Ariana Segura González

Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
450/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Ariana Segura González

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a expediente el oficio enviado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 253/2023-II-A derivado del diverso 392/2023, por el cual se solicitó notificar el auto de diecinueve de abril de la presente anualidad, a la quejosa **********. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes a la quejosa, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Sin que resulte necesario acusar de recibo, toda vez que fue remitido de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y este fue generado automáticamente. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio electrónico de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual informa que aceptó la incompetencia planteada por este juzgado para conocer del juicio de amparo 450/2023, de la estadística de este juzgado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente cuadernillo como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de SEIS MESES. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos que reclama de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 450/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Negativa de la suspensión de plano. La parte quejosa señala como actos reclamados -en esencia- la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se confirma el dictamen que decreta el retiro forzoso por incapacidad contraída en acto de servicio, haber de retiro. Ahora bien, la quejosa solicita que se le conceda la suspensión de plano en el capítulo respectivo de su demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En la especie, del análisis integral y exhaustivo de su escrito de demanda, el cual en este momento es el único elemento objetivo con que cuenta el suscrito para determinar lo conducente, no se desprenden elementos objetivos respecto de los cuales deba decretarse una suspensión de plano. En efecto, debe decirse que no son las manifestaciones de la parte quejosa las que determinan la procedencia o no de la suspensión de plano, en orden a la calificación unilateral que hagan de los hechos que exponen, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de plano. De modo que es el juzgador federal, como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe examinar siempre y en todo caso, si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. Esto es, si la realización de los actos reclamados por la parte quejosa tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio o de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. En el caso, no procede decretar la suspensión de plano, toda vez que no se atribuyen a las autoridades responsables que realicen u omitan en perjuicio de Ariana Segura González, acto alguno de los contemplados por el artículo 22 Constitucional. En ese sentido, tampoco se coincide con el hecho que de no concederse la medida cautelar de oficio, se haría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado, ya que ante una eventual concesión del amparo sí es posible materialmente regresar las cosas al estado que guardaban. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.A.19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Sexto Circuito, del contenido literal subsecuente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio."1 Robustece las anteriores consideraciones la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que literalmente expresa: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo."2 Asimismo, apoya las anteriores consideraciones la tesis sustentada por el Pleno de Nuestro Más Alto Tribunal, que a letra señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. No basta para decretarla, que el quejoso afirme que se trate de un caso prohibido por el artículo 22 de la Constitución, sino que es preciso examinar si, efectivamente, el caso está comprendido, o no, en dicho precepto constitucional."3 Estudio de la demanda. Previo acordar lo que derecho corresponda, es necesario establecer que Ariana Segura González, señala como acto reclamado y autoridades responsables lo siguiente: ".Actos Reclamados. La resolución de fecha 22 de febrero de 2023, en la cual se reafirma el dictamen de fecha 11 de enero de 2023, documental en la cual se indica "retiro forzoso por incapacidad contraída en actos de servicio, haber de retiro.. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Secretario de la Defensa Nacional. 2. Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ." Ahora bien, en principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [Énfasis añadido] Dicho dispositivo legal, contiene reglas de competencia basadas en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución, es decir, para fijar la competencia del juez de distrito, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Pues del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto que es de aquellos que después de su emisión por su índole requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla constituye un matiz, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión, en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que hayan prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclame (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de este ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que este sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora, como ha quedado precisado en líneas precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; hipótesis que en el caso que se analiza se surte; de ahí deriva la incompetencia de esta autoridad jurisdiccional, dado que dentro del territorio en que ejerce jurisdicción se desprende que no tendrá ejecución el acto reclamado. Caso concreto. Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo presentada por Ariana Segura González, se desprende que señala como acto reclamado la resolución de veintidós de febrero de mil veintitrés, en la cual se reafirma el dictamen de fecha once de enero de esta anualidad, documental en la cual se indica "retiro forzoso por incapacidad contraída en actos de servicio, haber de retiro". Por lo anterior, es evidente que, se surte la hipótesis contenida en la primera regla, dado que el acto reclamado debe tener ejecución en la Ciudad de México, y no en la jurisdicción de este órgano; esto es en Naucalpan de Juárez. Por lo cual, es inconcuso, que en ese lugar es en dónde debe tener ejecución el acto reclamado; por tanto, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica la adscripción de la quejosa como servidor público el cual es Soldado Policía Militar, perteneciente al 2/o Batallón de Policía Militar (Campo Militar No. 1-A, Ciudad de México). Por tanto, es patente señalar que los actos reclamados no conllevan ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éstos sus efectos se trasladan directamente al domicilio de la adscripción de la quejosa como servidor público el cual es Soldado Policía Militar, perteneciente al 2/o Batallón de Policía Militar (Campo Militar No. 1-A, Ciudad de México), materia de la controversia que afecta a la parte quejosa, es decir, la ejecución de los actos reclamados ocurren fuera del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. Es aplicable en lo conducente la tesis número I.9o.P.198 P, de la Décima Época, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2957, del Tomo IV, del mes de junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN MILITAR EN ACTIVO CONTRA ACTOS QUE TRAEN APAREJADA UNA EJECUCIÓN MATERIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN SU PERSONA. SI NO SE ADVIERTE QUE DICHOS ACTOS PUEDAN TENER EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO O QUE HAYAN COMENZADO A EJECUTARSE EN UNO DE ELLOS Y SIGAN EJECUTÁNDOSE EN OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO DONDE SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN O ZONA MILITAR EN QUE SE ENCUENTRE DESTACAMENTADO EL QUEJOSO. Si de la demanda de amparo y de las constancias que integran el expediente respectivo, se advierte que el quejoso, quien tiene la calidad de militar, integrante en activo de las Fuerzas Armadas Nacionales, reclama actos que, atento a su naturaleza, traen propiamente aparejada una ejecución material, la cual, desde luego, tendrá lugar en su persona, y no se advierte que dichos actos puedan tener ejecución en más de un Distrito o que hayan comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigan ejecutándose en otro; es inconcuso que se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que será Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; por ende, la autoridad jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, lo será aquella que tenga esa potestad dentro de la circunscripción territorial donde esté la instalación o zona militar en que se encuentre destacamentado y, por ende, físicamente el quejoso. Una interpretación a contrario sensu, implicaría admitir que quedaría en potestad del gobernado el elegir, a su gusto o conveniencia, al Juez de amparo y que por el simple hecho de haber prevenido éste sería el competente para resolver el juicio, sin considerar la circunstancia de la territorialidad de su jurisdicción o donde deba o vaya a surtir efectos la ejecución material del acto reclamado." Así como la tesis número I.1o.A.44 A, de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, del Tomo XIV, del mes de agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." De igual forma, orienta la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, página 84, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material." Virtud a lo anterior, este órgano de control constitucional, estima que corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, es competente para conocer de este asunto; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, remítase al Juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, el cuaderno principal de este juicio y la totalidad de traslados de la demanda de amparo, a efecto de que acuerde lo conducente, solicitando atentamente que de no contar con inconveniente legal alguno, remita el acuse de recibo respectivo e informe si acepta la competencia declinada. Formación del cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, se ordena la devolución de las constancias que fueron remitidas con el oficio de cuenta. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Sin embrago, por única ocasión, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio ubicado en **********, y notifique el presente auto a la quejosa **********. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de dichos juzgados. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene su devolución. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita, acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer del mismo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los diversos profesionistas que refiere en su ocurso; por tanto, una vez que hayan registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, los que fueron autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, podrán válidamente promover en términos del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.4 Notifíquese.

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