad responsable; además, el artículo 35 de la Ley de la materia prevé que los Juzgados de Distrito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto, lo que debe entenderse en el sentido de que la demanda ha de presentarse en las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, competentes según la jurisdicción, salvo los casos de excepción que la propia ley establece, como lo sería, por ejemplo, cuando las autoridades del orden común actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Entonces, sí la quejosa presentó su escrito de demanda de amparo indirecto ante una autoridad a la que la ley no faculta para recibirla, como en el caso lo fue la autoridad responsable, no puede estimarse promovido el amparo en la fecha en que fue indebidamente presentado ante la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, sino que tendrá que considerarse como fecha de presentación la del día en que la demanda llegó a conocimiento del Juez de Distrito. Además, de que en la especie no se está en el supuesto de una demanda de amparo indirecto, que en forma errónea se formule como directo, para que su presentación se haga a través de la autoridad responsable, ya que fue dirigida como amparo indirecto para el conocimiento de un Juez de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad en turno, y por ello, debió presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y no ante la Sala responsable, como se hizo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/289 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1282 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, registro 171796, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." También se invocan, las tesis de jurisprudencia 756, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visibles a fojas 511, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ANTE QUIEN DEBE PRESENTARSE. Tratándose de amparo indirecto, el artículo 114 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece que se pedirá ante el juez de Distrito, pero no señala ante quién corresponde presentar la demanda. Por lo tanto, como ninguna disposición señala que pueda presentarse ante la autoridad responsable, si a pesar de ello el quejoso lo hace, no puede estimarse promovido el amparo en la fecha en que fue indebidamente presentado ante una autoridad a la que la ley no faculta para recibirlo, sino que tendrá que considerarse como fecha de presentación la del día en que la demanda llegó a conocimiento del juez de Distrito." No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" No es impedimento para resolver como se hace que la demanda estén involucrados derechos de menores, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por el interés superior de los menores, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga procedente lo improcedente; pues sostener ésta afirmación, entrañaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así como, por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." No pasa inadvertido que la parte tercera interesada invocara la improcedencia del juicio constitucional, en términos de una diversa causal a la actualizada, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio promovido por ...contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintidós de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 22 DE MARZO DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1009/2021, promovido por ... contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, otorgándole intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes justificados y se señaló parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que la representante social no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 1160/2021, del índice de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, donde confirmó la interlocutoria que resolvió el incidente de cumplimiento de convenio derivado del juicio de divorcio sin causa ..., radicado ante el Juzgado Décimo Primero Familiar de esta Ciudad, en la cual se condenó a las partes al cumplimiento del convenio celebrado, asimismo requirió al demandado incidentista para que se abstuviera de practicar cualquier acto religioso o de adivinación de sus menores hijos; bajo apercibimiento de multa en caso de no acatar lo resuelto. Su ejecución. TERCERO. Existencia. La Sala responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte el a quo no aceptó ni negó los actos que se le atribuyen; sin embargo, en su carácter de ejecutora, está en posibilidad de materializar la ejecución de aquello sobre lo cual la Sala responsable ordenadora se condujo en sentido afirmativo; por esto, se tiene por cierto. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.". CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia y la jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, el juicio de amparo es improcedente por extemporaneidad en su presentación, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo en cita establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando el quejoso es parte en el juicio, deberá situársele en el primer supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. En el particular, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para su presentación se computa a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; ello es así, puesto que la parte quejosa es la actora incidentista en el proceso de origen y se advierte, de las constancias previamente valoradas, ha comparecido a defender sus derechos. Dicho lo anterior, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el accionante de amparo, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme el criterio contenido en la jurisprudencia 5, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 393961, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en el que el particular tuvo conocimiento directo de lo que pretende combatir, pues, de lo contrario, se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, específicamente del acto reclamado, se advierten los sellos de publicación, donde se aprecia que desde el seis de octubre de dos mil veintiuno, surtió efectos la notificación respectiva, y por ende la parte quejosa es formalmente sabedora de la existencia de la resolución reclamada. Apoya lo anterior la tesis I.9o.C.132 C, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de enero de 2006, página 2420, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES POR BOLETÍN JUDICIAL, NO LA SUSTITUYE LA RAZÓN DE RECEPCIÓN DE COPIAS DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADA. La notificación de una resolución determinada dictada en un juicio del orden civil por medio de boletín judicial, implica necesariamente el medio de conocimiento de existencia de la misma, pues se trata de la publicación oficial en un diario de los datos de los asuntos en los que exista una resolución judicial sin que se dé a conocer su contenido a las partes, circunstancia que les obliga a comparecer al tribunal relativo a imponerse de ese contenido bien sea mediante la consulta directa del expediente o por la obtención de copias de la resolución; de ahí que la comparecencia de los interesados por sí mismos, o por medio de sus representantes legales o autorizados, una vez realizada la publicación de referencia, a consultar el expediente o recibir copias de la resolución correspondiente, no constituye el medio legal para notificar legalmente a las partes la existencia de una resolución en el proceso correspondiente, dado que esa conducta únicamente constituye el modo o forma de imponerse del contenido de la resolución notificada en el diario aludido; así, la razón asentada en los autos sobre la recepción de copias de la resolución el mismo día de su publicación en el Boletín Judicial, aun cuando implique el conocimiento del contenido de aquélla, no constituye una notificación personal de la multirreferida resolución, porque sólo obedeció al fin perseguido con la divulgación en el diario mencionado, o sea, enterar a las partes de su existencia." Para computar el plazo previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, es necesario descontar los días inhábiles correspondientes, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, así como correspondientes al Juzgado de origen -de donde deriva el acto reclamado-. Orienta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 86-2, febrero de 1995, página 11, registro digital 205395, Octava Época, que dice: "DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES. Una correcta interpretación de los artículos 21 y 23 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que del plazo para interponer la demanda respectiva, deben excluirse los días que expresamente se encuentran consignados como inhábiles en la citada ley, aun cuando hayan sido laborables para las autoridades responsables ante quienes deba hacerse la promoción, puesto que dichas disposiciones provienen de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que por ser la especializada en la materia es de observancia obligatoria para el trámite del juicio de amparo; lo cual no impide que en concordancia con el contenido de los diversos artículos 24 y 26 de la misma legislación, deban además excluirse de dicho término los días que aunque contemplados como hábiles por el citado artículo 23, hubiesen suspendido las labores el juzgado o tribunal en el que deba hacerse la promoción." Sobre esto último, debe precisarse que, derivado de la pandemia de salud derivada del virus Covid-19, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México implementó como medida el que los órganos jurisdiccionales funcionaran todos los días, pero de forma alternada y sucesiva, esto es, un día a puerta abierta, con atención al público, y el siguiente a puerta cerrada (lo cual deberá de ajustarse en pares y nones tomando en consideración el número que tienen asignado); de modo que los días en que solo tienen actividad con personal del Tribunal, no correrían términos. En esta tesitura, el plazo de quince días que prevé la ley aplicable para que la peticionaria de amparo promoviera su demanda debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado, esto es, del ocho de octubre, feneciendo dicho término el veintidós de noviembre, ambos de dos mil veintiuno. Para mayor claridad se insertan los cuadros siguientes: OCTUBRE 2021 mingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 6 NONES 7 PARES 8 NONES 9 10 11 PARES 12 NONES 13 PARES 14 NONES 15 PARES 16 17 18 NONES 19 PARES 20 NONES 21 PARES 22 NONES 23 24 25 PARES 26 NONES 27 PARES 28 NONES 29 PARES 30 31 NOVIEMBRE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 1 INHÁBIL 2 INHÁBIL 3 NONES 4 PARES 5 NONES 6 7 8 PARES 9 NONES 10 PARES 11 NONES 12 PARES 13 14 15 INHÁBIL 16 NONES 17 PARES 18 NONES 19 PARES 20 21 22 NONES 23 PARES 24 NONES 25 INHÁBIL PARES 26 NONES 27 28 29 PARES 30 NONES NONES Y PARES: día en que los órganos jurisdiccionales trabajaron con puerta abierta con atención al público y corrieron términos, según el número que le es asignado; en el caso la Sala que emitió el acto reclamado corresponde al grupo de nones, pues es la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México. Día en que surtió efectos el acto reclamado. Día en que se presentó la demanda. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, después de que feneció el término que la ley confiere a la parte quejosa para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que la demanda de amparo se presentó fuera del referido plazo de quince días. En consecuencia, por notoriamente improcedente, se SOBRESEE EL JUICIO, al ser extemporánea la presentación de la demanda de conformidad con el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis III.2o.P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, con registro 163630, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el escrito inicial de demanda se haya presentado ante la Oficialía de Partes de la Tercera Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; pues no existe precepto legal que disponga que las demandas de amparo indirecto deban presentarse ante la autoridad responsable; además, el artículo 35 de la Ley de la materia prevé que los Juzgados de Distrito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto, lo que debe entenderse en el sentido de que la demanda ha de presentarse en las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, competentes según la jurisdicción, salvo los casos de excepción que la propia ley establece, como lo sería, por ejemplo, cuando las autoridades del orden común actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Entonces, sí la quejosa presentó su escrito de demanda de amparo indirecto ante una autoridad a la que la ley no faculta para recibirla, como en el caso lo fue la autoridad responsable, no puede estimarse promovido el amparo en la fecha en que fue indebidamente presentado ante la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, sino que tendrá que considerarse como fecha de presentación la del día en que la demanda llegó a conocimiento del Juez de Distrito. Además, de que en la especie no se está en el supuesto de una demanda de amparo indirecto, que en forma errónea se formule como directo, para que su presentación se haga a través de la autoridad responsable, ya que fue dirigida como amparo indirecto para el conocimiento de un Juez de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad en turno, y por ello, debió presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y no ante la Sala responsable, como se hizo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/289 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1282 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, registro 171796, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." También se invocan, las tesis de jurisprudencia 756, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visibles a fojas 511, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ANTE QUIEN DEBE PRESENTARSE. Tratándose de amparo indirecto, el artículo 114 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece que se pedirá ante el juez de Distrito, pero no señala ante quién corresponde presentar la demanda. Por lo tanto, como ninguna disposición señala que pueda presentarse ante la autoridad responsable, si a pesar de ello el quejoso lo hace, no puede estimarse promovido el amparo en la fecha en que fue indebidamente presentado ante una autoridad a la que la ley no faculta para recibirlo, sino que tendrá que considerarse como fecha de presentación la del día en que la demanda llegó a conocimiento del juez de Distrito." No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" No es impedimento para resolver como se hace que la demanda estén involucrados derechos de menores, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por el interés superior de los menores, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga procedente lo improcedente; pues sostener ésta afirmación, entrañaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así como, por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." No pasa inadvertido que la parte tercera interesada invocara la improcedencia del juicio constitucional, en términos de una diversa causal a la actualizada, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio promovido por ...contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando.".
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