Aristeo Eduardo Diaz Gutierrez

Expediente 1253/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1253/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Juana Maria Gutierrez Martínez viuda de Diaz
  • Edwin Adolfo Diaz Gutierrez
  • Aristeo Eduardo Diaz Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la quejosa haya recurrido el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    REPUBLICACIÓN..Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención formulada en proveído quince de octubre de dos mil diecinueve, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, por lo que únicamente se proveerá sobre la procedencia de la demanda de trato; sólo por cuanto hace a Roberto Flores García. No obstante, previo a acordar lo conducente es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Ahora, del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte una causa de improcedencia manifiesta e indudable que conduce al desechamiento de la misma, con fundamento en el artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu. Lo anterior debe ser así, pues de la lectura integral de la demanda de trato, se observa que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: -La resolución dictada dentro del Toca 92/2019, de fecha 27 de septiembre del corriente año, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de fecha 3 de junio de 2019, que negó la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en contra del auto de fecha 12 de febrero del 2018, dictado dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ADOLFO DIAS VICTORIA, que se tramita ante la autoridad bajo e número 374/2015. Así las cosas, se dice que es improcedente el juicio biinstancial pues acorde al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Lo que conduce a determinar que no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. ...En efecto, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; sin que la resolución reclamada viole de manera inmediata algún derecho sustantivo del quejoso. En esa virtud, es improcedente el presente juicio de amparo indirecto y el quejoso deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva en el expediente de origen, para controvertir las posibles violaciones cometidas a través del juicio de amparo directo, según lo disponen los artículos 170, fracción I, 172, fracción V, y 171, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues de acuerdo al numeral citado en último término, las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo directo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. ... Expuestas las bases anteriores, se concluye que la resolución tildada de inconstitucional no afecta de modo inmediato algún derecho de carácter sustantivo, sino que solo afecta los derechos procesales de la parte quejosa, que podrían constituir una violación a las leyes del procedimiento, reclamables, en su caso una vez que se resuelva en definitiva el juicio de origen, en la vía de amparo directo junto con el fallo. Aunado a que no se advierte que se trate de derecho de menores o incapaces, involucrados en el acto que pretende; de ahí que, se afirma el acto reclamado que nos ocupa, previo agotamiento del principio de definitividad, es reclamable en la vía directa. En consecuencia, por las razones expuestas en párrafos precedentes, en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracciones XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente ES DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo de trato. ...

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención formulada en proveído quince de octubre de dos mil diecinueve, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, por lo que únicamente se proveerá sobre la procedencia de la demanda de trato; sólo por cuanto hace a Roberto Flores García. No obstante, previo a acordar lo conducente es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Ahora, del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte una causa de improcedencia manifiesta e indudable que conduce al desechamiento de la misma, con fundamento en el artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu. Lo anterior debe ser así, pues de la lectura integral de la demanda de trato, se observa que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: -La resolución dictada dentro del Toca 92/2019, de fecha 27 de septiembre del corriente año, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de fecha 3 de junio de 2019, que negó la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en contra del auto de fecha 12 de febrero del 2018, dictado dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ADOLFO DIAS VICTORIA, que se tramita ante la autoridad bajo e número 374/2015. Así las cosas, se dice que es improcedente el juicio biinstancial pues acorde al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Lo que conduce a determinar que no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese orden de ideas los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo. 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley..." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; sin que la resolución reclamada viole de manera inmediata algún derecho sustantivo del quejoso. En esa virtud, es improcedente el presente juicio de amparo indirecto y el quejoso deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva en el expediente de origen, para controvertir las posibles violaciones cometidas a través del juicio de amparo directo, según lo disponen los artículos 170, fracción I, 172, fracción V, y 171, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues de acuerdo al numeral citado en último término, las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo directo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Orienta la presente determinación, la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Sexto Circuito, que dice: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley." [Lo resaltado es propio] De igual forma, es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Expuestas las bases anteriores, se concluye que la resolución tildada de inconstitucional no afecta de modo inmediato algún derecho de carácter sustantivo, sino que solo afecta los derechos procesales de la parte quejosa, que podrían constituir una violación a las leyes del procedimiento, reclamables, en su caso una vez que se resuelva en definitiva el juicio de origen, en la vía de amparo directo junto con el fallo. Aunado a que no se advierte que se trate de derecho de menores o incapaces, involucrados en el acto que pretende; de ahí que, se afirma el acto reclamado que nos ocupa, previo agotamiento del principio de definitividad, es reclamable en la vía directa. En consecuencia, por las razones expuestas en párrafos precedentes, en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracciones XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente ES DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo de trato. Resulta aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro y texto son del siguiente literal: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de Ernesto Martín Solís Herrera, en su carácter de autorizado del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita copias certificadas; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele a su costa copias certificadas de las constancias que indica, una vez que las labores del juzgado lo permitan, previa razón que de su recibo se deje en autos.

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