Ariel Piñon Chávez
Expediente 1453/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1453/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/08/2022
Partes del expediente
- Ariel Piñon Chávez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la cual se desprende que la parte promovente en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, dentro del término legal concedido no se inconformó con el proveído mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se tuvo por no interpuesto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Siendo las doce horas con treinta y tres minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la licenciada Rosa María Martínez Martínez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hace constar y certifica que fue presente en el local de este Juzgado, Cuauhtémoc Luna Cristal, en su carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración del fideicomiso irrevocable de garantía identificado con el número interno 2421-7 donde BANSI Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple es Fiduciario, parte quejosa en el presente juicio, quien se identifica con cédula profesional número 2308712, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como licenciado en derecho, cuya fotografía que obra en la misma coincide con los rasgos fisonómicos de su portador, dejándose copia simple de dicha identificación agregada en autos para los efectos procedentes a que haya lugar; persona que manifestó: que en virtud del proveído dictado el veinte de abril de dos mil veintidós, comparece a recibir en este acto el billete de depósito N 928897, valioso por la cantidad de DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que se dejó a su disposición, por lo que, en este acto se le hace entrega de dicho certificado bancario al compareciente, quien lo recibe de conformidad y firma para constancia. DOY FE
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante el cual remite la ejecutoria dictada en el recurso de queja 195/2021, derivada del juicio de amparo indirecto 197/2021 del índice de este Juzgado de Distrito; luego, hágase saber a la parte quejosa que el Tribunal de referencia declaró fundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo en que se actúa; y ordenó proveer lo conducente en relación con la demanda; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Luego, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en la inteligencia de que únicamente se glosarán las actuaciones realizadas en dicho cuaderno, toda vez que las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio de amparo resultan innecesarias, por tanto, procédase a su destrucción. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 107, 10Z8, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por GERMÁN RAMÍREZ COVARRUBIAS, por su propio derecho, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno con el número 197/2021; dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS y acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, las cuales deben remitirse debidamente legibles y completas; al efecto, de conformidad con el citado artículo, se hace saber y se exhorta a la autoridad responsable para que de ser posible, remitan tales constancias en forma digital y a través de medios magnéticos, indicándoles que si la exhibición fuera en formato electrónico o digital, esas constancias deberán estar debidamente autenticadas por la autoridad responsable, con lo cual es suficiente para tener por cumplida la carga procesal que le impone el artículo 117 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.33 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2381, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE PUEDEN REMITIRSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, LOS CUALES TENDRÁN VALOR PROBATORIO, SIEMPRE QUE ESTÉN CERTIFICADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2036, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Apercibida que de no rendir su informe en su oportunidad se le aplicará multa de cien Unidades de Medida y Actualización, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia. Se señalan las CATORCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que se lleve a cabo la audiencia constitucional. Se exhorta a las partes para que en el caso de formular alegatos, lo realicen por escrito, con la debida anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional. Asimismo, y en el supuesto de que deseen hacerlo de forma verbal el día y hora de la audiencia constitucional, lo deberán informar a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones necesarias para que dicha audiencia sea diligenciada a través de videoconferencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita, para lo cual deberán atenderse las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. Luego, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción II, inciso b), y primer párrafo del ordinal 115, ambos de la Ley de la Materia, se ordena correr traslado y emplazamiento por medio de oficio con auto inserto de este proveído a Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), adjuntándole copia simple de la demanda de amparo para su legal emplazamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Por último, cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados, respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Por separado y duplicado fórmese el incidente de suspensión solicitado. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por ARIEL PIÑON CHÁVEZ, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1453/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Luego, antes de proveer lo que en derecho proceda en relación a esa demanda, con fundamento en el artículo 108 fracción IV y 114, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificado de este proveído realice lo siguiente: I.- Precise de manera clara y concisa cuál es en sí el acto que destacadamente reclama, toda vez que el referido en el capítulo correspondiente al acto reclamado, hace alusión de manera genérica a un acto omisivo, al referir: "a. DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 4 CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, NAYARIT, la omisión de tramitar el juicio en los términos y plazos que marca la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 685, 883, 884 y hasta emitir el LAUDO." Luego, en el punto dos de su demanda, aduce lo siguiente: ".En fecha 24 de noviembre de 2016 se Ilevó a cabo la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS. Hasta el día de hoy han sido desahogadas la totalidad de las pruebas, a excepción de la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte demandada (tercera interesada), sin embargo, la autoridad responsable no ha señalado fecha para su desahogo, no obstante las múltiples peticiones que se han realizado para su seguimiento. Si la autoridad laboral hubiera cumplido con el debido proceso, el juicio laboral ya estaría resuelto y dictado el LAUDO." En ese sentido, es inconcuso que la parte quejosa deberá precisar, realmente cuál es el acto contumaz que le atribuye a la junta responsable, la falta de desahogo de esa prueba, el no señalar fecha para la audiencia, o el no atender las peticiones hechas a la responsable; precisiones que resultan necesarias a efecto de estar en posibilidad de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo en estudio, precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a la autoridad responsable del informe de ley. Toda vez que el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Lo anterior, resulta necesario a fin de que el suscrito pueda establecer la litis en la instancia constitucional que pretende instaurar; en la inteligencia que la promovente deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para emplazar a las partes, toda vez que este forma parte integral de su demanda; apercibida que de no cumplir con todo lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Es aplicable a lo anterior la tesisI.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, Página 2613, Tomo XXVI, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta, y por autorizado en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gloria Estefany Sánchez Fernández, José Marcelino Romero Paredes y Arturo Servin Vargas. Por otra parte, en relación al correo electrónico que señala en su demanda de amparo como medio alterno para recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no proporcionó clave de usuario, cuyo registro puede realizarlo vía internet ingresando a la página www.serviciosenlinea.pfj.gob.mx (Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación); sin embargo, se le tienen dichos medios únicamente para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente asunto. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales.
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