Aris José Concepción Arias

Expediente 1916/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1916/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Aris José Concepción Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. AVISO DESIGNACIÓN DE NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. CAUSA ESTADO Toda vez que ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa licenciado ********************, quien promovió a favor de ********************, hubiera recurrido el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, háganse las anotaciones de rigor Notifíquese.

  2. Principal

    RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de tres de noviembre del presente año, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar los siguientes ANTECEDENTES: 1. Por SENTENCIA de once de julio de dos mil diecinueve, en su PRIMER punto resolutivo se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Ariel García Jiménez y Pablo Zenteno Espinoza, para efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: - Realizar con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trámites conducentes y hacer uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 180/2004 y sus acumulados de su índice, lo cual se traduce en entregar a Ariel García Jiménez, la cantidad de $1'477,328.63 (un millón cuatrocientos setenta y siete mil trescientos veintiocho pesos con sesenta y tres centavos moneda nacional), y a Pablo Zenteno Espinoza la cantidad de $1'114,363.48 (un millón ciento catorce mil trescientos sesenta y tres pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), para lo cual deberá adoptar las medidas necesarias y eficaces en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. 2. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, CAUSÓ EJECUTORIA la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES. 3. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el seis de febrero de dos mil veinte, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió COPIA CERTIFICADA de diversas actuaciones que obran en los autos del expediente laboral 180/2004 y sus acumulados, de las que destaca la diligencia de trece de septiembre de dos mil diecinueve y de la que se advierte que en esa misma fecha se llevó a cabo la celebración de convenio de pago por cumplimentación de laudo, con el actor -hoy quejoso- Pablo Zenteno Espinoza, ante el Tribunal responsable, en el que se dio por pagado de todas y cada una de las prestaciones condenas al Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, ordenándose el archivo definitivo del juico laboral de origen, como asunto total y legalmente concluido en lo que a él respecta. Asimismo, en dicho proveído se tuvo por recibido el oficio TCYA/AMP/1170/2020, remitido por la autoridad ocursante, al que anexó el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, y del que se advertían las gestiones que se encontraba realizando a fin de lograr el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior, se siguió requiriendo al Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, para que remitiera copia certificada de los actos encaminados a lograr el pago del diverso quejoso Ariel García Jiménez, la suma que se le adeudaba consistente en $1,477,328.63 (un millón cuatrocientos setenta y siete mil trescientos veintiocho pesos 63/100 moneda nacional). 4. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintiocho de octubre del presente año, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió COPIA CERTIFICADA de diversas constancias que obran en los autos del expediente laboral 180/2004, de las que se observa la diligencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós y de la que se desprende que esa misma fecha se llevó a cabo la CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE PAGO TOTAL por cumplimentación de laudo con el actor -hoy quejoso- Ariel García Jiménez, ante el Tribunal responsable, en el que se dio por pagado de todas y cada una de las prestaciones condenadas al Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, ordenándose el archivo definitivo del juicio laboral de origen, como asunto total y legalmente concluido en lo que a él respecta. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5. En razón de lo anterior, en proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, SE DIO VISTA y corrió traslado a la parte quejosa con la constancia remitida por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que se haya pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificada para ello el cuatro de noviembre del año que transcurre. En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral de origen 180/2004, acumulado al 181/2004, 182/2004, 183/2004 y 184/2004, de su índice del que se advierte que en esa misma fecha se llevó a cabo la celebración de convenio de pago por cumplimentación de laudo, con el actor -hoy quejoso- Pablo Zenteno Espinoza, ante el Tribunal responsable, en el que se dio por pagado de todas y cada una de las prestaciones condenadas al Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, ordenándose el archivo definitivo del juico laboral de origen, como asunto total y legalmente concluido en lo que a él respecta. Asimismo en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se desprende que esa misma fecha se llevó a cabo la CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE PAGO TOTAL por cumplimentación de laudo, con el diverso actor -quejoso- Ariel García Jiménez, ante el Tribunal responsable, en el que se dio por pagado de todas y cada una de las prestaciones condenas al Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, ordenándose el archivo definitivo del juicio laboral de origen, como asunto total y legalmente concluido en lo que a él respecta. En ese contexto, se advierte que los autos de siete de febrero de dos mil veinte y tres de noviembre de dos mil veintidós, emitidos en el expediente laboral 180/2004, acumulado al 181/2004, 182/2004, 183/2004 y 184/2004, de su índice, emitidos por la autoridad responsable resultan congruentes con los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio, en el sentido de la responsable debía velar por la completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional TRES AÑOS, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa Aris José Concepción Arias, ratificó su escrito de demanda; en ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la misma, contra los actos que reclama de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, residente en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se observa que el Actuario Judicial de la adscripción, a través de sus sentidos dio fe de las condiciones físicas en que se encontraba el quejoso que a simple vista apreció que no cuenta con ninguna lesión visible en su cuerpo y que no ha sido maltratado; de ahí que sea innecesario adoptar alguna medida a fin de respetar las prerrogativas constitucionales de la accionante. En consecuencia, se otorga plena validez a las manifestaciones formuladas por el directo quejoso Aris José Concepción Arias, ante el fedatario judicial de la adscripción. Por tanto, se tiene al Fedatario de la adscripción dando cumplimiento a la diligencia encomendada en auto de nueve de octubre de la presente anualidad, acorde a lo antes narrado. Lo anterior con apoyo en la tesis XIV.C.A.49 C (9a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 615, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 160704, que dice: "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL ACTUARIO. CONSTITUYE LEGALMENTE UNA ACTUACIÓN JUDICIAL CON PLENO VALOR PROBATORIO. Tratándose de una cédula de notificación, la cual contiene el nombre del juzgado que conoce del asunto, el número del expediente correspondiente, el nombre de la persona a quien se pretende notificar y, sobre todo, la firma del actuario adscrito a dicho juzgado, es incuestionable que constituye una actuación judicial, porque la realiza un funcionario judicial en ejercicio de su encargo, que se encuentra investido de fe pública y, siendo así, el documento relativo a la cédula de notificación tiene valor probatorio pleno respecto a los acuerdos que en ella obran transcritos y, por ello, es indudable su veracidad y permiten conocer a ciencia cierta el o los mandamientos dictados por la autoridad judicial." Así como la jurisprudencia IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 265, Tomo I, Mayo de 1995, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 205152, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número (99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Se le hace saber a la autoridad responsable jurisdiccional que el plazo de quince días para que rinda o actúe en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); lo que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Atendiendo a lo estipulado en el artículo 52 Bis, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior; haciendo uso de la firma electrónica, mediante FIREL, e.firma, y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. INCIDENTE. No se apertura el incidente de suspensión, toda vez que respecto de los actos reclamados esta autoridad ya efectuó el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada mediante auto de nueve de noviembre del año actual. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

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