Ariatna Miranda Mondragon
Expediente 5/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ariatna Miranda Mondragon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
México, Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el oficio de cuenta de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual solicita se le informe sobre el estado procesal que guarda el presente expediente. A tal efecto, se hace de su conocimiento que mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, y por acuerdo de seis de abril del año en curso, quedo firme dicho auto, ordenando el presente asunto al archivo como totalmente concluido, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE por oficio a la autoridad responsable y por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxx, por propio derecho. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al dieciocho de abril del dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE medio de lista al promovente.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los que la fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, no pudo llevar a cabo la notificación a la quejosa *******, la resolución de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, toda vez que en el domicilio señalado por dicha parte, la persona que la atendió le manifestó que al comunicarse al piso quince le contestaron que lo llevan ningún asunto de la buscada, sin permitirle el acceso al interior del inmueble. En esas condiciones, se ordena notificarle la resolución de referencia, el presente, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. "México, Ciudad de México, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta que remite el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, hace del conocimiento que corresponde a un Juzgado de Distrito el conocimiento de la demanda promovida por *******, por propio derecho y al efecto remite el expediente D.C. 528/2021; en consecuencia, acúsese recibo, y con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de mérito, la que se procede a acordar en los siguientes términos: PERSONALIDAD Se tiene a ******, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo indirecto contra los actos que reclama de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca ******/2021, por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que dejó insubsistente la sentencia definitiva de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Décimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, en la controversia el orden familiar, juicio de alimentos *****/2016, promovido por la aquí quejosa en contra de *******, y ordena la regularización del procedimiento, para allegarse a los medios probatorios señalados en la resolución, para dictar nuevamente sentencia; empero, dejó subsistente la pensión provisional decretada en favor del menor hijo de las partes. Cabe precisar que en los autos que se actúa, obra copia certificada de la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, señala como acto reclamado la cual tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo establece su artículo 2°. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, y anexos que exhibió, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: ? En los autos de la controversia del orden familiar promovido por Promovido por ******* en contra de ******* *****/2016, se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de menor hijo de las partes, el quince por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtenga el demandado, requiriendo al demandado para que manifestara la fuente de su trabajo y el monto de sus ingresos. ? Señalando que ya obraba el monto de sus ingreso, ya que en los autos de origen obra dicha información en los términos rendidos por el Subdirector de Movimientos de personal de la Secretaria de Salud, no obstante la actora ofreció como prueba el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de las cuentas y tarjetas de crédito de las que es titular el deudor alimentario, ? Substanciada la controversia de origen, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, en la que se decretó la guarda y custodia definitiva del menor a favor de su progenitora, se decretó un régimen de vistas y convivencias definitivo a favor del progenitor y se condenó al demando al pago de una pensión definitiva a favor del menor hijo de las partes. ? Inconforme con dicho fallo la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, el cual mediante resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la sala responsable determino que para el efecto de regularizar el procedimiento declaro procedente dejar insubsistente la sentencia definitiva a fin de allegarse a las pruebas indicadas para dar certeza-jurídica a la totalidad de los ingresos que percibe el deudor alimentario; empero dejó subsistente el porcentaje de pensión alimenticia que se había decretado en favor del menor hijo de las partes. Visto lo anteriormente expuesto, este Juzgado Federal, considera que en el caso se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107 fracción V interpretada a contrario sensu de la ley en cita. Así, los precitados dispositivos legales señalan, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De igual manera, los artículos 172 fracción III, así como 171 del mismo ordenamiento legal señalan lo siguiente: "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. "ARTICULO 171.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al ???????????? juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera directa e inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, resolución que en definitiva substancie la falta de personalidad, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e ??????? inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que éstos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Dentro de este último supuesto, se encuentra el acto reclamado, ya que tiene efectos intraprocesales que pueden o no trascender al resultado del fallo que resuelva el juicio de origen, ya que como se dijo anteriormente, la resolución reclamada de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca ******/2021, por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que dejó insubsistente la sentencia definitiva de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Décimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, en la controversia el orden familiar, juicio de alimentos ******/2016, promovido por la aquí quejosa en contra de ******, y ordena la regularización del procedimiento, para allegarse a los medios probatorios señalados en la resolución, para dictar nuevamente sentencia, o en su caso, declarada su deserción, se dicte la sentencia definitiva; por lo que las violaciones procesales que aduce, puede invocarlas al impugnar la resolución definitiva que se dicte en el juicio de origen, si llegase a considerar que trascendió a dicho fallo, de tal forma que ahí tendrá la oportunidad de hacer notar la ilegalidad de los actos procesales reclamados, a fin de que la autoridad federal en vía de amparo directo, analice si la responsable efectivamente vulneró las leyes del procedimiento entablado en el juicio de primera instancia; por lo que la emisión de dicho acto reclamado, no es de aquellas resoluciones que afecten la esfera jurídica de la promovente, ya que se trata de actuaciones intraprocesales en la propia tramitación del juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía y similitud de razón la Tesis P./J. 6/94, de la Octava Época, emitida por el Pleno, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Página 13, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, por analogía, apoya a lo anterior, la tesis 82, visible en la página 107, Tomo Parte VI, Séptima Época, del Apéndice 1985, que textualmente dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. Al igual que la tesis III.1º.C.24 K, publicada en la página 1062, Tomo XI, enero de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que es del tenor siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas". Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior y por analogía de tesis, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página ciento sesenta y cuatro, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV previene que proceda el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del peticionario de amparo el que indica en su demanda de amparo. Se tiene por autorizados, únicamente, para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al segundo párrafo del artículo 24 del ordenamiento legal invocado, a las demás personas que señala. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE Y POR OFICIO AL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y A LA SALA RESPONSABLE". Notifíquese por lista a la quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE Y POR OFICIO AL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y A LA SALA RESPONSABLE.
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