Ariana Aguilar Hernández
Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ariana Aguilar Hernández
- José García Tenorio, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito A la Unidad Especializada En Investigación de Delitos En Materia de Secuestro, de la Fiscalía Especializada En Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la R
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO DEL ASUNTO En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado porque se desechó la demanda de amparo; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ANOTACIONES EN CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ GARCÍA TENORIO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra los actos del JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, LUIS EDUARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ; con la correspondiente firma electrónica. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 568/2022. Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis integral de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido se aprecia que el Ministerio Público -aquí quejoso- reclama: "La resolución de Control de la Detención emitida por el Licenciado Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, de fecha 29 (veintinueve) de abril del año 2022 (dos mil veintidós), dentro de la causa penal 307/2022, mediante Audiencia Inicial de Control de Detención, en la cual resolvió que no fue legal la Detención y Retención de Yanett Herrera de la Rosa y Karely Rojas Cuautle y/o Yarely Cuautle Ortega, por tanto no ratificó la misma y ordenó su libertad,." Sin embargo, previo de determinar la procedencia o no de la demanda es importante destacar que el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad, y esta actuación del Ministerio Público no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado, ya que pese a ser parte dentro del proceso no deja de tener el carácter de autoridad. Por tanto, la acción constitucional ejercida deviene improcedente, pues al comparecer como órgano del estado y no afectar el patrimonio de éste los actos reclamados, se patentiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 y 7, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Al respecto, cabe citar por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los alcances del artículo 9 de la Ley de Amparo abrogada, el cual resulta aplicable al presente caso, pues la redacción de dicho numeral es similar al diverso 7 de la ley de la materia en vigor, en el que tratándose de personas morales oficiales se limita la procedencia del juicio de amparo a aquellos casos en que el acto reclamado afecta su patrimonio. "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Como se ve, en dicha disposición se establece la posibilidad de que las personas morales oficiales o representantes puedan acudir en demanda de amparo; sin embargo, su procedencia se limita a los casos en que el acto reclamado afecte su patrimonio. Ante ello, como se adelantó, resultan aplicables al caso, por analogía, los argumentos de la sala, en los que señaló que para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales, en la Constitución se creó el juicio de amparo, siendo en esencia las garantías individuales restricciones al poder público que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, de manera que queda al margen que el Estado no goza de garantías individuales, y, por lo mismo, no puede promover juicios de amparo. Sin embargo, indicó que esta regla general tiene una excepción prevista en el artículo 9 de la Ley de Amparo, la cual se sustenta en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público, en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación, en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas por el juicio constitucional. Por ello, la sala precisó que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el amparo sea promovido por el fiscal, que tenga por objeto defender la legalidad de actos de autoridad y no intereses patrimoniales de derecho privado, pues en tal supuesto, el caso cae dentro de la regla general de que se habló y no en la forma excepcional consignada en el artículo 7 de la Ley de Amparo. El criterio indicado puede ser consultado en la tesis aislada, visible en la página 217, tomo LXXVI, quinta época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL, EN LOS JUICIOS FISCALES." En el caso, el juicio de amparo resulta improcedente ya que el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la Republica, acude en su carácter de órgano del estado a demandar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a fin de reclamar actos que no afectan el patrimonio de la institución que representa respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, por lo que se actualiza la causa de inviabilidad prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 7, en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Como se ve, el fiscal, a través de esta vía constitucional combate el control de detención emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 307/2022, en la cual resolvió que no fue legal la detención y retención de Yanett Herrera de la Rosa y Karely Rojas Cuautle y/o Yarely Cuautle Ortega, por tanto no ratificó la misma y ordenó su libertad, situación que, como se dijo, no trastocan derechos personales, sino aspectos que se relacionan directamente a la función que ejerce como órgano acusador dentro de las carpetas de investigación en las interviene con dicha calidad, lo que evidencia que el presente juicio de garantías resulta improcedente, porque el acto reclamado no afecta el patrimonio de la institución que representa, sino meramente cuestiones procesales acontecidas en la carpeta de investigación en la que únicamente se ve afectada su imagen y persona. En efecto, pese a que se ha reconocido que el Estado puede obrar con un doble carácter, como entidad pública y como persona moral de derecho privado, la circunstancia que dentro de un procedimiento el Estado comparezca como persona moral de derecho privado no implica que goce de las mismas prerrogativas que los particulares para acudir en demanda de amparo, ya que su ejercicio se encuentra limitado al caso de excepción previsto en el artículo 7 de la ley de la materia. En conformidad con el numeral invocado, las personas morales oficiales o fiscal únicamente pueden acudir en demanda de amparo cuando la norma general, un acto u omisión los afecte en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio de amparo promovido por una persona moral oficial se debe atender a dos aspectos: a) La norma general, un acto u omisión los afecte en su patrimonio. b) Respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En el caso, el control de detención emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 307/2022, en la cual resolvió que no fue legal la detención y retención de Yanett Herrera de la Rosa y Karely Rojas Cuautle y/o Yarely Cuautle Ortega, por tanto no ratificó la misma y ordenó su libertad que combate en el que el aquí quejosa es el fiscal, no se adecua al caso de excepción, pues si bien fueron emitidos dentro de procedimientos en los que se ventila una cuestión en que se controvierten relaciones jurídicas en las que el impetrante se encuentra en un plano de igualdad con las demás partes en el juicio natural, el acto reclamado no afecta el patrimonio de la institución que representa, pues, como lo refiere, dicho acto a su parecer infringe las garantías de legalidad y seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 constitucional. Justificación: Para la procedencia del juicio de amparo, quien solicita la protección de la Justicia de la Unión debe estimar vulnerados sus derechos humanos por una autoridad en términos del principio de agravio personal y directo; por tanto, el agente del Ministerio Público que acude al juicio de amparo no cuenta con interés jurídico, porque no debe considerarse que sea titular de un derecho público subjetivo, ni que demuestre una afectación real y actual a su esfera jurídica en forma directa, pues por mandato constitucional el órgano que representa es el encargado de investigar los delitos y ejercitar la acción penal ante los tribunales y, por regla general, no está legitimado para promover el juicio de amparo, con la salvedad prevista en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, esto es, cuando una norma general, acto u omisión de autoridad afecten a dicha institución en su patrimonio, siempre que se trate de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Situación que no acontece en el proceso penal en el que el Juez de Control, en audiencia de ampliación del plazo para la investigación complementaria, determina negar la prórroga para el cierre de la investigación complementaria, pues aun cuando en la audiencia respectiva se ubica en un estadio igualitario con relación al imputado, el acto reclamado no vulnera su patrimonio. En consecuencia, es evidente la actualización de la causal de improcedencia artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 y 7, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Tomando en consideración que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en: Paseo de la Reforma número 3, segundo piso, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06300, mismo que se encuentra fuera de donde reside este órgano jurisdiccional, por tanto, notifíquese por lista el presente proveído en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la ciudad de Puebla para tal efecto. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento de los correos electrónicos, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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