Ariel Arias Martínez

Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
507/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Ariel Arias Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 507/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación. Mediante escrito presentado el doce de mayo dos mil veintidós (foja 2), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Ariel Arias Martínez y Héctor Adrián Arias Sánchez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Actos que estimaron violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 20, 28, 31, fracción IV, 71, 72, 73, 74 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segunda. Admisión. Por razón de turno correspondió a este juzgado el conocimiento del asunto, por lo que se registró bajo el número 507/2022 y mediante auto de trece de mayo de dos mil veintidós (foja 64), se admitió a trámite, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables y finalmente, en auto de treinta de junio de esta anualidad (foja 246) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que se reclama el primer acto de aplicación de una norma de carácter general del Estado de Michoacán, mismo que se dio dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por los quejosos son los siguientes: a) Del Congreso del Estado de Michoacán, la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en específico, el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación] así como el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley. b) Del Gobernador de Michoacán, la promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en específico, el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación] así como el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley. c) Del Secretario de Gobierno de Michoacán, el refrendo de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en específico, el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación] así como el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley. d) Del Secretario de Finanzas del Estado de Michoacán, la aplicación de las disposiciones legales de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en específico, el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación] así como el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley. e) De la Directora del Periódico Oficial del Estado, la publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en específico, el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación] así como del transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley. En este apartado debe aclararse que si bien la parte quejosa no señaló expresamente como acto reclamado destacado el transitorio "TERCERO" inciso i) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, se tuvo como tal, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que en el capítulo relativo a los conceptos de violación hizo valer un argumento frente al programa de descuentos contenido en el mencionado transitorio. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a todas las autoridades responsables, según se aprecia de los informes justificados que rindieron, los cuales obran como se anota: Autoridad Foja Congreso del Estado de Michoacán. 79 Gobernador del Estado de Michoacán. 229 Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. 225 Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. 75 Secretario de Finanzas y Administración del Estado. 93 Certeza que se corrobora además, con la publicación del decreto 120 de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós. Decreto del que se advierte la participación de las autoridades responsables en cita, en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090, de rubro y texto: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. ( Publicación de la ley reclamada Este juzgador considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III [este último aplicado contrario sensu], ambos de la Ley de Amparo; respecto del refrendo y publicación del decreto 121 que reformó a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, en específico el artículo 20, fracción I inciso A) y fracción II, inciso A), así como el transitorio tercero de la citada ley. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" La fracción XXIII del artículo 61 trascrito no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. La fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo prevé que en las demandas de amparo debe señalarse la autoridad o autoridades responsables, pero al reclamarse normas generales únicamente tendrán esa calidad las que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, cuando dichos actos se impugnen por vicios propios. De una interpretación a contrario sensu del referido artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman leyes y se designan como autoridades responsables las encargadas del refrendo y publicación de las normas, si las mencionadas etapas del proceso legislativo no se reclamaron por vicios propios. En el caso concreto, los quejosos señalaron como autoridad responsable a la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, a quien atribuyeron la publicación del de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en específico, el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación] así como el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley; sin embargo, no se desprende que en sus conceptos de violación atribuya vicios propios a la actuación de la citada autoridad. En esas condiciones, es evidente que esa funcionaria carece de calidad de autoridad responsable para efectos del presente sumario; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación con la fracción III del numeral 108, éste a contrariu sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto del acto reclamado a la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/50 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el dos de octubre de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, libro 23, tomo III, Décima Época, página 2249, registro 2010098, que dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación." ( Ausencia de conceptos de violación. El Congreso del Estado de Michoacán refiere en su informe que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VII y XXI, en relación con el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, en virtud de que no se advierte ningún concepto de violación contra los artículos tildados de inconstitucionales. Al respecto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se corrige la cita de los preceptos referidos por la autoridad responsable y se procede al estudio de la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, del ordenamiento legal invocado. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que la causa de improcedencia invocada tiene sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir una causa de pedir por parte de los promoventes. Este criterio encuentra soporte en la jurisprudencia 3a./J. 28/93, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, Diciembre de 1993, Materia Común, página 38, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Este juzgador considera que no se actualiza la causa de improcedencia aludida por la responsable debido a que la parte quejosa expresó conceptos de violación tendentes a combatir los actos reclamados, entre otros y a grandes rasgos, la inconstitucionalidad del numeral impugnado por incluir en su texto regulaciones administrativas, y por la ausencia de límite temporal, así como que el mismo viola en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad tributarias previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Por tanto, toda vez que los promoventes del juicio de amparo sí hicieron valer diversos conceptos de violación en contra de los actos reclamados, no asiste razón a la responsable en su planteamiento. Toda vez que las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia, ni este juzgador advierte de oficio la actualización de una diversa, lo conducente es analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Una vez establecido lo anterior, en primer orden se procede al análisis de los motivos de inconformidad relacionados con la constitucionalidad formal de la ley reclamada. Así, en el primer concepto de violación, los accionantes del amparo señalan la inconstitucionalidad de la norma por incluir en su texto regulaciones administrativas en materia de tránsito y vialidad, con violación a los artículos 16, 71, 72, 73, 74 fracción V, y 133 de la Carta Magna, y al efecto refieren: -Que la normativa de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán es especial, pues tiene principios distintos a la expedición, discusión y contenido de las demás normas del orden jurídico mexicano, y debe dedicarse estrictamente a la materia tributaria porque de no ser, así las Leyes de Hacienda Pública en Michoacán resultarían inconstitucionales. -Consideran lo anterior, porque la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 que se nombra como motivación, versa sobre especificaciones de los diversos documentos que los poseedores de vehículos automotores en el país están obligados a obtener y portar para su legal circulación, es decir, pertenecen al ámbito administrativo en materia de tránsito vehicular. -Señalan también, que el artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán enlista la serie de pagos y supuestos en que deben pagarse por servicios que el Estado cobrará por otorgarlos, pero en el último párrafo, mandata que durante el presente ejercicio fiscal los dueños de vehículos que posean placas de circulación vehicular del Estado de Michoacán tendrán que hacer el canje durante los términos que la propia ley señala, lo que resulta inconstitucional porque su fundamentación y motivación atiende a otros ámbitos legislativos distintos a la materia contributiva. -Ello, porque de la literalidad de la misma normativa en la que se nombra como motivación la NOM-001-SCT-2-2016, versa sobre especificaciones de los diversos documentos que los poseedores de vehículos automotores en el país están obligados a obtener y portar para su legal circulación, es decir, estamos ante regulaciones administrativas en materia de tránsito y vialidad insertas en la norma hacendaria, lo que per se genera inconstitucionalidad, debido a ser exógenas a la materia contributiva y pertenecer al ámbito administrativo. -Aducen que la motivación que crea al dueño de un vehículo con placas de circulación del Estado de Michoacán para que haga el canje de placas, lo es la actualización del registro estatal vehicular, la certeza de quiénes son los dueños de las unidades por posibles ilícitos que se cometan con las unidades y la legal circulación de los automotores, mas no así la obligación de contribuir de manera equitativa y proporcional al gasto público, ya que incluso el pago deriva de un derecho, no de un impuesto; por tanto, -refierne- el legislativo estatal no señaló motivación diversa que justifique una medida hacendaria generalizada, salvo la obtención de recursos por medio del pago de un derecho, por lo que es claro que su inclusión en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2022, resulta exógena a la materia contributiva y por ello, inconstitucional. Como apoyo a lo anterior, citan las tesis de rubros: "LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA INCLUSIÓN EN DICHOS ORDENAMIENTOS DE PRECEPTOS AJENOS A SU NATURALEZA, ES INCONSTITUCIONAL"; y, "INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA LEY RELATIVA DEBE TENER UN CONTENIDO NORMATIVO ESPECÍFICO DE CARÁCTER TRIBUTARIO." Concepto de violación que resulta infundado. Para explicar la calificativa anterior, se trae a contexto el contenido del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán aquí impugnado, el cual dispone: "CAPÍTULO IV DERECHOS POR SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR DE TRANSPORTE DE PARTICULAR ARTÍCULO 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: I. Por dotación de placas CONCEPTO CUOTA 2022 A). Por cada juego de placas para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, incluyendo tarjeta de circulación. En el caso de transporte de carga, en la tarjeta de circulación correspondiente, se entenderá comprendido el permiso de carga, según los bienes que se transporte en cada caso $ 1,789.00 II. Por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación: A). Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 992.00 [.] Durante el Ejercicio Fiscal 2022, corresponde al Estado de Michoacán de Ocampo realizar el canje general de placas de circulación y holograma, atendiendo a las recomendaciones de la "Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físicomecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2016, que en su numeral 5.1.4.5 señala una duración mínima de los materiales de las placas metálicas, de tres años a partir de su fabricación." En efecto, el precepto citado contiene los montos que se deben pagar por los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular; y, la fracción I, inciso A y la fracción II, inciso A), hace referencia en específico a la suma que se debe pagar por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación. Asimismo, en su último párrafo dispone que corresponde al Estado de Michoacán realizar el canje general de placas y holograma de circulación, atendiendo a las recomendaciones de la "Norma Oficial Mexicana NOM-001- SCT-2-2016". Sin embargo, en oposición a lo que argumenta el quejoso, el hecho de que la Ley de Ingresos establezca el canje general de placas atendiendo a las recomendaciones establecidas en la citada norma oficial no implica que exista una motivación distinta con la finalidad de obtener recursos por medio del pago de un derecho, porque es precisamente la norma oficial en cita la que establece la obligación de realizar dicho canje, en tanto que debe entenderse que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, sólo es el medio para materializar los efectos tributarios de dicha obligación. Ello, al establecer expresamente la Ley de Ingresos que la obligación de canje de placas deberá cumplirse atendiendo a las recomendaciones establecidas en la multicitada norma oficial, lo cual no significa que dicho ordenamiento contenga aspectos distintos a la materia contributiva ni que por ello se torne inconstitucional, sino simplemente los efectos tributarios de dicha obligación y por ello, debe establecerse en la Ley de Ingresos del Estado. Lo anterior, al margen de que se trate de derechos por servicio de registro y control vehicular, pues si bien se podría incluir en diversa Ley, como la Ley de Tránsito del Estado de Michoacán, lo cierto es que en la misma no se podrían establecer los aspectos relativos a los costos o descuentos respectivos, como así lo especifica la Ley de Ingresos, pues se trata de temas relacionados con la materia tributaria. En el mismo sentido, en el segundo concepto de violación señalan los accionantes del amparo: -Que la norma impugnada es inconstitucional y violatoria de los artículos 16, 71, 72, 73, 74, fracción V y 133 de la Carta Magna, por la ausencia de límite temporal respecto a la creación de un registro vehicular, ya que el artículo 20 impugnado enlista la serie de pagos y supuestos en que deben pagarse por servicios que el Estado cobrará por otorgarlos, pero en su último párrafo mandata que durante el ejercicio fiscal los dueños de vehículos que posean placas de circulación vehicular del Estado de Michoacán tendrán que hacer canje de las mismas, con la consecuente entrega de las placas que ahora poseen los usuarios y de un pago de derechos. -Que como motivación de dicho mandato se nombra la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, justificación legal que resulta insuficiente para la emisión del acto reclamado, la cual remite al diverso "Acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de la licencia federal de conductor", de lo que se observa que la finalidad de un canje general de placas tiene motivaciones de regulación administrativa del parque vehicular, así como la homogenización de los distintivos de identificación vehicular y con ello, la creación de un registro vehicular. -Que de lo anterior se desprende que la vigencia de las placas será de tres años; que deberán efectuarse nuevos canjes de placas dependiendo del año en que cada Entidad Federativa hubiese realizado el primer canje y que una vez que se hayan actualizado los padrones vehiculares de las Entidades, la Secretaría establecerá un plazo para un nuevo canje de placas, esto es, si bien resulta de utilidad la creación del Registro Nacional Vehicular, no señala una limitación temporal para su creación, ni tampoco un calendario obligatorio para que se lleven a cabo los enlaces informáticos necesarios con las entidades federativas del país. - Que al no existir límite temporal para la creación del Registro Nacional Vehicular, las normas que tienen como motivación el referido Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devienen inconstitucionales, ya que sólo ordena la repetición constante y cíclica de un acto sin motivación coherente. Motivo de disenso que también se califica de infundado. Lo anterior, porque la creación del registro vehicular y el canje de placas con su consecuente pago, no surge de la Ley de Ingresos y el precepto tildado de inconstitucional, sino que dicha obligación está establecida en la Norma Oficial Mexicana "NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2016. Y precisamente, es dicha norma la que en su numeral 5.1.4.5 señala que el fabricante de las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular, deberá garantizar que los materiales, recubrimientos (textura), gráficos y letreros impresos, tengan una duración mínima de tres años, a partir de su fabricación, en tanto que la Ley de Ingresos del Estado únicamente hace referencia a la referida norma para establecer los términos en los que tributariamente se ha de cumplir con la obligación. Esto es, en la Ley de Ingresos no se tiene por qué establecer la temporalidad de duración de los elementos de identificación y control vehicular, porque la misma tiene la finalidad de dar a conocer los conceptos de ingresos, así como el monto de recursos financieros que cubran los gastos del Estado, y a través de ella se da el cumplimiento tributario a la obligación ya establecida en la norma oficial NOM-001- SCT-2-2016, es decir, para los efectos del cumplimiento a dicha obligación, remite a lo ya instituido en la multicitada norma, la cual establece la duración mínima de las placas, que lo es de tres años a partir de su fabricación. A la misma conclusión se arriba respecto de lo argumentado por los impetrantes del amparo en el tercer concepto de violación, donde aducen que el cobro reclamado resulta inconstitucional por la "incoherente motivación" del canje general de placas de circulación, debido a su duración mínima, pues el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán señala que atiende a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, debido a que en su numeral 5.1.4.5 señala una duración mínima de los materiales de las placas metálicas de tres años a partir de su fabricación y esta motivación en sí misma, no pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un canje general de placas, pues señala su duración mínima, no máxima; y que si las placas que detenta un vehículo automotor previamente otorgadas por el mismo Gobierno del Estado de Michoacán, se encuentran en buen estado y cumplen las características que la Norma Oficial Mexicana exige para su uso en el país, no existiría un motivo lógico para su canje. En efecto, dicho motivo de disenso también deviene infundado, porque como ya se dijo con antelación, es la norma oficial mexicana NOM-001-SCT-2-2016 y no la Ley de Ingresos del Estado, la que establece la obligación de realizar el canje de placas, sin que se advierta que por ello se genere alguna inseguridad jurídica de los términos en que debe cumplirse dicha obligación, pues se insiste, la Ley de Ingresos únicamente establece los efectos tributarios en cumplimiento a los términos y condiciones ya establecidos en dicha norma oficial, al ser el ordenamiento que contiene los diversos conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los diversos gastos del Gobierno del Estado de Michoacán. Continuando en esa línea argumentativa, en el quinto concepto de violación, los peticionarios del amparo argumentan: -Que la norma impugnada es inconstitucional y violatoria de los artículos 31, fracción IV, 71, 72, 73, 74, fracción V, y 133 de la Carta Magna, por la creación de un impuesto, bajo el origen y naturaleza de las contribuciones denominadas derechos, lo que violenta las directrices contenidas de dichos numerales para la promulgación de normativa en materia de ingresos, egresos y hacienda pública. -Señalan que el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán se encuentra dentro del título Cuarto, denominado DE LOS DERECHOS, en el capítulo IV, titulado DERECHOS POR SERVICOS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR DE TRANSPORTE PARTICULAR, de cuya lectura queda claro que la obligación mandatada está comprendida dentro de las contribuciones, en la categoría de derecho. -Sin embargo, refieren que en la iniciativa de la Ley de Ingresos impugnada, el titular del Ejecutivo Estatal en el apartado sobre el canje de placas señala que: "Además, considerando que el último canje general de placas se llevó a cabo en el 2016, se hace necesario realizar un nuevo canje de placas para transporte público particular, así como de motocicletas; con lo cual el Gobierno del Estado se allegaría de recursos necesarios para hacer frente a las diversas a sus obligaciones financieras (sic)", por lo que lo transcrito deja claro el fin que persigue el ejecutivo Estatal donde refiere explícitamente a los fines recaudatorios, lo que contraría la naturaleza y origen de los derechos. -Para reiterar los fines del Ejecutivo Estatal, citaron la nota periodística de tres de enero de dos mil veintidós en la que el Gobernador del Estado de Michoacán señaló los fines en los que destinaría los recursos que obtendrá del canje general de placas mandatado, esto es, dónde irá el recurso recaudado con el canje de las placas [más de mil cuatrocientos millones, con lo que se pone de manifiesto la vulneración a los derechos fundamentales, al tener como supuesto destino de los recursos el financiamiento para la satisfacción de obligaciones estatales -contribución al gasto público- situación contraria a la naturaleza de un derecho. Motivo de inconformidad que se califica como infundado. Es así, porque un impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar al Estado sin que exista una contraprestación directa, es decir, sin que se le entregue o asegure un beneficio directo por su pago y se compone de diversos elementos; en cambio, el canje general de placas a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, es un servicio destinado a la satisfacción de una necesidad de carácter general, en el caso, el Registro Público Vehicular, que tiene por objeto la identificación y el control vehicular y se utiliza para compartir e intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y en general, cualquier operación relacionada con los propietarios de sus vehículos. Luego, para estar en condiciones de prestar el servicio del canje de placas que se trata, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, para lo cual requiere desde una estructura administrativa, hasta una operativa y funcional, lo que implica cubrir el costo por esos conceptos. Es decir, contrario a lo que aducen los quejosos el servicio público por canje de placas y hologramas no tiene fines exclusivamente recaudatorios, sino que guarda proporción con lo que le cuesta al Estado prestar dicho servicio, pues no se limita a la dotación de placas y hologramas, es decir, no solo conlleva la recepción del pago correspondiente, sino que se trata de un servicio integral de control vehicular, por lo que válidamente se debe concluir que estamos en presencia de un servicio. Analizados los argumentos relacionados con la constitucionalidad formal, ahora se procede al estudio de los argumentos relacionados con la justicia tributaria, contenidos en los conceptos de violación identificados como cuarto y sexto. Para ello, resulta necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, y son: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios; es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De tales características se puede esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público normalmente pecuniario -destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza Federación, Distrito Federal, Estado o Municipios-, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribuciones o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en: I. Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. II. Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será licita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley, se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. III. Base Imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación liquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. IV. Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efectos de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal; y, V. Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tiene libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Fijadas las bases anteriores, cabe señalar que en el derecho positivo mexicano se establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma distintas de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y de los derechos. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Ahora bien, en el caso particular de los derechos, de la definición que brinda el código tributario se desprende que existen dos tipos de derechos, en primer lugar, aquellos consistentes en el pago por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y, en segundo lugar, aquellos cuyo presupuesto consiste en recibir servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho público. Los derechos por servicios tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo, tal como se desprende de la tesis jurisprudencial de rubro "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA". Es así que, tratándose de derechos por servicios, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio, que es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso y siempre que puedan ser asignados a los sujetos pasivos, en virtud de ciertos parámetros de asignación, esto es, que puede ser cuantificado el costo, al menos en un individuo. Es necesario que se tome en consideración que para poder prestar el servicio de que se trata, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos, que son los que se deben individualizar atendiendo al uso o consumo de cada sujeto, porque ello es lo que hace que sea un servicio divisible. Ello si se toma en cuenta que, para poder prestar el servicio de que se trata, el aparato estatal genera ciertos costos de tipo directo (son los destinados de forma inmediata al aparato administrativo que va a llevar a cabo el servicio público) e indirecto (no están destinados de forma inmediata al centro final de la prestación del servicio de supervisión, pero son costos que deben medirse como indirectos, porque influyen de tal forma a éste). Así, tenemos que, tratándose de servicios públicos, éstos tienen un costo para el Estado, el cual tiene que ser individualizado al usuario del servicio de que se trate, atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Esta característica es muy importante, por cuanto ella permite determinar la cuantía atendiendo al uso del servicio prestado a cada contribuyente y, consecuentemente, el monto de la contribución a pagar. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.1/98, publicada en la página 40 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998, Materias Administrativa-Constitucional, Novena Época, registro 196935, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". Vinculado con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio que el análisis del principio de proporcionalidad y equidad tratándose del cobro de derechos por servicios se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, ya que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se deben tomar en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos, pero no así para el cobro de derechos, dado que la cuota relativa, como se ha mencionado, se deberá fijar atendiendo al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas relativas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Cobra vigencia al respecto la jurisprudencia número P./J. 2/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, a cual es del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídicofiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Expuesto lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación cuarto y sexto, en los que la parte quejosa argumenta esencialmente: -Que el pago por concepto de placas y refrendo anual de calcomanía establecidos en el artículo 20, fracción I inciso a) y fracción II inciso a), es violatorio de los principios de proporcionalidad y de equidad. -Lo anterior, al referir que el cobro es extremadamente superior al costo de otorgar el servicio de registro vehicular y existe distinción en el cobro sin racionalidad, por lo que dichos principios se estudiarán en ese orden en los apartados siguientes. Asimismo, la parte quejosa citó las siguientes tesis de rubros: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DE LOS IMPUESTOS". "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA"; y, "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD." Criterios que hacen referencia a razonamientos distintos a los alegados en sus conceptos de violación. La parte quejosa en su cuarto concepto de violación señala que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, específicamente en su artículo 20 fracción I, inciso a) y fracción II inciso A), fracción II, lesiona los principios de equidad y proporcionalidad mandatados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos 16, 71, 72, 73, 74, fracción V y 133 de la misma Carta Magna. -Aduce que la razón de lo anterior es porque la misma Ley de Ingresos en su artículo 55 mandata las características de las contribuciones que se generen por el pago de derechos al contemplar que "Los derechos por la prestación de servicios que establece esta Ley deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, salvo que e establecimiento del monto del derecho tenga un carácter racionalizador del servicio, o persigan fines extrafiscales". -Que el origen de los derechos es un servicio prestado por el Estado en su calidad de derecho público, con la finalidad de que el gobernado reintegre los costos erogados por el servicio recibido y entre el cobro al gobernado y el costo total del servicio -incluido el despliegue necesario para su otorgamiento debe existir una relación coherente para cumplir con los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad. -Refiere que para determinar el costo del servicio prestado -el registro de control vehicular mediante la asignación de placas de circulación- se debe acudir al acta de notificación del fallo de adjudicación y dictamen de la Licitación Pública Estatal Electrónica CADPE-EM-LPE-124/2021 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, y que de acuerdo al documento señalado los costos de los valores que se adquieren por el Ejecutivo del Estado para otorgar el servicio de dotación de placas de circulación y hologramas o calcomanías para refrendo anual, son por cada juego de placas, ciento cincuenta y siete pesos y por unidad de calcomanía, cuatro pesos con cincuenta centavos; asimismo, que el costo de cada placa para motocicleta de uso particular, fue de setenta y nueve pesos, y el costo por cada holograma de refrendo anual para motocicleta fue de dos pesos, lo que representa un pago de más de diez veces el valor que pagó el Poder Ejecutivo de Michoacán por la manufactura de los distintivos, por lo que no guarda ninguna relación el costo del servicio con el cobro, ni siquiera atendiendo al despliegue necesario para otorgar el servicio público sobre registro vehicular. -Señala que lo anterior evidencia los fines meramente recaudatorios del canje general de placas ordenado, además de dejar claro lo desproporcionado del cobro mandado, pues no guarda ninguna relación el costo del servicio con el cobro, ni siquiera atendiendo al despliegue necesario para otorgar el servicio público sobre registro vehicular, porque incluso el trámite puede ser realizado vía electrónica en la página web https://tramita.michoacan.gob.mx/login y los usuarios son quienes deben hacer el trámite o trasladarse por su cuenta a las oficinas destinadas por lo que así, el despliegue técnico que debe efectuar el Ejecutivo para el servicio, de ninguna manera justifica un cobro desproporcional de más de diez y diecisiete veces el valor del costo que tuvo para el Poder Ejecutivo la manufactura de los distintivos vehiculares. Argumentos que deben calificarse como inoperantes. Para evidenciar dicha calificativa conviene recordar que el artículo reclamado por la parte quejosa regula un derecho por servicio, que lo constituye el registro y control vehicular de transporte particular. Asimismo -como se acaba de resumir- la parte quejosa señala que el artículo 20 fracción I inciso A) y fracción II inciso A), es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, por ende, debe traerse a glosa el criterio emitido al respeto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a. CX/2013 (10a.), publicada en la página 1589 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2005254, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". En ese contexto, es evidente que, tratándose de servicios para analizar su proporcionalidad necesariamente se involucran cargas probatorias, pues para poder determinar si la porción normativa reclamada es violatoria o no de dicho principio, de inicio la parte quejosa debe aportar elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, en el caso, que el costo de las placas y holograma es mucho menor al establecido en el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; y por su parte, las autoridades responsables deben de desvirtuar la afirmación de la para quejosa. Así, de lo dispuesto por el artículo de 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de los hechos que comprueban la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, cuando no sean en sí mismos violatorios de derechos sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; y, será la autoridad responsable quien tenga la carga de acreditar, a través de las razones y fundamentos legales que estime pertinente, con apoyo en la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, la legalidad del acto que defiende. Es decir, si bien dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, tratándose del amparo contra leyes, incumbe a la autoridad responsable demostrar la legalidad de la norma cuestionada, estando en libertad para ello de hacer uso de los medios probatorios que se encuentran previstos en la ley de la materia. Es el quejoso quien -de inicio- debe aportar los elementos a partir de los cuales considera que determinada norma resulta transgresora del principio de proporcionalidad tributaria, así como los parámetros a partir de los que pretende se lleve a cabo el estudio correspondiente y, en su caso, aportar o anunciar las pruebas a través de las cuales quedará demostrada esa violación a la norma fundamental. Toda vez que a partir del planteamiento que realice el gobernado en su demanda de amparo y los argumentos aportados por la autoridad a fin de demostrar la legalidad del artículos de que se trate, así como del cúmulo probatorio existente en el sumario, será que el juez que conozca del amparo, tendrá los elementos necesarios para que llevar a cabo el ejercicio de valoración a partir del cual pueda determinar si existe o no un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra y la prestación del servicio. En el caso, la parte quejosa para acreditar que el cobro del servicio recibido es superior al costo que ese mismo servicio tiene en el mercado, únicamente remitió a la licitación pública estatal electrónica CADPE-EM-LPE124/2021 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, y lo "declarado en la nota periodística de tres de enero de dos mil veintidós" por el titular del ejecutivo del Estado, en la que el Gobernador del Estado de Michoacán señaló los fines en los que destinaría los recursos (respecto de la renovación de placas, más de mil cuatrocientos millones de pesos), con lo que aduce se pone de manifiesto la vulneración de derechos al tener como supuesto destino de los recursos el financiamiento para la satisfacción de obligaciones estatales. Por su parte, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, en representación del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado y con apoyo en la tesis de rubro "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS" citada en párrafos anteriores, manifestó que contrario a lo señalado por la parte quejosa, el cobro contenido en el artículo reclamado se encuentra justificado, ya que existe un razonable equilibrio entre la cuota cobrada al usuario y el costo para el Estado en la prestación de servicio, atendiendo a la estructura administrativa, operativa, funcional desplegada y la durabilidad del servicio, además del material y servicios empleados, directos e indirectos para satisfacer la necesidad colectiva e individual de los ciudadanos, para el servicio de control vehicular. Para acreditar su afirmación, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, en representación del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, anexó a su informe justificado las documentales siguientes: Oficio CADPE-SJ-00174/2022, de veintidós de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el Jefe de Departamento de Normatividad del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, por medio del cual le remitió copia certificada del contrato de compraventa por licitación pública estatal CADPE-EM-LPE-124/2021-1, así como el convenio de ampliación al contrato abierto de compraventa por licitación pública estatal CADPE-EM-LPE-174/2020-AMP-1, de lo que se advierte tanto el objeto -placas, tarjetas y calcomanías-; el monto pactado -doscientos noventa y dos millones seiscientos diecinueve mil seiscientos ochenta y seis pesos-; el monto de la ampliación [tres millones setecientos siete mil quinientos cuarenta y dos pesos 50/100 moneda nacional y el monto máximo susceptible de ser ejercido hasta por dieciséis millones quinientos mil pesos (reverso foja 124, del juicio de amparo). Oficio SFA/DA/0317/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por la Delegada Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Administrativa del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, al que adjuntó copias certificadas con los costos directos e indirectos que tiene el Estado por concepto de derechos de registro y control vehicular, entre ellos la cantidad de ciento doce millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y ocho pesos 39/100 moneda nacional) solamente por lo que respecta al periodo comprendido del tres de enero al siete de febrero de dos mil veintidós por conceptos como papelería, renta, servicios de desinfección y fumigación, servicios de vigilancia, de recaudación, traslado y custodia de valores; sesenta y un millones noventa y cuatro mil setecientos sesenta pesos 68/100 moneda nacional por el costo de nómina por un mes de servicio (reverso foja 139, del juicio de amparo). Oficio SFA/DR/000810/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Recaudación, en el que le informa que el padrón activo de vehículos en el Estado de Michoacán es de 2,671,969 vehículos (reverso foja 135, del juicio de amparo). Con tal informe y sus anexos se dio vista a la parte quejosa; sin embargo, no ofreció medio probatorio para desvirtuarlos, lo que se traduce en que la responsable Secretario de Finanzas y Administrativa del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cumplió con la carga probatoria a que estaba obligada, al haber acreditado que los montos tanto de las placas como del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación están justificados, ya que para el servicio de registro y control vehicular de transporte particular, no solo se tenía que tomar en cuenta los costos de las placas y calcomanías, sino también los costos que para el Estado tiene la ejecución de dicho servicios, como lo son el pago de por conceptos como papelería, renta, servicios de desinfección y fumigación, servicios de vigilancia, de recaudación, traslado y custodia de valores así como la nómina del personal involucrado. De ahí la inoperancia del concepto de violación en estudio, toda vez que la parte quejosa no acreditó que los costos contenidos en la porción normativa reclamada por los conceptos de dotación de placas y del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación fueran excesivos con relación a lo erogado por el Estado. Ahora bien, en el sexto concepto de violación la parte quejosa argumenta que el cobro reclamado es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad mandatados por los artículos 31, fracción IV, 16, 71, 72, 73, 74 fracción V, y 133 de la Constitución Federal, porque la misma Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, en su transitorio "TERCERO" de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, establece que gozarán de un 50% de descuento para automóviles con valor menor a $50,000.00; 30% de descuento para automóviles con un valor menor a $ 60,000.00; 20% de descuento para automóviles con un valor menor a $80,000.00; 10% de descuento para automóviles con un valor menor a $100,000.00. Sin embargo, refiere que no obstante los llamados descuentos establecidos en el citado artículo, -que son parte del programa denominado "que paguen menos los que menos tienen" contenido en el inciso i) del citado transitorio- la relación del costo y del servicio prestado sigue siendo enormemente desproporcionada, y atiende a circunstancias temporales y de valuación del vehículo sujeto al canje de placas, que en nada modifican el servicio que el Estado prestará. Así -consideran los quejosos- que la norma categoriza en cuatro diferentes sectores a los usuarios del mismo servicio, dependiendo del valor del vehículo al que se le dotará de placas, lo que resulta inconstitucional porque en nada se diferencian las placas de circulación de que dotará a unos y otros usuarios y sí les da un trato diferenciado asignando un pago distinto tomando en cuenta el valor del vehículo que recibirá las placas, lo que es un elemento independiente del servicio que recibirá el gobernado y que en nada modifica la dinámica que el Estado debe desplegar para otorgar el servicio por el que está pagando el usuario, por lo que refiere, la diferenciación de pagos por elementos que no modifican el servicio de registro vehicular ni el despliegue que se debe llevar a cabo por el Estado para cumplimentar el otorgamiento del servicio, carecen de razonabilidad y con ello devienen inconstitucionales. Al respecto, citan la tesis de rubro: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD". Argumento que también deviene inoperante. Para evidenciar lo inoperante del motivo de inconformidad en estudio, se estima necesario traer a glosa nuevamente la porción normativa y el transitorio aquí reclamados, los cuales en su orden establecen: "CAPÍTULO IV DERECHOS POR SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR DE TRANSPORTE DE PARTICULAR ARTÍCULO 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: III. Por dotación de placas CONCEPTO CUOTA 2022 A). Por cada juego de placas para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, incluyendo tarjeta de circulación. En el caso de transporte de carga, en la tarjeta de circulación correspondiente, se entenderá comprendido el permiso de carga, según los bienes que se transporte en cada caso $ 1,789.00 IV. Por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación: CONCEPTO CUOTA 2022 A). Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 992.00 [.] ". "TERCERO. Respecto a la Ley de Ingresos contenida en el Apartado Tercero del presente Decreto: [.] i) Durante el mes de enero de 2022, adicional al descuento establecido en el inciso g) en materia de reemplacamiento y tarjeta de circulación, se hará un descuento en la misma materia: del 10% a los autos cuyo valor sea menor a los 100 mil pesos y mayor a 80 mil pesos; del 20% a los autos cuyo valor se menor a 80 mil pesos y mayor a 60 mil pesos; del 30% a los autos cuyo valor sea menor a 60 mil pesos y mayor a 50 mil pesos; y del 50 % a los autos con valor menor a 50 mil pesos; todos tomando como referencia el precio correspondiente a cada auto contenido en el libro azul del mes de diciembre de 2021. En caso de que el automóvil de que se trate no se encuentre en dicho libro, se tomará como referencia el auto de la misma marca más similar en tipo y más cercano al año o modelo". Así, el precepto citado contiene los montos que se deben pagar por los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular; y, la fracción I, inciso A y la fracción II, inciso A), hace referencia en específico a la suma que se debe pagar por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación. Por su parte, el transitorio transcrito establece un descuento a los montos contenidos en el artículo 20 fracción I inciso A y fracción II inciso A, al establecer que se hará un descuento del 10% a los autos cuyo valor sea menor a los 100 mil pesos y mayor a 80 mil pesos; del 20% a los autos cuyo valor se menor a 80 mil pesos y mayor a 60 mil pesos; del 30% a los autos cuyo valor sea menor a 60 mil pesos y mayor a 50 mil pesos; y del 50 % a los autos con valor menor a 50 mil pesos; todos tomando como referencia el precio correspondiente a cada auto contenido en el libro azul del mes de diciembre de 2021; asimismo, que en caso de que el automóvil de que se trate no se encuentre en dicho libro, se tomará como referencia el auto de la misma marca más similar en tipo y más cercano al año o modelo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el estímulo fiscal contenido en el transitorio "TERCERO" inciso i) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, carece de relevancia impositiva, ya que atiende a un factor que no guarda relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, al condicionar el porcentaje del descuento al valor del auto, tomando como referencia el precio correspondiente contenido en el libro azul del mes de diciembre de dos mil veintiuno; esto es, el importe del vehículo no tiene que ver con elementos del tributo, lo que hace inoperante el motivo de inconformidad analizado. Lo anterior es así, porque cuanto un estímulo no tiene relevancia impositiva el parámetro constitucional al que debe ser sometido es al previsto en el 1° constitucional y no al de equidad tributaria previsto en el artículo 31 constitucional, pues de hacerlo así sus argumentos se tornan inoperantes. Se insiste, el valor del auto como factor de descuento nada tiene que ver con los elementos del tributo o servicio, de ahí que no pueda ser sometido al parámetro constitucional de seguridad tributaria, y de ahí su inoperancia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 185/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 497 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Novena Época, Materias Constitucional-Administrativa, registro digital 163343, la cual es del tenor siguiente: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diesel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pagoo al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales". Y contrario a lo que manifiestan, el criterio invocado por la parte quejosa ["DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD"], no se trata de una jurisprudencia temática. Lo anterior es así, toda vez que los preceptos a los que hace referencia el criterio invocado por la parte quejosa, establecen que el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, será cuantificado mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos; lo que no ocurre en el caso a estudio, toda vez que, en el artículo 20, fracción I, inciso A) y fracción II, inciso A) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, establece el monto del pago del servicio de registro y control vehicular de transporte particular, por concepto de dotación de palcas o por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, será de acuerdo a si se trata de autobuses, camiones, camionetas, automóviles o pipas; si se pide un número específico de placa; si se trata de vehículos de servicio particular adaptados, o de uso para personas con discapacidad; remolque; motocicletas, cuatrimotos; placas para demostración; por la reposición de placas, por extravío, robo, deterioro o destrucción, entre otros. Finalmente, en su séptimo concepto de violación los peticionarios de la tutela constitucional argumentan que las autoridades responsables violan el derecho al mínimo vital en relación a la crisis económica causada por el SARS COV2. -Aducen que el Estado Mexicano no ha emitido un sistema protector de los gobernados a este respecto en materia económica y menos tributaria, pero las medidas que se han tomado administrativamente sobre el cierre de actividades no esenciales en todo el país han afectado en este rubro a todos los justiciables en mayor o menor medida. -Lo anterior, -aducen- porque con cobros como el que se reputa de inconstitucional, llega un momento en que los vehículos del servicio particular no son un lujo, y menos un artículo que merezca impuestos especiales, sino que se han vuelto una herramienta de trabajo para las personas que encontraron en el comercio formal o informal una alternativa de ingresos, ya sea por la pérdida de su empleo habitual o porque su actividad comercial se vio afectada por los cierres generalizados o derivado simplemente de la fragilidad de su salud por condiciones previas a la pandemia, y es su necesidad trasladarse sin entrar en contacto con la enfermedad, como bien podría darse en el transporte público. -Refieren que por ello, es claro que una carga contributiva desproporcional e inconstitucional, con meros fines recaudatorios y sin una motivación clara y coherente, debe considerarse a toda óptica una contribución inconstitucional debido a la pobreza e incertidumbre económica que ha causado la actual pandemia, y la consecuente inactividad comercial y económica que han sufrido los gobernados en la generalidad, lo que debería bastar para reputar como inconstitucional el acto reclamado y la norma de la que deriva. Argumentos que también deben calificarse como inoperantes. Al respecto, existen diversas acepciones de lo que debe entenderse por derecho al mínimo vital en el ámbito tributario, sin que exista una posición unánime al respecto. Sin embargo, en los diversos criterios emitidos al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede apreciarse una misma postura en cuanto a la forma en la que ese derecho, como derivación del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca resguardar los signos de capacidad económica -mas no contributiva, en tanto no resulta idónea para tal fin- destinados a satisfacer necesidades primarias, de manera que en tanto se supere ese nivel mínimo, la auténtica capacidad contributiva del causante impone la necesidad de aportar al sostenimiento de los gastos públicos, en cumplimiento a la obligación establecida en el precepto referido. En esa virtud, el derecho al mínimo vital, desde una óptica tributaria, encuentra sustento en dicho precepto constitucional y tiene una proyección más amplia de la que le correspondería si se encontrara acotado a quienes obtienen ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Así, el referido derecho se configura como directriz para el legislador, por cuya virtud debe abstenerse de imponer contribuciones a determinados conceptos o ingresos, cuando ello implique dejar a la persona sin medios para subsistir. De lo antes expuesto queda evidenciado que el referido derecho al mínimo vital no guarda relación alguna con la obligación del canje general de placas de circulación y hologramas que reclama el quejoso en esta instancia constitucional, pues no se advierte que con dicha obligación se afecten sus necesidades primarias o se le prive de los medios necesarios para subsistir; de ahí la inoperancia de sus argumentos. Apoya lo argumentado, en lo conducente, la tesis P. VI/2013 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Constitucional, Administrativa, registro digital 159821 de rubro y contenido siguientes: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL. EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO, TIENE FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho de los trabajadores que perciben una suma equivalente al salario mínimo, a que no se les impongan contribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, no debe perderse de vista que dicho criterio se limitó a discernir sobre los casos en los que los trabajadores no deberían ver mermado su patrimonio con descuentos, sin pretender una proyección de tal criterio a otros rubros de ingreso. En ese sentido, el derecho al mínimo vital no es una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora, ni su contenido se agota al exceptuar de embargo, compensación o descuento al salario mínimo; por el contrario, aquél ejerce una influencia que trasciende ese ámbito y, en lo relativo a la materia tributaria, deriva del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los diversos postulados desarrollados por este Tribunal Constitucional en relación con el principio de proporcionalidad tributaria permiten apreciar que el derecho al mínimo vital, desde una óptica tributaria, encuentra sustento en dicho precepto constitucional y tiene una proyección más amplia de la que le correspondería si se encontrara acotado a quienes obtienen ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Así, el referido derecho se configura como directriz para el legislador, por cuya virtud debe abstenerse de imponer contribuciones a determinados conceptos o ingresos, cuando ello implique dejar a la persona sin medios para subsistir. En consecuencia, como el derecho al mínimo vital en el ámbito tributario encuentra asidero en el citado artículo 31, fracción IV, constitucional, puede precisarse que lo establecido en la fracción VIII del apartado A del artículo 123 de ese ordenamiento fundamental, en el sentido de que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento, no es más que la manifestación de dicho derecho, de proyección más amplia, en la materia laboral y, específicamente, para el caso de los trabajadores que perciben dicho salario." Sin que sea inadvertido para quien esto resuelve que los quejosos piden la suplencia de sus conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y [.]" Sin embargo, del contenido de dicho numeral y fracción se advierte que los peticionarios del amparo del juicio de amparo no se encuentran en ninguno de los casos en los que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo; ello, porque no se advierte que ha habido en contra de ellos, una violación evidente de la ley que lo hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo. Por tanto, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación aducidos y al no advertirse deficiencia que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ariel Arias Martínez y Héctor Adrián Arias Sánchez, por los actos, autoridades y por las razones que precisadas quedaron en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ariel Arias Martínez y Héctor Adrián Arias Sánchez, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en la consideración quinta de la presente sentencia. Tercero. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado, en representación del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno, con residencia en esta ciudad, con el que se dio vista en auto de dieciséis de junio del presente año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado, en representación del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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