Ariana Rodarte Torres
Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ariana Rodarte Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Ariana Rodarte Torres, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo de TRES DÍAS, concedido a la parte quejosa ***, mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Director del Archivo General de Notarías del Estado de Hidalgo, sin que al efecto realizara manifestación alguna sobre el mismo. 2. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Mediante sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por la que ahora se pronuncia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa a efecto de que la autoridad responsable Director del Archivo General de Notarías del Estado de Hidalgo: ".emita el acuerdo respecto a los cinco formatos de solicitud de testimonios; y, ordene su notificación" Al causar ejecutoria la sentencia, se requirió su cumplimiento al Director del Archivo General de Notarías del Estado de Hidalgo, quien informó mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito el catorce de febrero actual, con el que se dio vista a la parte quejosa, sin que al efecto haya realizado manifestación alguna. 3. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Sentado lo anterior, se procede a resolver en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, así como en los diversos 77 y 196 segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente. En la especie, se estima que se cumplió con el presupuesto jurídico contemplado en el precepto legal reproducido, toda vez que el Director del Archivo General de Notarías del Estado de Hidalgo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en fecha siete de diciembre dos mil veintiuno hizo entrega de las copias certificadas de los cinco testimonios solicitados por la aquí quejosa, quien firmó recibo de los mismos. Lo anterior se corrobora de las constancias que remite la responsable, así como de los formatos de pago de derechos expedidos el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno y sus respectivos comprobantes de liquidación. 4. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO. Así las cosas al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto a la concesión del juicio de derechos, es de concluirse que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito y en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XVI, de la Carta Magna, 192, 196 segundo párrafo y 214 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Notifíquese personalmente
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCION A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: Vista la demanda de amparo signada por ***, quien promueve contra el acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 477/2022-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E.-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de notificar a Sergio Edgar Baños Rubio el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 2048/2019, en el cual se le cita para el desahogo de la prueba confesional para el ocho de abril de este año. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto es procedente: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" De lo antes inserto se advierte que el amparo será improcedente cuando -además de las veintidós causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de la ley de la materia- la Constitución o la propia Ley de Amparo, dispongan la improcedencia de la acción constitucional, de ahí que se concluye que las causas de inejercitabilidad de la acción de amparo, son enunciativas, no limitativas. Ahora, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Al efecto, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 24/92, publicada en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, interpretó y precisó el alcance de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, mismos que en la Ley de Amparo vigente se encuentra en el 107 fracción V, de la ley de la materia, y señaló que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales. La tesis de jurisprudencia que se cita es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Luego, como se señaló, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la dilación procesal ocasionada en el juicio laboral de origen, derivada de la omisión de notificar a Sergio Edgar Baños Rubio el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 2048/2019, en el cual se le cita para el desahogo de la prueba confesional para el ocho de abril de este año. En ese contexto, la omisión que se reclama, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal, no genera contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución que sea de imposible reparación. Bajo ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo, se exige como requisito primordial que los actos que motiven el ejercicio de esa vía, afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Al efecto, conviene precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en ejecutoria de nueve de enero de dos mil diecinueve,2 estableció: ".a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador [.]". De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), registro 2019400 del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.". Así, el acto reclamado no colma el atributo indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, en los términos que se impugna no constituye una violación de carácter irreparable, dado que a la data de presentación de la demanda de amparo (treinta de marzo de dos mil veintidós), no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales posteriores a los cinco días con los que cuenta el fedatario judicial de la Junta Laboral para notificar a Sergio Edgar Baños Rubio el auto de dieciséis de febrero de este año, de conformidad con el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que, el plazo de cuarenta y cinco días naturales, a fin de considerar que se incurre en una paralización del procedimiento y por ende, en un acto de ejecución irreparable, se encuentra transcurriendo, pues desde el dieciséis de febrero de dos mil veintidós en que se ordenó notificación a Sergio Edgar Baños Rubio, el fedatario judicial cuenta con cinco días para realizar la misma, el cual comienza a correr desde el día siguiente, es decir, desde el diecisiete de febrero del presente año y concluyó el veintitrés de febrero del presente año. Por lo que, desde el veintitrés de febrero del presente año a la presentación de la demanda (treinta de marzo de dos mil veintidós) no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales, para considerar que existe una abierta dilación por parte de la Junta responsable en no ordenar la notificación de Sergio Edgar Baños Rubio a la audiencia confesional de ocho de abril de dos mil veintidós, pues únicamente han transcurrido veinticinco días naturales. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), décima Época, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Constitucional, Común) que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Ariana Rodarte Torres. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados en términos del artículo 12 de la ley de Amparo a ***, al acreditar contar con el registro de cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que alude en el mismo, al no tener registrada su cédula en el citado sistema; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. CONSULTA ELECTRÓNICA Por otra parte, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario jjcaballero, en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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