ARISAI SÁNCHEZ DÍAZ y Otros.
Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ARISAI SÁNCHEZ DÍAZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, en atención a su contenido se tiene a la secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, acusando recibo de la demanda de amparo presentada por Arisaí Sánchez Díaz por propio derecho y en representación de la menor de iniciales M.R.D., contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con residencia en Xalapa, Veracruz; asimismo, se le tiene informando que se aceptó la competencia declinada. En consecuencia, este Juzgado Federal toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Por otra parte, toda vez que el referido órgano de control constitucional aceptó la competencia declinada, de conformidad con lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno este Juzgado Federal declaró carecer de competencia, por razón de turno, para conocer de ese asunto, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista por el inciso i) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Arisai Sánchez Díaz, por su propio derecho y en representación de su menor hija Mayta Raya Díaz, como lo acredita con la copia certificada del acta de nacimiento que acompaña, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Xalapa, Veracruz; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 672/2022, que le corresponde. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de garantías promovida por Arisai Sánchez Díaz, por su propio derecho y en representación de su menor hija M.R.D., como lo acredita con la copia certificada del acta de nacimiento que acompaña, da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima carecer de competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de garantías de que se trata, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En efecto, el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor dispone: "Artículo. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.)". Tal precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando las consecuencias directas o inmediatas que con motivo del acto reclamo se generen, pues, su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de garantías el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Fijadas las bases de la competencia por territorio en materia de amparo, es necesario precisar que la quejosa señaló como acto reclamado, del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Xalapa, Veracruz, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. a).- Reclamo de la autoridad responsable ordenadora, cualquier orden de resguardo físico y/o deposito provisional que se haya otorgado de mi menor hija M.R.D., quien actualmente cuenta con la edad de 13 años, a favor de la ciudadana MABI SANCHEZ RAMOS, y que se haya dictado en el procedimiento ordinario civil, que se encuentra radicado en el expediente número 435/2022/III, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Xalapa, Veracruz, lo anterior es así, ya que la audiencia familiar en la que se haya otorgado tal resguardo físico y/o deposito provisional de mi menor hija ya referida a favor de diversa persona, no me fue debidamente notificada en términos de ley, ya que la suscrita nunca tuve conocimiento de la celebración y desahogo de la referida audiencia familiar, vulnerando así, flagrantemente los derechos más fundamentales de mi menor hija así como de la quejosa. b)-.Así como también reclamo, cualquier orden escrita de notificación y emplazamiento, que se haya dictado en contra de la suscrita hoy quejosa, en el procedimiento ordinario civil que se tramita, en el expediente número 435/2022/III, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Xalapa, Veracruz, promovido por la ciudadana MABI SANCHEZ RAMOS, reclamo en igual medida la indebida e ilegal notificación y emplazamiento que se haya practicado en busca de la suscrita, persona física ARISAI DÍAZ SÁNCHEZ, desconociendo la fecha en que se practicaron esas actuaciones judiciales, pero de las que estoy cierto que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que nunca he sido emplazada a juicio, mediante diligencia de búsqueda, notificación y emplazamiento que haya sido practicada conforme a derecho, por ese motivo las actuaciones que existan en el procedimiento ordinario civil que se sigue en mi contra, son ilegales y violatorias de mis garantías de legalidad y seguridad jurídica. De igual manera, reclamo también las actuaciones subsiguientes que se hayan practicado en el expediente número 435/2022/111, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Xalapa, Veracruz y que hayan derivado en procedimientos sin mi conocimiento ni intervención legal, como también reclamo la sentencia definitiva que se haya dictado en los mismos, y todas las actuaciones que hayan sido practicadas posteriormente incluyendo la ejecución material de la sentencia definitiva que haya sido dictada y en general, todas las actuaciones subsiguientes al defectuoso emplazamiento que se me haya practicado, toda vez que la suscrita y quejosa nunca fui notificada y emplazada legal y debidamente a tal procedimiento, en consecuencia no tuve la oportunidad de defenderme oponiendo excepciones y defensas, toda vez que las actuaciones derivadas de ese proceso a pesar de estar dictadas dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio y proveídas por una autoridad que pudiera ser competente para ello, se han violado en mi perjuicio, las garantías individuales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, los cuales manifiesto bajo protesta legal de decir verdad, derivan de los hechos y abstenciones que me constan, así como de los fundamentos de los conceptos de violación que cito en los capítulos correspondientes. En el presente asunto, el acto reclamado encasillado en el inciso a), si lleva implícita ejecución material, que se traduce en que la menor quejosa Mayta Raya Díaz, sea resguardada y/o depositada provisionalmente, en el domicilio de Mabi Sánchez Ramos; esto es, en la calle Fidencio Ocaña, número 72-D, colonia Francisco Ferrer Guardia, C.P. 91026, de la Ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, lugar donde tienen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, conforme al Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y que en el caso, la propia manifiesta bajo protesta de decir verdad que la menor M.R.D., desde el veinte de enero de dos mil veintidós, se encuentra viviendo en dicha población, por lo que esa ejecución, en su caso, tendrá ejecución en el Estado de Veracruz; de ahí que este Juzgado de amparo estima que, en el caso, carece de competencia para conocer del asunto, la cual corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno. Aunado a que los actos reclamados en el inciso b), al derivar del expediente 435/2022/III, radicado en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Xalapa, Veracruz; es innegable que las subsecuentes actuaciones se ejecutaran y tendrán sus consecuencias jurídicas en esa población. En las consideraciones apuntadas, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA, EN TURNO, para lo cual remítase el escrito original de demanda de cuenta y las copias de la misma, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo en vigor, no ha lugar a dictar providencia alguna en relación a la suspensión provisional solicitada, toda vez, que los actos reclamados no son de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, pues en el caso el acto reclamado se traduce en cualquier orden de resguardo físico y/o deposito provisional que se haya otorgado de la menor M.R.D., quien actualmente cuenta con la edad de 13 años, a favor de la ciudadana Mabi Sánchez Ramos, y que se haya dictado en el procedimiento ordinario civil, que se encuentra radicado en el expediente número 435/2022/III, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Xalapa, Veracruz, por tanto, en los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, el juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al Juez de Distrito que considere competente. No pasa inadvertida la circunstancia de que la parte quejosa señalara como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y como su domicilio particular el ubicado en la calle Juan Palacios número 234-A, colonia María Eugenia, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, pues, ello no es motivo bastante para que este Juzgado de Distrito sea competente para conocer de la demanda. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones no es un elemento útil para fincar competencia a favor de determinado órgano jurisdiccional. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 12/95, publicada en la página noventa y siete, tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado y como autorizados para tal efecto a las personas que refieren. Notifíquese personalmente.
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