Ariel Valenzuela Leyva

Expediente 95/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
95/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Ariel Valenzuela Leyva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Durango, Durango, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos allegados a este expediente se analizará fundada y motivadamente si la sentencia protectora está cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe alguna imposibilidad para cumplirla. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 832, del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y bajo el registro 2010987, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". En la ejecutoria dictada en autos se amparó al quejoso ********************para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Durango emitiera el laudo en el juicio laboral ********************. El Presidente de la Junta responsable envió su oficio A-201/2023,al que adjuntó copia certificada del laudo emitido el ocho de marzo de dos mil veintitrés en el conflicto obrero ********************. De lo que se concluye que con el actuar de dicho Tribunal Obrero señalado como responsable se cumplió el fallo protector como lo exige el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que se superó la omisión que ameritó la concesión del amparo, por tanto, con apoyo en el numeral 196 de la propia ley reglamentaria, téngase por cumplida, y en su oportunidad archívense los autos. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal registrado con el número 5492, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VII, página 6440, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente la leyenda "depurable". Notifíquese.

  2. Principal

    Durango, Durango, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector dictado dentro de este juicio de garantías, por lo cual, resérvese dicho oficio informativo hasta en tanto cause estado la sentencia dictada dentro del presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 95/2023, promovido por ******************** contra una omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Durango, por considerarla violatoria de los artículos 1, 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango,******************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y la omisión que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Es Autoridad responsable la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD. IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable, en su calidad de ordenadora, reclamo la violación a los artículos 885 y 916 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que ha transcurrido el término establecido en estos para dictar el LAUDO correspondiente sin que a la fecha lo haya hecho, esto dentro de los autos del juicio laboral ********************". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés bajo el número 95/2023, en el que se solicitó a la autoridad señalada como responsables sus informes con justificación; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclama una omisión proveniente de una autoridad cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Es cierta la omisión que******************** reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, ya que así lo reconoció su Presidente al rendir el informe justificado, y se corrobora con la copia certificada del juicio laboral ********************, que envió como complemento, a la que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley que rige al juicio de garantías, lo que basta para demostrar con plenitud la existencia de tal reclamo. Es exactamente aplicable la tesis de jurisprudencia 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común Primera Parte, SCJN Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-2011, cuyo texto y rubro son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por el peticionario de amparo al tenor de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". CUARTO. Es esencialmente fundado el concepto de violación en el que el quejoso******************** alega violación al derecho a la jurisdicción que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su segundo párrafo dice: "ARTÍCULO 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Este dispositivo cumbre garantiza el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión sobre las pretensiones deducidas, que se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 113/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo XIV, Septiembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Los artículos 685, primer párrafo, 771, primer párrafo, 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "ARTÍCULO 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. .". "ARTÍCULO 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. .". "ARTÍCULO 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "ARTÍCULO 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "ARTÍCULO 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "ARTÍCULO 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. "ARTÍCULO 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". De estos dispositivos se puede obtener, en lo que interesa, que el proceso del trabajo será inmediato, para lo cual los Presidentes de las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr su mayor economía y concentración, en el que una vez desahogadas las pruebas y formulados los alegatos, el auxiliar debe declarar cerrada la instrucción y dentro del término de diez días siguientes, debe formular por escrito proyecto de laudo, del que se entregará copia a los integrantes de la junta, quienes dentro de los cinco días siguientes podrán solicitar, con citación de las partes, se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; y trascurridos esos términos o desahogadas las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta los citará para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el lapso fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Ahora bien, el quejoso******************** reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ********************. El Presidente de ese tribunal laboral reconoció la omisión reclamada, lo que se corrobora con las constancias de ese enjuiciamiento, de las que se advierte que mediante acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil veintidós se declaró cerrada la instrucción y se dispuso turnar los autos al auxiliar para la elaboración del proyecto de laudo, por lo que desde esa fecha, al día de hoy, ya transcurrió el término legal sin que se tenga noticia de que se haya pronunciado el laudo, por lo que no existe duda de la trasgresión al derecho a la jurisdicción que reconoce el artículo 17 de la Ley Suprema en detrimento del aquí quejoso. En tales condiciones, procede otorgar la protección de la Justicia Federal al quejoso******************** para el efecto de que los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango obren en el sentido de respetar el derecho fundamental del justiciable de tener acceso efectivo a la pronta administración de justicia, para lo cual de inmediato deberán emitir el laudo que en derecho proceda en el juicio laboral ********************, ya que sólo de esta manera se podrá restituir el orden constitucional quebrantado, como lo manda el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en el entendido que la omisión de la Junta responsable de impartir justicia en forma pronta y conforme a los términos previstos en la ley es de tracto sucesivo, de manera que comenzó desde el momento en que incumplió con el plazo que para tal efecto prevé la Ley Federal del Trabajo, por lo que esa violación continúa mientras persista su actitud omisiva, ya que los plazos y términos agotados no son recuperables. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, sustentada por la Segunda Sala, consultable en la página 226, del Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO".

  4. Principal

    Durango, Durango, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Con vista a las partes, para que surta sus efectos legales y con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado con que se da cuenta. Notifíquese.

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