Ariel Martin Mendoza Pallares
Expediente 434/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/09/2022
Partes del expediente
- Ariel Martin Mendoza Pallares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de septiembre de dos mil veintidós. I. Calificación de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con el cumplimiento del fallo protector, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, no obstante, resulta procedente que este juzgado se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al promovente. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por la autoridad y el fedatario público vinculados, y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. 1. Titular de la Notaría Pública Número Ocho, con residencia en esta ciudad. SE CUMPLIÓ EFECTOS DE LA SENTENCIA SI N NO "[.]53. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa ******************, para los efectos siguientes: I. Para que se deje insubsistente el acto de aplicación de los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, y se cobre a la parte solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, debiendo restituirle a la agraviada el numerario excedente que le corresponde respecto de las cantidades que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de la operación de adjudicación por remate judicial, reflejada en la escritura pública ***********) del protocolo de la Notaría Pública número 8 (ocho) de la demarcación notarial de esta ciudad. [.] 1. En oficio agregado en autos, el fedatario público realizó transferencia bancaria de la suma relativa al ajuste solicitado, en relación a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por la inscripción de la de la operación de adjudicación por remate judicial. CONCLUSIÓN. En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. II. Archivo definitivo. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. II. Cambio de denominación. Finalmente, con fundamento en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión. Notifíquese1 .
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de agosto de dos mil veintidós. I. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito suscrito por el Notario Titular de la Notaría Pública número Ocho, con residencia en esta ciudad, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, al efecto informa que pone a disposición de la parte quejosa el cheque que refiere, asimismo, acompaña las constancias con que pretende acreditar su dicho. II. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que queda expedito su derecho para acudir a las instalaciones de la Notaría en comento, en el horario establecido para ello, para la recepción del pago correspondiente, previa identificación que al efecto se haga. Notifíquese; y de manera electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de agosto de dos mil veintidós. I. Se informa cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio ......, suscrito por el Subprocurador Fiscal Contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro, en representación de la Secretaría de Finanzas Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual refiere que la Notaría Pública número Ocho (8), con residencia en esta ciudad, únicamente enteró al fisco estatal la cantidad de ......., por el acto jurídico de adjudicación judicial, esto es 3.75 unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, materializados en los recibos que anexa; en consecuencia, se provee: II. Requiere cumplimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, esto es, al Titular de la Notaría Pública Número Ocho, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES; contados a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. Lo anterior tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la actualización de las cantidades no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar el saldo a favor debidamente actualizado, que se originó con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma analizada, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce del derecho vulnerado. A fin de que el fedatario púbico de cabal cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, al oficio que se gire en el presente acuerdo, se ordena anexar copia de la sentencia dictada dentro del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./j. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. en ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. V. Otras consideraciones. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, deberá ser entregado por la propia autoridad requerida; y no remitirlo a este juzgado; asimismo, el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "no negociable" o "para abono a cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de julio de dos mil veintidós. I. Ejecutoría. Según se advierte del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, ya feneció el término de días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en que, por un lado, se sobreseyó en el juicio, y, por el otro, se concedió el amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Requiere cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad vinculad al cumplimiento de la sentencia, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES; contados a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. Lo anterior tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la actualización de las cantidades no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar el saldo a favor debidamente actualizado, que se originó con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma analizada, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce del derecho vulnerado. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. V. Otras consideraciones. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, deberá ser entregado por la propia autoridad requerida; y no remitirlo a este juzgado; asimismo, el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "no negociable" o "para abono a cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
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