Ariel Omar Herrera Flores

Expediente 389/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
389/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Ariel Omar Herrera Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el al escrito de ********************, quejoso en los presentes autos, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, que erróneamente señala como auto de dos de septiembre de dos mil veintidós. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo por los motivos expuestos en dicho proveído. En tal virtud, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Finalmente, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito de ********************, con tres copias y un anexo, mediante el cumple con la prevención de diez de los cursantes. Así, del escrito de demanda y su aclaratorio, se obtiene que el quejoso acude a esta instancia constitucional pretendiendo reclamar la violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 8 constitucional, en virtud de la omisión del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, de dar respuesta a la petición formulada a través del escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, realizado en su carácter de inspector de la costa del municipio de Dzemul, Yucatán, y en el cual solicita que no se renueve o emita licencia de uso de suelo o construcción sobre un predio en la demarcación territorial de ese municipio. Ahora bien, es menester indicar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, atento a los motivos que a continuación se exponen. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, dado que lo que se reclama no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Esto es así, ya que el ente señalado por la quejosa como responsable, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, atendiendo al acto que le atribuye en el presente asunto. Para sustentar la causal de improcedencia en comento, es importante puntualizar el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se refiere a aquéllos funcionarios a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que trastocan los derechos fundamentales del particular. Esta consideración, tiene origen en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, página 118, del rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De igual forma, en relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise de consenso de la voluntad del afectado.". Conforme a lo anterior, el Alto Tribunal de la Nación ha establecido las notas distintivas de los actos de autoridad: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Criterio, que si bien fue establecido con los supuestos de la Ley de Amparo abrogada, continúa en vigor de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que los requisitos establecidos en dicha jurisprudencia fueron retomados en el texto actual del citado artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, con la única diferencia que, en el párrafo segundo de dicha fracción, se incluyó como figura novedosa que los particulares pudieran tener la calidad de autoridad responsable, lo cual se configura siempre y cuando sus actos sean equivalentes a los ya citados y que sus funciones se encuentren establecidas en una norma general. Empero, dado que la litis en el presente asunto versa sobre la naturaleza de un acto atribuido al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, esto es, por una autoridad formal, y no por un particular, en el caso no se hará mayor referencia respecto de los particulares que pudieran tener esa calidad. En ese orden de ideas, es importante establecer que las relaciones jurídicas se pueden clasificar, desde el punto en el que se encuentre el peticionario de amparo en referencia al ente o persona con el que se da el acto o hecho jurídico, en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, las cuales deben atenderse a fin de determinar si un acto pudiera reputarse de autoridad o no. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales (coercitividad). Así que, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que prevé el artículo 105, fracciones I y II, constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, por las consideraciones ahí explicadas, la Tesis: I.15o.A.36 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." En resumen, debe decirse que la autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. En el caso particular, el acto reclamado precisado con antelación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la omisión reclamada deriva de la relación de supraordinación que existe entre el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y el quejoso como Inspector de la costa del municipio Dzemul, Yucatán. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se ostenta con el carácter ********************; y con esa calidad realizó la solicitud, cuya falta de atención reclama por parte del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a quien le atribuye la omisión de contestar el oficio 02/2022, de seis de julio de dos mil veintidós, en la que se solicitó se abstenga de renovar y emitir licencia de uso de suelo alguna y licencia de construcción alguna respecto del predio ubicado en el tablaje Cuatrocientos sesenta y tres, inscrito como del Municipio de Progreso. Así, se llega a la conclusión que el acto reclamado al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación entre dicha institución con el quejoso, no se encuentra en el plano de supra a subordinación, sino en el diverso de supracoordinación, es decir, entre autoridades; por lo que las omisiones o incumplimiento en que incurra dichos entes públicos, sería objeto de análisis en vías jurisdiccionales diversas. De ahí que el acto reclamado por el promovente del amparo, no puede ser considerado como acto de autoridad, para efectos de la tramitación del juicio de amparo. Por lo antes relatado, resulta procedente desechar la demanda de amparo, al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. La anterior determinación no se opone al contenido de la jurisprudencia 2a. /J. 54/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", porque dicha regla general no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción, como se sostiene en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se comparte, la cual puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo II, Materia Común, Décima Época, página mil doscientos veinticuatro, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; vinculado con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ARIEL OMAR HERRERA FLORES, contra actos que reclama del DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 389/2023-II. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso aduce acudir a esta instancia constitucional reclamando la violación al derecho fundamental contenido en el artículo 8 constitucional en virtud de la omisión de dar respuesta a su solicitud presentada ante la responsable, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, mediante oficio con folio 02/2022 de seis de julio de dos mil veintidós. Así también, se advierte que entre sus generales manifestó acudir en su carácter de inspector de la costa del municipio de Dzemul, Yucatán. De lo anterior, no es posible tener plena certeza de la calidad con la que reclama dicha omisión que atribuye a la responsable, esto es, si lo hace frente a lo que estima una violación a sus derechos fundamentales como gobernado o bien, en ejercicio de las funciones propias de su encargo como inspector de la costa del municipio de Dzemul, Yucatán del Ayuntamiento de dicha localidad. Por tanto, a fin de estar en aptitud legal de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al ocursante para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste a este Juzgado de Distrito lo siguiente: Precise, en concreto, si la petición que realizó ante la resonsable y cuya omisión pretende combatir en esta instancia constitucional, la hizo como gobernado o en su carácter de inspector de la costa del municipio de Dzemul, Yucatán y por tanto, en ejercicio propio de las funciones del cargo. En la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para distribuirlas entre las partes que integren el presente juicio de amparo, ya que dicho memorial forma parte integral de la demanda de amparo. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no cumplir con lo dispuesto en los incisos que anteceden se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como su autorizados, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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