Arizbeth Castillo Bañuelos
Expediente 159/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arizbeth Castillo Bañuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. (...) Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, hizo efectiva una multa a María del Carmen Roa García, en su calidad de apoderada general para pleitos y cobranzas de Jesús Hiram Roa García, consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, y la requirió para que realice el depósito por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de Arizbeth Castillo Bañuelos, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales M.S.R.C., consistente en dos salarios mínimos diarios generales vigentes; además, para conocer si el demandado tiene bienes muebles o inmuebles con los cuales se pueda asegurar los alimentos, requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en Xalapa, Veracruz, y el Titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en Ciudad de México; le informen si Jesús Hiram Roa García tiene registradas a su nombre cuentas bancarias, bienes inmuebles y si está registrado como trabajador o patrón, para con ello estar en posibilidad de proveer lo relativo al aseguramiento de los alimentos decretados en favor de Arizbeth Castillo Bañuelos, por propio derecho, y en representación de su menor hija de iniciales M.S.R.C. Por tanto, se considera que la autoridad responsable acató los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Luego, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales presentados por la quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitió el Juez responsable, que obran en un tomo de prueba; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. (...) Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, hizo efectiva una multa a María del Carmen Roa García, en su calidad de apoderada general para pleitos y cobranzas de Jesús Hiram Roa García, consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, y la requirió para que realice el depósito por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de Arizbeth Castillo Bañuelos, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales M.S.R.C., consistente en dos salarios mínimos diarios generales vigentes; además, para conocer si el demandado tiene bienes muebles o inmuebles con los cuales se pueda asegurar los alimentos, requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en Xalapa, Veracruz, y el Titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en Ciudad de México; le informen si Jesús Hiram Roa García tiene registradas a su nombre cuentas bancarias, bienes inmuebles y si está registrado como trabajador o patrón, para con ello estar en posibilidad de proveer lo relativo al aseguramiento de los alimentos decretados en favor de Arizbeth Castillo Bañuelos, por propio derecho, y en representación de su menor hija de iniciales M.S.R.C. Por tanto, se considera que la autoridad responsable acató los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Luego, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales presentados por la quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitió el Juez responsable, que obran en un tomo de prueba; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO DE SEIS DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EL CUAL DICE: Córdoba, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez y Secretaria de acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, con un anexo de cuenta, atento a su contenido, se le tiene informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo concedido a la parte quejosa en el presente asunto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días, computado legalmente para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe en cita; apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez y Secretaria de acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, con un anexo de cuenta, atento a su contenido, se le tiene informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo concedido a la parte quejosa en el presente asunto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días, computado legalmente para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe en cita; apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada.
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