Ariel Ernesto Castruita Chávez

Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
651/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Ariel Ernesto Castruita Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, en atención al oficio que remite Juez del Tribunal de Ejecución de Penas Con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, se tiene a la autoridad informando mediante proveído de dieciocho de octubre del presente año, la resolución de la audiencia de revisión de posibles beneficios preliberacionales del quejoso dentro de la carpeta de ejecución ********************/********************, derivada de la causa penal ********************/********************, con el cual solicita se le tenga en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles contados a partir de su notificación, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de ser omisa se calificará el cumplimiento de la ejecutoria con base en los datos que obren en el presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que otorgó el amparo y la protección en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad obligada al cumplimiento, Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días computado legalmente después de su notificación, informe el cumplimiento dado al fallo protector, esto es: "1) Que el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en observancia a los plazos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, requiera al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número 3 las constancias pendientes por desahogar dentro de la carpeta de ejecución ********************/********************, derivada de la causa penal ********************/********************, y 2) Tome las medidas necesarias para que, en atención a los principios de celeridad y acceso efectivo a la justicia, señale fecha de audiencia con el fin de revisar los posibles beneficios preliberacionales del quejoso, dentro de la carpeta de ejecución de origen." Con el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado en el plazo otorgado, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Debiendo remitir a este juzgado en copia certificada las constancias con las que acrediten tal circunstancia. En ese contexto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 651/2023-VII-B, promovido por ********************, contra el acto que reclamó al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el treinta de junio del presente año, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto omisivo que reclamó del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de cuatro de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 651/2023-VII-B; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia penal con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. Además, de que el acto reclamado no requiere ejecución material al tratarse de un acto omisivo; por tal motivo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en concreto, la omisión por parte de la autoridad de señalar fecha de audiencia de revisión de beneficios de pre-liberación que pudiera tener en favor del quejoso dentro de la carpeta de ejecución ********************/********************, derivada de la causa penal ********************/********************. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, convino en la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto el mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes de la carpeta de ejecución de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que, en la especie, el acto reclamado se hace consistir en omisiones atribuidas a la autoridad responsable, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ello, el amparo puede promoverse en el momento en que la parte quejosa considere que la autoridad responsable viola en su perjuicio derechos públicos subjetivos. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto señala: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento." También debe decirse que las partes no hicieron valer causal de improcedencia de este juicio de derechos fundamentales, ni de manera oficiosa se observa alguna que al ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin necesidad de transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso en la demanda de amparo, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En el caso que nos ocupa el peticionario de amparo aduce como motivo de inconformidad que se viola en su perjuicio las garantías de celeridad y acceso efectivo a la justicia, al no administrársele justicia de manera pronta y expedita, atendiendo específicamente a los plazos señalados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en concreto, para señalar fecha de audiencia para revisión de beneficios de pre-liberación del quejoso en la carpeta de ejecución de origen. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas a la carpeta de ejecución de origen, las que adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 202 y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte en lo que interesa, que el quejoso en repetidas ocasiones ha solicitado al Juez Primero de Ejecución de Penas en Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, se requiera a la autoridad correspondiente, es decir, al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número 3, en esta ciudad, para que remita las constancias necesarias y estar en aptitud de señalar audiencia para revisión de beneficios preliberacionales; sin embargo, a la fecha la autoridad responsable no ha realizado lo solicitado, en concreto, la substanciación y desahogo del requerimiento realizado mediante oficio dirigido al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número 3, entre otras cosas, para que remita el cumplimiento de plan de actividades, partida jurídica actualizada, así como la ficha signalectica, identificación administrativa, informe de conducta y disciplina, e informe de días laborados actualizados; empero, la autoridad penal responsable no ha recabado tal medio de convicción. De lo anterior se desprende, que existe la conducta omisiva de la autoridad responsable, pues es claro que no se ha señalado fecha para llevar a cabo la audiencia para revisión de beneficios preliberacionales para la parte quejosa, por lo que este órgano de control constitucional advierte violación a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que dispone en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional transcrito en el párrafo que antecede, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. De manera que este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia en los plazos y términos que señalan las leyes aplicables al caso concreto, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos. Así, la garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación, que deriva del derecho fundamental de seguridad jurídica, le impone a las autoridades estatales judiciales o tribunales la obligación de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. A su vez, el artículo 4º de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone lo siguiente: "Artículo 4. (.) Debido Proceso. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos." Del numeral referido se aprecia que uno de los principios que rigen el procedimiento del sistema penitenciario es la del debido proceso con que debe de realizarse cada acto del Tribunal penal, ello a fin de garantizar a las partes contendientes un proceso ágil y rápido que les permita conocer en breve término el resultado de sus pretensiones. Así, en el caso que nos ocupa, como se vio al relatar los antecedentes del acto reclamado por el quejoso, que independientemente que en la carpeta de ejecución de origen quedan constancias pendientes por recabar, la autoridad responsable ha violentado su derecho fundamental de justicia pronta, pues desde el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, que el quejoso ha solicitado la audiencia de mérito, hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo, es decir, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, transcurrieron aproximadamente más de seis meses sin que se hubiera logrado el desahogó de los medios de convicción ofrecidos por las partes ni se hubiese declarado la imposibilidad para ello; proceder de la autoridad penal que evidentemente lesiona un derecho fundamental del peticionario de amparo, por falta de justicia pronta y expedita, garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. En mérito de lo anterior, procede otorgar a la parte quejosa el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión que impetra. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es para los efectos siguientes: 1) Que el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en observancia a los plazos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, requiera al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número 3 las constancias pendientes por desahogar dentro de la carpeta de ejecución ********************/********************, derivada de la causa penal ********************/********************, y 2) Tome las medidas necesarias para que, en atención a los principios de celeridad y acceso efectivo a la justicia, señale fecha de audiencia con el fin de revisar los posibles beneficios preliberacionales del quejoso, dentro de la carpeta de ejecución de origen. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto omisivo que reclamó al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, con quién actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, Se tiene a la autoridad responsable Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, rindiendo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que Reglamenta la Carrera Judicial; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3101/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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