Aristeo Álvarez Gómez
Expediente 2135/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2135/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2019
Partes del expediente
- Aristeo Álvarez Gómez
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del doce de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto referido, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este juzgado de distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento original. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa adjuntó un documento original, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Escrito de veinte de agosto de dos mil diecinueve, con acuse de recibo de veintisiete de agosto siguiente. Copia certificada del instrumento treinta y cuatro mil trescientos cinco de seis de septiembre de dos mil diecinueve pasada ante la fe de la Notaria Público Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Conste. San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 2135/2019-III; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa.*******. Autoridad responsable. 1. Notaria Público Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Acto reclamado. La omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, así como de autorizar la escritura pública relativa al instrumento ...de seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo al contrato de compraventa que se protocolizó en esa Notaría. Desechamiento. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . Ahora, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, así como autorizar la escritura pública relativa al instrumento treinta y cuatro mil trescientos cinco de seis de septiembre de dos mil diecinueve pasada ante la fe de la Notaria Público Número Uno del Distrito Judicial de Puebla, de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso . De conformidad con lo anterior es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares , puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En síntesis, será considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, no se soslaya que la Ley de Amparo actualmente prevé la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables; sin embargo, de modo alguno implicó que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados, es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Con base en lo expuesto, procede ahora determinar si el acto reclamado a la Notaria Público Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla colma tales requisitos, lo que haría procedente su impugnación a través del juicio de amparo. Para lo anterior, conviene traer a colación las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, en la que si bien analizó el supuesto relativo a cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión que se tramita ante Notario Público, lo cierto es que también analizó la naturaleza jurídica y funciones de dicho fedatario y concluyó que no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, lo que resulta ilustrativa para el presente caso en que se reclama la actuación -omisión- de un Notario Público. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que el Notario Público no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el Notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; incluso, que la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley. Además, debido a que la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, entonces no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, por lo que sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. De las consideraciones anteriores, entre otras, derivó la jurisprudencia 1ª./J. 99/2008, localizable a página 199, tomo XXIX, febrero de 2009, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: La conclusión alcanzada en ese criterio fue reiterada por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 364/2016, en sesión del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve , en la que nuevamente analizó si el notario público puede o no tener la calidad de autoridad responsable, a la luz de la Ley de Amparo vigente, en la que se introdujo la posibilidad de combatir actos de particulares. En la ejecutoria relativa, sostuvo esencialmente que el criterio actual para determinar si un particular tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir ante los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como del tipo de relación jurídica que existen entre los sujetos en conflicto. Asimismo, sostuvo que para otorgarle a algún particular el carácter de autoridad responsable, tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de relaciones de coordinación o de supraordinación, los sujetos se ubican en un plano de igualdad, lo cual constituye la nota distintiva para determinar que en esos casos se está ante una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por ello, las características que deben revestir los actos realizados por los particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Bajo tales premisas, sostuvo que a pesar de que la actuación de los Notarios Públicos se encuentra regulada por una ley y que auxilian al poder judicial en la tramitación de procedimientos sucesorios, no puede decirse que afectan la esfera jurídica de los gobernados pues dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, es decir, no tiene por efecto constituir derechos y obligaciones a cargo de los particulares en atención a que su función se limita a las siguientes premisas: a) Dar fe pública de la situación jurídica generada a partir de la muerte del causante de la sucesión; y los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, respecto de los bienes materia de la sucesión, ya sea entre ellos o con terceras personas. b) No emiten unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. c) No establece nuevas situaciones jurídicas. Dichas consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia 41/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Las premisas señaladas sirven para determinar si el presente juicio de amparo es procedente o no contra la Notaria Público Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a quien se le atribuye la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, así como la omisión de autorizar la escritura pública de compraventa. En ese sentido, se estima improcedente el juicio de amparo, ya que la citada Notaria no es un funcionario o servidor público, a pesar de que su función es de orden público, pues sólo tiene por finalidad otorgar autenticidad, certeza y seguridad jurídica de actos y hechos jurídicos; por tanto, no puede considerarse que le revista la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por otra parte, tampoco puede considerarse que se trate de un particular que actúa como autoridad, ya que por sí misma, la actuación de la Notario Público no tiene por finalidad dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, en contra o en perjuicio del quejoso. Se afirma lo anterior, ya que la falta de autorización de la escritura pública de compraventa, y la falta de respuesta a la petición del quejoso, en la que solicitó que se autorice dicha escritura, son actos que se encuentran estrechamente vinculados al ámbito del trámite de los servicios notariales contratados -protocolización del acto traslativo de dominio-. Tampoco se podría actualizarse alguna afectación de derechos, por una actuación unilateral, si se pondera que la función de la referida Notaria en la protocolización de la escritura pública otorgada por el quejoso, y otros, únicamente consistió en otorgar autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos otorgados por las partes; en tanto que la petición formulada, sólo se encuentra ceñida al ámbito del trámite de ese servicio notarial contratado. Finalmente, el hecho de que sus funciones se encuentren determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones de fe pública, no implica que pueda actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, pues su actuación como fedataria se encuentra condicionada precisamente a la petición de la parte interesada, quien contrató sus servicios notariales para la protocolización de un contrato traslativo de dominio. Por ello, no puede considerarse que los actos que se le atribuyen a la Notario Público de Huejotzingo se trate de un particular que actúa como autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues está en un plano de coordinación con relación al quejoso quien solicitó y contrató sus servicios notariales; por tanto, no existe relación de supra a subordinación en su actuación. No resultan obstáculo a la conclusión alcanzada en el presente asunto, los criterios aislados contenidos en las tesis IV.2o.A.40K (10a.) y II.2o.C.9 K (10a.), que invocó el quejoso en la demanda de amparo, las cuales establecen: Se afirma lo anterior, pues más allá de tratarse de criterios aislados que no resultan vinculantes para este Juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo , lo cierto es que tales criterios se emitieron antes de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la referida contradicción de tesis 364/2016 , en la que reiteró que los Notarios Públicos no tienen la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, a la luz de la Ley de Amparo vigente. Se afirma lo anterior, ya que en la tesis IV.2o.A.40 K (10a.), expresamente se sostuvo que no debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida contra actos de un Notario, pues aun cuando existen diversas tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se sostuvo que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, éstas fueron emitidas con anterioridad a la Ley de Amparo vigente, que en su artículo 5, fracción II, establece la procedencia de juicio contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, por lo que consideró que podrían resultar contradictorias con su texto y, por ende, inaplicables. No obstante, como se adelantó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 364/2016, analizó la institución jurídica del Notario Público a la luz de la Ley de Amparo vigente, y expresamente señaló que comparte el criterio adoptado anteriormente en el sentido de que dichos fedatarios no son autoridades responsables, tal como se evidencia con la transcripción conducente: Por otra parte, en la tesis II.2o.C.9 K (10a.) se sostuvo esencialmente que el notario público es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite entregar la escritura correspondiente, ya que se trata de un organismo descentralizado por colaboración; sin embargo, tal concepción se aparta de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 364/2016, en la que reiteró que la institución del Notario es totalmente sui generis en el sistema jurídico mexicano, pues se trata de un particular que desempeña una función de orden público que le fue delegada por el Estado. En esas condiciones, se colige que los criterios invocados resultan inaplicables al presente caso, pues contravienen la conclusión alcanzada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la institución del Notario Público. En relatadas circunstancias, al no revestirle el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por cuanto hace a la Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y el acto que se le atribuye. Finalmente, no sobra señalar que la presente determinación no implica dejar en un estado de indefensión a la parte quejosa, pues cuenta con diversas vías legales para hacer notar tal omisión, entre ellas, la queja administrativa que se promueva ante la Dirección de Notarías, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto del veintidós de octubre del año en curso y a la ejecutoria pronunciada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 76/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, amplía su demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda y se tiene como autoridades responsables las siguientes: Gobernador del Estado de Puebla. Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla. Secretario de Seguridad Pública del Estado. En tales condiciones, con copia simple de la demanda de amparo y del escrito de ampliación, requiérase a las autoridades responsables indicadas para que dentro del plazo de quince días siguientes a la notificación de este acuerdo rindan su informe justificado, haciéndoles de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde.
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