Ariana Lizbeth Martinez Melchor

Expediente 313/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
313/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Ariana Lizbeth Martinez Melchor

Actuaciones

  1. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación anterior, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días aludido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el mismo ha causado estado y se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Orden de destrucción. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15, del acuerdo citado en párrafos que anteceden. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21, del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    ---- Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a lo anterior, se impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al respecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa, en su carácter de tercero extraño al procedimiento de origen, esencialmente se duele de: "La orden y ejecución de lanzamiento en contra de ********************en el domicilio ubicado en Calle ********************Lote ******************** casa **************************************** Duplex, en ********************, La ******************** Estado de ********************." Al respecto, este juzgador considera que, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento. Los numerales en cita, en su orden, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". En ese tenor, es dable precisar que la legitimación representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Lo anterior, ya que la legitimación debe estar acreditada en forma plena y no inferirse con base en presunciones. El artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, por su lado, establece que el juicio constitucional sólo se puede promoverse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la propia Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o leyes reclamadas causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En ese sentido, para acreditar en el presente asunto la legitimación para acudir al juicio del cual emanan los actos reclamados, se deben cubrir varios presupuesto, éstos son: 1. La existencia de un derecho reconocido por el orden jurídico, como la vida, libertad, propiedad, posesión, etcétera. ********************. Un acto de autoridad que se oriente hacia ese derecho. 3. Que el acto de autoridad afecte ese derecho, esto es, lo reduzca, suprima, cancele o cercene. 4. Que el quejoso demuestre la titularidad de ese derecho afectado por el acto de autoridad reclamado. Bajo ese tópico, cabe precisar que la posesión que ostenta un tercero extraño al juicio de donde provienen los actos reclamados puede ser materia de protección constitucional, siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho a poseer, de forma que el promovente tenga una base objetiva que, de manera fundada y razonada, produzca la convicción de que tiene derecho a la posesión de ese bien, ya que la simple tenencia material de la cosa no es susceptible de aquella protección. En ese sentido, la parte quejosa considera que le asiste el derecho a intervenir por la afectación al inmueble que aduce poseer, y acude a esta instancia constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido. De este modo, es menester destacar que la calidad con la que se ostenta lleva a concluir que se considera como totalmente ajeno al procedimiento de origen, por no haber figurado en modo alguno como parte en el mismo, esto es, debe entenderse en términos generales que tercero extraño a juicio propiamente dicho es aquella persona que no ha figurado en el procedimiento de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que se emitan, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, por lo que en cada caso particular, el juez de distrito deberá analizar el acto de autoridad que concretamente afecta a quien se ostenta como tercero extraño a juicio para así determinar el interés jurídico que el promovente del amparo debe acreditar. ---- Ahora bien, los artículos 5.65, 5.********************8 y 5.********************9 del Código Civil para el Estado de ********************, establecen: "Artículo 5.65.- El propietario de un bien puede gozar y disponer de él con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes." "Artículo 5.********************8 Es poseedor de un bien el que ejerce sobre él un poder de hecho. Posee un derecho el que lo goza. Artículo 5.********************9 Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro un bien, concediéndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, comodatario u otro título análogo, los dos son poseedores. El que posee a título de propietario tiene una posesión originaria; el otro, una posesión derivada". Así, los artículos transcritos estipulan que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen, según se advierte de los propios términos del numeral 5.********************9 referido, puesto que si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se tratará entonces de la posesión originaria o en concepto de dueño. En cambio, si tal causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar del bien, se entiende que alude a la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoratario u otro título análogo. En ese sentido, cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer libremente de éste); ante todo ello, es incuestionable que la simple tenencia material de un bien, faltando la evidente demostración de dicha causa lícita, no constituye la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no se trata de la que fuere tutelable por el derecho de audiencia que consigna el artículo 14 constitucional, el cual, sin discusión, protege la posesión jurídica, ya sea originaria o derivada. Así, se afirma que la parte quejosa no acredita el interés jurídico necesario para la promoción del juicio de amparo, dado que no ofreció medio de prueba para acreditar que tiene la posesión del bien inmueble materia de la controversia de origen. Efectivamente, el promovente no acredita la calidad de poseedor del bien materia de la litis, ni que tenga la posesión tutelada por el artículo 14 constitucional, pues no basta que refiera que es propietario del bien inmueble de que se trata, para justificar tal carácter, ya que ello no crea convicción en este Juzgador. Esto es, el quejoso debió demostrar que cuenta con un derecho subjetivo propio anterior al acto reclamado. --- En torno a la institución de "fecha cierta", la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio siguiente, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página: 63, Registro digital 81804********************: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Se dice entonces, que para que un documento provado tenga eficacia probatoria y surta efectos contra terceros requiere ser de fecha cierta, lo cual ocurre: a) A partir del día en que se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado; o b) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; o, c) Se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.44/********************005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y siete, tomo XXI, junio de ********************005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 178********************01, que dice: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." Ahora, de conformidad con la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada, se advierte que si los documentos privados carecen de fecha cierta de ningún modo se les puede otorgar valor probatorio en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, por lo que no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo y, por tanto, al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Es decir, para dar certidumbre de la materialidad del documento y que no haya duda de su realización, se requiere que un tercero fidedigno por su fe pública dé certeza de esa materialidad o sea tener una precisión o un conocimiento indudable de la existencia del documento privado, las partes que intervienen en su realización y su fecha, circunstancias que atienden a las formalidades de validez del acto contenido en ese instrumento. En tales condiciones, resulta improcedente la petición de la solicitante de amparo, para que sea protegido su derecho de posesión respecto del bien inmueble que defiende, en virtud de que en la especie, como se dijo, no quedó demostrado que tenga un derecho oponible contra terceros, en la fecha que nació el acto reclamado; consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la ley que rige en la materia, ya que como se dijo, para efectos del juicio de amparo, no se ve afectada su esfera jurídica; máxime que esta instancia constitucional no es la vía idónea para constituir derechos de propiedad o posesión alguna, sino únicamente se regula la legalidad de los actos emitidos por las autoridades responsables, respecto de aquellas personas que demuestren la afectación real en su esfera jurídica, lo que en la especie no aconteció. Al respecto, cobra aplicación el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". (S. J. F y su G., 9ª Época, tomo XV, febrero de ********************00********************, pág. 15). En consecuencia, como se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción I, del mismo ordenamiento, así como con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario, procede desechar de plano la demanda, con apoyo en el ordinal 113 de la citada Ley de Amparo. ---- Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a). Domicilio. En atención a que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones un correo electrónico, se tienen las listas, de conformidad con el artículo ********************7 fracción III de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del numeral 1******************** de la normativa aplicable, a los profesionistas que menciona siempre y cuando tengan registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la cual en su momento será localizada, esto es, cuando lleguen a ejercer su mandato. Correo electrónico. Se tiene por señalado el correo electrónico, únicamente como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Lo anterior, en aras de agilizar el trámite de este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 17 constitucional, sin que dicha dirección de correo electrónico pueda considerarse como un medio para oír y recibir notificaciones. Se exhorta para tramitación de juicio en línea.--- Habilitación de días y horas.--- Copias y reproducción de constancias. *---hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE

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