Aristeo Axoxco Amatitlán
Expediente 214/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Aristeo Axoxco Amatitlán
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 14 a 17), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el escrito de cuenta recibido en línea, téngase a Heriberto Navarrete Estudillo, autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, desahogando el requerimiento formulado en auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 6 y 7), mismo que se encuentra recibido dentro del término otorgado para ello. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado: ".4. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable se reclama el rechazo a mi solicitud para tributar en el régimen de incorporación fiscal, el cual solicité con folio AC201861148707, acto que resulta ilegal al violar mis derechos humanos y constitucionales En efecto, por lo que respecta al acto reclamado antes transcrito, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (...)." Se estima así, porque el acto destacado puede ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo que debe ser planteado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el diverso 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mismo que la peticionaria estaba obligada a agotar previamente al juicio constitucional, habida cuenta que con tal medio de defensa los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Los mencionados preceptos legales disponen: "ARTÍCULO 2.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "ARTÍCULO 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; [.]." Entonces, el juicio contencioso administrativo que estatuyen los citados preceptos legales, tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y la autoridad que emitió la resolución impugnada, como en el caso, una autoridad fiscal; por ello, la disconforme está obligada a agotar previamente al juicio constitucional, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable. Debe señalarse que la ley que rige el procedimiento contencioso administrativo a que se ha hecho referencia, establece la posibilidad de suspender los actos reclamados y no exige mayores requisitos de los que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna para conceder la suspensión definitiva. En efecto, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: "Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. (DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. (REFORMADA, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Por su parte, los artículos 128, 136 y 139 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De la comparación entre los artículos 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 128, 136 y 139 de la Ley de Amparo, se desprende que el precepto citado en primer término, no exige mayores requisitos para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los que se establecen en la Ley de Amparo. En ambas legislaciones la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Asimismo, la medida suspensional en el juicio contencioso administrativo podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia firme; por su parte, la Ley de Amparo dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Al igual que respecto al plazo para otorgar suspensión en el juicio contencioso administrativo, no se desprende que sea mayor, pues en ambos casos es de veinticuatro horas, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respectivamente. Además, en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acuerdo en el que conceda la suspensión del acto impugnado surtirá sus efectos desde luego. De tal manera que, si en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establecen igualdad de requisitos que en la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, es evidente que no exige mayores requisitos para la procedencia de la suspensión de éstos, que los que se establecen en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión. Entonces, es evidente que previo a la promoción de la presente instancia constitucional, la impetrante debió agotar el medio de impugnación ordinario que al efecto contempla la ley, que en el caso es el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si bien el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, y en el caso, respecto al procedimiento administrativo de ejecución, la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación; por tanto, previamente debe promover el juicio administrativo, dado que debe agotar los recursos o medios legales que estatuye la ley del acto, de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios de defensa que la ley secundaria establece. Asimismo, se considera que no se está en el supuesto de una violación directa a la Constitución, que pudiera actualizar una excepción al principio de definitividad, en virtud que existe un recurso o medio de defensa ordinario en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde sí se reglamenta. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.
- Principal
Visto el escrito de cuenta recibido en línea, por ********************, en su carácter de autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido y a fin que se encuentre en posibilidad de consultar electrónicamente este asunto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional, con el nombre de usuario (********************); de conformidad con los numerales 26, fracción IV con relación al arábigo 30 de la Ley de Amparo, así como el diverso 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.
- Principal
Vista la demanda promovida vía electrónica mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a través del uso de la firma electrónica, por *********, por su propio derecho, contra actos del Titular del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México. Con fundamento en los artículos 3 y 23 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se tiene por recibida; regístrese en el libro de gobierno con el número 214/2018 y fórmese el expediente respectivo. En atención a lo anterior, previo acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, párrafo primero, en relación con el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído: Como parte de sus antecedentes, remita a este órgano jurisdiccional, en forma impresa o electrónica, la respuesta que la responsable le dio a su solicitud de cambio de régimen fiscal. También, en la misma forma impresa o electrónica, exhiba su solicitud, en caso de contar con ella. Asimismo, se aplica al caso, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, a página cincuenta y cuatro, que es del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.". Apercibida que de no hacerlo así en el lapso indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. ...
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