Aristeo Pérez Conde
Expediente 1418/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1418/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2018
Partes del expediente
- Aristeo Pérez Conde
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado y del estado procesal de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 5 a la 14), por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********, en representación de *******. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la comunicación oficial firmada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, mediante la cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 154/2017, orden 516/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, por los motivos allí expuestos; háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales enviadas. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración que de la razón signada por la actuario judicial adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se advierte que no existe el domicilio particular que el promovente *******, en representación de *********, señaló en su escrito inicial de demanda; aunado a lo anterior, dado que en dicho ocurso indicó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del palacio de justicia federal, sin especificar de qué juzgado, por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído y el diverso de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 05 a 14), así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del numeral 26, fracción I, inciso k), de la ley en la materia. Notifíquese a la parte quejosa este proveído y el diverso de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por medio de lista de acuerdos que se fijan en los estrados de este juzgado.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese la comunicación oficial suscrita por el encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, mediante la cual acusa de recibo del exhorto 154/2017, orden 516/2017, del índice de este órgano jurisdiccional e indica que giró despacho al Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para llevar a cabo la diligencia encomendada por este Juzgado. Lo anterior se toma en consideración para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la impresión de demanda recibida a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, por la oficialía de partes de este juzgado federal, enviada por ********* en representación de ********** contra actos que reclama del Jueces de los Juzgados del Ramo Civil, residente en San Andrés Tuxtla y Catemaco, Veracruz. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1418/2017-XIII, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas. Asimismo, se advierte que al recibir dicha demanda se asentó que no existía firma electrónica del promovente *********** al presentar su demanda de amparo. Ahora bien, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19, publicada en la página 17, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el escrito de amparo debe considerarse un todo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora bien, analizada la demanda en cuestión, este juzgado advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en la especie, a criterio de este juzgado se actualiza la hipótesis establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación con el diverso numeral 6º del mismo ordenamiento legal. Esto es así, porque el promovente ********** acude a esta vía constitucional, reclamando el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de ********** sin encontrarse legitimado para tal efecto en términos de la invocada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de evidenciar tal aseveración, es menester destacar que los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el transcrito numeral 6º de la Ley de Amparo, de cuya lectura se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto que se reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él. No obstante ello, en materia penal existen tres alternativas por virtud de las cuales se puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal a nombre de una tercera persona, a saber: a) Cuando el representante afirme tener reconocida esa calidad ante la autoridad responsable, en términos del artículo 11 de la ley de la materia; b) Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 del citado ordenamiento legal); y, c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo, según el artículo 15 de la ley en comento. Ahora, en el caso concreto ********** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de ********** sin encontrarse en alguno de los supuestos precisados con antelación, pues aún y cuando el promovente manifiesta que el acto reclamado consiste en la confiscación de bienes, previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la propia demanda se advierte, que el acto reclamado se trata de un embargo y remate derivado de un juicio mercantil. De lo cual, al no tratarse de un decomiso de bienes, sino de un embargo y remate de un inmueble derivado de un juicio mercantil, se corrobora que no se sitúa en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues a la fecha de la presentación de la demanda, no se advierte que la quejosa directa se encuentre imposibilitado para promover el juicio de amparo por sí, pues si bien es cierto que expresa en su demanda de amparo que el acto reclamado consiste en la confiscación de bienes, de la misma se advierte que deriva de un remate en materia mercantil, el cual no está estipulado en el artículo 22 Constitucional. En tales condiciones, se encuentra evidenciado que la quejosa ********* no se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, es decir, no por el hecho de manifestar que su acto reclamado consiste en la confiscación de bienes que prevé el artículo 22 Constitucional, tiene como consecuencia per se, que cualquier persona pueda promover a favor del agraviado, por ello, debe estimarse que en la especie no existe instancia de parte agraviada para la promoción de esta demanda de amparo, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de aquel directamente interesado en la obtención del amparo y la protección de la justicia federal, es decir *********** Esto es así, pues el promovente no se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo a favor de los interesados en comento, ya que de conformidad con el artículo 6° invocado, el juicio de amparo puede ser promovido por sí mismo, por conducto de su representante legal, por su defensor (cuando emane de una causa penal) o bien por cualquier persona cuando se trate de los casos en que expresamente la ley lo permite (artículo 15 de la Ley de Amparo); lo cual evidentemente no es el caso dado que el acto que se reclama en la demanda de cuenta no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 22 Constitucional, pues como ya se dijo, el requisito sin e qua non de la admisibilidad es precisamente que el promovente esté imposibilitado para promover la demanda, lo que en el caso no acontece. Consecuentemente, si la demanda de amparo no fue promovida por la directamente agraviada, y el promovente carece de legitimación para solicitar la protección constitucional a nombre de quien pretende comparecer, es evidente la actualización de la improcedencia de este juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente, la tesis visible en la página 435, tomo XIV-noviembre del Semanario Judicial de la Federación, que se lee bajo el siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes". Sirve de apoyo, por los principios jurídicos que contiene, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 4671, del tomo II, penal, del apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la ley de la materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo" según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indiciado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Del mismo modo, se invoca en apoyo a lo expuesto en lo conducente, la tesis III.2o.P.181, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 2323, registro electrónico 176388, que expresa: "AMPARO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES DEL INDICIADO, AL CARECER DE LEGITIMACIÓN PARA HACERLO. Si se toma en consideración que el juicio de garantías sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, y que únicamente existen tres supuestos en los que es procedente su promoción a nombre del quejoso, a saber: a) Por su representante, quien debe acreditar que cuenta con dicho carácter; b) Por el defensor del reo cuando el acto emana de una causa criminal; y c) Por un pariente o cualquier persona extraña, aunque sea menor de edad, cuando los actos importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo, resulta evidente que no procede el promovido por el autorizado para recibir notificaciones del indiciado en un proceso penal, quien bajo protesta de decir verdad manifestó que no cuenta con el carácter de defensor del quejoso, en virtud de que carece de legitimación para solicitar la protección constitucional en representación de quien lo designó como tal, pues su carácter está limitado por las atribuciones que se le confirieron". En otro contexto, la demanda de amparo fue recibida a través del módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos del artículo 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el juzgador, y remitida a través de este último a este órgano jurisdiccional, por lo que es evidente que no es susceptible de estamparse una firma autógrafa. Sin embargo, conforme a los lineamientos establecidos el Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; así como en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma. En el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa, no presenta la evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente ********** Ahora bien, es menester recordar el contenido de los preceptos legales aplicables, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, y demás disposiciones aplicables: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada Ley de Amparo. "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 24Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma". Acuerdo General Conjunto número 1/2013. "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados". "Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo, conforme a lo siguiente: a) El certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas; Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las Unidades de Certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan". Acuerdo General Conjunto 1/2015. "Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos". De la interpretación de los numerales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Por otro lado, la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, en el caso de las demandas de amparo promovidas electrónicamente, el uso del certificado digital de firma electrónica es el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa y permite la identificación del usuario o del autor del documento, en ese sentido, para tener la plena certeza de que la persona que promueve "en línea" es la persona que tiene la voluntad de hacerlo. Es decir, cuando una persona desea presentar una promoción o una demanda de amparo a través de los sistemas establecidos para tal efecto, debe firmar electrónicamente la promoción de que se trata, a fin de que el órgano que conozca de dicha promoción, tenga la plena certeza de que quien la presenta en el sistema que al efecto ha establecido el Consejo de la Judicatura Federal, es la persona que imprime su voluntad en el documento. En ese sentido, se tiene que el certificado de firma electrónica, hace las veces de la firma autógrafa en un documento presentado electrónicamente. Asimismo, de los dispositivos transcritos, se aprecia con claridad que en cuanto a las personas morales, el certificado digital de firma electrónica para promover un juicio de amparo debe corresponder a la persona física que legalmente las represente, pues así se encuentra establecido claramente en el artículo 6. del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En el caso que nos ocupa, tenemos que la demanda de amparo que promueve no presenta la evidencia criptográfica del certificado de firma electrónica del promovente, es decir, la demanda de referencia no se encuentra firmada por el quejoso. Virtud a lo cual, no se puede tener la certeza de que el promovente, pretenda instar la acción constitucional a través del juicio de amparo. En esos términos, al no estar firmada dicha demanda de amparo por quien aparece como promovente en su texto, trae como consecuencia, que no se ha interpuesto legalmente la misma; pues resulta que la falta de firma torna inexistente a la expresión de voluntad del quejoso de esta instancia federal. Bajo esas circunstancias, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. En las relatadas condiciones, advirtiéndose en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5º, fracción I, 6° y 217 todos de la Ley de Amparo, y por ende, de conformidad con el artículo 113 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Apoya a lo anterior, la tesis VI.2o.692 K del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 435, tomo XIV, noviembre de 1994, Octava época, Semanario Judicial de la Federación, del siguiente epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimir su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes". Asimismo, en lo conducente, se invoca, la tesis VI.2o.C.215 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, noviembre de 2004, página 2025, registro electrónico 180060, que dice: "SOBRESEIMIENTO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DEMANDA UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO DEVIENE IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior, el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII y 4o., ambos de la Ley de Amparo, considerados de manera relacionada". También se invoca, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, enero de 1991, página 210, registro electrónico 223810, que reza como sigue: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no se ha promovido legalmente el juicio de garantías". No obsta a lo anterior, lo que establece el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a la firma electrónica, como medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en el sentido de que dicha firma no será necesaria, cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Ello es así, pues el artículo 15 de la ley en comento, establece que cualquier persona puede promover juicio de amparo, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo. Y, en el caso concreto, como ya se precisó en parágrafos precedentes, de la demanda de amparo, se advierte que el solicitante del amparo y protección de la Justicia Federal, no se encuentra en alguno de los supuestos precisados con antelación. En tales condiciones, se evidencia que ********* , a nombre de ******** no se encuentra imposibilitado para estampar su firma en la demanda de amparo. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN Asimismo, se ordena girar oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para que realice la compensación correspondiente y se equilibre la carga de trabajo, de conformidad con el artículo 46, penúltimo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del palacio de justicia federal sin especificar de qué Juzgado, sin embargo, se advierte que tiene su domicilio particular el ubicado en ************* Veracruz; en consecuencia, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, gírese atento despacho al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Boca del Rio, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda notificar personalmente al quejoso ********** en el domicilio antes citado, el contenido de este proveído; asimismo, se le tiene por autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********* por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al funcionario judicial, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Hecho lo anterior, se sirva devolver a la brevedad, el despacho que al respecto se le envíe. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza Elda Karen Carral Chávez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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