Ariel López Haro

Expediente 1191/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1191/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2019

Partes del expediente

  • Ariel López Haro

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la sentencia de amparo, dictada en auxilio de este juzgado por la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Devuelva al quejoso, las cantidades totales que enteró por los conceptos de "TRANSMISIÓN PROPIEDAD POR EXTINCIÓN PARCIAL DE FIDEICOMISO", "APERTURA DE CRÉDITO" Y "MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA", "ARTÍCULO 79-A LHE", "ARTÍCULO 82-A LHE", así como los de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL", según se desprenden de los recibos digitales de pago con números de referencia 758617403, 758617475 y 758617489, todos de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional". Impugnación. Inconforme con la sentencia, la autoridad responsable Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, y en auxilio de este órgano colegiado, resolvió el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con Residencia en Culiacán, Sinaloa, el cual confirmó la sentencia recurrida dictada en auxilio de este juzgado por la la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el trece de marzo de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales (fojas 326 a la 332); además, mediante diligencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve, la notificadora adscrita a dicha autoridad responsable, entregó a la parte quejosa el cheque número 000017888 de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 374 a la 377). Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales (fojas 326 a la 332); además, mediante diligencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve, la notificadora adscrita a dicha autoridad responsable, entregó a la parte quejosa el cheque número 000017888 de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 374 a la 377). Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".

  2. Principal

    Recurso de queja. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de siete de noviembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo que motivó el expediente en que se actúa. Remisión. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la ley en la materia, en relación con el numeral 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada de la demanda de amparo, así como del auto impugnado, original y copia del escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad. Informe. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo ríndase informe en el sentido de ser cierto que este juzgado emitió el proveído de siete de noviembre del presente año, sin embargo, se precisa que el mismo se pronunció apegado a derecho; como así se justifica atendiendo a los motivos y fundamentos plasmados en el mismo, lo que sustenta su legalidad. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgado y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En la especie, este juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Del primer precepto reproducido se advierte que, además de la causales de improcedencia consagradas en las fracciones I a la XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, pueden actualizarse aquellas que resulten de alguna disposición de la ley; y del segundo interpretado a contrario sensu, se obtiene que el amparo resulta improcedente contra actos en el juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe señalar que por regla general los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtiene una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable cuando el acto reclamado, una vez que se produce, no afecta los derechos subjetivos del gobernado sino que sólo incide en sus derechos adjetivos adquiridos en el proceso, pues, en este caso, las consecuencias de la posible violación se extinguen al ser reparada en la resolución definitiva que se dicte en el juicio de que se trate o bien, en amparo directo que contra la resolución definitiva se promueva, sin haber originado afectación alguna a tales derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la jurisprudencia P./J. 24/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, Agosto de 1992, página 11, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Bajo este contexto, del análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo, se desprende que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: El auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, por el cual el Juez Cuarto Unitario Municipal, con sede en esta ciudad admitió a trámite la denuncia radicada bajo el número 147/2019-IV de su índice. El auto de dieciocho de octubre del año en curso, mediante el cual se previene al quejoso para que se abstenga de controlar los accesos peatonales en Calle del Desierto de Nuevo México, del Fraccionamiento Santa Elena, de esta ciudad, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá al retiro de puertas o estructuras que se encuentren colocadas en las vialidades del fraccionamiento en comento. En ese sentido, este juzgador estima que en relación al acto precisado en el inciso a), esto es, el auto de radicación de diez de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual el Juez Cuarto Unitario Municipal, con residencia en esta ciudad, admite a trámite la denuncia radicada con el número 147/2019-IV, no constituye un acto dictado dentro del juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; en virtud de que tal determinación solamente produce efectos intraprocesales, cuyas dimensiones no son exorbitantes o que con su dictado se afecte a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior es así, en tanto que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo del promovente, sino que trasciende a un mero evento de carácter procedimental; máxime, de que existe la posibilidad de que el resultado que se emita en dicho juicio pueda resultar favorable a sus intereses, con lo que quedaría subsanada la posible ilegalidad cometida en el acto que ahora reclama. En efecto, las consecuencias del proveído reclamado son susceptibles de extinguirse con la sentencia que se pronuncie en el procedimiento natural, en caso de serle favorable. Así, el juicio constitucional indirecto es procedente cuando los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República, por medio de las garantías individuales, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose de cuestiones atinentes al auto en que admite la denuncia, como en el caso, ya que tal determinación solamente produce efectos intraprocesales; consecuentemente, deviene inconcusa la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, pues de la lectura de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que no se ha dictado sentencia definitiva en los autos de la denuncia 147/2019-IV; ello es evidente y notorio en atención a que de las constancias adjuntas a su demanda de amparo, se advierte que, precisamente la radicación se llevó a cabo el diez de octubre del año en curso, por ende, resulta incuestionable que los efectos de la determinación reclamada, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento del referido juicio de origen. Así, el acto reclamado, es un acto emitido dentro del juicio que no tiene una ejecución de imposible reparación, por el contrario, la radicación de la denuncia del expediente de origen no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior al demandado, puesto que únicamente produce el efecto de someterlo a un procedimiento jurisdiccional; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. Así, en todo caso, no será sino hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva en el procedimiento de origen cuando pudiera influir o no el sentido de la decisión de la autoridad judicial responsable y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad que la pretendida violación llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte peticionaria del amparo. Por consiguiente, el juicio de amparo indirecto es improcedente debido a que la emisión del auto reclamado en esta vía constitucional, no es de imposible reparación, entendiéndose, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados por nuestra carta magna. Por otro lado, respecto del acto señalado en el inciso b), esto es, el auto de dieciocho de octubre del año en curso, debe decirse que de igual manera, no tiene una ejecución de imposible reparación, por tratarse de un auto en el que únicamente se previene a la parte quejosa, de que se abstenga de controlar los accesos peatonales en Calle del Desierto de Nuevo México, del Fraccionamiento Santa Elena, de esta ciudad, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá al retiro de puertas o estructuras que se encuentren colocadas en las vialidades del fraccionamiento en comento; de ahí, que el auto controvertido no implica en modo alguno que sea de imposible reparación, porque no atenta, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, ya que depende de la conducta que despliegue la parte quejosa y de la cual tiene pleno conocimiento, el que se haga efectivo o no el apercibimiento. Luego, es evidente que esa determinación, no ocasiona a la quejosa ninguna afectación en sus derechos sustantivos previstos por la Norma Fundamental o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que únicamente importa una mera prevención. En efecto, el que se haga efectivo o no el apercibimiento decretado, por una parte depende de la voluntad de la parte quejosa de cumplir con la prevención formulada en el juicio de origen, y por otra, en caso de incumplimiento de la misma, la aplicación del apercibimiento de mérito, depende de la voluntad del juez que rige el procedimiento de origen. En ese sentido es que se estima que no existe por el momento irreparabilidad del acto reclamado, ya que hasta este momento no existe una afectación a su esfera jurídica, máxime que puede darse el supuesto, de que aun ante su incumplimiento, no se haga efectivo a la parte quejosa dicho apercibimiento, con lo cual no se afectaría su esfera jurídica. En ese mismo sentido debe decirse que el apercibimiento en caso de incumplimiento a lo ordenado por la autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que no se lleva a cabo como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L, del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2321, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, al no tratarse de actos de imposible reparación. En tales condiciones y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Ariel López Haro, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Comité Vecinal del Fraccionamiento Santa Elena, Asociación Civil. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Escrito. Visto lo de cuenta, se agrega el escrito presentado por el licenciado Ariel López Haro, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Comité Vecinal del Fraccionamiento Santa Elena, Asociación Civil, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención de veinticuatro de octubre del año en curso. Acuerdo. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que no dio cumplimiento a la aclaración en comento; lo anterior es así, atendiendo a que no da cumplimiento al punto iii, pues debe exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Máxime que se trata del escrito en el cual manifiesta los actos que le reclama a las autoridades respecto de las cuales fue su deseo señalar como responsables Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de esta ciudad, Ayuntamiento de Torreón, Coahuila y Dirección General de Servicios Públicos Municipales, todos con sede en esta ciudad, y deberá correrse traslado con copia del escrito en comento a éstas para que estén en aptitud de rendir sus respectivos informes. Atento a lo anterior, dígasele al promovente que le subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la inteligencia de que dicho término se interrumpe con la presentación del escrito aclaratorio de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.39/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, Libro VIII, mayo de 2012, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, cuyo texto es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."

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