Ariel Efraín Medina Medina

Expediente 1117/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1117/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Ariel Efraín Medina Medina y Otros.
  • Ariel Efraín Medina Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio número 3671 signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el expediente 1117/2018 formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Ariel Efraín Medina Medina, en contra del auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda; testimonio del cual se advierte que el Tribunal Colegiado en cita declaró INFUNDADO dicho recurso. Se ordena ARCHIVAR este expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se realicen en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que por auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se agrega el oficio 10118/2018 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de desechamiento de dos de octubre de dos mil dieciocho, el cual se tramitará ante esa Superioridad bajo el número de toca 145/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a este expediente el memorial suscrito por Ariel Efraín Medina Medina, parte quejosa; mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia de dicho escrito y ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja. Oportunamente, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 1117/2018-VI y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Ariel Efraín Medina Medina contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán y otra autoridad, presentada con tres copias y sin anexos. Ahora bien, en la especie lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la omisión de las autoridades responsables de informarle sobre la existencia o inexistencia de una denuncia y/o querella interpuesta en su contra por Gabriel Arturo Arceo Nuñez. En el caso sujeto a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I, primer párrafo, y 6º, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo en vigor, pues el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. Los aludidos preceptos legales son del tenor literal siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [...]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]". De acuerdo con los dispositivos reproducidos, el interés legítimo a que aluden puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, ya sea actual o futuro pero cierto. Por tanto, para que exista un interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, como estableció el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, noviembre de dos mil catorce, Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).- A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Puntualizado lo anterior, también importa señalar que la revisión a través del juicio de amparo indirecto de los actos acaecidos durante la integración de averiguación previa o carpeta de investigación, es excepcional. En efecto, en la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, aplicable al caso concreto por identidad de razón, la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal concluyó que la posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la integración de la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. La referida tesis de jurisprudencia, publicada en la página 71, del Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a la letra reza: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA.- Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica". Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es incuestionable que los actos que reclama el hoy recurrente no trascienden de manera real y jurídicamente relevante a su esfera jurídica y, por tanto, no afectan de manera actual su interés ni jurídico ni legítimo, en la medida en que, el que no se le haya informado sobre la existencia o inexistencia de una denuncia y/o querella en su contra interpuesta por Gabriel Arturo Arceo Nuñez, ya que la propia integración de la averiguación previa o carpeta de investigación que se hubiere instruido en su caso, constituye parte de la labor fundamental de la autoridad ministerial conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos. Aunado a lo expuesto, cabe mencionar que lo contrario podría implicar facultar a los indiciados o personas investigadas, el derecho de oponerse a la continuación de una indagatoria, anteponiendo su interés particular al de la sociedad que está interesada en el esclarecimiento de ese tipo de hechos, lo que evidentemente entorpecería las facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público. En ese tenor, la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso es improcedente, dado que no está legitimado para promoverlo si se toma en cuenta la naturaleza de los actos reclamados que redundan en la labor de investigación de la autoridad ministerial e incluso, el carácter de persona investigada que podría tener el ahora solicitante del amparo, en aras de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de los delitos denunciados, así como, en su caso, a los probables responsables. Lo anterior, de conformidad con la tesis aislada LXVIII, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control". Así como la diversa tesis aislada CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". De ahí que, se reitera, la circunstancia de que el promovente no haya sido informado sobre la existencia o inexistencia de una denuncia y/o querella interpuesto en su contra por Gabriel Arturo Arceo Nuñez, ya que en su caso, la propia integración de la averiguación previa o carpeta de investigación, eventualmente hasta este momento no le irroga perjuicio alguno; por ende, contra dichos actos no es procedente el presente juicio de amparo, al no constituir actos de imposible reparación. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia, con el rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Bajo esa tesitura, al no materializarse agravio alguno personal y directo en el ámbito de derecho de la parte quejosa, no tiene interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, por lo que hace a los mencionados actos reclamados. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ariel Efraín Medina Medina, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I, primer párrafo, y 6º, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo en vigor. Lo antes sustentado no contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo; en consecuencia, se reitera que el principio pro homine y el control de convencionalidad no generan una desatención de la jurisprudencia de observancia obligatoria. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." También sirve de orientación en lo atinente, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo 1, Materia Constitucional, página 325, del texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Se tiene como domicilio legal de la parte quejosa, el señalado en el escrito de demanda, asimismo con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a Herman Daniel Leal López; por otro lado, a los restantes autorizados, se les tiene como autorizados en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a que los autorizados hagan uso de los medios electrónicos dentro del local de este Juzgado, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Por último, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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