ARISTIDES LÓPEZ HERNÁNDEZ y Otros.
Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- ARISTIDES LÓPEZ HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
II.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES QUE DEVOLVER A LAS PARTES.
- Principal
II.- DESECHAMIENTO.
- Principal
II.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada únicamente por 1Arístides López Hernández, 2Próspero Ramos García, 3Marcial Morales Martínez, 4Carlos Metelín Metelín, 5Felix Pérez Mojoras y 6Juan Damas Correa, contra actos del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, y regístrese con el número 256/2023-II. Desechamiento por falta de firma. Del análisis de la demanda de amparo, este juzgador, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, advierte de manera notoria, manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia, por lo que debe desecharse por una parte, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo legal transcrito, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En este orden de ideas, dado que conforme al artículo 621 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, este órgano de control constitucional estima que el juicio de amparo que mediante esta vía se intenta, resulta improcedente, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla. Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén: LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. 1 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "[.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.I El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona o, bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de parte quejosa, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3 de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Ahora, en el caso concreto, del apartado relativo al nombre y domicilio del quejoso de la demanda, se advierte que es promovido por Arístides López Hernández, Próspero Ramos García, Tomás Metelín Cardeño, Marcial Morales Martínez, José Manuel Gómez Ojeda, Carlos Metelín Metelín, Felix Pérez Mojoras, Juan Damas Correa y Sergio Pérez Cardeño; sin embargo, no contiene la firma autógrafa de Tomás Metelín Cardeño, José Manuel Gómez Ojeda y Sergio Pérez Cardeño; por tanto, la suscrita advierte la ausencia de su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." En ese orden, respecto de los referidos quejosos, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo; en consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Se invoca el criterio de la Octava Época, sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Registro: 208351, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia(s): Común Tesis: VI.1o.151 K, Página: 303: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha la demanda de amparo respecto de Tomás Metelín Cardeño, José Manuel Gómez Ojeda y Sergio Pérez Cardeño, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio a este juicio constitucional. Desechamiento. Ahora, respecto del acto reclamando por los restantes quejosos 1Próspero Ramos García, 2Arístides López Hernández, 3Marcial Morales Martínez, 4Carlos Metelín Metelín, 5Felix Pérez Mojoras y 6Juan Damas Correa, se estima también debe desecharse la presente demanda, de acuerdo a las facultades que establece el referido artículo 113 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Precisión del acto reclamado Al analizar la demanda de derechos fundamentales promovida por la parte quejosa, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se aprecia que destaca como acto reclamado: - El acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el expediente administrativo número 418/2013- S-3, mediante el cual requiere a la autoridad demanda el cumplimiento del pago de las prestaciones a la que fue condenada en autos del juicio de origen. Postura de este Órgano Jurisdiccional En relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Se afirma lo anterior, puesto que del capítulo de antecedentes de la demanda que se provee, los impetrantes manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que son actores dentro del juicio laboral 418/2013-S-3, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Esto es, la parte peticionaria del amparo reclama de la autoridad responsable un acuerdo emitido dentro de la etapa de ejecución de la sentencia en el expediente administrativo. En tales circunstancias, se estima operante la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, cuando se trata de violaciones cometidas en el período de ejecución de laudo, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en esa misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Para mayor claridad se reproduce el contenido textual de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, para una mejor comprensión del asunto, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" Conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya invocado al contenido del normativo 107 fracción IV en comento. Tal proceder encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, publicada en la página trescientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". El segundo de los normativos transcritos es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, que será entonces, impugnable en amparo indirecto y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. En este sentido, y tomando en consideración que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los ahora promoventes, actores en el juicio de origen 418/2013-S-3, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, reclaman el acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el expediente administrativo número 418/2013- S-3, en el que se requiere a la autoridad demandada para el cumplimiento de pago condenado. De modo tal que, resulta incuestionable la improcedencia del presente juicio de amparo, habida cuenta que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo. En efecto, como ya se dijo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso, en términos del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." De ahí que, como ya se dijo, el acto reclamado que aquí se combate no puede ser atacado en el presente biinstancial, dado que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del asunto o declara su imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues dichos actos únicamente son una realización que conlleva a la ejecución definitiva del fallo, pero no es la "última resolución" del procedimiento de ejecución. Cobra aplicación al caso, por similitud la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1482, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." De igual forma cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 668, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. De conformidad con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no es la última dictada en ejecución del laudo ni está encaminada a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente." A mayor abundamiento, debe precisarse que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos casos, a saber: cuando el peticionario del amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional, o cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 107, fracciones IV, párrafo segundo, y V, de la Ley de Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. De manera tal que si en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis antes precisadas para la procedencia del juicio de amparo indirecto, deviene inconcuso la operancia de la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, se cita por aplicable la tesis 2a. VII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Asimismo se invoca la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Máxime que tampoco se trata que afecten de manera directa derechos sustantivos de la parte promovente, esto es, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sin que se estime que ello ocurra en el caso, de ahí que si el acto reclamado no es de los llamados de imposible reparación, dictado en la etapa de ejecución de sentencia, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente. En mérito de lo anterior, se invoca la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En mérito de lo hasta aquí considerado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107 fracción IV de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por 1Arístides López Hernández, 2Próspero Ramos García, 3Marcial Morales Martínez, 4Carlos Metelín Metelín, 5Felix Pérez Mojoras y 6Juan Damas Correa, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal.
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