Ariel Fernando Trujillo Barraza
Expediente 736/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ariel Fernando Trujillo Barraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado en sentido contrario, 20 párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, incisos a) y c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Asimismo, devuélvase al Juzgado Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de Silao, Guanajuato, las constancias que allegó en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del exhorto *****, de su índice, en un tomo; por otro lado, mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de suspensión relativo, se tuvo a la referida autoridad, exhibiendo diversas documentales, con las cuales se formaron dos tomos de pruebas por separado; por tanto, devuélvanse las constancias de referencia, por resultar innecesaria su conservación. Por otra parte, devuélvase al Juzgado Cuarto de lo Familiar con residencia en Durango, Durango las constancias que allegó al presente sumario, en dos tomos, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
...ÚNICO.- Se sobresee el presente juicio de amparo...
- Principal
...Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango; mediante los cuales devuelve diligenciado el exhorto 338/2021 (1694/2021), del índice de este Juzgado Federal, remitido a efecto de emplazar a juicio a ******************** lo que aconteció el dieciséis de diciembre del año actual. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente la referida comunicación. Por otro lado, vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término otorgado en proveído de seis de diciembre del año actual, a la citada tercero interesada para que proporcionara domicilio en esta ciudad, a fin de oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo subsecuente notifíquese por lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, o bien, en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo...
- Incidental
SE DICTÓ RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: ...CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables; al rendir su respectivo informe previo, aceptaron los actos que se les atribuyen; razón suficiente para tenerlos como ciertos. Por tanto, se procede a pronunciarse sobre la suspensión solicitada. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados; ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público (materia para la suspensión). El acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicita que se conceda la medida cautelar para que no se ejecute la orden de descuento reclamada. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, debe decirse que no se tienen por satisfechos los requisitos señalados por los artículos 128 y 129 fracción IX1, de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 128, fracción II, en cita, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; por su parte, el diverso numeral 129, fracción IX, prevé que se ocasiona perjuicio al interés social y se trasgreden disposiciones de orden público, cuando con el otorgamiento de la medida suspensional se impide el pago de alimentos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar los conceptos orden público e interés social, determinó que inicialmente la definición y alcances de éstos corresponden al legislador, pero que ello no es ajeno a la función del juzgador, pues éste deberá apreciar su existencia en los casos concretos. Además, acotó que, en el examen de los casos específicos, como regla genérica se sigue perjuicio al interés social o contravención al orden público cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo dice la jurisprudencia 522, visible en el Apéndice 19171995, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, primera parte, página 343, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". En la especie, es factible deducir que la concesión de la medida en los términos solicitados podría causar una afectación al orden público e interés social. Se justifica lo anterior, toda vez que el acto reclamado proviene de normas de naturaleza familiar, es decir, de leyes que tienen por objeto proteger a la familia. Tal circunstancia es así, porque la obligación alimentaria, es una institución jurídica que cumple con funciones consideradas de orden público, ya que está orientada a satisfacer de forma eficaz las necesidades básicas de subsistencia y bienestar del núcleo social definido por la existencia de vínculos familiares. Además, el propósito de dicha institución es hacer efectivas las redes de justicia y solidaridad humana, a través de las cuales la brecha generacional (familiar) puede acceder a determinados estándares de bienestar. De modo que, en el presente asunto, de conceder la suspensión en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público y pudieran ocasionarse perjuicios al interés general, atendiendo a lo expresamente establecido en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo. Ello, porque en el caso, de concederse la suspensión contra una resolución de esa naturaleza, equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, esto es, que se impida el pago de alimentos en la medida que el acreedor alimentario lo requiera, por lo que, los perjuicios que con tal resolución se ocasionen serían irreparables, pues se afectaría de manera directa su subsistencia; además que, los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia de éste y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial o consanguíneo, esto último como acontece en la especie. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis visible en la página 10, volumen LXXXI, Cuarta parte del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ALIMENTOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS CONCEDE ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN. Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realizan tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice, que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. La Tercera Sala de la Suprema Corte, ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social; de donde resulta que, es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión, se atacaría ese orden público y el interés social; así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena, que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye, que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión." Asimismo, la jurisprudencia 40, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917-2000, que dice: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla". Por lo expuesto, se estima que de concederse la suspensión en el asunto que nos ocupa, sería tanto como atacar el orden público y afectar el interés social, pues ello equivaldría a dejar sin efectos el pago de una pensión alimenticia, con lo que pueden ocasionarse perjuicios de ejecución irreparable, tales como la subsistencia del acreedor alimentario. En razón de lo anterior, con apoyo en los artículos 128, fracción II, y 129 fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: UNICO. Se niega a *****, la suspensión definitiva, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente interlocutoria. Notifíquese, y vía electrónica a la representación social adscrita.
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