Aristeo Narcizo Martínez
Expediente 450/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Aristeo Narcizo Martínez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, a criterio de este órgano federal no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que Aristeo Narcizo Martínez, no desahogó los puntos de prevención formulados en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto ha transcurrido en su totalidad. En esa virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la quejosa, en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional tiene POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por ----------, lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por lista en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por su propio derecho, contra actos del Director de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan y otras autoridades. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 450/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, debe precisarse que artículo 114 de la Ley de Amparo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de la materia. 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior, con apoyo en lo previsto en el artículo 114, en relación con el 108, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a ----------, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Especifique de manera concreta, qué acto le reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, lo anterior, pues se limitó a listar una serie de actos, sin que se advierta específicamente a qué autoridad le endilga cada uno, pues se debe destacar que son diferentes entre sí y pudieran ser emitidos por diferentes dependencias; circunstancia que se estima necesaria a efecto de fijar correctamente la controversia en el presente asunto y las responsables estén en posibilidad de rendir su informe justificado. Hecho lo anterior, especifique de forma clara y concreta el o los actos que pretende reclamar, concretamente los señalados en los numeras 1 y 2; ello, tomando en consideración que en el capítulo IV, de su escrito inicial de demanda señaló: "1. La omisión por parte de la autoridad responsable de retenerme el salario que he venido percibiendo desde que comencé a laborar para a Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad adscrita al H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México. 2. la omisión por parte de la autoridad responsable de negarme el certificado de incapacidad para poder tener acceso a los servicios médicos, a los cuales tengo derecho en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). En ese sentido, la redacción de sus actos no permite establecer con claridad, cuál es el acto de autoridad que le generó perjuicio, ya que no se advierte de manera concreta en qué consiste la omisión reclamada, pues señala omisiones de carácter negativo, esto es, señaló la consistente en un no hacer por parte de la responsable, en el caso, la retención del salario y la negativa de otorgar un certificado de incapacidad; por ello, a efecto de evitar alguna interpretación en perjuicio del quejoso, deberá señalar con exactitud la omisión que pretende reclamar en su demanda de amparo. 3) En adición a lo anterior, habrá de señalar con exactitud, qué acto efectivamente le generó alguna afectación a sus derechos humanos. Para clarificar la prevención formulada en este apartado, es necesario tener en cuenta los actos reclamados: "1. La omisión por parte de la autoridad responsable de retenerme el salario que he venido percibiendo desde que comencé a laborar para a Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad adscrita al H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México. 2. la omisión por parte de la autoridad responsable de negarme el certificado de incapacidad para poder tener acceso a los servicios médicos, a los cuales tengo derecho en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). 3. La omisión de expedirme incapacidad médica. 4. La omisión de ser revisado por un especialista capaz de valorarme y expedirme una incapacidad médica." Por su parte, en el capítulo correspondiente a la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, preciso: ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.-. 6. Cabe señalar que durante todo este tiempo y a partir de la fecha del accidente de trabajo, es decir el día veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), no me he presentado a laborar ya que de acuerdo a la gravedad de las lesiones que sufrí he estado incapacitado para desarrollar las funciones inherentes a mi puesto. 7. Es el cao que con fecha diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021), acudí a la nueva clínica familiar del ISSEMYM (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios), Hospital Regional de Tlalnepantla a mi valoración y al tratamiento médico que me habían ordenado, con el fin de que se me expidiera el Aviso para calificar el riesgo de trabajo, ya en ese momento fui atendido por el DOCTOR VÍCTOR MANUEL HERNANDEZ ZÚÑIGA, el cual me diagnostico las siguientes lesiones: esguince cervical, contusión hombro izquierdo, contusión lumbo sacra, contusión y pierna derecha. Etiológico: Traumático Anatomofuncional; como limitación funcional temporal para el trabajo por edema, dolor, deformidad en el cuello, hombro izquierdo y pierna derecha. 8. Cabe hacer mención a esta H. Juzgadora, que con fecha nueve (09) de marzo de dos mil veintiuno (2021) y toda vez que mi salud se había agravado a consecuencia del accidente y las lesiones sufridas, acudí en silla de ruedas a la Unidad Médica Cuatro de Ecatepec dependiente del ISSEMYM (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios), donde fui atendido por el DOCTOR JOSÉ A. RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, el cual me diagnostico una lesión vestibular bilateral severa irreversible, lesión estructural con pronóstico malo para mis funciones ya que las lesiones son irreversibles. . 10. Tal es el caso y bajo protesta de decir verdad que con fecha cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021), me presente al área de incapacidades medicas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad adscrita al H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan del Estado de México con el fin de que me recibieran mi última incapacidad a lo cual en ese momento fui atendido por la C. ANA ITZEL LEYVA BARAJAS, adscrita al departamento de personal de incapacidades, la cual me manifestó en ese momento que "no me podía recibir ya mi incapacidad y que a ver qué pasaba, que mi salario estaba suspendido y retenido desde el día treinta de abril del presente año hasta nueva orden y que por lo tanto no tendría derecho a los servicios de salud." 11.- Es el caso que al retenerme mi salario integró el cual venía percibiendo desde que comencé a prestar mis para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad adscrita al H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan del Estado de México, traería como consecuencia la falta de aportaciones correspondientes al ISSEMYM (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) y eso a su vez la expedición de mi incapacidad, lo cual ocasionaría en mi perjuicio de igual forma la falta de atención medica que se me ha venido proporcionando desde el momento que sufrí el accidente de trabajo, ya que consecuentemente y al estar retenido mi salario por causas ajenas a mi persona, se me comunico en ese momento que los servicios de salud me serian suspendidos." De la transcripción anterior, este órgano jurisdiccional advierte diversas inconsistencias que deben ser aclaradas por la parte quejosa. En primer lugar, dentro de los actos reclamados refirió que las autoridades no le expidieron un certificado de incapacidad o una incapacidad médica; sin embargo, de la narrativa se desprende que le han sido otorgadas diversas licencias médicas, pues señaló que el día tres de mayo se constituyó en la unidad de médica a que se le expidiera el certificado, la cual abarcaba un periodo de veintiocho días para tratamiento y recuperación, presentándose el día cuatro posterior a su fuente de trabajo, en el que le negaron la recepción del documento médico. En ese sentido, genera confusión el hecho de que en sus actos reclamados refirió que las responsables han sido omisas en expedirle licencias médicas, mientras que en sus antecedentes indicó que se le fueron otorgadas, incluso la intentó presentar en su fuente de trabajo y no le fue recibida; aunado a lo anterior, de los anexos de su demanda de amparo, se desprende la existencia de un certificado de incapacidad con folio E 066532, expedida por el Hospital Regional Tlalnepantla, con una duración de veintiocho días, esto es, del tres al treinta de mayo de dos mil veintiuno, lo que evidencia que el certificado se encuentra vigente. En segundo término, la parte quejosa reclamó la omisión de ser revisado por un especialista capaz de valorarlo y expedirle una incapacidad; empero, nuevamente de sus antecedentes, se desprende que fue atendido por diversos médicos, quienes le indicaron el padecimiento que tiene derivado del accidente que sufrió, lo que se demuestra inclusive de la propia transcripción que realiza de cada uno de ellos y respecto de los cuales le han sido expedidas las licencias médicas, según se advierte de lo expuesto en su escrito inicial, así como de las documentales que anexó; de ahí que, de acuerdo con sus manifestaciones no se desprende que el quejoso a la fecha de presentación de la demanda hubiese sido afectado en su derecho a la salud que alegó, o al menos, no se deduce de su exposición. Por ende, para el caso de que se le hubiere negado la prestación del servicio médico por parte de la institución a la que le corresponde, deberá establecerlo así en su escrito de desahogo. Finalmente, se debe precisar que en su demanda de amparo señaló que la autoridad para la que presta sus servicios, le negó la recepción del certificado médico, lo que podría derivar en la suspensión de su salario y con ello, la prestación de los servicios de salud, hecho que en apariencia, pudiera ser el generador de su reclamo. En términos de lo antes señalado, la parte quejosa deberá establecer con exactitud, en qué consisten verdaderamente sus actos reclamados, pues como quedó expuesto, existen contradicciones entre los que señaló y su exposición fáctica. Se hace del conocimiento a la parte quejosa y a sus autorizados que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan serán confrontadas con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Asimismo, de ser procedente, al momento de resolver el asunto, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. 4) Deberá exhibir once copias de su escrito de desahogo que corresponden al traslado de cada una de las partes, esto es, ocho para las autoridades responsables, una para el agente del ministerio público adscrito y dos para generar los cuadernos incidentales. Ello es así, toda vez que la exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la Litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110, de la Ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a los requerimientos señalados dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; ello de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En otro orden, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo designado. Ahora bien, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Vega Guzmán, Jorge Patiño Gutiérrez, Rubén Gómez Cervantes y Víctor Miguel Ocampo Guzmán, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de las restantes se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos, quienes gozarán de las demás facultades que otorga el numeral en comento, hasta en tanto acrediten tener debidamente registradas sus cédulas profesionales en el aludido Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Se hace del conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente por medio de lista al quejoso, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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