Aritzel Montesinos Benitez
Expediente 764/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aritzel Montesinos Benitez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
AVISO CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a dos de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 764/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Precisión de autoridad y acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo, se tienen como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: 1. Del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, reclama: a) La retención en salario de los conceptos CA (CAJA DEL AHORRO DEL SNTE) y CH (DESCUENTO DE PRÉSTAMO DE CAJA DE AHORRO DEL SNTE). Desechamiento de la demanda. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." Los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, del citado cuerpo de leyes, también disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.). Artículo 5. Son partes del juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De los citados preceptos legales cabe destacar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa consiste en la retención en salario de los conceptos CA (CAJA DEL AHORRO DEL SNTE) y CH (DESCUENTO DE PRÉSTAMO DE CAJA DE AHORRO DEL SNTE). Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que, en este caso, la autoridad señalada como responsable, no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1 de la Ley de Amparo, y 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la relación entre la hoy quejosa con la aludida autoridad no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación al encontrarse en un mismo nivel como patrón-trabajador, pues el acto que en esta vía combate lo realiza en su calidad de servidor público que presta sus servicios para el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, pues así lo manifestó bajo protesta decir verdad en el capítulo de antecedentes, lo que constituye una confesión expresa, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, misma que se robustece con los comprobantes de nómina 2077B y 20777, a los que se les concede valor probatorio en términos del numeral 217 de la legislación procesal civil antes mencionada. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en el presente asunto, no constituye, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones de naturaleza meramente laboral (La retención en salario de los conceptos CA CAJA DEL AHORRO DEL SNTE y CH DESCUENTO DE PRÉSTAMO DE CAJA DE AHORRO DEL SNTE). En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente, prefiriendo el uso de medios electrónicos.
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