Arianna Margarita Bernal Cruz

Expediente 1496/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1496/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Arianna Margarita Bernal Cruz
  • ARIANNA MARGARITA BERNAL CRUZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el uno de marzo del año en curso y anexo al mismo (fojas 108 a 110), el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Arianna Margarita Bernal Cruz. Luego, mediante proveído de cinco de marzo de la presente anualidad (foja 111), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el nueve de marzo del presente año (foja 115); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ****En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 64 a 77), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,849.60 (nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 60 centavos menda nacional), por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO"; "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO" (fojas 7 a 9), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $9,849.60 (nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público o privado, inscripción de crédito hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; la cual debía ser actualizada. Resolución que por proveído de veinticinco de septiembre del año próximo pasado (fojas 84 a 85), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Así, primeramente a través del oficio sin número de uno de diciembre de dos mil diecisiete, recibido en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cuatro del mes y anualidad en comento (fojas 97), la autoridad responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de entrega de un cheque realizado a la parte quejosa por la cantidad de $9,569.60 (nueve mil quinientos sesenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, por medio del diverso oficio DJC/1324/2018 de uno de marzo de dos mil dieciocho, recibido en esa misma fecha en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (foja 108), la autoridad responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó que en cumplimiento al fallo protector, puso a disposición de la parte quejosa, un cheque valioso por la cantidad de $174.80 (ciento setenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de actualización (foja 109); asimismo, adjuntó copia de la notificación practicada a dicha parte, a fin de que compareciera a recoger el citado documento (foja 110). Asimismo, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,849.60 (nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, descontando el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), conforme al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecisiete de julio de dos mil diecisiete y la devolución de lo pagado se efectuó a la parte quejosa, mediante un cheque, que recibió el veintisiete de noviembre del presente año; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a noviembre del año próximo pasado. Así, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de octubre de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408; y para el mes de octubre de ese mismo año fue de 128.717. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01826. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $9,569.60 (nueve mil quinientos sesenta y nueve 60/100), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,744.40 (nueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a la cantidad a devolver $9,569.60 (nueve mil quinientos sesenta y nueve 60/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $174.80 (ciento setenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, primeramente devolvió a la quejosa la cantidad total de $9,569.60 (nueve mil quinientos sesenta y nueve 60/100), que pagó por conceptos de inscripción de documento público o privado, inscripción de crédito hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit y posteriormente, por concepto de actualización, puso a disposición de la parte promovente del amparo un cheque valioso por $174.80 (ciento setenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice a lo anterior, que hasta la fecha no obre dato alguno que demuestre que la parte quejosa haya acudido a que se le devuelta la suma puesta a su favor en cumplimiento al fallo protector por concepto de actualización; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo (cheque), a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el uno de marzo del año en curso y anexo al mismo (fojas 108 a 110), el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Arianna Margarita Bernal Cruz. Luego, mediante proveído de cinco de marzo de la presente anualidad (foja 111), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el nueve de marzo del presente año (foja 115); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ****En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 64 a 77), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,849.60 (nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 60 centavos menda nacional), por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO"; "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO" (fojas 7 a 9), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $9,849.60 (nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público o privado, inscripción de crédito hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; la cual debía ser actualizada. Resolución que por proveído de veinticinco de septiembre del año próximo pasado (fojas 84 a 85), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Así, primeramente a través del oficio sin número de uno de diciembre de dos mil diecisiete, recibido en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cuatro del mes y anualidad en comento (fojas 97), la autoridad responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de entrega de un cheque realizado a la parte quejosa por la cantidad de $9,569.60 (nueve mil quinientos sesenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, por medio del diverso oficio DJC/1324/2018 de uno de marzo de dos mil dieciocho, recibido en esa misma fecha en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (foja 108), la autoridad responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó que en cumplimiento al fallo protector, puso a disposición de la parte quejosa, un cheque valioso por la cantidad de $174.80 (ciento setenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de actualización (foja 109); asimismo, adjuntó copia de la notificación practicada a dicha parte, a fin de que compareciera a recoger el citado documento (foja 110). Asimismo, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,849.60 (nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, descontando el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), conforme al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecisiete de julio de dos mil diecisiete y la devolución de lo pagado se efectuó a la parte quejosa, mediante un cheque, que recibió el veintisiete de noviembre del presente año; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a noviembre del año próximo pasado. Así, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de octubre de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408; y para el mes de octubre de ese mismo año fue de 128.717. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01826. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $9,569.60 (nueve mil quinientos sesenta y nueve 60/100), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,744.40 (nueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a la cantidad a devolver $9,569.60 (nueve mil quinientos sesenta y nueve 60/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $174.80 (ciento setenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, primeramente devolvió a la quejosa la cantidad total de $9,569.60 (nueve mil quinientos sesenta y nueve 60/100), que pagó por conceptos de inscripción de documento público o privado, inscripción de crédito hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit y posteriormente, por concepto de actualización, puso a disposición de la parte promovente del amparo un cheque valioso por $174.80 (ciento setenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice a lo anterior, que hasta la fecha no obre dato alguno que demuestre que la parte quejosa haya acudido a que se le devuelta la suma puesta a su favor en cumplimiento al fallo protector por concepto de actualización; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo (cheque), a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa ********************, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa ********************, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata.

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