Ariadna Piñera Camacho
Expediente 1194/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ariadna Piñera Camacho
Actuaciones
- Principal
Por recibido vía electrónica el oficio mediante el cual el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 1194/2020-VII e informa que acepta la competencia planteada; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la DESTRUCCIÓN del expediente que nos ocupa una vez que transcurra el término de SEIS MESES que se establece en el punto de referencia, que será a partir del trece de septiembre de dos mil veintiuno, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
de conformidad con lo establecido en Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, adoptó como medida, entre otras, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia, los tramitados como juicio en línea y los casos urgentes señalados. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional de los procedimientos. Asimismo, mediante Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ordenó el levantamiento de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en las precitadas Circulares, por lo que la reanudación se haría de manera escalonada atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional. Por lo anterior, en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio. En consecuencia, vista la demanda la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra los actos que reclama de la Dirección General de Administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17, 123 apartado B, y 127 de la Constitución Federal. REGISTRO Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1194/2020-VII, y fórmense los expedientes que refiere el artículo 3° de la ley de la materia. COMPETENCIA De un estudio efectuado a la demanda que nos ocupa, se advierte que la promovente acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado consistente en: ".la retención indebida que se hace del impuesto sobre la renta respecto de la prestación denominada aguinaldo y/o gratificación de fin de año ." Al respecto, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis en las demandas, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Sobre esa base, la legislación de la materia finca como reglas de competencia las siguientes: Por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); Por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); Por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); Auxiliar; y, Concurrente. Sirve de apoyo la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso en estudio interesa destacar el referente a la competencia por materia. En ese orden, para determinar si un órgano de control constitucional especializado es competente para conocer de una demanda de amparo, debe considerarse la naturaleza jurídica del acto reclamado, que regularmente puede verificarse mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Sin embargo, el estudio que se realice debe prescindir, en su caso, de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, debido a que constituye una cuestión relativa al fondo del asunto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, que señala: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Por tanto, para fijar la competencia en razón de materia debe atenderse a la naturaleza de las disposiciones de carácter general que rigen el acto impugnado, o bien, a la del acto que le dio origen, con independencia del carácter del ente jurídico que haya intervenido en su emisión o ejecución, según sea el caso. El artículo 123, apartado B, fracción XIII y XIV, de la Constitución Federal, así como el diverso 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. [.] Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por su parte, la porción normativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé que los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos emitidos por autoridades distintas de la autoridad judicial, siempre que versen sobre la misma materia. En ese contexto, la quejosa señaló como autoridades responsables a la Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Humanos, ambas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a las que les atribuye la indebida retención que se hace del impuesto sobre la renta respecto de la prestación denominada aguinaldo y/o gratificación de fin de año. Por otra parte, del escrito inicial de demanda se advierte que la promovente, bajo protesta de decir verdad manifestó que labora en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Expuesto lo anterior, se considera que el acto reclamado es de naturaleza laboral, puesto que la parte quejosa, desempeña funciones netamente administrativas, de ahí que la inconforme mantenga una relación de naturaleza laboral con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se rige en términos del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. El Máximo Tribunal del País ha sostenido que la interpretación del artículo 123, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Federal del que se advierte: "Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los a ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia." Por lo tanto, si la quejosa desempeña funciones de Jefe de Departamento de Análisis de Acceso a la Información, lo que forma parte de la materia de trabajo y no de la administrativa. En consecuencia, no podrían analizarse los actos reclamados que ahora se combaten bajo la óptica de un asunto de carácter administrativo, sino que para estudiar su inconstitucionalidad, el juzgador del conocimiento requiere necesariamente verificar el cumplimiento de normas de índole netamente laborales; por lo que el asunto encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 55, fracción II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conclusión que se confirma, en virtud que la quejosa manifestó laborar en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por tanto, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de amparo, en virtud que, como se expuso, la naturaleza del contenido del acto que en la presente vía se controvierte es de índole laboral, por lo que debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Resulta aplicable a la anterior determinación, la tesis I.14o.T.1 L, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1714, tomo XX, mes de septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa." En consecuencia, con fundamento en los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 48 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, acompañando la demanda de amparo, con el objeto de informarle la presente determinación, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Con fotocopia de las constancias que se consideren necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes. De lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación al promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene para oír y recibir notificaciones el que menciona. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizadas a las diversas personas que nombra, únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Se recibe el escrito, signado por **** , mediante el cual informa que el expediente de la sucesión a bienes de la quejosa **** , se encuentra radicado en el juzgado Cuadragésimo Primero Familiar de la Ciudad de México. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020 y SECNO/30/2020, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina reservar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, no se da ninguno de los supuestos para que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Dicha determinación busca, no solo observar el contenido de las circulares y de los acuerdos administrativos que obligan a este Juzgador, sino también velar por el respeto de los derechos procesales de las partes, dado que en el periodo de suspensión de labores que existe en este momento, no pueden correr los plazos y términos que prevé la normatividad de la materia para la tramitación del juicio de amparo y, en consecuencia, no se puede integrar debidamente el expediente en que se actúa. Notifíquese.
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