Aristeo Castillo Pérez
Expediente 490/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Aristeo Castillo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de seis de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. En consecuencia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Finalmente, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 618/2015, signado por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual complementa su informe justificado, remitiendo copia certificada de la constancia que integra la averiguación previa penal número A-5-475/2015, de la que se advierte que mediante oficio 1267/2015, de dieciocho de junio del año en curso, ordenó la libertad del quejoso Aristeo Castillo Pérez. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito por el Secretario de Guardia, el dieciséis de junio del año en curso, Aristeo Castillo Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables: Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado Región Norte II, el Agente del Ministerio Publico Investigador del Primer Turno, el Agente Investigador del Ministerio Publico de Segundo Turno y el Agente del Ministerio Publico Investigador del Tercer Turno, en su calidad de Ordenadoras y como ejecutoras lo tienen el Comandante de la Policía Investigadora adscrita a la Delegación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado región norte II, así como los Policías Investigadores adscritos a las Agencias Primera, Segunda y Tercera del Ministerio Publico de dicha delegación, todas ellas en domicilio ubicado en Avenida Jorge Luis Flores Enriquez sin número de la colonia Aeropuerto de ciudad Acuña, Coahuila. Por el acto reclamado: Lo es el inconstitucional Acto consistente en la privación ilegal de mi libertad de la cual fui objeto en fecha quince de junio de este año dos mil quince aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos de la noche. En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 490/2015; se ordenó notificar al quejoso por conducto del Actuario de la adscripción, el auto de dieciséis de junio del año en curso, relativo a la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado, y dio fe de la integridad física del quejoso. Por auto de dieciséis de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de la copia certificada remitida por el Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que de las constancias que en copia certificada remitió el Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno, residente en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, a su oficio de cuenta, relativa a la averiguación previa penal número A-5-475/2015, se advierte que mediante oficio 1267/2015, de dieciocho de junio del año en curso, ordenó la libertad del quejoso Aristeo Castillo Pérez. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso concreto, como ya se mencionó anteriormente, el acto reclamado se hace consistir en la privación ilegal de la libertad e incomunicación. Ahora bien, de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte que mediante oficio 1267/2015, de dieciocho de junio del año en curso, ordenó la libertad del quejoso Aristeo Castillo Pérez; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del diez de julio de dos mil quince (fojas 5 a 7). Finalmente, se les hizo saber a las partes que la sentencia dictada en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, también que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada Ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes, sin que se hayan pronunciado al respecto.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Agente Investigador del Ministerio Público Tercer Turno, con residencia en esta ciudad, manifestó que el quejoso Aristeo Castillo Pérez, se encontraba internado en las celdas de esa dependencia, toda vez que el dieciséis de junio del año en curso, fue puesto a su disposición, por elementos de la Policía Acreditable del Estado, atento a que fue detenido en fragancia por el delito de amenazas, y que al diecisiete de junio de este año, se encontraba dentro del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que de acreditarse la probable responsabilidad penal y elementos del tipo penal de dicho quejoso, sería puesto a disposición del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Atento a ello, requiérase a la autoridad responsable de que se trata para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la situación jurídica del quejoso Aristeo Castillo Pérez; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Región Norte II. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por tanto, póngase a la vista de las partes.
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