Arith Joseph González Villegas

Expediente 816/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
816/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2018

Partes del expediente

  • Arith Joseph González Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.- Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al que acompaña copia certificada de la determinación correspondiente a la sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por los Magistrados de su adscripción en el conflicto competencial penal 18/2017; en la cual se consigna el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es COMPETENTE la Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto ********************, quien se ostenta como su defensor. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA I. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso con el que se remitió el juicio de amparo 816/2017, promovido por Jesús Enrique Díaz Sosa, defensor particular de Arith Joseph González Villegas; asimismo, informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado con el CCP.18/2017.

  3. Principal

    MESA I Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso con el que se remitió el juicio de amparo 816/2017-I-L, promovido por Jesús Enrique Díaz Sosa, defensor particular de Arith Joseph González Villegas, el cual se envió con motivo de la competencia planteada por este órgano de control constitucional; quedando registrado con el número de expediente 1302/2017 de su estadística. Asimismo, por auto de seis de octubre de este año, determinó no aceptar la competencia planteada por este juzgado, devolviendo el citado expediente. Como sustento de esa decisión, estimó que el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia constitucional, tiene su origen en la falta de acuerdo al escrito presentado ante el Juez Séptimo de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual solicitó su libertad inmediata y bajo caución, así como la revisión, modificación y sustitución de la prisión de la cual es objeto, derivada del procedimiento penal seguido en su contra por el delito de homicidio culposo. También, señala que el acto reclamado en esta vía no se ubica en los supuestos de competencia a los que hace alusión, pues no se trata de un acto de naturaleza meramente administrativa o dentro de un procedimiento de esa índole; pues considera que tales omisiones inciden sobre cuestiones de naturaleza penal, en tanto que la pretensión del quejoso es que se atienda de manera fundada, motivada y, congruente el escrito presentado ante la autoridad responsable, en lo referente a su libertad inmediata. En esas condiciones y de forma respetuosa, este Juzgado de Distrito no comparte los razonamientos vertidos acorde a las siguientes razones. De la lectura integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales, es el siguiente: "La abstención y la falta de dar respuesta al escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil diecisiete". Acto que se atribuye al Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México y a la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER EL ASUNTO POR CUESTIÓN DE MATERIA, dado que el acto reclamado es de naturaleza FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA, ya que se hace consistir en la falta de respuesta por parte de las autoridades, a saber: Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México y la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que formula queja, reclamación y denuncia por violación a derechos fundamentales. Si bien es cierto, lo que motivo a la presentación del escrito de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, ante el Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México y ante la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue que el Juez Séptimo Penal de esta Ciudad no le ha dado respuesta a su petición de libertad, lo cierto es que, por medio de ese escrito se formuló queja, reclamación y denuncia por violación a derechos fundamentales por el citado juzgado penal, por lo que se concluye, no se advierte que dicho acto reclamado sea de carácter penal, sino administrativo. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En vista de lo reseñado en párrafos que precede, se considera pertinente someter a consideración del Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, si es a este Juzgado de Distrito, o al homólogo Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, al que corresponde conocer del acto reclamado que nos ocupa. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar e informar de lo decidido al Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad.

  4. Principal

    MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Vista la demanda de amparo presentada por Jesús Enrique Díaz Sosa, defensor particular de Arith Joseph González Villegas, contra actos del Juez Séptimo Penal de la Ciudad de México, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 816/2017-I-L. COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja.Al efecto, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se aprecia, que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal; 2. Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Conforme a la fracción VII, del artículo 107, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, 5. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. 6. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En este sentido, cabe destacar que en el caso los actos reclamados por el quejoso consisten en: "La abstención y la falta de dar respuesta al escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil diecisiete. Atribuido al Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México y a la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actos reclamados que no actualizan alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto trascrito, dan competencia a este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal para conocer de la demanda; ello toda vez que se trata de actos eminentemente administrativos, atribuidos al Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México y a la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lo cual este Juzgado no puede conocer de los mismos. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, que para establecer la competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para advertir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En este orden de ideas, habida cuenta que los actos reclamados antes descritos son de naturaleza eminentemente administrativos, atribuidos a autoridades con ese carácter, tales circunstancias determinan su naturaleza administrativa y, por ende, la legal incompetencia de este órgano de control constitucional para conocer de dicho acto reclamado, ya que por razón de la especialidad compete a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo **** a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad, a fin de que por su conducto lo remita al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, solicitando atentamente el acuse de estilo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Sin que sea el caso de substanciar el incidente de suspensión dado que el acto reclamado no se encuentra dentro del catálogo previsto en el artículo 15, de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de la demanda y la respectiva boleta de turno; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Jesús Enrique Díaz Sosa, Carlos López Castellanos, Álvaro Buendía Serrano y Jesús Enrique Díaz Aguilar, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Elvia Pamela Díaz Aguilar, por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaría supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). "

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